Es muy dif\u00edcil demostrar, como pretende el columnista Alfredo Rangel, que el Estado colombiano tiene una voluntad real e inequ\u00edvoca de investigar y juzgar los cr\u00edmenes atroces que son competencia de la Corte Penal Internacional<\/p>\n
Alfredo Rangel titula su columna de la semana pasada en Semana, Un tigre de papel, para referirse a la amenaza de intervenci\u00f3n de la Corte Penal Internacional (CPI) en Colombia. Seg\u00fan \u00e9l, dicha intervenci\u00f3n es in\u00fatil y poco pertinente, y por ello quienes han llamado la atenci\u00f3n sobre su inminencia lo hacen por provincianos, poco patriotas y anti-gobiernistas, o simplemente por ignorantes. Sin embargo, ninguno de los argumentos que ofrece Rangel para demostrar su tesis es convincente. Por el contrario, un an\u00e1lisis cuidadoso conduce a la conclusi\u00f3n de que la intervenci\u00f3n de la CPI puede ser una posibilidad real en Colombia, por lo cual esta parece, m\u00e1s bien, un tigre de carne y hueso. <\/p>\n
La raz\u00f3n principal que aduce Rangel para demostrar que la intervenci\u00f3n de la CPI es improcedente es que el Estado colombiano puede y quiere investigar y juzgar los cr\u00edmenes atroces que son competencia de esa Corte. Es posible que lo primero sea cierto, pues a pesar de la falta de recursos y de las recientes presiones, nuestro aparato de justicia tiene capacidad para investigar y juzgar esos cr\u00edmenes, sobre todo teniendo a la mano una herramienta tan \u00fatil como las confesiones de los procesados. Sin embargo, es muy dif\u00edcil demostrar que el Estado tiene una voluntad real e inequ\u00edvoca de hacer tal cosa, en especial si la prueba reina que se ofrece para ello es la existencia de la Ley de Justicia y Paz. <\/p>\n
Seg\u00fan Rangel, esta ley es \u201cel marco jur\u00eddico m\u00e1s exigente de la justicia transicional a nivel mundial\u201d. Este argumento es seriamente debatible porque Colombia no se encuentra en un proceso de justicia transicional propiamente dicho y porque de hecho existen otros casos en el mundo \u2013como Per\u00fa o Argentina- en donde las exigencias de verdad, justicia y reparaci\u00f3n han sido mayores. Pero adem\u00e1s, parad\u00f3jicamente, quienes afirman que el Estado colombiano no tiene una voluntad real de hacer justicia frente a los cr\u00edmenes atroces acuden a la aplicaci\u00f3n de Ley de Justicia y Paz como el mejor ejemplo de ello. <\/p>\n
Esta paradoja se explica si se tiene en cuenta que, en realidad, no ha existido una sino varias versiones de la Ley de Justicia y Paz. Mientras que su versi\u00f3n inicial permit\u00eda dosis importantes de impunidad y la violaci\u00f3n de los derechos de las v\u00edctimas, la versi\u00f3n que result\u00f3 tras el fallo de la Corte Constitucional se ajusta plenamente a los est\u00e1ndares jur\u00eddicos internacionales, tal y como lo reconoci\u00f3 el propio Fiscal Moreno. Por eso, la manera como sea aplicada la ley de justicia y paz resulta determinante para establecer si el Estado colombiano tiene una voluntad real de investigar y juzgar los cr\u00edmenes atroces de competencia de la CPI. <\/p>\n
Infortunadamente, la aplicaci\u00f3n que ha hecho el gobierno nacional de esa ley deja mucho qu\u00e9 desear. Ha expedido varios decretos reglamentarios que contradicen abiertamente lo ordenado por la sentencia de la Corte Constitucional, y que por tanto abren las puerta a procesos parciales de impunidad y a la violaci\u00f3n de los derechos de las v\u00edctimas. Igualmente, varias de sus actuaciones han obstaculizado la posibilidad de hacer justicia frente a los cr\u00edmenes atroces, como lo ilustra la reciente extradici\u00f3n de 15 ex jefes paramilitares. Por \u00faltimo, los hostigamientos en contra de las instituciones judiciales podr\u00edan ser considerados claras amenazas a la justicia y la verdad. <\/p>\n
As\u00ed, aunque la Ley de Justicia y Paz tiene la potencialidad de ser un mecanismo adecuado de lucha contra la impunidad y de protecci\u00f3n de los derechos de las v\u00edctimas, su aplicaci\u00f3n inadecuada o restrictiva podr\u00eda convertirse en la causa principal de la intervenci\u00f3n de la CPI en Colombia. Esta situaci\u00f3n plantea un reto enorme para la justicia penal internacional, pues demuestra que la impunidad puede darse no solo cuando la ley establece amnist\u00edas o indultos generales, sino tambi\u00e9n cuando contiene f\u00f3rmulas de justicia que en apariencia combaten la impunidad, pero que en la pr\u00e1ctica pueden favorecerla. El car\u00e1cter novedoso del caso colombiano podr\u00eda convertirse en un aliciente adicional para la intervenci\u00f3n de la CPI, que podr\u00eda utilizarlo como un caso paradigm\u00e1tico en la materia. <\/p>\n
En el evento de que la CPI decidiera intervenir en Colombia por las razones ofrecidas, ninguno de los dem\u00e1s reparos se\u00f1alados por Rangel ser\u00eda de recibo. En primer lugar, el hecho de que las investigaciones de la CPI dependan en buena medida de la cooperaci\u00f3n de las autoridades nacionales no significa que est\u00e9n destinadas a fracasar. En el caso colombiano, dada la tradicional independencia e imparcialidad del sistema judicial y la voluntad que ha demostrado de perseguir a quienes, desde las altas esferas del poder, se han involucrado con los actores armados, no resulta descabellado pensar que sus miembros est\u00e9n dispuestos a ofrecer dicha cooperaci\u00f3n. Adem\u00e1s, la CPI est\u00e1 facultada para acudir a otras herramientas de obtenci\u00f3n de informaci\u00f3n, tales como las ONGs y otros Estados (art. 15 del Estatuto de Roma). <\/p>\n
En segundo lugar, que la CPI s\u00f3lo tenga competencia para investigar los cr\u00edmenes de lesa humanidad cometidos despu\u00e9s de julio de 2002 y los cr\u00edmenes de guerra que se cometan despu\u00e9s de julio de 2009 no significa que no exista fundamento para su intervenci\u00f3n. A diferencia de lo que expresan el gobierno y muchos de sus seguidores, en Colombia existe un conflicto armado que contin\u00faa produciendo v\u00edctimas a diario, los grupos paramilitares no se han acabado y contin\u00faan atacando a la poblaci\u00f3n civil \u2013como lo demuestran los m\u00e1s de 4.000 nuevos desplazados y confinados reportados por El Espectador-, y los agentes estatales siguen aline\u00e1ndose con ellos \u2013como parece demostrarlo el reciente caso de Valencia Cossio \u2013. <\/p>\n
En \u00faltimo lugar, el argumento de que la CPI no deber\u00eda intervenir en Colombia porque la paz y la reconciliaci\u00f3n son propias de la soberan\u00eda nacional es enteramente contrario a la esencia misma de la justicia penal internacional, que surgi\u00f3 con el objetivo de que los victimarios de cr\u00edmenes atroces no puedan permanecer impunes resguard\u00e1ndose en los territorios de los Estados reticentes a aplicarles justicia. Por ello, si bien es cierto que los Estados deben ser los primeros llamados a resolver sus conflictos y a lidiar con las atrocidades que all\u00ed se cometen, si no lo hacen de acuerdo con las exigencias del derecho internacional, dichas atrocidades ya no podr\u00e1n quedar impunes, ni podr\u00e1n justificarse por la necesidad de lograr la paz o la reconciliaci\u00f3n. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
It\u00b4s very difficult to demonstrate, as pretends the columnist Alfredo Rangel, that the Colombian Government has the real and unequivocalwill to investigate and judge crimes against humanity that are of the competence of the International Criminal Court. <\/p>\n","protected":false},"author":24,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-26077","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-semana-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n