Recientemente se han resuelto dos casos que aunque aparentemente no est\u00e1n muy relacionados revelan hasta qu\u00e9 punto las mujeres distan de tener a su alcance medidas efectivas para resolver y prevenir el abuso sexual y f\u00edsico, a pesar de que estos temas se nos presentan como una preocupaci\u00f3n central del ejecutivo y el legislativo. Preocupaci\u00f3n central que ha tomado la forma de aumentos de penas y creaci\u00f3n de nuevos tipos penales. Como se\u00f1alamos en una columna anterior, estamos en contra del uso del derecho penal para resolver los problemas de abuso que padecen las mujeres. <\/p>\n
De esta forma, en el derecho penal, como en otras ramas del derecho que hemos analizado en esta columna, casi siempre las normas se aplican e interpretan de la manera m\u00e1s restrictiva frente a los derechos y garant\u00edas de las mujeres. En otras palabras, en esta columna no queremos defender una maximizaci\u00f3n del derecho penal, entendida como un endurecimiento a toda costa de las penas, pero s\u00ed queremos demostrar el sesgo en la interpretaci\u00f3n. Es m\u00e1s, estamos convencidas de que en algunos casos el aumento en las penas seguido de la inaplicaci\u00f3n de la norma, sit\u00faa a las mujeres en una posici\u00f3n peor que la inicial. <\/p>\n
El primer caso es el de la anulaci\u00f3n del proceso en el que se conden\u00f3 a un mensajero por haber tocado las nalgas de una transe\u00fante. La anulaci\u00f3n procedi\u00f3 porque la Corte Suprema de Justicia consider\u00f3 que en el caso no hubo violencia (pero el mensajero toc\u00f3 a la transe\u00fante sin que ella diera su consentimiento) ni intenci\u00f3n sexual (aunque es dif\u00edcil imaginarse cu\u00e1l otra intenci\u00f3n podr\u00eda uno tener con este tipo de tocamiento). <\/p>\n
La consecuencia de esta decisi\u00f3n fue la liberaci\u00f3n del acusado, a quien se le hab\u00eda sentenciado a cuatro a\u00f1os de c\u00e1rcel, y la necesidad de iniciar un nuevo proceso por un delito contra el honor. Este caso ilustra una de nuestras preocupaciones: el exceso de la pena lleva a la inaplicaci\u00f3n de la norma. <\/p>\n
El segundo caso es el de la decisi\u00f3n de una fiscal barranquillera de acusar a Rafael Dangond Lacouture de lesiones personales y no de tentativa de homicidio contra su esposa Lizzeth Ochoa Amador, lo que implica una sanci\u00f3n muy inferior y la posibilidad de excarcelaci\u00f3n. <\/p>\n
El cubrimiento de los casos y las reacciones a ellos en la prensa demostr\u00f3 que la opini\u00f3n p\u00fablica ten\u00eda posiciones opuestas en cuanto a cu\u00e1l deber\u00eda haber sido la soluci\u00f3n judicial a los casos: en el primer caso se consideraba que la pena impuesta era ?desproporcionada?, ?rid\u00edcula?, ?absurda?, mientras que en el segundo caso se daba por sentado que se impondr\u00eda una pena alta dada la gravedad de los hechos. <\/p>\n
Desde una perspectiva estrictamente jur\u00eddica, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y de la fiscal involucrada se basaron en la interpretaci\u00f3n que m\u00e1s claramente favorec\u00eda al agresor y que menos favorec\u00eda a la v\u00edctima. La Corte Suprema, por ejemplo, habr\u00eda podido ratificar las decisiones de dos jueces inferiores que vieron que la conducta del mensajero s\u00ed pod\u00eda ser entendida como acto sexual porque el C\u00f3digo Penal simplemente define \u00e9ste como un ?acto diverso al acceso carnal?. <\/p>\n
Por otra parte, la fiscal del caso Dangond Lacouture, habr\u00eda podido darles credibilidad a las declaraciones de personas que afirmaron que de no haber sido por la intervenci\u00f3n de los familiares de la v\u00edctima ella habr\u00eda muerto la noche de los hechos y entender por esto que el delito de homicidio ?no se consum\u00f3 por hechos ajenos a la voluntad del agente?, que es como define el C\u00f3digo Penal la tentativa. <\/p>\n
No es que las decisiones de la Corte y la fiscal sean contrarias a la ley, pero s\u00ed parecen a primera vista ?extra\u00f1as? dado el contexto de derecho constitucional, legal e internacional en el que ocurrieron y dado el \u00e9nfasis que el ejecutivo y el legislativo en Colombia han hecho sobre la importancia de erradicar la violencia contra las mujeres. <\/p>\n
En nuestra opini\u00f3n, las decisiones reflejan hasta qu\u00e9 punto las reformas legales y pol\u00edticas estatales quieren entenderse de tal forma que s\u00f3lo algunos casos verdaderamente excepcionales ameriten sanciones penales y se reafirme la habitualidad de la violencia contra las mujeres y la obligaci\u00f3n que tenemos de soportarla. Aunque reiteramos que disentimos profundamente del uso del derecho penal para la regulaci\u00f3n de la conducta, pensamos que no puede seguirse defendiendo que el Estado colombiano se toma en serio a las mujeres cuando las \u00fanicas pol\u00edticas que implementa est\u00e1n destinadas a reforzar y no a solucionar el problema. <\/p>\n
Sostenemos que estas decisiones refuerzan y no solucionan el problema por varias razones. En primer lugar, se\u00f1alar que una conducta notoriamente reconocida como ?violenta?, por no ser invitada ni consentida, y ?sexual?, porque involucra una expresi\u00f3n de deseo sexual, no es ni lo uno ni lo otro, nos arrebata a las mujeres la posibilidad de explicar qu\u00e9 es lo que est\u00e1 mal con esa conducta. Adem\u00e1s, nos dificulta mostrar cu\u00e1les son los costos que van asociados a ella: no caminar por ciertas calles, no caminar sin la compa\u00f1\u00eda de hombres, no usar cierta ropa que las hace m\u00e1s ?accesibles?, y todas las consecuencias laborales que van asociadas a estas limitaciones. <\/p>\n
En segundo lugar, al se\u00f1alar que una mujer cuya vida muchos consideraban estar en riesgo no lo estaba, se nos invita a las mujeres a tener una confianza desmedida en que no van a morir v\u00edctimas de la violencia dom\u00e9stica. Con esto se nos quita una posibilidad de que nuestros pedidos de auxilio sean tomados en serio por familiares y las autoridades y quedamos libradas a nuestras propias fuerzas (de resistencia o de agresi\u00f3n) para defender nuestra vida y la de nuestros hijos. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Helena Alviar and Isabel Cristina Jaramillo consider that themes of violence against women in judicial interpretations have a slant against the victims. <\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-25613","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-semana-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n