{"id":25637,"date":"2006-10-02T00:00:00","date_gmt":"2006-10-02T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dejusticia.org\/the-legal-challenges-of-kidnapping\/"},"modified":"2006-10-02T00:00:00","modified_gmt":"2006-10-02T05:00:00","slug":"the-legal-challenges-of-kidnapping","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/develop.dejusticia.org\/en\/the-legal-challenges-of-kidnapping\/","title":{"rendered":"The Legal Challenges of Kidnapping"},"content":{"rendered":"<p>El primer reto que impuso la pr\u00e1ctica de la desaparici\u00f3n forzada al derecho fue su tipificaci\u00f3n como crimen atroz aut\u00f3nomo. De hecho, si bien esta pr\u00e1ctica encuentra sus antecedentes en el r\u00e9gimen Nazi y ha sido utilizada sistem\u00e1ticamente por los reg\u00edmenes dictatoriales y autoritarios de Latinoam\u00e9rica desde la d\u00e9cada de los sesenta, durante muchos a\u00f1os la misma no fue considerada como una modalidad espec\u00edfica de crimen atroz, sino m\u00e1s bien como una pr\u00e1ctica vulneratoria de m\u00faltiples derechos humanos, tales como la vida, la libertad, la seguridad personal y el derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ello se explica si se tiene en cuenta que su especificidad como crimen atroz, y en especial su distinci\u00f3n con otros cr\u00edmenes atroces como el secuestro, no era del todo evidente. <\/p>\n<p>Los esfuerzos por cambiar esta situaci\u00f3n se concretaron en 1992, a\u00f1o en el que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprob\u00f3 la Declaraci\u00f3n sobre la Protecci\u00f3n de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que reconoci\u00f3 a la desaparici\u00f3n forzada como un crimen aut\u00f3nomo. Esta declaraci\u00f3n no constitu\u00eda un instrumento de derecho internacional de obligatorio cumplimiento para los Estados Parte de Naciones Unidas; no obstante, sirvi\u00f3 como antecedente importante de la Convenci\u00f3n Interamericana sobre Desaparici\u00f3n Forzada de Personas, aprobada en 1994 y ratificada por Colombia en 2005, y para la Convenci\u00f3n Internacional para la Protecci\u00f3n de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada en junio de 2006 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y sometida en la actualidad a la consideraci\u00f3n de los Estados Parte para su aprobaci\u00f3n y ratificaci\u00f3n. <\/p>\n<p>Estos instrumentos internacionales tipificaron la desaparici\u00f3n forzada cono un crimen atroz aut\u00f3nomo, y superaron el problema de su aparente ausencia de especificidad imponiendo cuatro requisitos para que esta pr\u00e1ctica tenga lugar, a saber: (i) que consista en la privaci\u00f3n de la libertad de una o varias personas; (ii) que tenga el objetivo de sumir en la incertidumbre a los familiares y dem\u00e1s personas cercanas a la v\u00edctima, mediante la ausencia de toda informaci\u00f3n sobre su paradero; (iii) que tenga como efecto la imposibilidad de acceder a cualquier protecci\u00f3n legal, y (iv) que sea realizada por agentes del Estado o por personas autorizadas, apoyadas o toleradas por \u00e9ste.  <\/p>\n<p>La identificaci\u00f3n de estos elementos distintivos de la desaparici\u00f3n forzada permiti\u00f3 su diferenciaci\u00f3n de otros cr\u00edmenes atroces, como el secuestro. En efecto, a diferencia de \u00e9ste, la desaparici\u00f3n forzada no tiene como fin principal la extorsi\u00f3n, sino generar una incertidumbre absoluta e indefinida sobre el paradero de la v\u00edctima. Como tal, mientras que la desaparici\u00f3n forzada implica la ausencia de toda informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n de la v\u00edctima, el car\u00e1cter extorsivo del secuestro implica alg\u00fan grado de certeza sobre la vida de la v\u00edctima, as\u00ed como el suministro de alg\u00fan tipo de informaci\u00f3n sobre ella. <\/p>\n<p>El segundo reto que la desaparici\u00f3n forzada impuso al derecho internacional de los derechos humanos fue su categorizaci\u00f3n como crimen de lesa humanidad. De hecho, adem\u00e1s de los elementos distintivos de la desaparici\u00f3n forzada, \u00e9sta se caracteriza por la sistematicidad que generalmente la acompa\u00f1a. Muy rara vez constituyen los casos de desaparici\u00f3n forzada pr\u00e1cticas aisladas; por lo general, se trata de pr\u00e1cticas sistem\u00e1ticas con una l\u00f3gica y un objetivo subyacente, tal como la eliminaci\u00f3n o grave afectaci\u00f3n de un grupo pol\u00edtico o social determinado de la poblaci\u00f3n. No obstante, esta sistematicidad no se deriva de los elementos propios de la desaparici\u00f3n forzada antes se\u00f1alados. Y ello resulta problem\u00e1tico porque, sin el reconocimiento de tal sistematicidad, la desaparici\u00f3n forzada no puede ser considerada como un crimen de lesa humanidad, sino apenas como un crimen de guerra. <\/p>\n<p>De ah\u00ed que, adem\u00e1s de los elementos que le otorgan especificidad a la desaparici\u00f3n forzada, los instrumentos internacionales antes se\u00f1alados afirmen que, en todos aquellos casos en que es practicada de manera sistem\u00e1tica, la desaparici\u00f3n forzada constituye un crimen de lesa humanidad.  Fuera de la importancia simb\u00f3lica que tiene este reconocimiento en cuanto que resalta la gravedad del crimen de la desaparici\u00f3n forzada, \u00e9ste posibilita que, cuando su car\u00e1cter sistem\u00e1tico se presente, la desaparici\u00f3n forzada sea considerada como un crimen imprescriptible, y pueda ser perseguida por los \u00f3rganos del derecho penal internacional, e incluso por los tribunales de cualquier pa\u00eds en virtud del principio de jurisdicci\u00f3n universal. <\/p>\n<p>El reto del reconocimiento de la desaparici\u00f3n forzada como crimen atroz aut\u00f3nomo de lesa humanidad no fue \u00fanicamente enfrentado por el derecho internacional de los derechos humanos. En efecto, dado que este derecho s\u00f3lo opera de manera subsidiaria a los derechos nacionales y que su aplicabilidad depende de su aceptaci\u00f3n por parte de los Estados, fue mucha la presi\u00f3n que ejercieron las organizaciones de v\u00edctimas y de derechos humanos para que la desaparici\u00f3n forzada fuese tambi\u00e9n reconocida como un crimen espec\u00edfico en el derecho nacional. Esta presi\u00f3n era del todo explicable teniendo en cuenta que el reconocimiento de la desaparici\u00f3n forzada como delito penal permitir\u00eda que la misma fuese prevenida, perseguida y sancionada penalmente por los \u00f3rganos estatales, con independencia de que el Estado colombiano ratificara o no los tratados internacionales sobre la materia. Como consecuencia de esa valiosa presi\u00f3n, el art\u00edculo 12 de la Constituci\u00f3n de 1991 incluy\u00f3 en la carta de derechos fundamentales la prohibici\u00f3n de la desaparici\u00f3n forzada. Adicionalmente, \u00e9sta fue incluida en el C\u00f3digo Penal como delito por la ley 589 de 2000. <\/p>\n<p>Sin embargo, la tipificaci\u00f3n de la desaparici\u00f3n forzada en el derecho colombiano no estuvo exenta de debates. En particular, se discuti\u00f3 si, a diferencia de los que suced\u00eda en los instrumentos internacionales, deb\u00eda admitirse la posibilidad de que la desaparici\u00f3n forzada fuese realizada por agentes distintos de los estatales y paraestatales. Esta propuesta fue planteada previendo la posibilidad de que particulares no vinculados con el Estado de manera alguna, tales como los miembros de grupos guerrilleros, perpetraran tambi\u00e9n este crimen atroz. Frente a esta propuesta hubo voces cr\u00edticas que indicaron que la ampliaci\u00f3n de este delito a todo tipo de sujeto activo pod\u00eda restarle especificidad. Finalmente gan\u00f3 la primera postura y, en consecuencia, la desaparici\u00f3n forzada fue tipificada en Colombia como un crimen susceptible de ser cometido tambi\u00e9n por los miembros de grupos armados al margen de la ley, y sometido a una causal de agravaci\u00f3n de la pena en caso de ser sistem\u00e1tico. Y, tras la revisi\u00f3n de la constitucionalidad de la ley por parte de la Corte Constitucional, la desaparici\u00f3n forzada termin\u00f3 por ser considerada como un crimen susceptible de ser cometido por cualquier persona, pues la Corte consider\u00f3 que     <\/p>\n<p>A\u00fan est\u00e1n por comprobarse las bondades de esta ampliaci\u00f3n del sujeto activo del delito de desaparici\u00f3n forzada a cualquier persona, pues si bien \u00e9sta tiene el prop\u00f3sito de admitir la posibilidad de que tambi\u00e9n los grupos guerrilleros puedan cometer este crimen, la postura cr\u00edtica frente a esta ampliaci\u00f3n insiste en la situaci\u00f3n de particular indefensi\u00f3n en la que se encuentran las v\u00edctimas de la desaparici\u00f3n forzada por el hecho de tratarse de un crimen perpetrado por agentes estatales o paraestatales. <\/p>\n<p>Como quiera que sea, es evidente que, tras la ratificaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n Interamericana sobre Desaparici\u00f3n Forzada de Personas, las obligaciones estatales de investigaci\u00f3n, sanci\u00f3n, reparaci\u00f3n y prevenci\u00f3n de la desaparici\u00f3n forzada no s\u00f3lo tienen rango legal, sino tambi\u00e9n constitucional, en virtud de la figura del bloque de constitucionalidad que incorpora a la Constituci\u00f3n los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia. Sin duda, la coexistencia de estas normas implica una protecci\u00f3n jur\u00eddica mayor de los derechos fundamentales que la desaparici\u00f3n forzada pone en riesgo, en particular si se tiene en cuenta que, en caso de conflicto entre ellas, siempre habr\u00e1 de aplicarse aqu\u00e9lla que sea m\u00e1s favorable a la protecci\u00f3n del derecho fundamental vulnerado, en virtud del principio interpretativo pro hominen. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>The practice of kidnapping is a tragic Latin American phenomenon. Following the leads of the Nazi\u2019s use of abducting opposition to the violent regime, the custom has spread throughout the continent and is employed by rebel groups and peoples in power alike. In addition to causing extreme distress for the victim and their relatives, forced disappearance poses a complex web of judicial challenges. 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