Los jueces no tienen mucha posibilidad de escoger qu\u00e9 casos deciden ni cu\u00e1ndo los fallan, pues eso depende de las demandas que les presentan y de los t\u00e9rminos procesales. Pero dif\u00edcilmente se podr\u00eda encontrar una decisi\u00f3n judicial m\u00e1s oportuna para la actual situaci\u00f3n colombiana, que la reciente sentencia de la Corte Interamericana sobre la masacre de la Rochela. <\/p>\n
Brevemente recordemos los hechos del caso: un grupo paramilitar (los masetos), con la abierta complicidad de miembros del Ej\u00e9rcito, asesin\u00f3 en enero de 1989, en el Magdalena Medio, a 13 miembros de una comisi\u00f3n judicial. Estos funcionarios investigaban a su vez atrocidades que esos mismos grupos paramilitares hab\u00edan cometido en la regi\u00f3n, en especial la desaparici\u00f3n colectiva de 19 comerciantes. <\/p>\n
La Corte Interamericana concluy\u00f3 que el Estado colombiano era responsable de esa matanza, por much\u00edsimas razones: porque exist\u00eda un marco legal que autorizaba la creaci\u00f3n de esos grupos de autodefensa; porque el Ej\u00e9rcito hab\u00eda estimulado la formaci\u00f3n de esos grupos, que se convirtieron en terribles organizaciones paramilitares; porque miembros del Ej\u00e9rcito actuaron en complicidad con esos paramilitares; porque el gobierno no brind\u00f3 la protecci\u00f3n apropiada a los funcionarios judiciales, y porque, despu\u00e9s de la masacre, el Estado colombiano no investig\u00f3 ni sancion\u00f3 apropiadamente a los autores intelectuales y materiales de ese crimen. <\/p>\n
Por todo lo anterior, la Corte no s\u00f3lo conden\u00f3 a Colombia y le orden\u00f3 reparar a las v\u00edctimas o a sus familiares, sino que tambi\u00e9n dispuso que el Estado deb\u00eda tomar las medidas necesarias para que esa masacre no quedara impune y para que hechos as\u00ed no se repitieran. Por ello, la Corte se\u00f1al\u00f3 expl\u00edcitamente que el gobierno ten\u00eda que brindar la protecci\u00f3n y las garant\u00edas necesarias a todos los funcionarios judiciales que investigaran cr\u00edmenes de esta \u00edndole. <\/p>\n
Es mucho lo que se podr\u00eda comentar de esta notable sentencia, que en gran parte reitera gran parte de lo que ya hab\u00eda dicho la misma Corte en otras decisiones contra Colombia tambi\u00e9n por atrocidades de grupos paramilitares. Es pues, un fallo que dar\u00e1 mucho de qu\u00e9 hablar. Por ejemplo, ya veo a algunos columnistas escandalizados por el monto de las condenas monetarias contra Colombia; es muy probable que esos mismos columnistas no se hayan escandalizado tanto con la atrocidad de la masacre. <\/p>\n
Pero en esta columna quisiera insistir s\u00f3lo en un punto que muestra la oportunidad de la sentencia: la clara similitud que existe entre la situaci\u00f3n de Colombia a fines de los a\u00f1os 80, cuando ocurri\u00f3 la masacre de la Rochela, y la situaci\u00f3n actual, con los esc\u00e1ndalos por la para-pol\u00edtica y por las revelaciones sobre los cr\u00edmenes cometidos por esos grupos. <\/p>\n
En 1989 era claro que el paramilitarismo era una amenaza terrible contra la precaria democracia colombiana, no s\u00f3lo por la atrocidad de sus cr\u00edmenes, sino adem\u00e1s por las complicidades sociales e institucionales que ten\u00eda y que le permit\u00edan operar con enorme libertad; hoy ocurre lo mismo. <\/p>\n
En 1989, la reacci\u00f3n m\u00e1s valiente y vigorosa provino del sistema judicial; hoy ocurre lo mismo. A finales de los 80 se trat\u00f3 sobre todo de jueces de instrucci\u00f3n que, tomando enormes riesgos, intentaron investigar los cr\u00edmenes de los paramilitares. Actualmente es sobre todo la Corte Suprema quien ha asumido valerosamente esa tarea con sus investigaciones de la para-pol\u00edtica. Pero tambi\u00e9n han jugado un papel importante fiscales y jueces que de manera casi heroica han adelantado procesos por las atrocidades de los paramilitares. <\/p>\n
Los resultados del coraje judicial de los 80 fueron muy tristes, pues terminaron en un verdadero ba\u00f1o de sangre. La masacre de la Rochela, por atroz que hubiera sido, fue tan s\u00f3lo un momento m\u00e1s de la intensa violencia contra el poder judicial de esos a\u00f1os. La propia sentencia de la Corte Interamericana recuerda que entre 1979 y 1991 un promedio anual de 25 jueces o abogados fueron asesinados o sufrieron atentados. <\/p>\n
Los asesinatos de tantos funcionarios judiciales no s\u00f3lo fueron humanamente terribles para el poder judicial, sino pol\u00edticamente muy graves para toda Colombia, pues casi todos esos cr\u00edmenes quedaron impunes y el paramilitarismo se envalenton\u00f3. <\/p>\n
Ahora bien, este exterminio de funcionarios judiciales ocurri\u00f3 en gran medida por el abandono en que la sociedad y el resto del Estado dejaron a sus jueces. S\u00f3lo despu\u00e9s de la Rochela, el gobierno Barco empez\u00f3 a reaccionar con alg\u00fan vigor, pues quit\u00f3 el piso legal a los grupos de autodefensa y conform\u00f3 cuerpos policiales especiales para combatir el paramilitarismo. <\/p>\n
El reto de la actual coyuntura es entonces que, a pesar de la similitud de situaciones, el resultado de la lucha judicial contra el paramilitarismo en la actualidad tenga un desenlace distinto y positivo. Y para ello s\u00f3lo parece haber una salida: rodear a la justicia para que, sin obstrucciones y con todo el apoyo, pueda investigar a fondo la realidad del paramilitarismo en nuestro pa\u00eds. <\/p>\n
Es pues importante evitar toda interferencia contra las investigaciones de la Corte Suprema y de los otros fiscales y jueces de estos cr\u00edmenes. A veces se trata de obstrucciones violentas y burdas, como los atentados, que, aunque han disminuido, contin\u00faan, como lo recuerda el asesinato de la fiscal Yolanda Paternina, quien investig\u00f3 la masacre de Chengue. <\/p>\n
Pero hay tambi\u00e9n otras interferencias que son m\u00e1s sutiles y sofisticadas, pero que tienen tambi\u00e9n resultados devastadores, como podr\u00edan ser leyes que priven a la justicia de su competencia para sancionar esos cr\u00edmenes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Rodrigo Uprimny, director of Dejusticia and professor at the National University, emphasizes the opportunity and teachings of the recent failure of the Pan-American Court against Colombia. <\/p>\n","protected":false},"author":17,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-25731","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-semana-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n