Sigue dando que hablar la tragedia de Jamund\u00ed en la que fueron masacrados 10 miembros de la Dij\u00edn y un civil, a manos de 15 miembros del Ej\u00e9rcito. El reciente cap\u00edtulo, protagonizado por el juez cuarto penal especializado de Cali que dispuso el env\u00edo de la investigaci\u00f3n para que sea conocida por los jueces militares, no ser\u00e1 el \u00faltimo de los episodios por ver en el asunto, pues el debate judicial apenas comienza. <\/p>\n
La decisi\u00f3n de enviar la investigaci\u00f3n a la justicia castrense levant\u00f3 ampolla no s\u00f3lo en la propia c\u00fapula militar ?que mir\u00f3 con sorpresa el giro que tom\u00f3 el caso?, en el gobierno nacional ?como que el presidente Uribe vio burlada su ?orden? de que el caso fuese investigado por la justicia ordinaria?; tambi\u00e9n en la Fiscal\u00eda ?que no tuvo m\u00e1s remedio que apelar la decisi\u00f3n del juez? y en la prensa ?que mereci\u00f3 editoriales \u00e1cidos en contra del autor de la decisi\u00f3n?. Todos estos aspectos merecen ser evaluados con detenimiento a partir de criterios normativos como el principio de autonom\u00eda de los jueces o el fuero militar. Por razones de espacio, s\u00f3lo tomar\u00e9 en cuenta este \u00faltimo aspecto. <\/p>\n
El an\u00e1lisis del fuero militar ?en la versi\u00f3n que lo entiende como las condiciones que se deben dar para que un militar sea juzgado por militares? pasa principalmente por el car\u00e1cter excepcional de la figura, que opera en un Estado democr\u00e1tico de derecho que funciona conforme a la regla de divisi\u00f3n de poderes. De esta caracter\u00edstica, establecida normativamente y acentuada por la Corte Constitucional, devienen las restantes propiedades del fuero militar. <\/p>\n
El fuero militar es una excepci\u00f3n a la regla seg\u00fan la cual los delitos cometidos por los miembros de la fuerza p\u00fablica ?Fuerzas armadas y Polic\u00eda nacional? son de conocimiento de la justicia ordinaria ?Fiscal\u00eda y jueces penales?. De modo que los jueces castrenses s\u00f3lo est\u00e1n habilitados para conocer de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza p\u00fablica, siempre que aquellos est\u00e9n estrechamente relacionados con la actividad que constitucional y legalmente le ha sido atribuida: la defensa de la seguridad nacional y la conservaci\u00f3n del orden p\u00fablico, por ejemplo. <\/p>\n
Tales fines leg\u00edtimos se deben realizar respetando las exigencias normativas que le dicen a la fuerza p\u00fablica c\u00f3mo actuar y c\u00f3mo no hacerlo, so pena de incurrir en sanciones administrativas, penales y disciplinarias. La Corte Constitucional se ha encargado de subrayar en varias decisiones, pero en especial en una de ellas ?la sentencia C-358 de 1997? lo que definitivamente no pueden hacer polic\u00edas y militares para que sus delitos sean juzgados por jueces castrenses. <\/p>\n
La Corte, por ejemplo, ha subrayado que la sola preparaci\u00f3n del crimen es ya un indicio de estar ante una situaci\u00f3n que debe ser investigada por la Fiscal\u00eda y los jueces ordinarios; que el solo hecho de pertenecer a la fuerza p\u00fablica no es condici\u00f3n para hacer valer el fuero militar. Igualmente, ha destacado que dada la gravedad de ciertos delitos, la comisi\u00f3n de los mismos por parte de miembros de la fuerza p\u00fablica jam\u00e1s se debe entender orientada al cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales y, en consecuencia, la competencia de su investigaci\u00f3n y juzgamiento corresponde a la justicia ordinaria. Tal es el caso del genocidio y los delitos de lesa humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y la desaparici\u00f3n forzada. <\/p>\n
Por \u00faltimo, ha establecido una suerte de principio de ?in dubio pro jurisdicci\u00f3n ordinaria?, esto es, que en caso de duda, el competente debe ser el fiscal o los jueces penales ordinarios, y no la justicia castrense. Con base en este criterio, por ejemplo, la Corte resolvi\u00f3 enviar a la justicia ordinaria el caso de la muerte de 17 personas, con heridas a 25 personas m\u00e1s ocurrido en la vereda Santo Domingo, en Tame (Arauca) causadas, seg\u00fan las pruebas realizadas por el CTI y el FBI, por una bomba cluster de las que usa la Fuerza A\u00e9rea Colombiana (sentencia T-932 de 2002). <\/p>\n
Es bien dif\u00edcil creer que la decisi\u00f3n tomada por el juez de Cali haya pasado por este an\u00e1lisis de la jurisprudencia de la Corte pues, de haberlo hecho, con seguridad la decisi\u00f3n habr\u00eda sido otra, independientemente del querer del presidente Uribe ?sobre lo cual se expres\u00f3 una opini\u00f3n en otro escrito publicado en este mismo espacio? o del mutismo o la presi\u00f3n de los mandos militares o de las intuiciones de la gente guiadas por las informaciones de prensa y por las percepciones y las orientaciones de la misma prensa. Es de esperar que los operadores jur\u00eddicos futuros de este y otros casos conozcan y apliquen tales criterios jurisprudenciales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Recalls the limitations indicated by the Constitutional Court about the military statute, those that were apparently not taken into account in the judge\u2019s decision to send the Jamund\u00ed case to military justice.<\/p>\n","protected":false},"author":22,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-25551","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-semana-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n