El ataque del presidente Uribe contra la Corte Suprema por la sentencia en donde consider\u00f3 que era inconstitucional calificar el paramilitarismo de delito pol\u00edtico incurre en tres contradicciones y, m\u00e1s grave aun, provoca un gran riesgo democr\u00e1tico. <\/p>\n
Primera contradicci\u00f3n: en 2002, el Congreso, por iniciativa del gobierno, expidi\u00f3 la Ley 782, que modific\u00f3 las reglas para la negociaci\u00f3n con organizaciones armadas ilegales. Esa ley elimin\u00f3 el requisito que establec\u00edan las normas anteriores (Leyes 418 y 548), seg\u00fan el cual gobierno deb\u00eda reconocer ?car\u00e1cter pol\u00edtico? a esas organizaciones para poder llegar con ellas a un acuerdo de desmovilizaci\u00f3n. <\/p>\n
Era claro que esa reforma buscaba facilitar la negociaci\u00f3n con los paramilitares, que ya en ese momento estaba en el panorama pol\u00edtico. Era obvio que en 2002 para el gobierno dichos grupos carec\u00edan de naturaleza pol\u00edtica: s\u00f3lo as\u00ed se explica la eliminaci\u00f3n de la exigencia de tener que reconocerles dicho car\u00e1cter para poder suscribir acuerdos con ellos. \u00bfPor qu\u00e9 entonces el Presidente califica de ideol\u00f3gicamente sesgada a la Corte Suprema por llegar en 2007 a la misma conclusi\u00f3n del gobierno en 2002, es decir, que los paramilitares no son delincuentes pol\u00edticos? <\/p>\n
Segunda contradicci\u00f3n: este gobierno ha negado enf\u00e1ticamente que en Colombia haya conflicto armado, pues ha sostenido que lo que existe es una amenaza terrorista. Ahora bien, es dif\u00edcil hablar de actores armados que ameriten ser calificados como delincuentes pol\u00edticos, si no hay un conflicto armado sino una amenaza terrorista. \u00bfPor qu\u00e9 entonces la insistencia en calificar de delincuencia pol\u00edtica el fen\u00f3meno paramilitar? <\/p>\n
La tercera contradicci\u00f3n deriva del grav\u00edsimo enfrentamiento entre el Presidente y la Corte Suprema. Hace algunos meses, el presidente Uribe hab\u00eda anunciado un apoyo decidido a las investigaciones y a las decisiones de la Corte Suprema sobre paramilitarismo. Y eso es muy importante. Pero su actual comportamiento contradice esa declaraci\u00f3n, pues ataca severamente a la misma Corte cuando \u00e9sta toma decisiones que no comparte, no s\u00f3lo cuestionando su sentido jur\u00eddico, sino sugiriendo m\u00f3viles indebidos en la sentencia de los magistrados. De obst\u00e1culo a la paz y de sesgada ideol\u00f3gicamente la calific\u00f3 el gobierno. Incluso algunos columnistas muy afectos al gobierno han sugerido que el comportamiento de la Corte Suprema resultar\u00eda de rencores de esa corporaci\u00f3n por la variaci\u00f3n de la postura del Presidente frente a la tutela contra sentencias. <\/p>\n
Es obvio que un gobierno puede discrepar de las decisiones judiciales. Pero eso no ha hecho el Presidente, quien ha descalificado a la Corte Suprema como tal. Esto es muy grave para la institucionalidad democr\u00e1tica, pues el gobierno ha tendido un manto de duda sobre la legitimidad del comportamiento de la Corte Suprema. Recordemos que el Presidente tiene el deber constitucional de auxiliar a la justicia y hacer cumplir sus decisiones. <\/p>\n
Ah\u00ed est\u00e1 el gran riesgo democr\u00e1tico. Esas actitudes gubernamentales erosionan la independencia judicial. Y es claro que sin \u00e9sta no puede existir Estado de derecho. <\/p>\n
Ahora bien, el Presidente se ha defendido de la siguiente manera: ha se\u00f1alado que, a pesar de que no le gusta el delito pol\u00edtico, considera que resulta hoy todav\u00eda indispensable mantenerlo y extenderlo a los paramilitares. Su tesis es que es la \u00fanica forma de dar una base jur\u00eddica s\u00f3lida al actual proceso con los paramilitares, pues ser\u00eda la \u00fanica manera de evitar que los miles de desmovilizados que no han incurrido en cr\u00edmenes atroces terminen en la c\u00e1rcel. <\/p>\n
La preocupaci\u00f3n del gobierno en este aspecto es leg\u00edtima, pero su conclusi\u00f3n es equivocada. Es cierto que, en aras de la paz, es necesario encontrar una salida jur\u00eddica a aquellos paramilitares que no han cometido cr\u00edmenes atroces pero se desmovilizaron. Pero existen otras formas jur\u00eddicas de lograr ese mismo resultado, sin tener que calificar a los paramilitares de delincuentes pol\u00edticos. <\/p>\n
Existe, por ejemplo, la posibilidad, ya propuesta por el Procurador, de aplicar el llamado ?principio de oportunidad?, que est\u00e1 previsto en la Constituci\u00f3n. Una ley podr\u00eda establecer que a esos desmovilizados se les suspender\u00eda el proceso por un tiempo y si cumplen con ciertas condiciones, como no haber sido servidores p\u00fablicos, no haber incurrido en cr\u00edmenes atroces, haber colaborado con la justicia y haber asumido ciertos compromisos, entonces el Estado renunciar\u00eda a la sanci\u00f3n penal. <\/p>\n
Los desmovilizados rasos no s\u00f3lo tendr\u00edan una salida jur\u00eddica sino que, adem\u00e1s, de esa manera la Fiscal\u00eda y los jueces tendr\u00edan un instrumento jur\u00eddico para lograr que muchos de ellos contribuyeran al esclarecimiento de la verdad sobre el fen\u00f3meno paramilitar. <\/p>\n
Por eso parecer\u00eda que lo mejor es que el Congreso acoja una propuesta semejante a la del Procurador, en vez de perpetuar, por medio del tr\u00e1mite de una ley que calificar\u00eda el paramilitarismo como sedici\u00f3n, el enfrentamiento entre la Corte Suprema y el gobierno. <\/p>\n
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\nPero claro, algunos defender\u00e1n la postura gubernamental, argumentando que la sentencia de la Corte Suprema es jur\u00eddicamente errada y que mi propia argumentaci\u00f3n es la que es contradictoria. Seg\u00fan esa visi\u00f3n, resulta inconsistente reconocerle el car\u00e1cter de delincuencia pol\u00edtica a la guerrilla y neg\u00e1rselo a los paramilitares. <\/p>\n
Esa parece ser la posici\u00f3n de Rafael Nieto, quien en su \u00faltima columna en SEMANA considera que la sentencia de la Corte, que ser\u00eda ideol\u00f3gica y no jur\u00eddica, no logra su prop\u00f3sito de mostrar que los paramilitares no incurren en delitos pol\u00edticos. Seg\u00fan su criterio, es pr\u00e1cticamente imposible que sea ?pol\u00edtico? levantarse en armas contra el Estado y en cambio no lo sea usarlas para ?defenderlo? y enfrentar a quienes lo atacan, pues en ambos casos ?se trata del poder, de la esencia de lo pol\u00edtico?. <\/p>\n
Esa objeci\u00f3n de los defensores de la postura gubernamental remite a una discusi\u00f3n compleja, que es imposible de asumir sistem\u00e1ticamente en lo que resta de esta columna. Pero creo que hay un punto decisivo que ignora Nieto. <\/p>\n
Incluso si se admitiera, en gracia de discusi\u00f3n, que los paramilitares tienen una motivaci\u00f3n pol\u00edtica, que es defender el Estado (lo cual es cuestionado por muchos estudiosos y, dicho sea de paso, el propio gobierno negaba en 2002), eso no los convierte autom\u00e1ticamente en ?delincuentes pol\u00edticos?, pues la calificaci\u00f3n de delincuente pol\u00edtico no deriva \u00fanicamente de la motivaci\u00f3n pol\u00edtica del actor. Otros elementos son esenciales, al menos dentro de la tradici\u00f3n jur\u00eddica colombiana, que es la que se entiende incorporada en la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
Uno de esos elementos ha sido tradicionalmente que se trate de grupos opositores al gobierno. Y existe una raz\u00f3n importante que justifica esa exigencia. <\/p>\n
El delito pol\u00edtico en el constitucionalismo colombiano implica ciertos beneficios: no extradici\u00f3n, ausencia de inhabilidades para hacer pol\u00edtica, penas menos severas y posibilidad de amnist\u00eda o indulto. Ese tratamiento privilegiado y generoso es concedido por el Estado, como una suerte de reconocimiento de que sus enemigos podr\u00edan tener algunas razones valederas para levantarse en armas. <\/p>\n
Esta generosidad del constitucionalismo colombiano con el enemigo pol\u00edtico alzado en armas tiene cierta nobleza; las autoridades conceden beneficios a quienes las combaten o las han combatido. Pero la generosidad con los amigos es m\u00e1s bien sospechosa, pues tiene algo de favorecimiento propio. Por ello siempre han resultado mucho m\u00e1s cuestionables jur\u00eddica y pol\u00edticamente las autoamnist\u00edas que ciertos gobiernos se han hecho a s\u00ed mismos, que las amnist\u00edas que otros gobiernos han concedido a sus opositores y enemigos. <\/p>\n
Ahora bien, quien usa las armas para defender al Estado resulta amigo de \u00e9ste, y por ello es m\u00e1s cuestionable que el Estado lo califique de delincuente pol\u00edtico para otorgarle el tratamiento privilegiado que la Constituci\u00f3n parece reservar para el enemigo pol\u00edtico. <\/p>\n
Una \u00faltima precisi\u00f3n, para evitar toda suspicacia. Estoy convencido de que las razones de la guerrilla colombiana para la lucha armada se desvanecieron hace rato, y de que \u00e9sta ha cometido atrocidades indecibles, como, entre otros, el asesinato de los diputados. Por ello no estoy defendiendo la lucha armada de las guerrillas ni condonando sus atrocidades, que merecen todo nuestro rechazo. Simplemente estoy diciendo que alguna diferencia hay entre indultar al enemigo e indultar al amigo. Y por ello, contrariamente a lo que piensa Nieto, no es tan dif\u00edcil o contradictorio reservar el tratamiento privilegiado de delincuente pol\u00edtico a los actores armados contraestatales y negarlo a los actores armados paraestatales. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Rodrigo Uprimny, director of Dejusticia, emphasizes the weaknesses and the risks of the governmental attack on the Supreme Court for its failure on paramilitary and political crime.<\/p>\n","protected":false},"author":17,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-25749","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-semana-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n