La democracia, por definici\u00f3n, es un sistema de competencia entre facciones pol\u00edticas. Por eso, cuando se acaba la competencia, se acaba la democracia. Cuando un partido o movimiento pol\u00edtico consigue una superioridad tan aplastante que ya nadie puede disputarle el poder que tiene, se acaba la competencia. James Madison \u2014el gran constitucionalista del siglo XVIII\u2014 denominaba esto \u201cfaccionalismo\u201d y pensaba que all\u00ed estaba el gran peligro de la democracia. Pero Madison, como muchos de sus contempor\u00e1neos, se ide\u00f3 un ant\u00eddoto contra ese peligro: un complejo dise\u00f1o institucional de pesos y contrapesos entre las distintas ramas del poder p\u00fablico, que impidiera la concentraci\u00f3n del poder en manos de un solo grupo pol\u00edtico. Madison lo dice m\u00e1s bellamente:<\/p>\n
\u201c…la mayor seguridad… reside en dotar a los que administran cada rama del poder de los medios constitucionales y los de los m\u00f3viles personales necesarios para resistir las invasiones de los dem\u00e1s… La ambici\u00f3n debe ponerse en juego para contrarrestar a la ambici\u00f3n\u201d.<\/p>\n
Ese dise\u00f1o es algo as\u00ed como el alma misma de las constituciones modernas y la Constituci\u00f3n colombiana de 1991 no es una excepci\u00f3n a esa regla. Sin embargo, a ra\u00edz de la reelecci\u00f3n presidencial inmediata, adoptada en el Acto Legislativo 02 de 2004, ese equilibrio y esa competencia est\u00e1n siendo puestas en grave peligro. Al cambiar el per\u00edodo del Presidente sin cambiar el de los dem\u00e1s servidores p\u00fablicos que est\u00e1n llamados a controlarlo, la reelecci\u00f3n puso a tambalear el andamiaje constitucional existente, como cuando a un castillo de naipes se le remueve una carta y se le cambia por otra que tiene una dimensi\u00f3n o un peso diferente.<\/p>\n
La carta removida de ese castillo \u2014el famoso \u201carticulito\u201d de la reforma\u2014 faculta al Presidente para incidir en la elecci\u00f3n de casi todos los funcionarios que est\u00e1n llamados a controlarlo. As\u00ed, por ejemplo, los magistrados de la Corte Constitucional son elegidos por el Senado de ternas enviadas por el Presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado (art. 239); el Fiscal General es elegido por la Corte Suprema de una terna que elabora el Presidente (art. 249); los magistrados de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura son elegidos por el Congreso de ternas que presenta el Presidente (art. 254); el Procurador General es elegido por el Senado de una terna del Presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado (art. 277); el Defensor del Pueblo es elegido por la C\u00e1mara de Representantes de una terna presentada por el Gobierno (art. 281); los miembros de la junta directiva del Banco de la Rep\u00fablica son elegidos por el Presidente (art. 372) y dos de los miembros de la junta directiva de la Comisi\u00f3n Nacional de Televisi\u00f3n son elegidos por el Presidente (art. 77).
\nAntes de la reelecci\u00f3n, los per\u00edodos del Presidente y de estos altos funcionarios del Estado no coincid\u00edan, lo cual obligaba al Ejecutivo a gobernar con funcionarios nombrados en per\u00edodos presidenciales diferentes al suyo. As\u00ed, por ejemplo, el Presidente elabora la terna para que la Corte Suprema escoja al Fiscal. Pero como el Fiscal se posesiona m\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s de posesionado el Presidente, este \u00faltimo debe gobernar una buena parte de su per\u00edodo con un Fiscal nombrado con una terna elaborada por su antecesor. Eso era lo que pasaba antes de la reelecci\u00f3n. Hoy en d\u00eda, en cambio, con un mandato de 8 a\u00f1os, el Presidente gobierna casi todo el tiempo, no s\u00f3lo con un Fiscal de su cuerda pol\u00edtica, sino tambi\u00e9n con un Procurador General, con un Defensor del Pueblo, con una Corte Constitucional, con un Banco de la Rep\u00fablica, y as\u00ed sucesivamente hasta completar todo el Estado. No sobra agregar que todo esto se empeorar\u00eda \u2014si es que ello es posible\u2014 con una segunda reelecci\u00f3n.<\/p>\n
Pero el desequilibrio no ser\u00eda tan grave si tuvi\u00e9ramos un Congreso confiable. Eso contrarrestar\u00eda, en parte, el enorme poder que ahora tiene el Presidente. Pero no es as\u00ed. Ese desequilibrio se torna dram\u00e1tico en los momentos actuales debido a la consabida ilegitimidad del Congreso. Como se sabe, casi la cuarta parte de los congresistas han sido vinculados al proceso de la parapol\u00edtica. Eso sin contar la incapacidad de ese \u00f3rgano, demostrada a lo largo de los \u00faltimos a\u00f1os, para votar una reforma pol\u00edtica que le permita superar la crisis de legitimidad que vive actualmente. Si tuvi\u00e9ramos un Congreso competente y honesto, se podr\u00eda esperar que aquellos funcionarios cuya elecci\u00f3n pasa por esa instituci\u00f3n \u2014los magistrados de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura, el Procurador General de la Naci\u00f3n y el Defensor del Pueblo\u2014 quedar\u00e1n bien escogidos. Sin embargo, con el Congreso actual, de mayor\u00edas uribistas y en buena parte cuestionado por sus alianzas con el paramilitarismo, es poco probable que esto suceda.<\/p>\n
El riesgo de desequilibrio institucional es inminente. En este semestre el Presidente deber\u00e1 elaborar algunas de las ternas que son cruciales para la Rama Judicial y los organismos de control. La m\u00e1s pr\u00f3xima de ellas es la del Defensor del Pueblo, quien deber\u00e1 posesionarse el 1\u00b0 de septiembre de 2008. En los d\u00edas que vienen, el Presidente deber\u00e1 presentar la terna a la C\u00e1mara de Representantes.<\/p>\n
Siendo as\u00ed, \u00bfqu\u00e9 se puede hacer para evitar el peligro de faccionalismo que se cierne sobre las instituciones colombianas? Jur\u00eddicamente es muy poco lo que se puede hacer, puesto que el desequilibrio que se viene no tiene origen en una ley, sino en la propia Constituci\u00f3n, la cual confiere el Presidente la facultad de hacer esas nominaciones (con esta reforma se plantea la dif\u00edcil pregunta de si es posible que exista una reforma constitucional inconstitucional; o dicho en t\u00e9rminos m\u00e1s t\u00e9cnicos, de si el constituyente derivado, es decir, el Congreso, puede introducir una reforma que modifique la esencia de la Constituci\u00f3n \u2014en este caso la regla democr\u00e1tica de la competencia\u2014 establecida por el constituyente primario, es decir, por la Asamblea Nacional Constituyente. La Corte Constitucional ya se hizo esa pregunta cuando se pronunci\u00f3 sobre la reelecci\u00f3n y, desafortunadamente, no consider\u00f3 que hubiese habido ninguna inconstitucionalidad).<\/p>\n
Es posible, sin embargo, apelar al art\u00edculo 209 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en el que se establece que el Presidente \u2014como todo empleado p\u00fablico en ejercicio de su facultad de nominaci\u00f3n\u2014 debe acatar los principios de transparencia, publicidad, imparcialidad, idoneidad, participaci\u00f3n e igualdad. Pero eso tampoco es f\u00e1cil. La experiencia nos ha ense\u00f1ado que, cuando del poder de nominaci\u00f3n se trata, el Presidente Uribe se comporta como un t\u00edpico pol\u00edtico tradicional, m\u00e1s pendiente de la milimetr\u00eda pol\u00edtica que de los m\u00e9ritos del candidato.
\nAs\u00ed las cosas, s\u00f3lo es posible esperar que la opini\u00f3n p\u00fablica y la ciudadan\u00eda se movilicen para presionar una elaboraci\u00f3n responsable y desinteresada de las ternas. En otros pa\u00edses del continente, como Argentina, Guatemala y Rep\u00fablica Dominicana, la sociedad civil se ha movilizado con \u00e9xito para exigir una elaboraci\u00f3n responsable \u2014no pol\u00edticamente interesada\u2014 de ternas destinadas a proveer los altos cargos de la Rama Judicial. En Argentina, por ejemplo, la presi\u00f3n ciudadana y de las organizaciones c\u00edvicas condujo al presidente Kirchner a la expedici\u00f3n del Decreto 222 de 2003, con el cual se quiso \u201cdotar de transparencia y participaci\u00f3n al proceso de designaci\u00f3n de jueces de la Corte Suprema y establecer un mecanismo de autolimitaci\u00f3n que ofreciera pautas con respecto a la idoneidad t\u00e9cnica y el compromiso con los valores democr\u00e1ticos de los candidatos propuestos\u201d.<\/p>\n
Es cierto que lograr este tipo de movilizaciones es algo que tampoco es f\u00e1cil, debido a que se trata de un asunto aparentemente t\u00e9cnico y con riesgos dif\u00edciles de evaluar por parte de la ciudadan\u00eda. Pero hay que intentarlo y en ello desempe\u00f1an un papel fundamental no s\u00f3lo los medios de comunicaci\u00f3n \u2014para que expliquen los riesgos actuales\u2014, sino tambi\u00e9n todos aquellos uribistas que est\u00e1n convencidos de que la defensa jur\u00eddica de las instituciones est\u00e1 por encima de la defensa pol\u00edtica de \u00c1lvaro Uribe.<\/p>\n
La movilizaci\u00f3n ciudadana en defensa del equilibrio institucional y de la democracia no tiene color pol\u00edtico. Como las marchas contra el secuestro, es algo que est\u00e1 por encima de las diferencias partidistas y por eso se justifica plenamente. Dicho en otros t\u00e9rminos: cuando no s\u00f3lo el equilibrio institucional ha sido gravemente afectado por una reforma constitucional, sino que el sistema de representaci\u00f3n pol\u00edtica \u2014que podr\u00eda contrarrestar ese desequilibrio\u2014 se encuentra en una grave crisis, la responsabilidad del Presidente en el ejercicio de su poder de nominaci\u00f3n \u2014consagrada en el art\u00edculo 209\u2014 aumenta. Como quien dice, a falta de l\u00edmites jur\u00eddicos expl\u00edcitos, es necesario l\u00edmites pol\u00edticos impuestos desde la sociedad civil.
\nNo obstante, el optimismo reinante en el pa\u00eds despu\u00e9s de la liberaci\u00f3n de \u00cdngrid y de los dem\u00e1s secuestrados, la situaci\u00f3n actual de nuestras instituciones es delicada y puede deteriorarse mucho si no se toman los correctivos necesarios. La reforma pol\u00edtica es s\u00f3lo uno de esos correctivos. Esperemos que salga bien. Pero hace falta algo m\u00e1s; es necesario que las personas que est\u00e1n siendo llamadas a integrar los altos organismos de control del Estado sean id\u00f3neas, competentes y probas. Que esto tambi\u00e9n salga bien depende, en buena parte, de que el Presidente de la Rep\u00fablica tome conciencia de la gravedad de la situaci\u00f3n actual y asuma su responsabilidad de elaborar ternas con un desinter\u00e9s pol\u00edtico excepcional, desinter\u00e9s que nadie le exigir\u00eda en tiempos de normalidad. Pero est\u00e1 claro que el Presidente no tomar\u00e1 conciencia de esto si no se siente presionado por la opini\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n
La elaboraci\u00f3n de la terna para Defensor del Pueblo, que debe tener lugar en los pr\u00f3ximos d\u00edas, ser\u00e1 la prueba de fuego para saber qu\u00e9 tanta capacidad tiene el Presidente de poner al Estado por encima de sus intereses pol\u00edticos. Tambi\u00e9n sabremos hasta qu\u00e9 punto el faccionalismo ha logrado apoderarse de las instituciones pol\u00edticas colombianas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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