Un estatuto para las v\u00edctimas que se enred\u00f3 en el camino
\nSi gobierno, oposici\u00f3n, v\u00edctimas y organizaciones de derechos humanos en Colombia est\u00e1n de acuerdo en la necesidad de proteger a los afectados por el conflicto armado a trav\u00e9s de un estatuto, \u00bfpor qu\u00e9 no avanza la iniciativa? El ICTJ ha seguido de cerca este proyecto, cuyos problemas van m\u00e1s all\u00e1 de la discusi\u00f3n sobre las v\u00edctimas de agentes del Estado.<\/p>\n
\u201cSolicito no aprobar la ley de v\u00edctimas como est\u00e1 concebida, pues viola los derechos de las v\u00edctimas y desconoce las manifestaciones de voluntad y las expectativas de miles de v\u00edctimas de todo el pa\u00eds, lo cual no contribuye a la reconciliaci\u00f3n y la b\u00fasqueda de la paz en Colombia\u201d.<\/p>\n
Con esas mismas palabras, fueron 6.000 las cartas que llegaron desde febrero pasado a manos de los representantes a la C\u00e1mara con firmas, c\u00e9dulas y huellas digitales de v\u00edctimas del conflicto que hab\u00edan participado en audiencias p\u00fablicas con la esperanza de que el estado colombiano creara un estatuto para proteger sus derechos y que, ante los cambios desfavorables que ha tenido la iniciativa, prefieren ahora no tener ninguna ley.<\/p>\n
Las cartas reflejan c\u00f3mo la oportunidad de legislar de manera integral a favor de las v\u00edctimas de delitos cometidos con ocasi\u00f3n del conflicto armado termin\u00f3 convertida en una posible amenaza para el resarcimiento de sus derechos.<\/p>\n
El proyecto de ley, presentado en 2007 ante el Senado por el Partido Liberal, modificado sustancialmente en la C\u00e1mara y a un debate de ser aprobado por esa corporaci\u00f3n, busca crear un estatuto que cobije a v\u00edctimas de asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamiento, torturas, masacres, reclutamiento il\u00edcito y violaciones a la libertad y dignidad sexual, que ocurran en el contexto del conflicto que vive el pa\u00eds. Incluye medidas tanto materiales y econ\u00f3micas como simb\u00f3licas para resarcir el da\u00f1o.<\/p>\n
Sin embargo, como explica Camilo S\u00e1nchez, investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), hasta hoy el palo en la rueda para el proyecto han sido las \u201cdiferencias entre el gobierno y la oposici\u00f3n por el impacto presupuestal que puede tener reparar a tantas v\u00edctimas, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en estos hechos, el universo de las v\u00edctimas (a qui\u00e9n se dar\u00e1 reparaci\u00f3n y a qui\u00e9n no) y la negativa oficial a aceptar que estas personas son v\u00edctimas del conflicto armado, porque, para el gobierno, el conflicto armado no existe\u201d.<\/p>\n
Los problemas de fondo<\/p>\n
En la C\u00e1mara, las mayor\u00edas oficialistas en el Congreso lograron introducir cambios sustanciales al proyecto. Entre esas modificaciones se incluyen la reparaci\u00f3n del Estado no por responsabilidad sino por solidaridad, la asistencia humanitaria como parte de la reparaci\u00f3n y \u2013en el caso de las v\u00edctimas de cr\u00edmenes de Estado\u2013 la obligaci\u00f3n de tramitar un proceso judicial para acceder a la reparaci\u00f3n, para mencionar solo los puntos que han aparecido con m\u00e1s fuerza en el debate p\u00fablico.<\/p>\n
Un matiz en la posici\u00f3n del gobierno se mostr\u00f3 a mediados de esta semana, cuando aparentemente el Ejecutivo acept\u00f3 introducir un cambio en la definici\u00f3n de v\u00edctima del proyecto para incluir las de agentes del Estado. Sin embargo, de acuerdo con el ICTJ, no habr\u00eda ning\u00fan cambio de posici\u00f3n en la pr\u00e1ctica, pues las v\u00edctimas de agentes estatales tendr\u00edan que presentar una sentencia judicial para acceder a la reparaci\u00f3n administrativa, de modo que persistir\u00eda la discriminaci\u00f3n contra estas v\u00edctimas.<\/p>\n
Pero m\u00e1s all\u00e1 de esa discusi\u00f3n, como agrega Catalina D\u00edaz, coordinadora del \u00e1rea de reparaciones del ICTJ Colombia, las discusiones mediatizadas han opacado preocupaciones m\u00e1s estructurales, como la creaci\u00f3n de un aparato institucional para garantizar el cumplimiento de los derechos de las v\u00edctimas \u2013con instancias como el Comit\u00e9 de Coordinaci\u00f3n Interinstitucional y el Plan Nacional para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las Victimas de la Violencia \u2013 sin garant\u00edas de eficiencia y con dificultades para que se aplique a nivel local.<\/p>\n
\u201cNo hay claridad sobre las responsabilidades que asumir\u00e1n las instituciones estatales frente a la atenci\u00f3n a las v\u00edctimas y tampoco est\u00e1n claras las rutas de acceso a los beneficios que plantea la ley. Por ejemplo, el proyecto est\u00e1 creando un nuevo registro de v\u00edctimas como precondici\u00f3n para acceder a las medidas tanto de asistencia como de reparaci\u00f3n que trae la ley, pero adem\u00e1s incluye procedimientos especiales para solicitar dichas medidas, y los requisitos en muchos casos obstaculizar\u00edan el acceso\u201d, comenta D\u00edaz.<\/p>\n
En otras palabras, a\u00fan si se superan las discusiones frente a la discriminaci\u00f3n o no de las v\u00edctimas de agentes del Estado y frente a la raz\u00f3n de ser de las reparaciones, hay vac\u00edos sobre c\u00f3mo se articular\u00e1n todas esas medidas en las regiones, y la preocupaci\u00f3n va m\u00e1s all\u00e1 de los asuntos presupuestales.<\/p>\n
Hasta finales de abril y durante unos 45 d\u00edas, familias desplazadas por la violencia se instalaron en la Plaza de Bol\u00edvar de Bogot\u00e1, junto al Capitolio, para exigir atenci\u00f3n del Estado. Mientras tanto, adentro del edificio se postergaba la discusi\u00f3n de la Ley de V\u00edctimas.<\/p>\n
La Corte pidi\u00f3 \u2018subir el est\u00e1ndar\u2019<\/p>\n
Paula Gaviria, directora del \u00e1rea de Derechos Humanos de la Fundaci\u00f3n Social, cree que hay un marco contundente \u2013dos recientes decisiones de la Corte Constitucional sobre reparaciones a v\u00edctimas\u2013 que obligar\u00eda al Congreso a \u201csubir el est\u00e1ndar\u201d a la hora de estructurar un sistema de atenci\u00f3n a v\u00edctimas y al que el gobierno tendr\u00eda que someterse para evitar que la norma sea declarada inconstitucional.<\/p>\n
Seg\u00fan Gaviria, \u201cpara el Estado es menos costoso tratar de manera definitiva e integral el tema de las v\u00edctimas que seguir como vamos, con respuestas parciales. Si bien esto tiene un costo en t\u00e9rminos fiscales, saldr\u00eda m\u00e1s costoso esperar a que con toda esta jurisprudencia y estos est\u00e1ndares venga una tutela y otra. Es altamente probable que uno tenga una sentencia de estado de cosas inconstitucional en el tema de v\u00edctimas, como ocurri\u00f3 con desplazados\u201d.<\/p>\n
De todos modos, organizaciones de derechos humanos y de v\u00edctimas a\u00fan hoy se debaten entre tres caminos: presionar para que se corrijan las deficiencias de la ley, promover que se \u2019hunda\u2019 para buscar otros espacios de discusi\u00f3n sobre los derechos de las v\u00edctimas o esperar a que se apruebe el proyecto para demandarlo ante la Corte Constitucional. Sin embargo, ning\u00fan escenario es seguro, pues no est\u00e1 claro si se alcanzar\u00e1n a hacer modificaciones al proyecto de ley, si al gobierno le interesa hacerlas y si una vez aprobado con deficiencias prosperar\u00eda una declaratoria de inconstitucionalidad.<\/p>\n
\u00bfY si se cae?
\nAnte esos escenarios, surge de nuevo la pregunta inicial que se hicieron las organizaciones que acogieron la idea de crear un proyecto de ley: \u00bfes necesaria una ley de v\u00edctimas?<\/p>\n
Catalina D\u00edaz explica que Colombia cuenta, por ahora, con normas que facilitan en alguna medida el acceso de las v\u00edctimas a medidas de asistencia humanitaria y reparaci\u00f3n, como la Ley 418 de 1997, que incluye ayuda humanitaria en dinero en sumas iguales a aquellas que prev\u00e9 el proyecto de ley, ayudas para educaci\u00f3n, cr\u00e9dito, salud y otras; la ley de Justicia y Paz (975 de 2005), que incluye medidas de reparaci\u00f3n colectiva y por v\u00eda judicial, o el decreto 1290 de 2008, que crea un programa de distribuci\u00f3n de sumas \u00fanicas de dinero para v\u00edctimas de grupos armados ilegales. <\/p>\n
En ese sentido, la importancia de una ley de v\u00edctimas radica en que, \u201ca pesar de que hay muchas normas en Colombia, no hay una que agrupe las medidas para las v\u00edctimas y no hay instrumentos claros\u201d, dice Camilo S\u00e1nchez.<\/p>\n
Adem\u00e1s, el proyecto incluye propuestas calificadas como valiosas por diferentes organizaciones, frente a temas como los derechos de las v\u00edctimas en procesos penales (espec\u00edficamente frente a violencia sexual), la restituci\u00f3n de tierras, la memoria hist\u00f3rica y la noci\u00f3n de que debe haber un plan general sobre v\u00edctimas en el pa\u00eds.<\/p>\n
No obstante, la conclusi\u00f3n de las organizaciones sociales m\u00e1s activas en el debate \u2013entre ellas el ICTJ\u2013 es que las ganancias ser\u00edan menores que las p\u00e9rdidas si no se hacen las correcciones necesarias.<\/p>\n
\u201cSi esa ley muestra el camino para que las v\u00edctimas logren sus derechos y ese camino es digno, respetuoso, eficaz y no discriminatorio, vale la pena. Pero, como est\u00e1n las cosas, ese no es el caso\u201d, resume Paula Gaviria.<\/p>\n
\u201cSi no hay ley de v\u00edctimas, hay que verlo como una ganancia para el movimiento de v\u00edctimas en Colombia y podr\u00eda emprenderse otro proceso\u201d \u2013agrega Iv\u00e1n Cepeda, vocero del Movimiento Nacional de V\u00edctimas de Cr\u00edmenes de Estado (Movice)\u2013. \u201cLas v\u00edctimas han aprendido a luchar con perseverancia y buscar\u00e1n otras medidas y decisiones normativas\u201d.<\/p>\n
\u201cYo aspiro como v\u00edctima y como colombiano a que alg\u00fan d\u00eda haya una ley que se base en lo que sienten las propias v\u00edctimas, no a esto que se discute hoy\u201d, concluye Luis Eladio P\u00e9rez, quien estuvo secuestrado por las Farc 7 a\u00f1os y quien fue hasta el Congreso a llevar el mensaje de las 6.000 v\u00edctimas que no quieren un proyecto de ley como el que se discute actualmente en la C\u00e1mara, y que despu\u00e9s de casi seis meses sigue esperando su \u00faltimo debate.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Camilo Sanchez’ concept was referenced in the Reparations Dossier of the International Center for Transitional Justice-ICTJ. <\/p>\n","protected":false},"author":32,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-26329","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-ictj-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n