El proyecto de ley de descongesti\u00f3n de la justicia presentado por el gobierno propone la eliminaci\u00f3n del incentivo econ\u00f3mico para las acciones populares. Seg\u00fan el gobierno, dicha supresi\u00f3n es necesaria para recuperar el verdadero sentido de ese mecanismo judicial, que fue creado para proteger los derechos colectivos, como el ambiente sano o el espacio p\u00fablico, as\u00ed como la tutela existe para el amparo de los derechos fundamentales individuales. <\/p>\n
El planteamiento gubernamental es simple: el incentivo econ\u00f3mico, que es la recompensa monetaria que recibe quien gana una acci\u00f3n popular, ha tenido un resultado perverso. Los litigantes recurren a la acci\u00f3n popular, no tanto por su preocupaci\u00f3n por el bien com\u00fan y por los derechos colectivos, sino para obtener ese premio monetario, que se sit\u00faa entre 10 y 150 salarios m\u00ednimos por cada caso ganado. Muchos abogados se habr\u00edan convertido entonces, seg\u00fan la despectiva denominaci\u00f3n del anterior Presidente del Consejo de Estado, en ?caza recompensas? que han querido enriquecerse demandando las m\u00ednimas irregularidades de las autoridades. <\/p>\n
El incentivo econ\u00f3mico habr\u00eda entonces distorsionado la acci\u00f3n popular, pues su uso no estar\u00eda motivado por razones altruistas, sino por intereses ego\u00edstas. Pero eso no es todo; la perspectiva de las recompensas habr\u00eda conducido a demandas temerarias y abusos, que han agravado la congesti\u00f3n del sistema judicial. Es pues necesario, seg\u00fan el proyecto, eliminar el incentivo. <\/p>\n
El argumento gubernamental parece fuerte; adem\u00e1s, es cierto que efectivamente ha habido algunos abusos en las acciones populares. Pero en realidad la tesis gubernamental es contradictoria, conceptualmente equ\u00edvoca e inexacta emp\u00edricamente; adem\u00e1s, tendr\u00eda efectos perjudiciales sobre la protecci\u00f3n judicial de los derechos colectivos. <\/p>\n
La tesis resulta contradictoria si tenemos en cuenta que el gobierno ha recurrido insistentemente a las recompensas para quienes cumplan con su deber de denunciar a los delincuentes. Si el gobierno encuentra que esas recompensas son admisibles, \u00bfpor qu\u00e9 le parece ileg\u00edtimo que se prevea un incentivo econ\u00f3mico para quien defienda exitosamente un derecho colectivo? <\/p>\n
La tesis gubernamental es equ\u00edvoca, pues supone que s\u00f3lo los altruistas pueden defender el inter\u00e9s colectivo, por lo que es inaceptable que la ley establezca incentivos ego\u00edstas para que las personas hagan cosas \u00fatiles para la sociedad. Pero eso es falso; sin tener que aceptar integralmente la tesis de la mano invisible de Adam Smith ?tesis equivocada en ciertos campos?, es indudable que a veces las sociedades est\u00e1n mejor si permiten que las personas hagan cosas \u00fatiles para el bien com\u00fan, pero por motivos individuales. Por ello es tan importante que la ley establezca los incentivos apropiados, pues es m\u00e1s f\u00e1cil que los ciudadanos apoyen los intereses colectivos cuando adem\u00e1s se benefician individualmente de ello, que cuando la defensa de los intereses colectivos no trae beneficio alguno al particular o incluso dicho apoyo va en contra de sus propios intereses personales. Por eso las leyes establecen sanciones y premios para ciertos comportamientos; porque saben que en este mundo no tan ideal, a veces a las personas hay que incentivarlas con razones ego\u00edstas para que contribuyan a los intereses colectivos. <\/p>\n
No es pues ileg\u00edtimo prever recompensas individuales para quienes protejan judicialmente un inter\u00e9s colectivo. Y por ello tuvo raz\u00f3n la Corte Constitucional al declarar la constitucionalidad del incentivo en la sentencia C-459 de 2004. <\/p>\n
Hago una precisi\u00f3n: no estoy diciendo que siempre se deben prever incentivos individuales para que las personas defiendan el bien p\u00fablico. Es muy importante estimular una cultura democr\u00e1tica que haga que los ciudadanos respeten las normas y contribuyan al bien p\u00fablico, por convicci\u00f3n, y no por inter\u00e9s. Adem\u00e1s, frente a ciertos fen\u00f3menos, los incentivos pueden ser contraproducentes. Pero eso no sucede con las acciones populares. <\/p>\n
Y es que la tesis gubernamental es tambi\u00e9n inexacta emp\u00edricamente. A pesar de ciertos abusos, en la pr\u00e1ctica el incentivo ha sido \u00fatil para la sociedad colombiana. La raz\u00f3n es simple: a pesar de que la acci\u00f3n popular tiene una cierta informalidad, es un proceso que implica esfuerzos e inversiones importantes. Los interesados no s\u00f3lo deben encontrar la irregularidad, que afecta un inter\u00e9s colectivo, sino que luego deben litigar el caso, aportando pruebas, que a veces tienen cierta complejidad. <\/p>\n
Ahora bien, estos litigantes han logrado la defensa de intereses colectivos muy importantes, como lo demuestra la revisi\u00f3n del banco de datos sobre acciones populares en la p\u00e1gina web de la Defensor\u00eda del Pueblo. Basta citar algunos ejemplos; as\u00ed, gracias a una acci\u00f3n popular, unas ciudadanas lograron, a mediados de 2001, que el Consejo de Estado ordenara a la empresa de acueducto de Cartagena que realizara las obras necesarias para evitar la contaminaci\u00f3n de la ci\u00e9naga de la Virgen. Por su parte, en numerosos casos, los ciudadanos han logrado recuperar espacios p\u00fablicos indebidamente ocupados por particulares o por entidades p\u00fablicas como el INPEC. <\/p>\n
Si no existiera el incentivo econ\u00f3mico, muchos de los casos fallados, que han permitido la protecci\u00f3n de importantes intereses colectivos, no habr\u00edan sido litigados \u00bfQu\u00e9 de malo hay entonces en premiar al litigante que us\u00f3 parte de su tiempo individual y de sus esfuerzos en buscar la protecci\u00f3n del derecho colectivo? \u00bfQu\u00e9 es preferible para Colombia? \u00bfQue exista ese protector del inter\u00e9s colectivo, que puede ser en el fondo un ego\u00edsta empedernido, pero que act\u00faa, con medios apropiados, por el inter\u00e9s p\u00fablico? \u00bfO que dejemos la defensa de esos intereses comunes a personas altruistas, pero que no logran actuar, por carecer de los medios apropiados? <\/p>\n
Finalmente, queda el problema de los abusos, derivados del incentivo. Y efectivamente, estos han existido. Pero se podr\u00eda, y se deber\u00eda corregirlos, con una mejor regulaci\u00f3n del incentivo. Por ejemplo, se podr\u00eda prever que la recompensa sea reducida en aquellos casos en que se demanda recurrentemente el mismo tema, pues el esfuerzo del litigio es menor. Se deber\u00edan aplicar por los jueces sanciones a los demandantes temerarios. Pero lo que no parece apropiado es la supresi\u00f3n del incentivo, la cual puede conducir al marchitamiento de las acciones populares, que han sido hasta ahora, con todos sus problemas, instrumentos eficaces de protecci\u00f3n de los derechos colectivos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
The author criticizes the governmental proposal to eliminate the economic incentive in the popular actions, thus being able to put an end to the mechanism of protection of collective rights. <\/p>\n","protected":false},"author":17,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-25563","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-semana-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n