EL GOBIERNO PARECE EMPE\u00d1ADO EN excluir a las v\u00edctimas de agentes del Estado del proyecto de estatuto de los derechos de las v\u00edctimas que se debate en la C\u00e1mara. Por eso todos los d\u00edas inventa argucias jur\u00eddicas para justificar lo que es una evidente discriminaci\u00f3n.<\/p>\n
La \u00faltima perla es un mecanismo realmente ingenioso: si una v\u00edctima de un agente oficial quiere acceder a una reparaci\u00f3n administrativa, entonces debe previamente probar ante los jueces la responsabilidad estatal.<\/p>\n
La propuesta es absurda, pues desconoce la finalidad de los programas administrativos de reparaci\u00f3n. Estos existen porque es dif\u00edcil que una persona pruebe, con los exigentes est\u00e1ndares judiciales, que fue v\u00edctima de un atropello y qui\u00e9nes fueron sus autores. Por eso se establecen programas masivos de reparaci\u00f3n administrativa, que para incluir a todas las v\u00edctimas son menos exigentes probatoriamente y suelen otorgar indemnizaciones menores. <\/p>\n
En ese contexto, si a una v\u00edctima de Estado se le exige que en todo caso pruebe judicialmente la responsabilidad estatal, \u00bfpara qu\u00e9 va a acudir a la v\u00eda administrativa, si ya puede obtener la reparaci\u00f3n judicial, que es integral? El requisito del Gobierno equivale entonces a una exclusi\u00f3n de esas v\u00edctimas de los beneficios de la reparaci\u00f3n administrativa.<\/p>\n
Las supuestas justificaciones de la exigencia de sentencia judicial han sido dadas por el presidente de la CNRR, Eduardo Pizarro, y por el viceministro de Justicia, Gilberto Orozco.<\/p>\n
El primero, en su \u00faltima columna en El Tiempo, sostiene que ese requerimiento es necesario para no vulnerar el debido proceso de los agentes estatales eventualmente involucrados. Pero Pizarro incurre en una confusi\u00f3n obvia: jam\u00e1s ha sido requisito para establecer la responsabilidad estatal, ni en el Consejo de Estado ni en la Corte Interamericana, probar la responsabilidad criminal de un determinado agente. Son dos fen\u00f3menos jur\u00eddicos distintos.<\/p>\n
El Viceministro, por su parte, ha aducido que seg\u00fan el sistema interamericano de Derechos Humanos, \u201ccuando haya responsabilidad de agentes del Estado debe hacerse mediante sentencia judicial ejecutoriada y no por la reparaci\u00f3n administrativa\u201d. Y ha a\u00f1adido que las autoridades administrativas no pueden en Colombia reconocer la responsabilidad del Estado. <\/p>\n
Pero esos argumentos no son v\u00e1lidos. Conforme al sistema interamericano, los gobiernos pueden reparar a las v\u00edctimas de atropellos de sus agentes, sin necesidad de una sentencia judicial previa. Es m\u00e1s, ese sistema prev\u00e9 acuerdos amistosos entre los Estados y las v\u00edctimas, a los cuales, dicho sea de paso, este gobierno ha recurrido en varias ocasiones.<\/p>\n
Nada se opone entonces a que una ley faculte a las autoridades administrativas a que acepten, sin necesidad de sentencia, responsabilidades estatales para otorgar reparaciones administrativas, como ya se ha hecho en Colombia y en otros pa\u00edses. Y frente a esa posibilidad, no podr\u00eda argumentarse que dicha reparaci\u00f3n administrativa equivale a una confesi\u00f3n de la responsabilidad estatal, que abrir\u00eda inmediatamente la puerta a la reparaci\u00f3n judicial. Basta que la ley diga que la concesi\u00f3n de la reparaci\u00f3n administrativa a una v\u00edctima de un agente de Estado no tiene valor de prueba judicial para aquellas personas que quieran acudir tambi\u00e9n a la v\u00eda judicial.<\/p>\n
No existe entonces ninguna justificaci\u00f3n jur\u00eddica para imponerle a las v\u00edctimas de agentes de Estado requisitos m\u00e1s gravosos para beneficiarse de los programas estatales de reparaci\u00f3n. \u00bfNo ser\u00eda entonces mejor que el Gobierno y el Presidente de la CNRR dedicaran su desbordante ingenio jur\u00eddico a realmente promover los derechos de las v\u00edctimas y no a intentar justificar injustificables discriminaciones?<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Government seems determined to keep away victims caused by state agents from the project on the Statute of the Victims Rights that is now before the Chamber of Representatives for approval. That is why everyday it invents juridical ruses to justify what evidently is a form of discrimination. <\/p>\n","protected":false},"author":17,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-26157","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-el-espectador-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n