Sin embargo, algunos columnistas cercanos al Gobierno, como Alfredo Rangel, consideran que se trata de un problema menor, porque en las democracias ser\u00eda leg\u00edtimo que el Ejecutivo use sus recursos de poder, como las inversiones o la asignaci\u00f3n de cargos, para lograr apoyo a sus iniciativas en el Congreso.<\/p>\n
La iron\u00eda del asunto es que esa visi\u00f3n de Rangel en 2008 ya fue refutada en 2001 en un juicioso estudio constitucional hecho por\u2026 \u00c1lvaro Uribe.<\/p>\n
La historia es la siguiente: en 2001, el candidato presidencial \u00c1lvaro Uribe demand\u00f3 ante la Corte Constitucional la ley de presupuesto, por considerar que \u00e9sta inclu\u00eda ciertas partidas que eran auxilios parlamentarios disfrazados. Se trataba de dineros que, con el visto bueno del Gobierno, pod\u00edan ser usados por los congresistas para el desarrollo de sus regiones. Y eso, argumentaba Uribe, era inconstitucional, entre otras cosas porque ese tipo de auxilios amenazaba la independencia del Congreso frente al Gobierno, por ser \u201chalagos presupuestales, burocr\u00e1ticos o contractuales\u201d que limitaban la libertad de opini\u00f3n y de cr\u00edtica de los parlamentarios.<\/p>\n
Esto significa que, contrariamente a la visi\u00f3n de Rangel, para el constitucionalista \u00c1lvaro Uribe modelo 2001 lo que hizo su gobierno en 2004, al ofrecer a Yidis cargos burocr\u00e1ticos e inversiones en su regi\u00f3n, para que ella apoyara la reelecci\u00f3n, no era una transacci\u00f3n leg\u00edtima sino una pr\u00e1ctica inconstitucional. Y lo cierto es que la Corte le dio la raz\u00f3n al constitucionalista Uribe.<\/p>\n
En efecto, su demanda condujo a la importante sentencia C-1168 de 2001. En ella, la Corte concluye que es inconstitucional, una verdadera desviaci\u00f3n del uso del poder, que el Gobierno manipule las votaciones en el Congreso mediante la oferta de partidas presupuestales u otras prebendas. La \u00fanica raz\u00f3n por la cual la Corte no anul\u00f3 las partidas demandadas fue porque consider\u00f3 que no hab\u00eda una prueba contundente de que con ellas el Gobierno hubiera querido distorsionar la voluntad del Congreso. Es decir, que no hab\u00eda en esa ocasi\u00f3n algo semejante a las confesiones de Yidis Medina.<\/p>\n
En s\u00edntesis, si uno combina las declaraciones de Yidis Medina con la visi\u00f3n del constitucionalista Uribe V\u00e9lez de 2001, recogida por la sentencia C-1168 de 2001, una conclusi\u00f3n parece ineludible: la aprobaci\u00f3n de la reforma de la reelecci\u00f3n en 2004 fue inconstitucional.<\/p>\n
Algunos podr\u00edan objetar que la anterior es una conclusi\u00f3n acad\u00e9mica sin consecuencias pr\u00e1cticas, pues la Corte ya declar\u00f3 la constitucionalidad de la reelecci\u00f3n.<\/p>\n
Pero no creo que esta reflexi\u00f3n est\u00e9 desprovista de implicaciones pr\u00e1cticas: existen buenas razones para sostener que las confesiones de Yidis Medina pueden llevar a una reapertura del debate constitucional sobre la reelecci\u00f3n. Y en todo caso, esta historia muestra que el desd\u00e9n del Gobierno frente a los principios jur\u00eddicos tiene muy graves costos para nuestra precaria institucionalidad democr\u00e1tica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
The confessions of the former Congressperson Yidis Medina has placed serious doubt of the legitimacy of the reform that established the re-election, therefore today it is clear that various decisive votes were obtained thanks to privileges offered by the Government.<\/p>\n","protected":false},"author":17,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-25922","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-el-espectador-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n