Con la extradici\u00f3n de los principales jefes paramilitares a los Estados Unidos, las dificultades para garantizar los derechos de las v\u00edctimas en procesos de justicia y paz , aumentaron sustancialmente. Por eso las estrategias para satisfacer esos derechos por v\u00edas distintas de la judicial deber\u00edan ser prioritarias. En ese sentido, el decreto 1290 de 2008, que dice consagrar un programa masivo de reparaciones administrativas para las v\u00edctimas, parece una interesante iniciativa. Buscar\u00eda complementar los esfuerzos de la reparaci\u00f3n judicial y superar los obst\u00e1culos que los procesos judiciales les est\u00e1n poniendo a los derechos de las v\u00edctimas. <\/p>\n
Sin embargo, un an\u00e1lisis cuidadoso del decreto 1290 demuestra lo contrario. Como lo han se\u00f1alado varias organizaciones no gubernamentales, es criticable, entre otras razones, porque las v\u00edctimas y la sociedad en general no participaron en las discusiones sobre su contenido. As\u00ed mismo, las v\u00edctimas tendr\u00e1n poco qu\u00e9 decir a la hora de implementarlo. , Adem\u00e1s el decreto no se fundamenta en la responsabilidad estatal, como deber\u00eda ser, sino en el principio de solidaridad. Es m\u00e1s, reconoce unas tarifas de indemnizaci\u00f3n demasiado bajas y las diferencia seg\u00fan el crimen de que se trate. No incluye a las v\u00edctimas de cr\u00edmenes cometidos por agentes estatales, ni contempla mecanismos de reparaci\u00f3n no material o simb\u00f3lica. <\/p>\n
Todas esas razones demuestran que, en lugar de ser un mecanismo para garantizar adecuadamente los derechos de las v\u00edctimas, el decreto se enmarca en la ya conocida estrategia del gobierno de utilizar una generosa ret\u00f3rica de protecci\u00f3n de los derechos de las v\u00edctimas, pero acude a mecanismos institucionales que impiden su eficacia. <\/p>\n
En los meses previos a la expedici\u00f3n del decreto, el gobierno someti\u00f3 diversos borradores del texto a consultas en algunas ciudades del pa\u00eds. Aunque estas consultas dieron la impresi\u00f3n de que el gobierno se preocupaba por la participaci\u00f3n de las v\u00edctimas y de la sociedad en general en las decisiones en materia de reparaciones, en la pr\u00e1ctica dicha participaci\u00f3n no se garantiz\u00f3 adecuadamente. <\/p>\n
Ve\u00e1mos solamente el tema de la participaci\u00f3n ciudadana en el decreto. De un lado, el hecho mismo de que un programa administrativo de reparaciones se consagrara en un decreto y no en una ley impidi\u00f3 una deliberaci\u00f3n democr\u00e1tica sobre un tema tan importante, y respecto del cual el gobierno no ten\u00eda una facultad reglamentaria clara. De otro lado, las consultas fueron realizadas una vez el grueso del texto ya estaba redactado, lo que indica que este no tuvo en cuenta las propuestas y puntos de vista de las v\u00edctimas y sus organizaciones. <\/p>\n
Finalmente, a pesar de que la Comisi\u00f3n Nacional de Reparaci\u00f3n y Reconciliaci\u00f3n lo valor\u00f3 como un \u00e9xito, diversas organizaciones sociales denunciaron graves falencias en el proceso de consulta, tales como el exiguo nivel de convocatoria; la poca anticipaci\u00f3n con la que se anunciaban las consultas; el hecho de que las personas convocadas no tuvieran acceso al texto con anterioridad; y la poca atenci\u00f3n que se dio a las cr\u00edticas hechas al texto por parte de los asistentes.<\/p>\n
Todo lo anterior dej\u00f3 la impresi\u00f3n de que el mecanismo de consultas fue utilizado para legitimar un programa que, a pesar de buscar proteger los derechos de las v\u00edctimas, en realidad no ten\u00eda en cuenta sus intereses. <\/p>\n
El decreto esgrime el argumento de que se basa en el principio de solidaridad, pero desconoce la responsabilidad del Estado en la reparaci\u00f3n. Fue el Estado el que incumpli\u00f3 sus deberes de protecci\u00f3n, respeto y garant\u00eda de los derechos humanos. Como lo ha se\u00f1alado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas sentencias de condena al Estado colombiano, el reconocimiento del da\u00f1o causado por la violaci\u00f3n de derechos humanos no es suficiente para garantizar el derecho a la reparaci\u00f3n; es preciso que se reconozca expl\u00edcitamente la responsabilidad del Estado por violaci\u00f3n de sus obligaciones frente a aquellos derechos. <\/p>\n
Pero adem\u00e1s, en la sentencia C-370 de 2006 relativa a la constitucionalidad de la ley de justicia y paz, la Corte Constitucional estableci\u00f3 que el Estado puede y debe propender porque la reparaci\u00f3n tenga como fuente los bienes de los victimarios directos de las atrocidades. Sin embargo tambi\u00e9n dice que el Estado mantiene en todo caso una responsabilidad subsidiaria de llevar a cabo dicha reparaci\u00f3n cuando tales bienes sean insuficientes o no puedan ser perseguidos. La responsabilidad subsidiaria del Estado es muy distinta de su solidaridad para con las v\u00edctimas. <\/p>\n
Como tambi\u00e9n lo han establecido las sentencias de la Corte Interamericana sobre la materia, esta responsabilidad resulta innegable en relaci\u00f3n con los cr\u00edmenes cometidos por los grupos paramilitares, por la normatividad que permiti\u00f3 su creaci\u00f3n y fortalecimiento, as\u00ed como por la responsabilidad directa de agentes estatales frente a esos cr\u00edmenes tanto por v\u00eda de omisi\u00f3n como de acci\u00f3n. <\/p>\n
Por ello, el no reconocimiento de la responsabilidad del Estado en estos casos puede constituir una nueva forma de victimizaci\u00f3n, pues dicho reconocimiento resulta crucial para que las reparaciones constituyan un verdadero mecanismo de dignificaci\u00f3n de las v\u00edctimas de esos cr\u00edmenes. De hecho, sin ese reconocimiento, las reparaciones pueden ser interpretadas como disculpas baratas o como un pago para silenciar los reclamos de justicia y verdad de las v\u00edctimas. <\/p>\n
Por \u00faltimo, el que el decreto en cuesti\u00f3n se funde en el principio de solidaridad y no en la responsabilidad estatal da pie para pensar que, lejos de reparar a las v\u00edctimas, a trav\u00e9s del mismo el Estado simplemente les brindar\u00e1 una atenci\u00f3n humanitaria. Las bajas tarifas econ\u00f3micas consagradas en el decreto, que son equivalentes a las sumas que Acci\u00f3n Social otorga a las v\u00edctimas por concepto de atenci\u00f3n humanitaria por muerte o incapacidad permanente, apoyan esta conclusi\u00f3n. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
The Repair Decree utilizes the generous rhetoric of protection of the rights of victims, but turns to institutional mechanisms that impedes on their efficiency.<\/p>\n","protected":false},"author":24,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-26006","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-semana-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n