A. Sistema pol\u00edtico colombiano y seguridad: una ?peligrosa democracia en peligro?.<\/p>\n
El an\u00e1lisis de las medidas antiterroristas en Colombia, no puede desligarse del contexto en que se crean y se aplican. Creo que el sistema pol\u00edtico en Colombia puede denominarse, como se ha dicho en algunos documentos (Cfr. Uprimny 2005), como una ?peligrosa democracia en peligro?. <\/p>\n
Colombia es un pa\u00eds complejo y parad\u00f3jico, que durante mucho tiempo escap\u00f3 a las generalizaciones te\u00f3ricas sobre el capitalismo perif\u00e9rico y sobre Am\u00e9rica Latina. As\u00ed, desde el punto de vista pol\u00edtico, mientras que la intervenci\u00f3n militar era una constante de la historia latinoamericana, Colombia no s\u00f3lo ha experimentado muy pocos a\u00f1os de dictadura militar en sus casi ciento ochenta a\u00f1os de vida independiente. Igualmente, mientras que la inestabilidad institucional ha sido un rasgo caracter\u00edstico de la historia latinoamericana, Colombia se ha caracterizado por la sorprendente estabilidad de su sistema pol\u00edtico. Por ello, a mediados de los a\u00f1os ochenta, el polit\u00f3logo franc\u00e9s Alain Rouqui\u00e9 planteaba que el sistema bipartidista colombiano ha gozado a todo lo largo del Siglo XX de una continuidad constitucional poco corriente en este continente (1987). <\/p>\n
Fuera de lo anterior, Colombia ha conocido una independencia judicial y un respeto a las decisiones judiciales mayor que en otros pa\u00edses latinoamericanos, acompa\u00f1ado de un centenario control judicial de constitucionalidad. En efecto, Colombia tiene una larga tradici\u00f3n de control judicial de constitucionalidad, pues al menos desde 1910 se hab\u00eda reconocido a la Corte Suprema de Justicia la posibilidad de que declarara, con fuerza general, la inconstitucionalidad de una ley, por lo cual la cultura jur\u00eddica y pol\u00edtica colombiana est\u00e1 muy familiarizada con la judicial review, al punto de que a pocos les parece extra\u00f1o que los tribunales ?ya sea la Corte Suprema antes de 1991 o ya sea la Corte Constitucional ulteriormente- tenga la facultad de anular leyes aprobadas por el Congreso. <\/p>\n
Esta continuidad pol\u00edtica se ha acompa\u00f1ado tambi\u00e9n de una importante estabilidad econ\u00f3mica, al menos seg\u00fan los par\u00e1metros del capitalismo latinoamericano. En Colombia los ciclos econ\u00f3micos son menos acentuados que en los otros pa\u00edses de la regi\u00f3n, pues incluso en los momentos de mayor expansi\u00f3n econ\u00f3mica, la tasa de crecimiento del PIB no ha sido excesivamente elevada, pero Colombia no ha conocido tampoco los fen\u00f3menos hiperinflacionarios que afectaron a la mayor\u00eda de los pa\u00edses de la regi\u00f3n ni tampoco las recesiones han sido muy fuertes, tal vez con la excepci\u00f3n de la crisis de finales de los a\u00f1os noventa. Pero precisamente esta inestabilidad econ\u00f3mica y pol\u00edtica representa un cambio profundo de la pol\u00edtica colombiana en los \u00faltimos quince a\u00f1os. <\/p>\n
Sin embargo, la estabilidad pol\u00edtica y econ\u00f3mica no se han traducido en una mayor democratizaci\u00f3n de la sociedad colombiana, sino que, al contrario, ha propiciado un desarrollo excluyente, en donde, en los t\u00e9rminos de Tourraine, el “dominio de la oligarqu\u00eda se ha establecido m\u00e1s s\u00f3lidamente que en otras partes” . La estabilidad tampoco ha implicado una pacificaci\u00f3n de las relaciones sociales. Por el contrario, la violencia y los conflictos armados han sido recurrentes. As\u00ed, a comienzos de los a\u00f1os noventa, la tasa de homicidio colombiana por cien mil habitantes -m\u00e1s de 80- era mucho m\u00e1s elevada que la de pa\u00edses considerados muy violentos como Estados Unidos, M\u00e9xico, Brasil o Sri Lanka. Por ejemplo, es diez veces mayor que la de Estados Unidos, tres veces que la de Brasil y cuatro veces que la de M\u00e9xi\u00acco . <\/p>\n
Colombia tambi\u00e9n ha conocido numerosos enfrentamientos armados internos, no s\u00f3lo en el siglo XIX sino tambi\u00e9n en el XX. En particular, en los a\u00f1os cincuenta, Colombia vivi\u00f3 el per\u00edodo conocido como La Violencia, que enfrent\u00f3 a grupos armados de los partidos liberal y conservador, y afect\u00f3 profundamente a toda la sociedad, en especial en el campo. As\u00ed, durante, los a\u00f1os m\u00e1s cr\u00edticos de ese per\u00edodo -entre 1948 y 1950- fueron asesinadas unas 110.000 personas, m\u00e1s del 1 % de la poblaci\u00f3n . Igualmente, en el curso de las \u00faltimas tres d\u00e9cadas, en el pa\u00eds se desarroll\u00f3 una lucha guerrillera que ha tendido a ganar cada vez mayor intensidad.<\/p>\n
Esto no significa, sin embargo, que la violencia y el conflicto armado sean una constante de la historia colombiana. Ha habido per\u00edodos de relativa paz, por ejemplo entre 1910 y 1945. Ser\u00eda mejor decir que han existido verdaderos ciclos de violencia. A fines de los a\u00f1os 50 la tasa de homicidio en Colombia fue muy alta: de 45 por 100.000 habitantes. Durante los a\u00f1os siguien\u00actes, descendi\u00f3 en forma bastante r\u00e1pida: a mediados de los 60 fue “solamente” 25; luego sigui\u00f3 declinando pero en forma m\u00e1s lenta, para situarse en su nivel m\u00e1s bajo a mediados de los a\u00f1os setenta. A partir de ese per\u00edo\u00acdo, comienza a crecer nueva\u00acmente, al principio en forma lenta, para luego hacerlo de manera mucho m\u00e1s r\u00e1pida, sobre todo en la segunda mitad de los a\u00f1os ochenta, de suerte que en 1990 la tasa de homicidio fue bastante m\u00e1s elevada que a finales de los a\u00f1os 50. Sin embargo, en la \u00faltima d\u00e9cada, despu\u00e9s de la promulgaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n de 1991, la tasa ha tendido a descender, aunque en forma leve. <\/p>\n
Esta combinaci\u00f3n de ausencia de militarismo, estabilidad pol\u00edtica y econ\u00f3mica, con la persistencia de desigualdad, pobreza, conflictos armados y violencia, no deja de ser sorprendente. Por ello en alguna ocasi\u00f3n planteamos, con algunos colegas, que Colombia era una democracia, pues ten\u00eda rasgos democr\u00e1ticos importantes, como la tradici\u00f3n electoral y civilista, la independencia judicial y la estabilidad pol\u00edtica, pero que era una democracia peligrosa, pues sus habitantes viv\u00edan en alto riesgo, y adem\u00e1s en peligro, pues su estabilidad parec\u00eda amenazada por la violencia y el conflicto armado. Era pues una peligrosa democracia en peligro. <\/p>\n
A pesar de sus evidentes precariedades e insuficiencias democr\u00e1ticas, el Estado colombiano es un Estado de derecho, pues conserva rasgos importantes como la tradici\u00f3n electoral y civilista, la independencia judicial y la estabilidad. Sin embargo, es una democracia peligrosa pues sus ciudadanos viven en alto riesgo, dado el contexto de violencia y conflicto armado que origina reales amenazas de actos de terror por parte de los actores armados. En muchas ocasiones, las amenazas provienen del propio Estado, como lo ponen en evidencia la grave crisis de derechos humanos. Pero adem\u00e1s es una democracia que est\u00e1 en peligro pues la existencia del conflicto armado y la presencia de poderosos actores armados ilegales amenazan la estabilidad institucional Colombia. A su vez, las reacciones jur\u00eddicas y pol\u00edticas estatales frente a esas amenazas, en muchas ocasiones (no en todas), en vez de disminuir los riesgos para la poblaci\u00f3n los incrementan con lo que abren las compuertas para abusos por parte de las autoridades estatales, sin llegar a ser realmente eficaces para enfrentar los desaf\u00edos de seguridad. <\/p>\n
Esto genera un riesgo de entrada que tiene que ver con que algunos operadores jur\u00eddicos prefieren una aplicaci\u00f3n de la norma de acuerdo a su interpretaci\u00f3n m\u00e1s restrictiva, en contra de los principios de favorabilidad y de los est\u00e1ndares internacionales m\u00e1s garantistas. <\/p>\n
Pero, de manera adicional, el sistema pol\u00edtico colombiano se encuentra en el contexto de una pol\u00edtica estatal de seguridad que informa todas las acciones de la fuerza p\u00fablica y de las ramas del poder p\u00fablico frente a determinadas conductas que son consideradas como terroristas. Durante muchos mandatos presidenciales se emplearon pol\u00edticas de ?seguridad nacional? que si bien no alcanzaron a las dictaduras de otros pa\u00edses del cono sur, si generaron restricciones importantes a las libertades civiles y al derecho a la vida. Por su parte, desde el a\u00f1o 2003, el presidente \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez propone una pol\u00edtica de ?defensa y seguridad democr\u00e1tica? para atacar las amenazas del terrorismo, el negocio de las drogas il\u00edcitas, las finanzas il\u00edcitas, el tr\u00e1fico de armas, municiones y explosivos, el secuestro y la extorsi\u00f3n, y el homicidio (Presidencia de la Rep\u00fablica, Ministerio de Defensa Nacional, 2003: No. 36). <\/p>\n
Esta pol\u00edtica de Estado plantea la necesidad de que sus fundamentos sean aplicados en los planes de acci\u00f3n de la Fuerza P\u00fablica, los Ministerios y otras entidades del Gobierno. Estos son los sujetos a los que cl\u00e1sicamente se dirige una pol\u00edtica de este tipo. No obstante, tambi\u00e9n considera que un destinatario espec\u00edfico es el aparato de justicia. La pol\u00edtica de ?defensa y seguridad democr\u00e1tica? establece la creaci\u00f3n de estructuras de apoyo interinstitucionales que faciliten el trabajo de las autoridades judiciales, de tal suerte que la Fuerza P\u00fablica, los organismos de investigaci\u00f3n y las autoridades judiciales trabajen ?con una filosof\u00eda de equipo y no en una relaci\u00f3n jer\u00e1rquica?, de tal manera que los operativos que se lleven a cabo para recuperar y mantener el control del territorio, as\u00ed como la ?judicializaci\u00f3n de los culpables? sea ?exitosa? (Presidencia de la Rep\u00fablica, Ministerio de Defensa Nacional, 2003: No. 66). <\/p>\n
Adem\u00e1s, se\u00f1ala que la acci\u00f3n efectiva de la justicia debe valerse de instrumentos que dependen del ?car\u00e1cter de la amenaza. Donde el control territorial es d\u00e9bil, se har\u00e1 \u00e9nfasis en las acciones de la Fuerza P\u00fablica; donde el control del territorio no est\u00e1 amenazado (?) los organismos judiciales tendr\u00e1n la iniciativa?. (Presidencia de la Rep\u00fablica, Ministerio de Defensa Nacional, 2003: No. 17)<\/p>\n
Estos lineamientos conceptuales constituyen un contexto peligroso para el aprovechamiento de espacios de indefinici\u00f3n normativa. El int\u00e9rprete puede ser llevado a aplicar las normas existentes, ya no de manera aut\u00f3noma, sino dentro de los par\u00e1metros brindados por la pol\u00edtica de seguridad. En este caso, esto implicar\u00eda la ?actuaci\u00f3n en equipo? de las autoridades judiciales, que amenaza seriamente la independencia y autonom\u00eda judicial, puesto que reta a los jueces e investigadores a la consecuci\u00f3n de metas comunes con la Fuerza P\u00fablica, debilitando las funciones de control que debe cumplir. La pol\u00edtica de defensa y seguridad democr\u00e1tica ha sido proyectada como una ?pol\u00edtica integral de Estado, con l\u00edneas transversales de acci\u00f3n de aplicaci\u00f3n nacional? (Presidencia de la Rep\u00fablica, Ministerio de Defensa Nacional, 2003: No. 25). <\/p>\n
Adicionalmente, el postulado seg\u00fan el cual los instrumentos estatales no se aplican de manera uniforme en el territorio, puede significar ir en desmedro de las garant\u00edas judiciales cuando se aplican medidas antiterroristas en aquellos territorios que se est\u00e1n retomando.<\/p>\n
B. Riesgos que pueden generar las medidas antiterroristas<\/p>\n
Aunque buena parte de las medidas antiterroristas adoptadas por el gobierno colombiano en los \u00faltimos a\u00f1os han generado un sinn\u00famero de abusos, no todos los abusos han operado de la misma forma. Las medidas antiterroristas han generado una gran variedad de efectos distintos. Dichos efectos pueden ser presentados a trav\u00e9s de una tipolog\u00eda que combina dos variables: la normatividad que enuncia la medida y el contexto en el que es aplicado dicha normatividad. La idea general de la que parte esta tipolog\u00eda es que una medida no puede ser evaluada solo atendiendo a la literalidad de la norma que la enuncia, sino que es necesario complementar su an\u00e1lisis atendiendo al contexto en el cual es aplicada. En efecto, el an\u00e1lisis de una medida que se limita solo a la normatividad puede conducir a la aceptaci\u00f3n de medidas que formalmente respetan los est\u00e1ndares internacionales pero que en la pr\u00e1ctica conducen a pr\u00e1cticas autoritarias. <\/p>\n
Teniendo en cuenta estas dos variables, es posible diferenciar entre tres tipos de riesgos en las medidas antiterroristas:<\/p>\n
1)\tUn primer caso, donde las medidas son en si mismas desproporcionadas y violatorias de la normatividad internacional de derechos humanos en forma clara. Frente a este tipo de medidas es suficiente con constatar que la normatividad no supera los est\u00e1ndares internacionales para deducir de ella su ilegitimidad. <\/p>\n
2)\tEn el segundo caso, las medidas pueden expresar y servir de vehiculo hacia transformaciones autoritarias e incluso totalitarias del r\u00e9gimen pol\u00edtico colombiano. En este caso el an\u00e1lisis de la norma, al igual que el caso anterior, es eminentemente normativo aunque tambi\u00e9n toma en cuenta las consecuencias que puede generar dicha medida en la pr\u00e1ctica.<\/p>\n
3) \tFinalmente, en un tercer caso, las medidas tomadas en abstracto, no parecen particularmente severas, cuando se las compara con medidas antiterroristas en otros pa\u00edses e incluso con democracias m\u00e1s consolidadas; sin embargo, se trata de medidas que abren espacios de indefinici\u00f3n normativa y de ausencia de controles que han alimentado graves abusos, dados ciertos rasgos de la cultura y las pr\u00e1cticas jur\u00eddicas en Colombia.<\/p>\n
A continuaci\u00f3n, ilustrar\u00e9 estos tres riesgos con ejemplos de medidas concretas tomadas por el gobierno colombiano en los \u00faltimos a\u00f1os con el fin de extraer algunas conclusiones finales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
The article offers an interpretation of the production and application of anti-terrorist approaches in Colombia. The objectives of the research are to provide an basic overview of the approaches but will not attempt to offer a systematic analysis of all antiterrorist measures implemented by Colombia during the past several years. Specific attention is paid to national security policies and an interpretation of risks imbedded in antiterrorist measures is offered.<\/p>\n","protected":false},"author":17,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-25617","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-dejusticia-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n