Organizaciones sociales demandan elecci\u00f3n del Defensor del Pueblo<\/p>\n
El 16 de agosto de 2008, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y sociedad \u2013DeJuSticia-, la Corporaci\u00f3n Humanas Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de G\u00e9nero, la Red Nacional de Mujeres, y la Corporaci\u00f3n Ant\u00edgona para el Desarrollo Social, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, presentaron una acci\u00f3n electoral de nulidad contra el acto administrativo a trav\u00e9s del cual, el 19 de agosto de 2008, la C\u00e1mara de Representantes eligi\u00f3 al doctor Volmar P\u00e9rez como Defensor del Pueblo.<\/p>\n
As\u00ed, por medio de esta acci\u00f3n electoral, se atacan los actos administrativos que hicieron posible la elecci\u00f3n del doctor Volmar Perez como Defensor del Pueblo. Como tal, en sentido estricto, el objeto de la acci\u00f3n es la nulidad de tales actos administrativos, y no una demanda contra la persona del doctor Volmar Perez.<\/p>\n
En la demanda se alega, b\u00e1sicamente, que de manera irregular y violatoria de varias normas legales y constitucionales, el Presidente de la Rep\u00fablica conform\u00f3 la terna para proveer el cargo de Defensor del Pueblo. A partir de esta terna la C\u00e1mara de Representantes eligi\u00f3 al doctor Volmar P\u00e9rez para el cargo mencionado. Dicha ilegalidad se configura en la medida en que dicha terna no incluy\u00f3 a una mujer \u2013vulnerando as\u00ed los art\u00edculos 1, 2 y 6 de la ley 581 de 2000 y los art\u00edculos 13, 40 y 43 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.<\/p>\n
La ley 581 de 2000, tambi\u00e9n llamada ley de cuotas, fue expedida por el Congreso de la Rep\u00fablica con el prop\u00f3sito de lograr una participaci\u00f3n adecuada y efectiva de las mujeres en todos los niveles de los \u00f3rganos del poder p\u00fablico. Sin lugar a dudas, las mujeres son un grupo poblacional tradicionalmente marginado y discriminado que, en el caso concreto de la participaci\u00f3n laboral en los cargos del Estado, ha sido tratado de manera desigual en las oportunidades para acceder a y ascender en dichos cargos. De ah\u00ed que la finalidad de la ley 581 fuese la de ampliar tales oportunidades, con miras a garantizar la adecuada participaci\u00f3n de la mujer en dichos cargos.<\/p>\n
La ley busc\u00f3 garantizar esta participaci\u00f3n adecuada tanto en los cargos de “m\u00e1ximo nivel decisorio del Estado”, comprendidos como aqu\u00e9llos “de mayor jerarqu\u00eda en las entidades de las tres ramas y \u00f3rganos del poder p\u00fablico, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal” (art\u00edculo 2 de la ley), como en los cargos de los “otros niveles decisorios”.<\/p>\n
La participaci\u00f3n de la mujer en los altos cargos es menor respecto de los hombres, tanto en las tres ramas de poder p\u00fablico, como en los organismos de control. En la rama ejecutiva, puede observarse que son pocas las mujeres que est\u00e1n al frente de los organismos m\u00e1s importantes que la conforman. Por ejemplo, de los trece ministerios que existen, tan s\u00f3lo tres est\u00e1n bajo la direcci\u00f3n de una mujer (Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, Cecilia Mar\u00eda V\u00e9lez White; Ministerio de Comunicaciones, Mar\u00eda del Rosario Guerra de la Espriella; Ministerio de Cultura, Paula Marcela Moreno). De la misma forma, de los seis departamentos administrativos, solo dos mujeres est\u00e1n encargadas de su direcci\u00f3n (Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, Carolina Renter\u00eda y Departamento Administrativo de Seguridad, Mar\u00eda del Pilar Hurtado).<\/p>\n
El mismo patr\u00f3n se presenta en la rama legislativa. De un total de doscientos sesenta y ocho congresistas que integran este \u00f3rgano, solo treinta y cinco curules est\u00e1 ocupadas por mujeres (diecisiete en la C\u00e1mara de Representantes y diecis\u00e9is en el Senado).<\/p>\n
Lo mismo sucede en los niveles m\u00e1s altos de la rama judicial. En la Corte Constitucional, solo una de los nueve magistrados es mujer (Clara In\u00e9s Vargas Hern\u00e1ndez). En la Corte Suprema de Justicia, de veintitr\u00e9s magistrados, solo cuatro son mujeres (Ruth Marina Diaz Rueda, Elsy del Pilar Cuello Calder\u00f3n, Isaura Vargas Diaz, Maria del Rosario Gonz\u00e1lez Lemos). En el Consejo de Estado, de veintis\u00e9is miembros que integran este \u00f3rgano, ocho de ellos son mujeres (Martha Sof\u00eda Sanz Tob\u00f3n, Bertha Lucia Ramirez de P\u00e1ez, Myriam Guerrero de Escobar, Ruth Stella Correa Palacio, Mar\u00eda In\u00e9s Ortiz Barbosa, Ligia L\u00f3pez Diaz, Susana Buitrago Valencia, Mar\u00eda Nohem\u00ed Hern\u00e1ndez Pinz\u00f3n). En el Consejo Superior de la Judicatura, tres mujeres integran este \u00f3rgano, que se compone de un total de trece magistrados (Martha Patricia Zea, Mar\u00eda Mercedes Polez Mora, Julia Emma Garz\u00f3n). Por \u00faltimo, cabe tambi\u00e9n advertir de ninguna mujer ha sido designada para ocupar el puesto de Fiscal General de la Naci\u00f3n.<\/p>\n
Con los organismos de control sucede lo mismo. Por lo menos en la historia reciente (a partir de la Constituci\u00f3n de 1991), ninguna mujer ha sido designada para dirigir la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, ni la Defensor\u00eda del Pueblo.<\/p>\n
Para combatir esta disparidad, la letra de la ley, as\u00ed como la interpretaci\u00f3n que de ella han hecho tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado, es clara en se\u00f1alar que “Cuando en la conformaci\u00f3n de la respectiva terna de candidatos no deban intervenir distintas personas o entidades, la inclusi\u00f3n en ella de al menos una mujer es un requisito de obligatorio e inexcusable cumplimiento” [1].<\/p>\n
Precisamente, ese es el caso de la terna para la elecci\u00f3n del cargo de Defensor del Pueblo, cuyo nombramiento, de acuerdo con el art\u00edculo 281 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica deber\u00e1 ser realizado por la C\u00e1mara de Representantes para un per\u00edodo de cuatro a\u00f1os de terna elaborada por el Presidente de la Rep\u00fablica. En consecuencia, en dicha terna el Presidente de la rep\u00fablica debi\u00f3 incluir al menos una mujer, y no lo hizo. Ese es el objeto de la demanda.<\/p>\n
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[1] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Germ\u00e1n Rodr\u00edguez Villamizar, 26 de noviembre de 2002.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
The past 16 of August, the Center for the Study of Law, Justice and Society – Dejusticia- and other organizations from the civil society presented a nullity action against the administrative act by which the Chamber of Representatives elected Mr. Volmar P\u00e9rez for the Ombudsman post. <\/p>\n","protected":false},"author":32,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-26089","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-dejusticia-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n