El Plan Nacional de Desarrollo que deber\u00e1 aprobar en breve el Congreso o el gobierno a trav\u00e9s de decreto ??Estado Comunitario: desarrollo para todos?? viene siendo discutido a partir de un documento elaborado por el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n cuyo coraz\u00f3n es la consolidaci\u00f3n de la pol\u00edtica de seguridad democr\u00e1tica. Hay un elemento nuevo, sin embargo, que no ha sido tenido en cuenta en toda su dimensi\u00f3n y que de no hacerse a tiempo, llevar\u00e1 al traste con muchas de las proyecciones del gobierno en materia de paz y desarrollo. Se trata del llamado proceso transicional. <\/p>\n
Como es sabido, con este nombre se designa una particular pol\u00edtica de Estado, que ha ocupado buena parte de la agenda del actual gobierno y sobre la cual se posa la atenci\u00f3n de la comunidad internacional, que empieza con la desmovilizaci\u00f3n y la resinserci\u00f3n de los grupos paramilitares y avanza actualmente hacia el juzgamiento de algunos de sus m\u00e1ximos dirigentes. <\/p>\n
El proceso transicional interfiere claramente en por lo menos dos esferas de la pol\u00edtica p\u00fablica en general: la pol\u00edtica criminal y la pol\u00edtica de tierras. La interferencia en el primer caso se manifiesta, entre otros aspectos, en la ruptura de la proporcionalidad de las penas que se aplicar\u00e1n a los paramilitares que se sometan a la ley de justicia y paz, respecto de los delitos por ellos cometidos. Un solo ejemplo basta para ilustrar lo dicho: una conducta criminal que frecuentemente se atribuye a los paramilitares es la desaparici\u00f3n forzada; el responsable de este delito que no se someta a la Ley de Justicia y Paz, tendr\u00eda que afrontar una pena m\u00ednima de 26 a\u00f1os y una m\u00e1xima de 45; mientras que el sometido, apenas ser\u00e1 condenado m\u00e1ximo a ocho a\u00f1os de prisi\u00f3n. <\/p>\n
Aqu\u00ed no cuestiono el hecho mismo de la alteraci\u00f3n de la proporcionalidad, pues es parte de los arreglos institucionales propios de los procesos de transici\u00f3n, sino el que tal situaci\u00f3n se la quiera presentar como algo que poco o nada tiene que ver con la pol\u00edtica regular de lucha contra la impunidad. En la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo se incluyen, en efecto, algunos temas propios de la justicia transicional, al lado de las formulaciones estrat\u00e9gicas relacionadas con la pol\u00edtica de lucha contra la impunidad, pero no se hacen expl\u00edcitas las relaciones entre una y otra. El resultado es una suerte de paralelismo en la formulaci\u00f3n de ambas pol\u00edticas, como si se pudieran desarrollar sin ning\u00fan tipo de interferencia. <\/p>\n
Comoquiera que el proceso de transici\u00f3n ?sin transici\u00f3n, por cierto, como lo han aclarado muchos estudiosos del tema? seguir\u00e1 ocupando un lugar central en la agenda del presente gobierno y en los aconteceres nacional e internacional, su inclusi\u00f3n en el Plan debe ser tan clara y detallada como sea posible. <\/p>\n
Pero en donde el Plan hace mutis por el foro es en la necesaria clarificaci\u00f3n que debe existir entre el proceso transicional y la pol\u00edtica de tierras. No hay una sola referencia en ese sentido, y con ello se desconoce un hecho importante: que el derecho a la reparaci\u00f3n es una de las contracaras de las concesiones que en materia de justicia se hacen a los victimarios que se someten a la Ley de Justicia y Paz. Y no hay que olvidar que el tal\u00f3n de Aquiles de la reparaci\u00f3n integral lo constituye la devoluci\u00f3n de bienes patrimoniales, en especial la tierra. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, de un lado, que el avance paramilitar en su momento se entendi\u00f3 tambi\u00e9n como una estrategia de contrarreforma agraria y que, de otro, si por algo se ha resentido la aplicaci\u00f3n de la Ley de Justicia y Paz es por la resistencia de los victimarios a devolver los bienes il\u00edcitamente adquiridos. <\/p>\n
El Plan Nacional de Desarrollo en este punto supone un pa\u00eds en completa paz y armon\u00eda, como si el problema del conflicto armado ?palabra por cierto inexistente en dicho texto? no estuviese precisamente cruzado de cabo a rabo por el problema de la tierra: su distribuci\u00f3n, la precariedad de los t\u00edtulos de propiedad, la posesi\u00f3n espuria, etc. <\/p>\n
Por lo menos en un punto es imprescindible establecer la clarificaci\u00f3n antes referida. En la estrategia llamada ?Acceso a los factores productivos?, el Plan se duele de haber adjudicado menos de la mitad de las tierras, conforme a las proyecciones hechas en el Plan 2002-2006, atribuido a ?irregularidades en la administraci\u00f3n y la falta de controles adecuados en la verificaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de beneficiarios?, para lo cual se\u00f1ala ahora la existencia de ?nuevos protocolos que aseguran un estricto control de los beneficiarios? y con ello se despacha el asunto. <\/p>\n
En realidad, el problema de la adjudicaci\u00f3n de tierras es mucho m\u00e1s profundo que lo de se se\u00f1ala en el Plan, lo que aqu\u00ed es imposible tratar a espacio, pero el punto es que muchas de sus dificultades tocan precisamente con otras ya detectadas por los operadores de la Ley de Justicia y Paz, como las carencias existentes en torno a los sistemas oficiales de informaci\u00f3n sobre la propiedad, la acreditaci\u00f3n de la tenencia u ocupaci\u00f3n de la tierra y el catastro rural, entre otras. <\/p>\n
El Plan Nacional de Desarrollo est\u00e1 llamado no s\u00f3lo a fijar las pol\u00edticas y las prioridades de los pr\u00f3ximos cuatro a\u00f1os, sino tambi\u00e9n a irradiar lo que ser\u00e1n los planes departamentales y municipales de desarrollo 2008-2012, luego de la elecci\u00f3n popular de octubre del presente a\u00f1o; y por lo mismo, el gobierno debe ser responsable en su formulaci\u00f3n e incluir claramente el nuevo elemento que se introdujo por el mismo gobierno, tanto en las normas como en las pr\u00e1cticas pol\u00edticas del pasado cuatrienio: el proceso transicional. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Danilo Rojas indicates the need to establish in the National Plan of Development, the existing narrow relation between regular public politics and transitional justice. <\/p>\n","protected":false},"author":22,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-25679","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-semana-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n