\u00bfEs posible que la Corte Constitucional declare inconstitucional la reforma laboral de 2002 por no haber generado suficiente empleo de calidad, como se hab\u00eda propuesto hacerlo?<\/p>\n
El economista y decano de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, en su columna del pasado domingo en El Espectador, opina que eso ser\u00eda un desprop\u00f3sito. Por ello califica el concepto del Procurador, que solicita a la Corte que declare dicha inconstitucionalidad, no s\u00f3lo como un desliz, sino como una ?opini\u00f3n pol\u00edtica disfrazada de alegato constitucional?.<\/p>\n
La tesis de Gaviria es interesante, pues su valoraci\u00f3n de los hechos es semejante a la del Procurador. Gaviria est\u00e1 de acuerdo con Maya en que, conforme a los estudios acad\u00e9micos m\u00e1s serios, la reforma no produjo realmente empleo en la calidad y la cantidad previstas por quienes la promovieron.<\/p>\n
Sin embargo, seg\u00fan su parecer, la precariedad de los resultados de la reforma debe ser objeto de una discusi\u00f3n pol\u00edtica en el Congreso, pero no de una decisi\u00f3n de inconstitucionalidad en la Corte, pues una cosa es el an\u00e1lisis jur\u00eddico de la constitucionalidad de una reforma legal, y otra, un debate pol\u00edtico sobre su impacto pr\u00e1ctico. Admitir que la Corte anule una ley porque no produjo los efectos esperados es, argumenta Gaviria, algo muy grave, pues no s\u00f3lo genera inseguridad jur\u00eddica, sino que traslada a los jueces un poder decisorio de naturaleza eminentemente pol\u00edtica.<\/p>\n
El an\u00e1lisis de Gaviria es serio y a primera vista suena. Sin embargo, un examen m\u00e1s atento muestra que, desde el punto de vista jur\u00eddico, no es claro que el Procurador haya incurrido en un desliz. El resbal\u00f3n constitucional pudo ser m\u00e1s bien de Gaviria, como trato de mostrarlo a continuaci\u00f3n.<\/p>\n
Gaviria tiene raz\u00f3n en que una cosa es la evaluaci\u00f3n pol\u00edtica de la conveniencia de una reforma, y otra, el estudio de su constitucionalidad, y que en general no corresponde a las Cortes evaluar los impactos de las leyes. Pero eso no significa que el an\u00e1lisis de los efectos pr\u00e1cticos de una reforma nunca tenga relevancia constitucional. En ciertos casos, el estudio de esos impactos es decisivo. Y eso sucede precisamente frente al debate sobre la constitucionalidad de la reforma laboral de 2002.<\/p>\n
La raz\u00f3n es la siguiente: esa reforma no es una ley cualquiera, pues tiene la siguiente particularidad: disminuy\u00f3 la protecci\u00f3n legal del derecho constitucional al trabajo, pues recort\u00f3 conquistas de los trabajadores colombianos. Por ejemplo, la reforma ampli\u00f3 la jornada diurna hasta las 10 de la noche, mientras que antes \u00e9sta iba \u00fanicamente hasta las 6. Por ende, debido a ese cambio, las personas que trabajan entre las 6 y las 10 de la noche dejaron de recibir el recargo por trabajo nocturno. Igualmente, la reforma redujo de 100 por ciento a 75 por ciento el recargo por festivos y dominicales; tambi\u00e9n disminuy\u00f3 las indemnizaciones por despido en los contratos a t\u00e9rmino indefinido. Estos recortes afectaron especialmente a los trabajadores de bajos salarios, que eran quienes m\u00e1s se beneficiaban de esos recargos.<\/p>\n
La pregunta que surge es entonces si una ley puede recortar garant\u00edas y derechos que los trabajadores hab\u00edan conquistado anteriormente. Y la respuesta es en principio negativa, pues los tratados de derechos humanos relativos a derechos sociales ?como el derecho al trabajo? establecen el llamado principio de progresividad, seg\u00fan el cual, el deber del Estado es avanzar d\u00eda a d\u00eda para asegurar una satisfacci\u00f3n cada vez mayor de dichos derechos. Una consecuencia obvia de dicho principio, que tambi\u00e9n tiene en Colombia rango constitucional, es entonces la llamada prohibici\u00f3n de retroceso, seg\u00fan la cual los Estados no pueden disminuir el grado de protecci\u00f3n ya alcanzado frente a un derecho social. Por ejemplo, si bien ning\u00fan tratado de derechos humanos obliga a los pa\u00edses a establecer la gratuidad de la educaci\u00f3n universitaria, si un Estado consagr\u00f3 dicha gratuidad, no puede en principio eliminarla ulteriormente, pues violar\u00eda el principio de progresividad y su consecuencia natural, que es la prohibici\u00f3n de retroceso.<\/p>\n
Las autoridades deben entonces comportarse frente a los derechos sociales como los t\u00edtulos de ciertas pel\u00edculas de acci\u00f3n: ?retroceder nunca, rendirse jam\u00e1s?. Y por ello la reforma de 2002 es cuestionable, pues parece violar la prohibici\u00f3n de retroceso, que es una obligaci\u00f3n internacional y constitucional del Estado colombiano.<\/p>\n
Ahora bien, es claro que la prohibici\u00f3n de retroceso no es absoluta, pues pueden existir crisis o transformaciones sociales que hagan necesario disminuir el grado de protecci\u00f3n de un derecho. Por ende, los recortes a las conquistas sociales se presumen violatorios de los tratados de derechos humanos que Colombia ha ratificado y de la Constituci\u00f3n, pero pueden llegar a ser admisibles si existe una justificaci\u00f3n adecuada para dicha restricci\u00f3n. Y esa justificaci\u00f3n es usualmente que el recorte sea una medida necesaria y proporcionada para alcanzar objetivos particularmente importantes para la sociedad.<\/p>\n
Vale la pena destacar que esa tesis acerca de la prohibici\u00f3n de retroceso o de regresividad no es un tropicalismo de la Corte Constitucional colombiana, sino que ha sido defendida por el Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos y Sociales de Naciones Unidas, que es la m\u00e1xima autoridad doctrinaria en la materia, y por otros tribunales, como lo explica un reciente libro editado por un conocido jurista argentino, experto en el tema. (Ver Christian Courtis. Ni un paso atr\u00e1s. La prohibici\u00f3n deregresividad en materia de derechos sociales, Ed. Del Puerto\/CEDAL\/CELS,Buenos Aires, 2006).<\/p>\n
En esas condiciones, el punto decisivo en el an\u00e1lisis de constitucionalidad de la reforma de 2002 es entonces si existe una justificaci\u00f3n para esas medidas que implicaron recortes a conquistas hist\u00f3ricas de los trabajadores colombianos. La Corte Constitucional, en la sentencia C-038 de 2004, admiti\u00f3 que la promoci\u00f3n del empleo pod\u00eda ser dicha justificaci\u00f3n. La sentencia declar\u00f3 entonces la constitucionalidad de esa reforma, pues consider\u00f3 que, a pesar de las pol\u00e9micas que exist\u00edan entre los propios economistas sobre la idoneidad de esas medidas para efectivamente generar puestos de trabajo de calidad, el Congreso hab\u00eda adoptado una tesis, discutible pero razonable, y que por ello deb\u00eda ser respetada por la Corte.<\/p>\n
Sin embargo, \u00bfqu\u00e9 sucede si despu\u00e9s de unos a\u00f1os, la tesis econ\u00f3mica y la pol\u00edtica laboral adoptada por el Congreso se revelan ineficaces para promover los empleos de calidad que se hab\u00edan prometido? La respuesta parece obvia: es perfectamente l\u00f3gico concluir, como lo hace el Procurador, que la reforma se torna inconstitucional, por violar la prohibici\u00f3n de retroceso, pues representa un recorte de conquistas sociales de los trabajadores que carece de cualquier justificaci\u00f3n, ya que no promovi\u00f3 el empleo.<\/p>\n
Es m\u00e1s, la propia sentencia C-38 de 2004, al estudiar esa reforma en ese momento, tuvo en cuenta el tema y se\u00f1al\u00f3 que un elemento esencial para justificar la constitucionalidad de la reforma fue que la propia ley asumi\u00f3 que esas pol\u00edticas deb\u00edan ser revisadas unos a\u00f1os despu\u00e9s para determinar si hab\u00edan o no producido los efectos esperados. Es entonces razonable concluir que si transcurrido dicho plazo aparece que las reformas no tuvieron el esperado impacto positivo en el empleo y el Congreso no cumple su promesa de revisar las medidas, entonces el bal\u00f3n queda nuevamente en la cancha del juez constitucional. Corresponde a la Corte examinar si ante la nueva evidencia emp\u00edrica, la reforma viol\u00f3 o no la prohibici\u00f3n de retroceso. Y la conclusi\u00f3n del Procurador se deber\u00eda imponer: si la reforma no logr\u00f3 promover el empleo, entonces resulta inconstitucional.<\/p>\n
Todo indica entonces que el desliz constitucional no fue precisamente del Procurador?<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Rodrigo Uprimny, director of Dejusticia, argues that the Inspector General is right in being able to declare the labor reform unconstitutional because it has not generated employment.<\/p>\n","protected":false},"author":17,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-25787","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-semana-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n