COMUNICADO DE PRENSA<\/p>\n
Dejusticia, Fedevivienda y otras ciudadanas demandan parcialmente dos leyes que regulan la vivienda de inter\u00e9s social por violar los derechos a la vivienda digna, la igualdad, el espacio p\u00fablico, el deber del Estado de proteger a las personas m\u00e1s vulnerables y el principio de descentralizaci\u00f3n<\/p>\n
El 16 de septiembre de 2008, Dejusticia, Fedevivienda y otras ciudadanas presentaron ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra dos normas de vivienda de inter\u00e9s social: el art\u00edculo 15 de la ley 388 de 1997 y el art\u00edculo 40 de la ley 3 de 1991. La demanda plantea tres problemas jur\u00eddicos:<\/p>\n
\u00d8 En primer lugar, la norma de la ley 3 de 1991 permite que el Gobierno arrebate la competencia de las entidades territoriales de regular el uso del suelo y las caracter\u00edsticas de la vivienda de inter\u00e9s social. Con ello, se amenaza la descentralizaci\u00f3n administrativa y adem\u00e1s puede implicar retrocesos en los avances que los municipios han hecho en este campo.<\/p>\n
\u00d8 En segundo lugar, la norma de la ley 388 de 1997, al regular las cesiones, discrimina abiertamente a las personas de menores recursos porque permite que en las zonas de vivienda de inter\u00e9s social los espacios p\u00fablicos por habitante sean m\u00e1s limitados que en las zonas de vivienda comercial. <\/p>\n
\u00d8 En tercer lugar, la norma de la ley 388 de 1997 trae una definici\u00f3n legal de vivienda de inter\u00e9s social que desconoce los atributos de una vivienda digna.<\/p>\n
A continuaci\u00f3n se presentan los tres argumentos t\u00e9cnico-jur\u00eddicos m\u00e1s en detalle:<\/p>\n
El primer problema se refiere a la vulneraci\u00f3n del principio de descentralizaci\u00f3n (arts. 150, 333 y 334 de la Constituci\u00f3n) por el art\u00edculo 40 de la ley 3 de 1991. Este art\u00edculo otorga al Gobierno Nacional la competencia de reglamentar las normas m\u00ednimas de calidad de la vivienda de inter\u00e9s social, en especial en lo que tiene que ver con el espacio (interior y exterior) y con las intensidades de uso y aprovechamiento del suelo. Esta norma es inconstitucional porque el establecimiento de dichas normas m\u00ednimas constituye una competencia reservada al legislativo (art. 150, num. 10 CP). Adem\u00e1s, la norma impide que las autoridades municipales, en ejercicio de su autonom\u00eda, vayan m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n de los atributos del derecho a la vivienda (art. 51 CP) estableciendo mejores est\u00e1ndares urban\u00edsticos. Esto se traduce en una interferencia en la competencia municipal de “ordenar el desarrollo de su territorio” (art. 311 CP) y particularmente en la competencia de los Concejos Municipales de reglamentar los usos del suelo (art. 313. 7 CP). En consecuencia, se vulnera el principio constitucional de rigor subsidiario propio del r\u00e9gimen de descentralizaci\u00f3n administrativa que rige en el pa\u00eds (arts. 1, 287 y 288 CP). Esta disposici\u00f3n conduce adem\u00e1s a la vulneraci\u00f3n del derecho a la vivienda digna (art. 51 CP), pues admite que el Gobierno Nacional adopte medidas regresivas respecto de la definici\u00f3n del alcance de este derecho por parte de los gobiernos municipales.<\/p>\n
El segundo problema constitucional se refiere al conflicto que existe entre la expresi\u00f3n “cesiones” contenida en el par\u00e1grafo \u00fanico del art\u00edculo 15 de la ley 388 de 1997 y los derechos constitucionales a la igualdad (art. 13 CP), a la vivienda digna (art. 51 CP) y al espacio p\u00fablico (art. 82 CP) y a una protecci\u00f3n especial de las personas m\u00e1s vulnerables (arts. 13 y 2 CP). La expresi\u00f3n acusada somete las caracter\u00edsticas de las cesiones de suelo para espacio p\u00fablico y equipamiento de las urbanizaciones destinadas a la construcci\u00f3n de viviendas de inter\u00e9s social a las condiciones de precio de estas \u00faltimas. Esto impide que el tama\u00f1o o proporci\u00f3n de las cesiones urban\u00edsticas sea fijado en funci\u00f3n de otros criterios m\u00e1s pertinentes y menos lesivos de los derechos en cuesti\u00f3n, tales como la densidad habitacional y poblacional de las urbanizaciones. En efecto, la determinaci\u00f3n de las especificaciones de las cesiones en funci\u00f3n del precio de la vivienda permite que el tama\u00f1o m\u00ednimo de estas sea fijado con base en un porcentaje fijo sobre el \u00e1rea construible \u2013que es la que determina el valor de un proyecto de construcci\u00f3n-, con independencia de cu\u00e1ntas unidades habitacionales y de cu\u00e1ntas personas por unidad habitacional existan en una urbanizaci\u00f3n. Esto conduce a que los habitantes de viviendas de inter\u00e9s social tengan acceso a un espacio p\u00fablico y a unos equipamientos urbanos m\u00e1s reducidos que las personas que habitan en viviendas de otro tipo, pues en los proyectos de inter\u00e9s social habitan muchas m\u00e1s personas por metro cuadrado construido, lo que reduce la cantidad de metros cuadrados de espacio p\u00fablico y de equipamientos a los que cada persona tiene derecho. Esta situaci\u00f3n es abiertamente discriminatoria porque a pesar de que el condicionamiento de las cesiones al precio de las viviendas de inter\u00e9s social tiene el objetivo constitucionalmente importante de garantizar una mayor oferta de viviendas de esa naturaleza a trav\u00e9s de la concesi\u00f3n de ventajas financieras a los constructores, la medida es inadecuada, innecesaria y desproporcionada para alcanzar este fin.<\/p>\n
El \u00faltimo problema se refiere a la vulneraci\u00f3n del derecho a la vivienda digna (art. 51 CP) por la expresi\u00f3n “de precio” contenida en el par\u00e1grafo \u00fanico del art\u00edculo 15 de la ley 388 de 1997. Esta norma establece que las condiciones de precio de la vivienda de inter\u00e9s social son el \u00fanico criterio relevante para las especificaciones o caracter\u00edsticas de loteos y \u00e1reas construidas de urbanizaciones y construcciones. Si bien el precio de la vivienda de inter\u00e9s social puede ser un criterio referencial para la determinaci\u00f3n del tama\u00f1o de los lotes y del espacio construido, no puede tratarse del \u00fanico criterio, pues ello niega una serie de atributos que debe tener la vivienda digna como la habitabilidad, la accesibilidad a servicios p\u00fablicos y sociales y la adecuaci\u00f3n cultural. La menci\u00f3n exclusiva del criterio de precio y el silencio de la ley respecto de los dem\u00e1s atributos que hacen parte del derecho a la vivienda digna afecta significativamente el contenido del derecho a la vivienda digna (art. 51 CP) de los habitantes de viviendas de inter\u00e9s social.<\/p>\n
Para mayores detalles, consulte el texto de la demanda disponible en la secci\u00f3n de Litigios – Vivienda Digna <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Dejusticia, Housing Federation (Fedevivienda) and other citizens present a lawsuit against two laws that regulate Social Interest Houses for violating the rights of people for living in a deign house, the right to equality, public space, and the duty of the State to protect the most vulnerable people and respect the decentralization principle. <\/p>\n","protected":false},"author":32,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-26091","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-dejusticia-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n