No estoy para nada de acuerdo con la propuesta de Carlos Gaviria de que el presidente Uribe deber\u00eda someterse a un examen siqui\u00e1trico, debido a sus recientes excesos verbales. Y la raz\u00f3n es la siguiente: la intemperancia verbal recurrente de un particular es un asunto de constituci\u00f3n s\u00edquica, que puede entonces ser valorada sicol\u00f3gicamente; pero la intemperancia verbal recurrente de un Presidente, sobre todo cuando es realizada usando los medios masivos de comunicaci\u00f3n, se torna en un asunto de constituci\u00f3n pol\u00edtica, que amerita ante todo una valoraci\u00f3n jur\u00eddica y pol\u00edtica.<\/p>\n
Me explico: cuando un particular responde siempre en forma airada a las cr\u00edticas que se le formulan, el tema se queda en la esfera privada, salvo que la persona incurra en sus respuestas en calumnias o injurias, o salvo que realmente sea un individuo que requiera un tratamiento siqui\u00e1trico. A algunos les pueden fascinar esas personas que responden fuertemente a las cr\u00edticas; otros, en cambio, pueden aborrecer esas actitudes. Pero es claro que la valoraci\u00f3n del car\u00e1cter de las personas proclives a los excesos verbales es en gran medida un tema de gusto y personalidad, que se queda en la \u00f3rbita de la privacidad. <\/p>\n
Sin embargo, cuando esos excesos verbales son realizados, no por un particular, sino por el Presidente de la Rep\u00fablica y usando los medios masivos de comunicaci\u00f3n, la situaci\u00f3n cambia profundamente, no s\u00f3lo por la posici\u00f3n de poder desde la cual el Presidente emite sus declaraciones, sino adem\u00e1s por los deberes que impone la funci\u00f3n presidencial y por el especial impacto que tienen sus aseveraciones en los medios. Sobre eso existe reiterada jurisprudencia constitucional, que bien vale la pena recordar. <\/p>\n
As\u00ed, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado (sentencia T-263 de 1998) que para evaluar si un ataque verbal se ajusta o no a la Constituci\u00f3n es necesario tomar en cuenta, entre otras cosas, el grado de poder social de quien ataca y la gravedad de sus se\u00f1alamientos. Por ende, si una persona con enorme poder social o pol\u00edtico realiza sin claros fundamentos f\u00e1cticos ataques verbales contra otra persona, entonces su discurso no est\u00e1 amparado por la Constituci\u00f3n. La libertad de expresi\u00f3n cede ante el deber del Estado de amparar la honra y la intimidad de las personas. Por ejemplo, en esa ocasi\u00f3n, la Corte consider\u00f3 que era inconstitucional que un sacerdote calificara en sus sermones de sat\u00e1nico a un profesor, precisamente por el gran poder social que en su comunidad ejerc\u00eda el sacerdote. <\/p>\n
Igualmente, en la reciente sentencia T-959 de 2006, la Corte orden\u00f3 a la campa\u00f1a del presidente Uribe que rectificara una cu\u00f1a publicitaria en donde difund\u00eda, por medio de un testimonio, acusaciones de que la Uni\u00f3n Patri\u00f3tica hab\u00eda estado involucrada en asesinatos. La Corte consider\u00f3 que desbordaba la libertad de expresi\u00f3n y violaba el buen nombre de los militantes de la Uni\u00f3n Patri\u00f3tica que la campa\u00f1a por la reelecci\u00f3n del presidente Uribe propagara esas acusaciones sin sustentarlas en pruebas. Seg\u00fan la sentencia, la libertad de opini\u00f3n no puede ?consistir en la infundada imputaci\u00f3n de conductas criminales, de manera gen\u00e9rica a un grupo de personas, con mayor raz\u00f3n cuando, en el entorno de violencia pol\u00edtica que vive el pa\u00eds, la situaci\u00f3n de tales personas y la de sus allegados es particularmente sensible?. <\/p>\n
La cosa es a\u00fan m\u00e1s grave si quien realiza los ataques verbales no es ya la campa\u00f1a del Presidente de la Rep\u00fablica sino el propio Presidente, no s\u00f3lo por tratarse de la persona m\u00e1s poderosa de Colombia, sino adem\u00e1s por los especiales deberes que asumi\u00f3 al acceder al cargo. Sobre ese punto la Constituci\u00f3n es contundente cuando indica que no s\u00f3lo el Presidente ?simboliza la unidad nacional? sino que adem\u00e1s ?al jurar el cumplimiento de la Constituci\u00f3n y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos.? Esto significa que el Presidente tiene un especial deber de protecci\u00f3n de nuestros derechos, por lo cual tiene que tener un particular cuidado de no afectar nuestra honra ni de poner en riesgo nuestra seguridad por medio de declaraciones precipitadas. <\/p>\n
Estos especiales deberes presidenciales fueron claramente se\u00f1alados por la Corte en la sentencia T-1191 de 2004, en donde ese tribunal analiz\u00f3 si el Presidente Uribe deb\u00eda o no rectificar unas declaraciones transmitidas por televisi\u00f3n, en donde hab\u00eda calificado a unas organizaciones de derechos humanos de estar al servicio del terrorismo. En esa oportunidad, la Corte no concedi\u00f3 la tutela por un motivo estrictamente procesal, pues no encontr\u00f3 que se hubiera probado que el Presidente Uribe se hubiera referido espec\u00edficamente a las organizaciones que hab\u00edan presentado la tutela. Pero, por razones de pedagog\u00eda constitucional, el alto tribunal se\u00f1al\u00f3 los l\u00edmites a los que deb\u00eda someterse cualquier presidente al polemizar con la oposici\u00f3n o al defender su obra de gobierno. <\/p>\n
En particular, la Corte indic\u00f3 que el Presidente tiene obviamente derecho a opinar y a defender sus eventuales logros pol\u00edticos; pero que sus declaraciones no son las de un simple particular. Al ejercer su enorme poder discursivo, el Presidente no puede entonces olvidarse de los deberes de su cargo y en especial de que ha jurado defender los derechos de todos los colombianos, por lo cual debe cuidarse de no hacer acusaciones o ataques verbales a personas o grupos sociales, sin tener un sustento f\u00e1ctico que justifique la veracidad de dichos ataques. Adem\u00e1s, seg\u00fan la Corte, ese especial deber de cuidado es mayor cuando el Presidente usa los medios de comunicaci\u00f3n, por el especial impacto que toman sus aseveraciones. Y que en todo caso, insisti\u00f3 la sentencia, ninguna declaraci\u00f3n presidencial debe poner en peligro a ning\u00fan colombiano, por lo que el Presidente debe ser especialmente cuidadoso cuando se refiere a poblaciones que ya se encuentran en situaci\u00f3n de riesgo, como son los desplazados, las organizaciones de derechos humanos o los reinsertados. <\/p>\n
Todo indica que la pedagog\u00eda constitucional de la Corte no ha sido suficiente, pues es claro que la reciente respuesta del presidente Uribe a las acusaciones del senador Petro contra un hermano suyo desbord\u00f3 esos l\u00edmites constitucionales: la calificaci\u00f3n presidencial de algunos l\u00edderes de la oposici\u00f3n como terroristas vestidos de civil no s\u00f3lo los pone en peligro, dado el grado de polarizaci\u00f3n que vive el pa\u00eds, sino que carece del sustento f\u00e1ctico que podr\u00eda justificar ese ataque. Y si lo tuviera, el deber del Presidente era presentar la correspondiente denuncia ante las autoridades judiciales. <\/p>\n
Algunos podr\u00edan objetar que la reacci\u00f3n presidencial era humana, pues es natural que uno se ponga bravo con quien se mete con su familia. Y hasta yo podr\u00eda estar de acuerdo en que se trata de una reacci\u00f3n sicol\u00f3gica comprensible. Pero como lo se\u00f1al\u00e9 al inicio de esta columna: el comportamiento presidencial es un asunto m\u00e1s de constituci\u00f3n pol\u00edtica que de constituci\u00f3n s\u00edquica. Y por ello los presidentes no se pueden permitir reacciones que podr\u00edan ser aceptables en el resto de los mortales. No es entonces admisible que el presidente Uribe se ponga bravo, como si fuera un simple particular, pero que luego busque, por su f\u00e1cil acceso a los medios, que sus ataques verbales reciban todo el despliegue de las declaraciones de un jefe de Estado. Al hacerlo, deja ser un particular, y vuelve a gobernar, pues es obvio que el Presidente cuando habla tambi\u00e9n gobierna. Y cuando gobierna y habla tiene constitucionalmente el deber de amparar nuestros derechos fundamentales. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Rodrigo Uprimny argues that the verbal excesses of the President are incompatible with his duties to maintain a high vote of confidence. <\/p>\n","protected":false},"author":17,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-25669","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-semana-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n