Resultan no s\u00f3lo francamente contradictorias sino inadmisibles en una democracia las explicaciones dadas por la Fiscal\u00eda y el gobierno para abstenerse de juzgar y para otorgarle la recompensa al guerrillero ?Rojas? que mat\u00f3 a su jefe ?Iv\u00e1n R\u00edos? y le cercen\u00f3 la mano para demostrar a las autoridades la identidad de su v\u00edctima y obtener as\u00ed una recompensa monetaria. <\/p>\n
Son contradictorias pues no es posible que el Fiscal argumente que no perseguir\u00e1 al guerrillero, pues \u00e9ste habr\u00eda obrado en estado de necesidad o en leg\u00edtima defensa o por un error invencible, y que el gobierno al mismo tiempo le otorgue la recompensa, por haber entregado a su jefe, por la sencilla raz\u00f3n de que ambas posiciones suponen motivaciones incompatibles. <\/p>\n
As\u00ed, uno mata en leg\u00edtima defensa o en estado de necesidad cuando lo hace por salvar su vida o por defenderse de un ataque; en esos casos uno act\u00faa presionado por las circunstancias y por ello no debe ser castigado. En cambio uno recibe una recompensa cuando colabora con las autoridades; la persona asume entonces riesgos, ya sea por convicci\u00f3n o motivado por el inter\u00e9s; y por ello se admite que ha hecho m\u00e9ritos para recibir una recompensa. <\/p>\n
Eso conduce a un obvio dilema: o el guerrillero mat\u00f3 presionado por las circunstancias o por un error, y por consiguiente no es culpable y no deber\u00eda ser castigado. Pero tampoco deber\u00eda recibir la recompensa, pues no hizo ning\u00fan merito para obtenerla. Su \u00fanica recompensa ser\u00eda no ir a la c\u00e1rcel. <\/p>\n
O por el contrario, concluimos que el guerrillero mat\u00f3 a su jefe persiguiendo la recompensa; y por consiguiente debe recibir el dinero, pero para disfrutarlo en la c\u00e1rcel, pues habr\u00eda cometido un homicidio voluntario, frente al cual no cabe la aplicaci\u00f3n del principio de oportunidad. O salvo que concluyamos que en Colombia existen caza recompensas a lo James Bond, esto es, con permiso para matar. <\/p>\n
Las tesis de la Fiscal\u00eda y el Gobierno son entonces contradictorias. Pero m\u00e1s grave a\u00fan, sus posiciones son realmente inadmisibles en una democracia, pues expresan una visi\u00f3n \u00e9tica peligrosa e inaceptable, y tienen consecuencias graves sobre la igualdad ante la ley penal. <\/p>\n
El riesgo de esa visi\u00f3n es que incorpora la tesis de que el logro de resultados a corto plazo permite justificar comportamientos tan graves como el homicidio. Pero esa tesis es incompatible con un Estado de derecho, respetuoso de los derechos humanos, como se supone que es Colombia. Y la raz\u00f3n es obvia: ese tipo de Estado parte de la idea de que as\u00ed como existen fines tan odiosos, que no pueden ser perseguidos por ning\u00fan medio, existen tambi\u00e9n medios tan repugnantes, como el homicidio, que no pueden ser justificados por ning\u00fan prop\u00f3sito, por loable que \u00e9ste sea. <\/p>\n
Varios comentaristas han ya mostrado con claridad la inaceptabilidad de la visi\u00f3n \u00e9tica que subyace a las posiciones del gobierno, por lo que me centrar\u00e9 en otro aspecto sobre el que no se ha insistido suficientemente y es el siguiente: el mismo gobierno que defiende la concesi\u00f3n de la recompensa al guerrillero homicida sancion\u00f3 recientemente la ley de peque\u00f1as causas, que no s\u00f3lo endurece muchas penas para ciertos delitos callejeros, como un raponazo, sino que adem\u00e1s ordena que las personas capturadas por esos peque\u00f1os cr\u00edmenes no puedan ser excarceladas, mientras se adelanta su juicio. Una persona que roba un bombillo en un quiosco podr\u00eda recibir de dos a seis a\u00f1os de arresto si ten\u00eda antecedentes. <\/p>\n
La inconsistencia es obvia: mientras la ley de peque\u00f1as causas endurece la reacci\u00f3n penal frente a delitos menores, como el robo de un celular, las decisiones del Fiscal y del Gobierno premian con la impunidad y con dinero un crimen terrible, como el homicidio. <\/p>\n
Los efectos de esas inconsistencias son graves pues afectan profundamente un principio esencial en una democracia, que es la igualdad ante la ley penal. <\/p>\n
Seg\u00fan ese principio, la severidad de una pena debe depender esencialmente de la gravedad del crimen y del grado de culpabilidad del delincuente. Pero debido a las inconsistencias del Gobierno eso no sucede hoy en Colombia en donde la desigualdad ante la ley penal es evidente. <\/p>\n
As\u00ed, si un mendigo roba un espejo de un carro y es atrapado, puede recibir varios a\u00f1os de prisi\u00f3n y no podr\u00eda ser excarcelado mientras se adelanta su juicio. Pero si un guerrillero asesina a su jefe y le corta la mano al cad\u00e1ver para demostrar su haza\u00f1a, entonces no s\u00f3lo no ser\u00eda perseguido por la Fiscal\u00eda sino que adem\u00e1s podr\u00eda recibir una recompensa. Y eso para no hablar de las bajas penas previstas en la ley de justicia y paz por cr\u00edmenes de lesa humanidad. <\/p>\n
Con tales inconsistencias y desigualdades dif\u00edcilmente se avanza en la construcci\u00f3n de un verdadero Estado de derecho en Colombia. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
The reward to the guerrilla that killed Iv\u00e1n R\u00edos shows the weaknesses of criminal politics and the serious effects on equality before the penal law. <\/p>\n","protected":false},"author":17,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-25837","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","subcategory-public-policies","medium-semana-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n