Hay afirmaciones que por su precisi\u00f3n llegan a convertirse en lugares comunes. Tal ocurre precisamente con la c\u00e9lebre frase del jurista alem\u00e1n Claus Roxin cuando afirma (as\u00ed, entre signos de exclamaci\u00f3n) que \u201c\u00a1el derecho procesal penal es el sism\u00f3grafo de la constituci\u00f3n del Estado!\u201d (Roxin 2000, 10). Esta afirmaci\u00f3n expresa, con algo m\u00e1s de precisi\u00f3n, una idea que de todas formas ya hab\u00eda sido anunciada por Beccaria en relaci\u00f3n a la proporcionalidad entre los delitos y las penas: \u201csi hubiese una escala exacta y universal de las penas y de los delitos, tendr\u00edamos una probable y com\u00fan medida de los grados de tiran\u00eda y de libertad, del fondo de humanidad o de malicia de las diversas naciones\u201d (Beccaria 1990, 59). Seg\u00fan Beccaria, pues, los estados donde tal proporcionalidad exista ser\u00e1n estados libres y humanitarios; la desproporci\u00f3n, por el contrario, evidenciar\u00eda tiran\u00eda y malicia.<\/p>\n
La lucha constitucional por las libertades ciudadanas en el Estado tiene un cap\u00edtulo especial en la formaci\u00f3n de instituciones y mecanismos de control y racionalizaci\u00f3n del poder punitivo. El poder pol\u00edtico ilimitado busca naturalmente expandir su control sobre los mecanismos de represi\u00f3n penal para usarlos dentro de sus prioridades estrat\u00e9gicas. Tal es el n\u00facleo de la utilizaci\u00f3n del poder punitivo por parte de los Estados europeos \u201cabsolutos\u201d que se consolidaron entre los siglos XVI al XVIII. <\/p>\n
Para entender adecuadamente los ideales del constitucionalismo dentro del proceso penal, es necesario contrastar tres paradigmas generales del Derecho P\u00fablico que se han dado en la historia y la teor\u00eda pol\u00edtica de Occidente. El primero de ellos lo denominar\u00e9 \u201cderecho p\u00fablico del orden\u201d: se trata del conjunto de instituciones y mecanismos de concentraci\u00f3n del poder pol\u00edtico instaurados con el objetivo de suprimir el \u201cdesorden\u201d y la \u201canarqu\u00eda\u201d y, por lo tanto, de asegurar a los individuos el disfrute de los derechos que se vieran amenazados por una dispersi\u00f3n excesiva del poder. El ejemplo hist\u00f3rico m\u00e1s claro de un \u201cderecho p\u00fablico del orden\u201d es, por supuesto, el de las monarqu\u00edas absolutistas europeas. La \u201cderrota\u201d intelectual del absolutismo, sin embargo, no deber\u00eda llevarnos a la conclusi\u00f3n err\u00f3nea seg\u00fan la cual el \u201cderecho p\u00fablico del orden\u201d no existe en nuestros d\u00edas como una realidad pol\u00edtica palpable. Muy por el contrario: aunque el absolutismo es usualmente presentado como un conjunto de ideas definitivamente vencidas por la Ilustraci\u00f3n y las revoluciones liberales, es f\u00e1cil corroborar c\u00f3mo las ideas b\u00e1sicas de un \u201cderecho p\u00fablico del orden\u201d renacen frecuentemente a lo ancho y largo del mundo y persuaden a muchos de su correcci\u00f3n y pertinencia. El \u201cderecho p\u00fablico del orden\u201d ha sido intentado de manera integral y por razones que alguna vez fueron consideradas plausibles, por ejemplo, en el alto absolutismo europeo, en los \u201cestados de seguridad nacional\u201d de Am\u00e9rica Latina y en los \u201cestados totalitarios\u201d (sin que la expresi\u00f3n fuera originalmente peyorativa) que se consolidaron en el per\u00edodo de entreguerras (Uni\u00f3n Sovi\u00e9tica, Italia, Alemania). De otro lado, el derecho p\u00fablico del orden puede ser parcial (y no integralmente) establecido cuando un estado detecta brotes sectoriales o particulares de \u201cdesorden\u201d y \u201canarqu\u00eda\u201d y por lo tanto responde de igual manera, sectorial o particularmente, a lo que entiende son las amenazas vitales a la paz y a la seguridad de sus s\u00fabditos mediante la reconcentraci\u00f3n de competencias dispersas o el endurecimiento de medidas que usualmente eran paralizadas o impedidas mediante recurso al reconocimiento de un \u201cderecho individual\u201d. As\u00ed, por ejemplo, existen claros ejemplos de derecho p\u00fablico del orden en estados que no son integralmente dominados por el mismo, por ejemplo, cuando se responde a las amenazas causadas por la inmigraci\u00f3n masiva de extranjeros por razones econ\u00f3micas, al aumento de la criminalidad urbana, a la desintegraci\u00f3n de la unidad cultural nacional y, en el actual panorama pol\u00edtica, como respuesta a actos de terrorismo. El derecho p\u00fablico del orden se presenta de manera muy clara en el trabajo de Hobbes, quien en su Leviat\u00e1n busc\u00f3 legitimar la concentraci\u00f3n absoluta de poder en manos del estado como prerrequisito de la paz y el orden internos. En una de las p\u00e1ginas m\u00e1s citadas de su obra, Hobbes pretende demostrar c\u00f3mo \u201cla libertad del s\u00fabdito es consistente con el ilimitado poder del soberano\u201d (Hobbes 1989, 176). Esta proposici\u00f3n, como notar\u00e1 el lector, choca frontalmente con un principio b\u00e1sico del constitucionalismo moderno y contempor\u00e1neo que busca, precisamente, limitar el poder de la soberan\u00eda e, incluso, desplazarla hacia nociones abstractas como \u201cpueblo\u201d o \u201cnaci\u00f3n\u201d para impedir su ejercicio personalista y arbitrario. Para Hobbes la soberan\u00eda tiene alguno de los siguientes atributos relacionados con el poder de castigar: <\/p>\n
\u201c[\u2026] como en virtud de [la instituci\u00f3n del soberano mediante el contrato social], cada s\u00fabdito es autor de todas las acciones y juicios del soberano instituido, de ello se seguir\u00e1 que nada de lo que \u00e9ste haga podr\u00e1 constituir injuria para ninguno de los s\u00fabditos. Tampoco deber\u00e1 ser acusado de injusticia por ninguno de ellos [\u2026] Y como la finalidad de esta instituci\u00f3n del Estado es la paz y defensa de todos, quienquiera que tenga derecho a procurar ese fin, lo tendr\u00e1 tambi\u00e9n de procurar los medios. Pertenece al derecho de cualquier hombre o asamblea que tenga la soberan\u00eda el juzgar cu\u00e1les han de ser los medios de alcanzar la paz y de procurar la defensa, as\u00ed como el tomar las medidas necesarias para que esa paz y esa defensa no sean perturbadas, y el hacer todo lo que crea pertinente para garantizar la paz y la seguridad, y tanto en lo referente a medidas preventivas que eviten la discordia entre los s\u00fabditos y la hostilidad que pueda venir del exterior, como para recuperar la paz y esa seguridad cuando se hayan perdido\u201d (Hobbes 1989, 150).<\/p>\n
En consecuencia de lo anterior, por tanto,<\/p>\n
\u201c[\u2026] al soberano le corresponde el poder de premiar con riquezas u honor, y de castigar con penas corporales y pecuniarias, o con ignominia, a todo s\u00fabdito suyo, de acuerdo con la ley que ha sido prestablecida; y si no ha hecho ninguna ley, actuar\u00e1 como le parezca m\u00e1s conveniente para dar a los hombres un incentivo que los haga servir al Estado, o para disuadirlos de que da\u00f1en al mismo\u201d (Hobbes 1989, 151).<\/p>\n
La preservaci\u00f3n de la paz y orden, por tanto, liberan al soberano de seguir un estricto principio de legalidad previo en el establecimiento de castigos a los s\u00fabditos. De igual forma, se niega en este derecho p\u00fablico del orden la noci\u00f3n seg\u00fan la cual el Estado puede cometer injuria o injusticia, incluso frente al condenado que resulte inocente:<\/p>\n
\u201c[\u2026] ya se ha mostrado que nada de lo que el representante soberano pueda hacer a un s\u00fabdito, por las razones que sean, puede ser llamado injusticia o injuria. Pues cada s\u00fabdito es autor de todo aquello que el soberano hace. De tal modo, que no le falta derecho de hacer nada, excepto en la medida en que es s\u00fabdito de Dios, lo cual le obliga a observar las leyes de naturaleza. Puede, por tanto, ocurrir, y de hecho sucede a menudo en los Estados, que le d\u00e9 muerte a un s\u00fabdito, por orden del poder soberano, sin que ello implique que el soberano est\u00e1 actuando injustamente con \u00e9l [\u2026] Y lo mismo puede aplicarse al pr\u00edncipe soberano que da muerte a un s\u00fabdito inocente\u201d (Hobbes 1989, 176).<\/p>\n
El derecho p\u00fablico del orden fue criticado y parcialmente reemplazado en la conciencia jur\u00eddica de Occidente por un modelo alternativo a finales del siglo XVIII: a este modelo se podr\u00eda denominar el \u201cderecho p\u00fablico de la democracia\u201d y el tema penal fue uno de sus componentes centrales. En este modelo se rechaza uno de los elementos fundamentales del absolutismo, a saber, la concentraci\u00f3n del poder como respuesta frente al caos, la guerra civil o la disoluci\u00f3n del estado. La cr\u00edtica fundamental aqu\u00ed es que los costos del derecho p\u00fablico del orden terminaron sobrepasando con mucho sus beneficios. El poder absoluto termina concentrando excesivas prerrogativas con las cuales se causa da\u00f1o sistem\u00e1tico y grave a los derechos civiles de los s\u00fabditos. La guerra civil que el soberano deb\u00eda evitar es ahora causada por \u00e9l mismo. El Leviat\u00e1n que deb\u00eda domesticar las tendencias violentas de sus s\u00fabditos (\u201chomo lupus homini\u201d) se convierte \u00e9l mismo en el lobo que medra entre su propia grey. Mientras que para Hobbes el soberano ilimitado tan s\u00f3lo crea unos cuantos \u201cinconvenientes\u201d incomparables con la anarqu\u00eda del estado de naturaleza, la tradici\u00f3n liberal critica la prevalencia absoluta del orden sobre las libertades individuales. El poder punitivo debe ejercerse de manera mucho m\u00e1s controlada que lo que se\u00f1ala el derecho p\u00fablico del orden: el fin de mantener la paz no justifica cualquier actuaci\u00f3n. Los medios, personas y procesos de interacci\u00f3n con los individuos deben ser controlados. El Estado s\u00ed es capaz de causar da\u00f1o o injuria a los individuos y, por tanto, debe darse un marco valorativo y procedimental muy riguroso a su actuaci\u00f3n represiva. Adicionalmente, en el nuevo modelo se ataca la idea sostenida en el derecho p\u00fablico del orden seg\u00fan la cual el gobernante centralizador del poder es un hombre excepcional frente a los dem\u00e1s que por lo tanto tiene un derecho permanente y auto-fundado a permanecer en el poder. Esta antropolog\u00eda del hombre medio y moderado por oposici\u00f3n al hombre extraordinario y desmedido es fundamental en la justificaci\u00f3n del republicanismo frente a la monarqu\u00eda. En el derecho p\u00fablico de la democracia, la idea seg\u00fan la cual los hombres son cualitativamente diferentes y por lo tanto ocupan estatus dispares es reemplazada por una antropolog\u00eda de la igualdad y de la empat\u00eda social seg\u00fan la cual los seres humanos son esencialmente libres e igualmente valiosos por su dignidad intr\u00ednseca. A finales del siglo XVIII nacen los \u201cderechos del hombre\u201d como fruto de un proceso donde aumenta de manera notable la capacidad de tener empat\u00eda y sensibilidad por el sufrimiento de otros, incluyendo la figura marcadamente desvalorizada del \u201ccriminal\u201d. Adam Smith es protot\u00edpico de este cambio de evaluaci\u00f3n de la dignidad de los otros cuando se pregunta en su \u201cTeor\u00eda de los sentimientos morales\u201d de 1759 cu\u00e1l sea la causa que nos hace sentir simpat\u00eda por el sufrimiento de un criminal en el pat\u00edbulo. El afianzamiento de la simpat\u00eda y sensibilidad hacia los otros son, en gran parte, el acontecimiento que gener\u00f3 lo que Lynn Hunt ha denominado la \u201cinvenci\u00f3n\u201d de los derechos humanos:<\/p>\n
\u201cIncluso si el que sufre es un hermano, no podemos nunca tener directamente la experiencia que \u00e9l tiene. Tan solo podemos identificarnos con su sufrimiento en virtud de nuestra imaginaci\u00f3n, la cual nos permite colocarnos en su situaci\u00f3n y soportar los mismos tormentos; es como si entr\u00e1ramos en su cuerpo y nos convirti\u00e9ramos en \u00e9l mismo. Este proceso de identificaci\u00f3n imaginativa \u2013simpat\u00eda- permite al observador sentir lo que siente la v\u00edctima de la tortura. El observador es capaz de convertirse en un verdadero ser moral, sin embargo, cuando da el siguiente paso y entiende que el tambi\u00e9n es el sujeto de esta identificaci\u00f3n imaginativa. Cuando \u00e9l puede verse a s\u00ed mismo como el objeto de los sentimientos del otro, es capaz de desarrollar dentro de s\u00ed un espectador imparcial, que le servir\u00e1 como comp\u00e1s moral\u201d (Hunt 2007, 65-5). <\/p>\n
Si la soberan\u00eda no es unipersonal y si su objetivo no es el mantenimiento de la paz y del orden a cualquier precio, los principios aceptados de derecho p\u00fablico cambian radicalmente. En esta nueva noci\u00f3n de la tarea del estado no existe legitimaci\u00f3n natural y auto-fundante del poder pol\u00edtico que no pase por la decisi\u00f3n de los ciudadanos. Para lograr esa legitimaci\u00f3n es necesario acudir permanentemente a la Asamblea de hombres libres e iguales para que se pronuncien, no s\u00f3lo sobre la identidad de sus gobernantes, sino tambi\u00e9n sobre el sentido y la sustancia de las decisiones pol\u00edticas fundamentales. La Asamblea no puede delegar el poder pol\u00edtico, sino que tan s\u00f3lo elige \u201cservidores p\u00fablicos\u201d (ya no \u201csoberanos\u201d) para que ejecuten su voluntad pol\u00edtica. La terminolog\u00eda entonces se invierte: los antiguos \u201cs\u00fabditos\u201d sometidos al \u201csoberano\u201d \u00f3 al \u201cgobernante\u201d en el derecho p\u00fablico del orden son ahora \u201cciudadanos\u201d que ejercen ellos mismos la soberan\u00eda dentro del colectivo pol\u00edtico. El antiguo \u201csoberano\u201d queda reducido ahora a la categor\u00eda de \u201cservidor p\u00fablico\u201d, siendo su principal deber el cumplimiento estricto de la voluntad general formada en la Asamblea. Al fruto de la voluntad general as\u00ed construida se le da el nombre de Ley y a ella se imputa primac\u00eda moral y pol\u00edtica en un sentido fuerte. <\/p>\n
El discurso liberal e ilustrado de los \u201cderechos del hombre\u201d, pues, se inicia fundamentalmente como una r\u00e9plica en\u00e9rgica al poder punitivo del Estado absoluto que sacrifica a los individuos en el altar de la seguridad p\u00fablica. Las j\u00f3venes rep\u00fablicas de Am\u00e9rica Latina, mientras tanto, nacen a la vida pol\u00edtica independiente dentro de este contexto intelectual de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX: la cr\u00edtica a los excesos del poder punitivo metropolitano se encuentra ya claramente dentro de los agravios frecuentemente elevados por los revolucionarios criollos contra el poder pol\u00edtico de Espa\u00f1a. La violaci\u00f3n de los derechos individuales en materia penal es uno de los temas en los que empieza a revelarse y justificar la cada vez m\u00e1s creciente ruptura pol\u00edtica entre Espa\u00f1a y sus colonias de ultramar. <\/p>\n
El constitucionalismo liberal recela de la potestad punitiva ilimitada y preferir\u00eda, por mucho, el ejercicio de la misma por fuera de las urgencias y necesidades estrat\u00e9gicas del poder pol\u00edtico: como garant\u00eda de ello, por ejemplo, las constituciones liberales buscan hasta el d\u00eda de hoy enmarcar el ejercicio del poder punitivo, primero, dentro de los principio de legalidad, igualdad y no discriminaci\u00f3n; y, segundo, mediante funcionarios independientes e imparciales que no deben responder, en principio, a dictados o prioridades del poder pol\u00edtico que no se expresen a trav\u00e9s de leyes y pol\u00edticas p\u00fablicas validadas en la discusi\u00f3n democr\u00e1tica y transparente.<\/p>\n
La calidad del sistema constitucional de los estados es calificado, en su conjunto, como \u201cautoritario\u201d o \u201cdemocr\u00e1tico\u201d en funci\u00f3n de las formas en las que se despliega su poder punitivo. Podr\u00eda decirse que los estados s\u00f3lo tienen una Constituci\u00f3n (como l\u00edmite del poder y garant\u00eda de los derechos) cuando el sistema procesal penal ha desarrollado discursos y pr\u00e1cticas leg\u00edtimas, rutinarias y cre\u00edbles de control y racionalizaci\u00f3n del propio poder estatal. Esta afirmaci\u00f3n proviene, de hecho, del art\u00edculo 16 de la Declaraci\u00f3n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 cuando sosten\u00eda que \u201c[t]oda sociedad que no asegura la garant\u00eda de los derechos, ni determina la separaci\u00f3n de los poderes, no tiene Constituci\u00f3n\u201d (Fioravanti 1996, 141). <\/p>\n
De otro lado, la vigencia real de las garant\u00edas penales no s\u00f3lo depende de la existencia de normas jur\u00eddicas que configuren adecuadamente tales controles sobre el papel, sino tambi\u00e9n (y quiz\u00e1 de manera m\u00e1s importante) en la existencia y eficacia de mecanismos de aplicaci\u00f3n de tales normas. Gran parte del movimiento contempor\u00e1neo de Derechos Humanos busca aumentar los niveles de \u201ceficacia\u201d de las garant\u00edas penales, ya que ha aprendido, con el paso del tiempo, que muchos estados pueden tener derecho formal vigente que aparenta instaurar el estado de derecho, pero las realidades divergen de ello notoriamente. Cuando ello ocurre as\u00ed puede hablarse de \u201cdictaduras perfectas\u201d, ya que en ellas la apariencia normativa provee argumentos para negar los altos niveles de ineficacia del derecho. Es evidente que nada impide que existan estados autoritarios donde rigen de manera puramente formal C\u00f3digos de Procedimiento Penal liberales y garantistas. La norma jur\u00eddica, por su existencia meramente ideal, no constituye una garant\u00eda completa en s\u00ed misma. Como afirma Roxin, \u201c[\u2026] la estructuraci\u00f3n del proceso penal depende en menor medida de las normas constitucionales escritas que de la Constituci\u00f3n real\u201d (Roxin 2000, 12). Es por esta raz\u00f3n que las normas constitucionales o legislativas no aseguran, por s\u00ed solas, la vigencia de un r\u00e9gimen de garant\u00edas: se requiere, por tanto, de una cultura de los derechos viva y actuante en la ciudadan\u00eda en general y en los operadores del sistema jur\u00eddico en particular. De igual forma se requiere un acompa\u00f1amiento judicial del funcionamiento del sistema normativo para ir detectando errores de dise\u00f1o, disfunciones y consecuencias no previstas con el prop\u00f3sito de ajustar de manera constante y evolutiva las normas legisladas a los principios constitucionales. Se habla as\u00ed de una \u201cconstituci\u00f3n viviente\u201d y evolutiva que permite el control permanente de la actividad punitiva. Esta es, precisamente, una de las funciones de la jurisprudencia constitucional, ordinaria y de derechos humanos as\u00ed como de los organismos de control que ejercen su competencia dentro del proceso penal.<\/p>\n
La garant\u00eda de los derechos, por tanto, depende del establecimiento de mecanismos y pr\u00e1cticas institucionales que dificulten de manera rutinaria y cre\u00edble la utilizaci\u00f3n autoritaria o anti-constitucional de los poderes punitivos del Estado. Mientras que para Hobbes la libertad era conceptualmente compatible con el miedo, el estado de derecho busca racionalizar su actuaci\u00f3n represiva para despojarla de sus caracter\u00edsticas m\u00e1s atemorizadoras y angustiantes: la libertad, por tanto, no es compatible con el miedo generado por la arbitrariedad estatal. As\u00ed las cosas, la ley le da al estado poderes punitivos, pero busca, desde la perspectiva de otros intereses sociales, balancear su ejercicio mediante el establecimiento de contra-poderes que limiten su ejercicio monocr\u00e1tico. Es importante notar que desde el punto de vista de quien ejerce el poder, los controles y garant\u00edas se sienten naturalmente como inconvenientes, obst\u00e1culos o molestias. Tales controles son mecanismos de cr\u00edtica que, como tales, pueden generar fricci\u00f3n social y pol\u00edtica. Del otro lado, sin embargo, las garant\u00edas no son siempre jur\u00eddicas o formales. Desde el siglo XVIII los juristas ilustrados hablaban de la existencia de una \u201cgarant\u00eda social\u201d, incluso incorporada en la Declaraci\u00f3n de Derechos de la Constituci\u00f3n francesa de 1793: \u201c[l]a garant\u00eda social consiste en la acci\u00f3n de todos para asegurar a cada uno el goce y la conservaci\u00f3n de sus derechos; esta garant\u00eda descansa en la soberan\u00eda nacional\u201d. Resulta interesante recuperar la noci\u00f3n de \u201cgarant\u00eda social\u201d porque recuerda que no puede haber defensa vigorosa de los Derechos Humanos donde no existe una cultura arraigada de los Derechos Humanos. Aunque esta noci\u00f3n de \u201cgarant\u00eda social\u201d no es f\u00e1cil de precisar, parece sugerir la existencia de un entorno general de libertades p\u00fablicas donde todos los ciudadanos pod\u00edan discutir y contestar el poder estatal mediante mecanismos legales para impedir la negaci\u00f3n de los derechos individuales y, al mismo tiempo, reconocen ese clima generalizado como un derecho colectivo e individual al mismo tiempo. Los derechos individuales del procesado constituyen el ejemplo m\u00e1s se\u00f1ero de la \u201cgarant\u00eda individual\u201d. Las libertades de opini\u00f3n, expresi\u00f3n, prensa y voto, en cambio, constituyen mecanismos concretos de la \u201cgarant\u00eda social\u201d, del esfuerzo de todos de tener un estado pol\u00edtico en \u201cpaz\u201d y en \u201clibertad\u201d. En teor\u00eda pol\u00edtica contempor\u00e1nea la \u201cgarant\u00eda social\u201d se expresa en las actividades de la \u201csociedad civil\u201d, de la \u201copini\u00f3n p\u00fablica\u201d o de la \u201cprensa\u201d y de su acompa\u00f1amiento, control y vigilancia de la implementaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de las normas y pol\u00edticas criminales.<\/p>\n
Bibliograf\u00eda:<\/p>\n
Beccaria, Cesare. De los delitos y de las penas. Bogot\u00e1: Editorial Temis, 1990.
\nHobbes, Thomas. Leviat\u00e1n . Madrid: Editorial Alianza, 1989.
\nHunt, Lynn. Inventing Human Rights. Nueva York: Norton & Co., 2007.
\nRoxin, Claus. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Editores del puerto, 2000.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
There are affirmations that by their precision they are converted into common places. Such it occurs precisely with the famous phrase of the German lawyer Claus Roxin when he affirms (thus, among signs of exclamation) that \u201cThe law of criminal process is a seismograph of the Constitution of the State!\u201d (Roxin 2000, 10). This expressed affirmation, with more than precision, is an idea that all forms already announced for Beccaria relating to the proportionality between crimes and sentences: \u201cif there was a universal and exact scale of crimes and sentences, we would have a probable and common measure of the degrees of tyranny and of liberty, of the depth of humanity or the malice of the diverse nations\u201d (Beccaria 1990, 59). According to Beccaria, therefore, the states where such proportionality does exist will be humane and free states; the disproportionate, on the contrary would show tyranny and malice.<\/p>\n","protected":false},"author":20,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-25983","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-revista-de-la-facultad-de-derecho-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n