Ha sido valorado como algo positivo el hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de un tiempo ac\u00e1, haya decidido sesionar en ciudades distintas a las de su sede en San Jos\u00e9 de Costa Rica. Ello acerca una importante instituci\u00f3n del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a las v\u00edctimas por quien trabaja y hace ver a sus jueces como personas de carne y hueso que escuchan y analizan hechos, interpretan normas y realizan juicios que tienen repercusiones sociales. De paso, un tal ejercicio de ?descentralizaci\u00f3n judicial? genera ganancias por partida doble: contribuye al conocimiento del sistema y permite una vigilancia ciudadana y estatal m\u00e1s cercana al quehacer judicial internacional. Parece que un ejercicio semejante se inicia por parte de nuestra Corte Constitucional. \u00a1Enhorabuena! <\/p>\n
Es bien conocido el papel garantista que ha desempe\u00f1ado la Corte Constitucional frente a la responsabilidad gubernamental de protecci\u00f3n y garant\u00eda de los derechos de la poblaci\u00f3n desplazada en Colombia. El drama del desplazamiento por raz\u00f3n del conflicto armado interno, motiv\u00f3 sin duda a la Corte a inaugurar una forma de control judicial activo y permanente como no ha ocurrido en ninguna otra circunstancia. <\/p>\n
En el a\u00f1o 2004 la Corte tom\u00f3 una serie de decisiones que desde entonces tienen contra las cuerdas al gobierno nacional ?sentencia T-025?, las cuales han sido objeto de seguimiento detallado por la propia Corte a trav\u00e9s de audiencias y autos posteriores. Esta novedosa manera judicial de operar es valiosa en muchos sentidos y le ha permitido a los organismos de control de la actividad estatal y a las propias organizaciones sociales, articular importantes esfuerzos para apoyar las decisiones de la Corte y tratar de hacerlas efectivas. <\/p>\n
La persistencia de la crisis humanitaria generada por el desplazamiento forzado ?acentuada en algunas regiones? y los avances a\u00fan precarios para su atenci\u00f3n, han hecho que por primera vez en Colombia, la Corte Constitucional decida abandonar la comodidad y seguridad de sus despachos para percibir y escuchar de cerca en las regiones, los hechos y las razones por las cuales ese estado de cosas inconstitucional se empecina en no mostrar claros signos de soluci\u00f3n duradera. <\/p>\n
En un hecho sin precedentes, la sala que tom\u00f3 la decisi\u00f3n de tutela que ordena la m\u00e1s completa protecci\u00f3n y garant\u00eda de los derechos de la poblaci\u00f3n desplazada, estar\u00e1 esta semana en la ciudad de Santa Marta escuchando a los responsables de la atenci\u00f3n de los desplazados y, especialmente, escuchando las voces de los l\u00edderes de la poblaci\u00f3n desplazada por la violencia. Hay que decir que a ello contribuy\u00f3 mucho la labor de incidencia de la Comisi\u00f3n de Seguimiento de las \u00f3rdenes impartidas por la Corte en la sentencia y autos de tutela proferidos, encabezados por Codhes, y la disposici\u00f3n t\u00e9cnica y log\u00edstica apoyada por muchos otros organismos y organizaciones nacionales e internacionales interesados en la protecci\u00f3n y garant\u00eda de los derechos de los desplazados como Acnur y el Consejo Noruego para Refugiados. <\/p>\n
As\u00ed no se tenga prevista toda la parafernalia propia de las audiencias formales que se han desarrollado en la sede de la Corte en Bogot\u00e1, la salida de la Corte a terreno es un hecho digno de registrar con complacencia, sobre todo por lo que ello significa para las v\u00edctimas del desplazamiento, que percibir\u00e1n su visita como un reconocimiento de su dignidad y un aliciente para continuar con sus justas reivindicaciones frente a las autoridades que siguen viendo su tragedia como un mal menor. <\/p>\n
De paso, el momento en que se produce la visita coincide con el de la elaboraci\u00f3n de los planes de desarrollo departamentales y municipales. La visita oportuna de la Corte a la Costa Caribe debe ser vista por los gobernantes locales como una oportunidad para consolidar en sus planes un enfoque de derechos, empezando por la inclusi\u00f3n de estrategias, programas y proyectos espec\u00edficos, debidamente financiados, a favor de la poblaci\u00f3n desplazada. <\/p>\n
Ojal\u00e1 este ejercicio inaugural de descentralizaci\u00f3n judicial de la Corte Constitucional se mantenga, se acent\u00fae e incluso irradie la manera de administrar justicia de las otras cortes, pues los beneficios institucionales y sociales est\u00e1n a la vista. <\/p>\n
El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -DeJuSticia- (www.dejusticia.org) fue creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios, con el fin de contribuir a debates sobre el derecho, las instituciones y las pol\u00edticas p\u00fablicas, con base en estudios rigurosos que promuevan la formaci\u00f3n de una ciudadan\u00eda sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos.” <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Danilo Rojas, professor at the National University and a founding member of Dejusticia, emphasizes the importance of encouraging the practice initiated by the Constitutional Court to be in session in cities other than Bogot\u00e1. <\/p>\n","protected":false},"author":22,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-25839","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-semana-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n