El Presidente Uribe, el Ministro del Interior y el exdirector del DAS Jorge Noguera, cuestionaron severamente las denuncias de las revistas SEMANA y Cambio sobre grav\u00edsimos hechos eventualmente ocurridos en el DAS. Una de las razones esenciales que estos funcionarios invocaron para atacar a los medios fue que dichas denuncias no se basaban en fuentes totalmente cre\u00edbles, por lo que eran ?canalladas?, seg\u00fan el Ministro, o ?frivolidades? que hac\u00edan da\u00f1o a la legitimidad institucional, seg\u00fan el Presidente. <\/p>\n
El supuesto de esos ataques gubernamentales contra la prensa parece ser el siguiente: una denuncia period\u00edstica sobre abusos oficiales que no se base en decisiones judiciales, o que no tenga las pruebas propias de una sentencia penal condenatoria, no es leg\u00edtima, pues compromete la intimidad y la honra del servidor p\u00fablico, y afecta la legitimidad de las instituciones. <\/p>\n
Pero \u00bfson v\u00e1lidas esas objeciones gubernamentales?
\nLo primero que hay que decir es que las denuncias se refieren a hechos que, de haber ocurrido, son particularmente graves, por no decir, tenebrosos. Baste recordar que una de las acusaciones es que el DAS habr\u00eda estado al servicio de los paramilitares, a los cuales habr\u00eda ayudado a asesinar a varios sindicalistas y docentes. <\/p>\n
No estamos entonces hablando de ?frivolidades? ni de asuntos que correspondan a la intimidad de los funcionarios, sino de temas sobre los cuales todos los ciudadanos tenemos derecho a estar informados. Es pues un campo en donde la labor de investigaci\u00f3n y denuncia de la prensa no es una ?canallada?, sino que se encuentra plenamente justificada, ya que una de las funciones esenciales de la prensa es precisamente revelar los abusos gubernamentales, a fin de controlarlos. Por ello, uniformemente, la jurisprudencia constitucional y de derechos humanos ha se\u00f1alado que cuando se trata de asuntos que conciernen la labor de los servidores p\u00fablicos, el derecho a la intimidad cede ante el derecho ciudadano a ser informado. <\/p>\n
Sin embargo, se podr\u00eda decir que con esas denuncias la prensa vulner\u00f3 la majestad de las instituciones colombianas y afect\u00f3 su legitimidad, al se\u00f1alar eventuales actos atroces cometidos por funcionarios p\u00fablicos, sin que todav\u00eda existiera prueba judicial de los hechos. <\/p>\n
Esa objeci\u00f3n, empero, no es v\u00e1lida, pues la libertad de expresi\u00f3n incluye el derecho de los medios y de la ciudadan\u00eda a criticar severamente sus instituciones y la labor de sus servidores p\u00fablicos. Por ello, como lo han se\u00f1alado reiteradamente la Comisi\u00f3n y la Corte Interamericanas, son incompatibles con la libertad de expresi\u00f3n las llamadas leyes de desacato, que existen en otros pa\u00edses latinoamericanos, y que sancionan a quien critique severamente a las instituciones o a los funcionarios. Precisamente por esa raz\u00f3n, el 22 de noviembre de 2005, la Corte Interamericana, en el caso Palamara Iribarne, conden\u00f3 al Estado chileno por limitar, con leyes de desacato, ese derecho de cr\u00edtica de los ciudadanos. <\/p>\n
Pero se podr\u00eda objetar que la ?canallada? o la ?frivolidad? consisti\u00f3 en que los medios no probaron la verdad de sus afirmaciones, por lo que deber\u00edan haber esperado a los resultados de las investigaciones judiciales, antes de informar sobre esos hechos, o estar\u00edan vulnerando la honra de los funcionarios denunciados. <\/p>\n
Ese reparo tampoco es admisible. Es cierto que la informaci\u00f3n suministrada por los medios debe ser veraz e imparcial, como lo dice la Constituci\u00f3n. Pero, cuando se trata de denuncias que conciernen la labor de funcionarios, no se puede exigir a la prensa que pruebe, como si fuera un juez, la verdad de los hechos, ya que dicho requerimiento silenciar\u00eda la labor de denuncia de los medios. <\/p>\n
En el c\u00e9lebre fallo ?New York Times vs Sullivan? de 1964, la Corte Suprema de Estados Unidos se\u00f1al\u00f3 que, incluso si la noticia resulta inexacta, la exigencia de veracidad se cumple cuando el medio ha actuado de buena fe y ha verificado, hasta donde sea razonable period\u00edsticamente, la verdad de los hechos, contrastando fuentes de informaci\u00f3n y permitiendo la versi\u00f3n de los funcionarios eventualemnte involucrados. <\/p>\n
Eso hicieron SEMANA y Cambio en este caso, pues buscaron contrastar la versi\u00f3n suministrada por su fuente ?un ex funcionario del DAS detenido? con otros hechos y otras versiones. <\/p>\n
Esa tesis de la Corte Suprema estadounidense ha sido adem\u00e1s ampliamente seguida por otros jueces en el mundo, pues es la que mejor equilibra la protecci\u00f3n de la labor de cr\u00edtica de los medios con los derechos personales de los funcionarios. Basta consultar al respecto la sentencia T-066 de 1988 de nuestra Corte Constitucional o el fallo Lingens de 1986 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. <\/p>\n
Por todo lo anterior, la cr\u00edtica del Presidente y sus funcionarios a la prensa en este caso es insostenible, pues desconoce la protecci\u00f3n de la libertad de expresi\u00f3n consagrada en la Constituci\u00f3n y en los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia. <\/p>\n
Pero eso no es todo; esa cr\u00edtica gubernamental, aunque pueda incluso ser popular, es riesgosa y contraproducente para la precaria democracia colombiana, pues inhibe la capacidad investigativa y de denuncia de la prensa. <\/p>\n
Ahora bien, los medios pueden acceder y revelar informaci\u00f3n valios\u00edsima para la democracia, informaci\u00f3n que no siempre est\u00e1 a la mano de las autoridades p\u00fablicas o \u00e9stas no est\u00e1n interesadas en divulgarla. \u00bfNo fue acaso gracias a los medios que Estados Unidos supo de las torturas en Irak y que los colombianos conocimos los abusos de las Farc en la zona de distensi\u00f3n? <\/p>\n
Esa labor de los medios lejos de debilitar las instituciones democr\u00e1ticas, las fortalece, pues el vigor de la democracia reside precisamente en la capacidad de sus instituciones de corregir sus abusos y errores gracias a la cr\u00edtica severa de la opini\u00f3n p\u00fablica. Por eso se ha dicho que la prensa es un ?cuarto poder?, que tiene como uno de sus cometidos controlar, mediante denuncias y cr\u00edticas, los abusos de los tres poderes estatales <\/p>\n
Desafortunadamente, ese periodismo investigativo en Colombia es muy precario, debido a las amenazas a que son sometidos los periodistas que lo realizan. \u00bfQu\u00e9 quedar\u00eda de \u00e9l si a dichas amenazas se suman los ataques presidenciales? <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Rodrigo Uprimny, Director of DeJuSticia, argues that to require the media to give judicial proof of its accusations is a form of censorship.<\/p>\n","protected":false},"author":17,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-25487","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-semana-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n