Este estudio fue encomendado con el objetivo de que se realizaran un an\u00e1lisis y una evaluaci\u00f3n de la respuesta institucional de la pol\u00edtica gubernamental en materia de justicia transicional frente al fen\u00f3meno del desplazamiento forzado en Colombia. Ahora bien, la principal conclusi\u00f3n del estudio es que la pol\u00edtica p\u00fablica en materia de justicia transicional invisibiliza la problem\u00e1tica del desplazamiento forzado, al tiempo que la pol\u00edtica p\u00fablica en materia de desplazamiento no tiene en cuenta las ense\u00f1anzas de las estrategias de justicia transicional ni los derechos de la poblaci\u00f3n desplazada como v\u00edctimas de conductas atroces. Por esa raz\u00f3n, este documento no puede seguir enteramente el esquema de un estudio sectorial o de pol\u00edtica p\u00fablica, dado que el punto de partida de la reflexi\u00f3n aqu\u00ed contenida es, justamente, que no existe una pol\u00edtica p\u00fablica de justicia transicional referida al tema del desplazamiento forzado. Este documento hace \u00e9nfasis en esa carencia y, en particular, en la desarticulaci\u00f3n actual de las pol\u00edticas gubernamentales en materia de justicia transicional y de desplazamiento forzado. Ello con el fin de describir y analizar cr\u00edticamente esta desarticulaci\u00f3n y la manera como la misma afecta los derechos de la poblaci\u00f3n desplazada, pero tambi\u00e9n de identificar y recomendar posibles formas de superarla. <\/p>\n
El documento se divide en cinco cap\u00edtulos. El primer cap\u00edtulo describe el actual estado de desarticulaci\u00f3n de las pol\u00edticas p\u00fablicas en materia de justicia transicional y de desplazamiento forzado, y muestra que si bien ambas pol\u00edticas coinciden, al menos parcialmente, en los objetivos, la poblaci\u00f3n beneficiaria y las autoridades encargadas de implementarlas, cada una se ha desarrollado completamente desvinculada de la otra. El segundo cap\u00edtulo muestra que esa desarticulaci\u00f3n de pol\u00edticas se ha reproducido en el nivel de los enfoques diferenciales, pues si bien tanto la pol\u00edtica p\u00fablica en materia de justicia transicional como aqu\u00e9lla en materia de desplazamiento forzado aluden a la importancia de dar un tratamiento especial a la poblaci\u00f3n especialmente vulnerable, como las mujeres, los ni\u00f1os y las minor\u00edas \u00e9tnicas, este tratamiento no se ha traducido en todos los casos en una realidad y, en la medida en que el desarrollo de cada pol\u00edtica p\u00fablica ha permanecido desvinculado de la otra pol\u00edtica p\u00fablica, entonces no se puede realmente decir que exista una estrategia diferenciada en materia de justicia transicional frente a la poblaci\u00f3n desplazada. El tercer cap\u00edtulo muestra que, si bien esta desvinculaci\u00f3n de pol\u00edticas resulta problem\u00e1tica para la protecci\u00f3n de los derechos de la poblaci\u00f3n desplazada, la misma no es irremediable, pues existen razones tanto normativas como f\u00e1cticas para pensar que una articulaci\u00f3n de ambos tipos de pol\u00edtica, con base en un enfoque de derechos humanos, es realizable. En ese aspecto, algunas experiencias comparadas son significativas y relevantes. El cuarto y \u00faltimo cap\u00edtulo identifica los l\u00edmites particulares que presenta el caso colombiano para lograr una articulaci\u00f3n tal, pero tambi\u00e9n plantea que dichos l\u00edmites son superables y que existen avances importantes para que dicha superaci\u00f3n pueda tener lugar. En esa medida, el cap\u00edtulo culmina enunciando los retos que enfrentan esas pol\u00edticas para lograr su articulaci\u00f3n y, en concordancia con ello, hace una serie de recomendaciones sobre la manera como dicha articulaci\u00f3n deber\u00eda materializarse en un contexto como el actual. Dentro de estas recomendaciones, se resalta la forma como la cooperaci\u00f3n internacional y la sociedad civil podr\u00edan contribuir a la consecuci\u00f3n de ese prop\u00f3sito. <\/p>\n
1.\tAn\u00e1lisis del enfoque de las pol\u00edticas p\u00fablicas en materia de desplazamiento forzado y de justicia transicional: la constataci\u00f3n de una desarticulaci\u00f3n. <\/p>\n
En la \u00faltima d\u00e9cada, diversas autoridades del Estado colombiano ?entre ellas el gobierno, el Congreso, e incluso miembros del poder judicial – han desarrollado, implementado y vigilado la implementaci\u00f3n de la pol\u00edtica p\u00fablica tendiente a resolver el dram\u00e1tico fen\u00f3meno de desplazamiento forzado del que han sido v\u00edctimas millones de personas, como resultado del conflicto armado colombiano. De manera paralela, en los \u00faltimos dos a\u00f1os se ha desarrollado una pol\u00edtica p\u00fablica de justicia transicional -que dentro de poco tiempo comenzar\u00e1 a implementarse- para enfrentar la situaci\u00f3n de transici\u00f3n parcial y fragmentaria que el pa\u00eds vive en estos momentos como consecuencia de las negociaciones de paz entre el gobierno y los grupos paramilitares. <\/p>\n
Estos dos tipos de pol\u00edtica tienen varios puntos en com\u00fan. De hecho, ambas existen para hacer frente a efectos del conflicto armado interno que vive el pa\u00eds, la una para restablecer los derechos de las personas que han sido desplazadas de sus lugares de habitaci\u00f3n por acciones violentas, y la otra para hacer frente a los cr\u00edmenes atroces cometidos por los actores armados que negocian la paz con el gobierno, y en particular para proteger los derechos de las v\u00edctimas de tales cr\u00edmenes a la verdad, la justicia, la reparaci\u00f3n y la garant\u00eda de no repetici\u00f3n. Adem\u00e1s, ambas pol\u00edticas tienen como poblaci\u00f3n beneficiaria de los derechos que consagran a los desplazados, la primera en tanto que \u00fanicos beneficiarios de los derechos especiales concedidos a la poblaci\u00f3n desplazada, y la segunda en tanto que beneficiarios de los derechos concedidos a todas las v\u00edctimas de los cr\u00edmenes atroces cometidos por los grupos armados en proceso de desmovilizaci\u00f3n. Esto \u00faltimo, al menos potencialmente, pues, como veremos, las estrategias actuales de justicia transicional no mencionan espec\u00edficamente a la poblaci\u00f3n desplazada como v\u00edctimas. Finalmente, las autoridades estatales encargadas de implementar las dos pol\u00edticas son, en muchos casos, las mismas, tal y como sucede en particular con la Agencia Presidencial para la Acci\u00f3n Social y la Cooperaci\u00f3n Internacional (en adelante, Acci\u00f3n Social), que tiene a su cargo, entre otras, la funci\u00f3n de ?(c)oordinar el Sistema Nacional de Atenci\u00f3n Integral a la Poblaci\u00f3n Desplazada por la Violencia y ejecutar acciones de acompa\u00f1amiento al retorno, prevenci\u00f3n, protecci\u00f3n, atenci\u00f3n humanitaria y reubicaci\u00f3n a favor de la poblaci\u00f3n desplazada y en riesgo de desplazamiento? , as\u00ed como la funci\u00f3n de ?(a)tender a las v\u00edctimas de la violencia?, y en especial de ordenar el gasto del Fondo para la Reparaci\u00f3n de las V\u00edctimas que se crear\u00e1 en aplicaci\u00f3n de la actual pol\u00edtica de justicia transicional. <\/p>\n
A pesar de que las pol\u00edticas p\u00fablicas en materia de desplazamiento forzado y de justicia transicional tienen tantos puntos en com\u00fan y por ende parecer\u00edan tender a complementarse y a estar estrechamente vinculadas, lo que ha sucedido es justamente lo contrario. Tanto en su formulaci\u00f3n como en su implementaci\u00f3n, cada una de dichas pol\u00edticas ha invisibilizado a la otra, hasta el punto de desarrollarse con total independencia y sin tener en cuenta las categor\u00edas conceptuales y especialmente los derechos consagrados por la otra. Esto ha conducido, de un lado, a que la pol\u00edtica p\u00fablica en materia de justicia transicional no tome en cuenta a la poblaci\u00f3n desplazada como una categor\u00eda especial de v\u00edctima, que tiene caracter\u00edsticas, derechos y necesidades particulares y que, por tanto, deber\u00eda ser considerada con especificidad para efectos de la protecci\u00f3n de sus derechos. De otro lado, la desarticulaci\u00f3n de pol\u00edticas tambi\u00e9n ha conducido a que la pol\u00edtica p\u00fablica en materia de desplazamiento forzado no tenga en cuenta las categor\u00edas y los derechos propios de la justicia transicional en el tratamiento de la poblaci\u00f3n desplazada y que, por tanto, termine omitiendo la condici\u00f3n de v\u00edctimas de acciones humanas violentas de los desplazados. Veamos<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
The objective of this study is to examine and analysis the Colombian government\u2019s response to the need for transitional justice addressing the phenomenon of forced displacement due to guerrilla warfare. At the time of publication, the author concludes that current public policies are not sufficient to address the demands of this phenomenon, do not build upon past experience with this matter, nor do they protect the rights of the displaced peoples. Results of the study emphasize that current policy is not only inadequate, but actually ignores the necessity for transitional justice for displaced populations. Using research findings, the article concludes with recommendations for ways in which international cooperation and civil society can contribute to the attainment transitional justice on this issue.<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-25633","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-dejusticia-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n