Uno de los avances m\u00e1s significativos de la Constituci\u00f3n de 1991 fue su contribuci\u00f3n a que los jueces tomaran en serio las normas de derechos humanos y empezaran a aplicarlas en sus decisiones.<\/p>\n
Esa evoluci\u00f3n representa un avance notable, sobre todo si comparamos la actual situaci\u00f3n con la pr\u00e1ctica jur\u00eddica existente antes de 1991, cuando las normas de derechos humanos realmente no ten\u00edan ninguna aplicaci\u00f3n judicial. Con contadas y notables excepciones, los jueces colombianos no conoc\u00edan ni aplicaban esas disposiciones. <\/p>\n
Una investigaci\u00f3n emp\u00edrica comprob\u00f3 esa situaci\u00f3n. As\u00ed, un grupo de jueces, coordinado por el entonces magistrado del Tribunal de Bogot\u00e1, Carlos Valencia, realiz\u00f3 en 1989 una encuesta entre jueces penales de Bogot\u00e1 con el fin de indagar qu\u00e9 tanto esos funcionarios conoc\u00edan y aplicaban en sus casos los tratados de derechos humanos. Conforme a esa investigaci\u00f3n, s\u00f3lo el 10% de los jueces conoc\u00eda al menos un tratado, menos del 3% conoc\u00edan al menos dos tratados de derechos humanos y ninguno de esos funcionarios hab\u00eda aplicado ninguna de esas normas en un caso espec\u00edfico .<\/p>\n
Como lo resalta el estudio, si eso ocurr\u00eda en Bogot\u00e1, que es donde los jueces tienen mayores posibilidades de actualizar su informaci\u00f3n jur\u00eddica, \u00bfc\u00f3mo ser\u00eda la situaci\u00f3n en el resto del pa\u00eds? El propio Carlos Valencia fue una de las pocas excepciones a esa tendencia, pues pocos meses antes de ser asesinado en 1989 inaplic\u00f3 la prohibici\u00f3n de libertad provisional consagrada en el Decreto 1203 de 1987, fund\u00e1ndose para ello en la supremac\u00eda del Pacto de Derechos Civiles y Pol\u00edticos sobre la legislaci\u00f3n de excepci\u00f3n.<\/p>\n
Esa situaci\u00f3n cambi\u00f3 profundamente con la Constituci\u00f3n de 1991 que impuls\u00f3 decisivamente la protecci\u00f3n judicial de los derechos humanos, al menos por las siguientes tres razones: De un lado, la carta de derechos de esta constituci\u00f3n es mucho m\u00e1s generosa que aquella de la Constituci\u00f3n de 1886, que era bastante taca\u00f1a. De otro lado, la Constituci\u00f3n de 1991 tambi\u00e9n ha dotado de fuerza jur\u00eddica interna a los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia. Finalmente, la Constituci\u00f3n no se limit\u00f3 a incorporar formalmente esos derechos, sino que orden\u00f3 a todos los funcionarios aplicarlos directamente y dise\u00f1\u00f3 tambi\u00e9n valiosas acciones judiciales para su protecci\u00f3n efectiva, como la tutela o las acciones populares.<\/p>\n
Por las anteriores razones, no es exagerado decir que la Constituci\u00f3n de 1991 es una Constituci\u00f3n de los derechos, pues opt\u00f3 por dotar a los jueces de herramientas eficaces para su protecci\u00f3n. Y lo m\u00e1s importante es que eso ha funcionado: en estos quince a\u00f1os los jueces han tramitado casi un mill\u00f3n y medio de tutelas, lo cual es una muestra del dinamismo de esta protecci\u00f3n judicial de los derechos humanos.<\/p>\n
Pero el tema no es s\u00f3lo cuantitativo. Muchos ciudadanos han encontrado en los jueces, y en especial en la justicia constitucional, respuestas positivas a sus solicitudes de amparo de sus derechos.<\/p>\n
En efecto, en estos quince a\u00f1os la justicia constitucional ha sido vigorosa en la protecci\u00f3n de los derechos de las personas y de las minor\u00edas, as\u00ed como en su intenci\u00f3n por controlar los abusos de las autoridades y de los poderosos. Esto la ha llevado a tomar decisiones osadas, incluso en t\u00e9rminos internacionales. Por ejemplo, la Corte despenaliz\u00f3 el consumo de drogas y la eutanasia, estableci\u00f3 est\u00e1ndares estrictos y \u00fanicos a nivel mundial para los casos de hermafroditismo, restringi\u00f3 el uso de los estados de excepci\u00f3n por el Presidente y modific\u00f3, a favor de los usuarios, el alcance de los planes gubernamentales de salud.<\/p>\n
Y esto no es todo. La Corte tambi\u00e9n ha amparado los derechos de los estudiantes contra las autoridades educativas, ha tratado de mejorar las condiciones de las c\u00e1rceles y ha protegido a grupos sociales cuyos reclamos antes los jueces no sol\u00edan tener \u00e9xito, como los sindicalistas, los ind\u00edgenas, las mujeres, las minor\u00edas religiosas, los homosexuales, los vendedores callejeros, los enfermos de SIDA o los deudores del sistema financiero. <\/p>\n
Es indudable que esos avances jur\u00eddicos no deben ser sobrevaluados. Es claro que a pesar de la mejor\u00eda en la protecci\u00f3n judicial de los derechos humanos, el goce efectivo y pr\u00e1ctico de esos derechos por los colombianos sigue siendo muy precario. Colombia vive desde hace a\u00f1os una verdadera cat\u00e1strofe humanitaria, como lo muestra la simple lectura de cualquier informe de derechos humanos, la continuaci\u00f3n de las masacres y ejecuciones extrajudiciales y las dimensiones del desplazamiento forzado en el pa\u00eds. <\/p>\n
Pero que ese avance jur\u00eddico no deba ser sobrevaluado no significa que dicho progreso sea menor. Se trata de una conquista significativa, pues el reconocimiento y aplicaci\u00f3n judicial de los derechos humanos no s\u00f3lo ha mejorado la vida de muchos colombianos, sino que tiene un impacto cultural y pol\u00edtico profundo en la democratizaci\u00f3n de la sociedad colombiana. <\/p>\n
Ahora bien, existen riesgos claros de que retrocedamos en este campo. En algunas oportunidades, el Gobierno Uribe ha planteado propuestas de reforma que debilitan esta protecci\u00f3n judicial de los derechos, pues restringen la tutela y las funciones de la Corte Constitucional. Por ejemplo, el Gobierno ha propuesto eliminar la tutela contra sentencias, as\u00ed como la posibilidad de proteger derechos sociales por este mecanismo judicial. La consecuencia de este aparente peque\u00f1o ajuste es que las personas no podr\u00edan obtener tratamientos o cupos escolares por tutela; tampoco podr\u00edan impugnarse las arbitrariedades judiciales que afecten derechos fundamentales, pues no habr\u00eda tutela contra sentencias. <\/p>\n
El desaf\u00edo es entonces mantener e incluso profundizar en la protecci\u00f3n judicial de los derechos de las personas. Y no retroceder a aquellas \u00e9pocas en que los derechos humanos eran considerados por los jueces como discursos ret\u00f3ricos sin ninguna eficacia jur\u00eddica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
This article is offered in defense of the progresses that the Constitution of 1991 made regarding judicial protection of human rights.<\/p>\n","protected":false},"author":17,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-25553","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","subcategory-institutional-strengthening","medium-dejusticia-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n