Un estudio llamado \u2018Mayor\u00edas sin democracia\u2019, del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), muestra c\u00f3mo se ha concentrado el poder en los \u00faltimos ocho a\u00f1os del mandato de \u00c1lvaro Uribe.<\/p>\n
Hacia el a\u00f1o 2003, en el \u00e1rea de influencia pol\u00edtica del Gobierno \u00fanicamente hab\u00eda dos instituciones: la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo. Hoy, por efecto de la reelecci\u00f3n presidencial, hay ocho instituciones en su \u00e1rea de influencia. Este panorama demuestra la concentraci\u00f3n de poder en el Estado que hoy caracteriza a la democracia colombiana, con el riesgo de crecer si se formaliza una segunda reelecci\u00f3n presidencial.<\/p>\n
Esta conclusi\u00f3n hace parte del trabajo \u201cMayor\u00edas sin democracia\u201d, preparado por el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), que en 410 p\u00e1ginas demuestra c\u00f3mo, basado en la popularidad del presidente Uribe y el \u00e9xito de algunas de sus pol\u00edticas en materia de seguridad, el Ejecutivo ha venido aumentando su poder al costo del debilitamiento de varias instituciones y el sometimiento a las pol\u00edticas trazadas por el Gobierno.<\/p>\n
Seg\u00fan el trabajo interdisciplinario, coordinado por los abogados Mauricio Garc\u00eda Villegas y Javier Eduardo Revelo Rebolledo, la concentraci\u00f3n del poder en manos del Gobierno, en grado m\u00e1ximo o intermedio, se expresa en seis instituciones del Estado: el Consejo Nacional Electoral, la Comisi\u00f3n Nacional de Televisi\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional y el Banco de la Rep\u00fablica.<\/p>\n
Estas instituciones, que fueron concebidas por los constituyentes de 1991 como contrapeso del poder mayoritario, de alguna manera hoy est\u00e1n siendo cooptadas por el Ejecutivo, con escenarios paralelos de igual preocupaci\u00f3n. Por ejemplo, las intenciones del presidente Uribe de \u201csacrificar la tecnocracia y los m\u00e9ritos burocr\u00e1ticos en beneficio de la lealtad pol\u00edtica\u201d; o la intenci\u00f3n clara del Gobierno de \u201cmanipular la Constituci\u00f3n y la ley para alcanzar los objetivos trazados en las pol\u00edticas p\u00fablicas del Ejecutivo\u201d.<\/p>\n
En criterio de DeJusticia, el presidente Uribe ha modificado las relaciones con los congresistas, los pol\u00edticos y los partidos, y en los \u00faltimos a\u00f1os \u201cel Congreso ha dejado de ser un contrapeso institucional significativo\u201d, convirti\u00e9ndose en \u201cun espacio de refrendaci\u00f3n de las decisiones tomadas por el Ejecutivo\u201d. Este desequilibrio no ser\u00eda tan grave, advierte el estudio, si existiera un Congreso confiable, pero hoy casi la cuarta parte de los congresistas han sido vinculados al esc\u00e1ndalo de la parapol\u00edtica.<\/p>\n
Como quiera que \u201cla reelecci\u00f3n puso a tambalear todo el andamiaje constitucional en Colombia\u201d, la investigaci\u00f3n sugiere que la primera tarea para detener el proceso de concentraci\u00f3n del poder es \u201crechazar la posibilidad de que la Constituci\u00f3n sea reformada nuevamente\u201d, y en el caso de que no se pueda volver al dise\u00f1o original de la Constituci\u00f3n de 1991, en el sentido de prohibir la reelecci\u00f3n, es urgente adecuar un dise\u00f1o institucional de pesos y contrapesos con nuevas condiciones, como adecuar los periodos para nombrar altos dignatarios del Estado.<\/p>\n
Otra opci\u00f3n ser\u00eda la creaci\u00f3n de una Corte Electoral, que implicar\u00eda suprimir el Consejo Nacional Electoral y concentrar las funciones administrativas en la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, y las judiciales en el \u00f3rgano judicial aut\u00f3nomo sugerido. Esta iniciativa permitir\u00eda evitar la politizaci\u00f3n que hoy impera en el Consejo Nacional Electoral y podr\u00eda operar de manera simult\u00e1nea a la de generar nombramientos escalonados en los \u00f3rganos colegiados, a fin de garantizar pluralidad pol\u00edtica.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n del Centro de Estudios DeJusticia busca crear espacios de reflexi\u00f3n en el pa\u00eds para que, m\u00e1s all\u00e1 de la discusi\u00f3n de si el presidente \u00c1lvaro Uribe puede hacerse reelegir o no para un nuevo cuatrienio, se advierta la necesidad de recobrar varias instancias de control pol\u00edtico, judicial, disciplinario, fiscal y ciudadano en Colombia, que hoy \u201cse encuentran debilitadas por obra de la influencia pol\u00edtica del poder Ejecutivo\u201d, sumada al \u201cejercicio abusivo del poder de nominaci\u00f3n por parte del Presidente de la Rep\u00fablica\u201d.<\/p>\n
El poder en la Corte Constitucional<\/p>\n
En los gobiernos del presidente Uribe han cambiado los nueve magistrados de la Corte. Hoy est\u00e1 en nivel de influencia intermedio, pues la mayor\u00eda de sus miembros tienen afinidad pol\u00edtica con el Presidente.<\/p>\n
Tres fueron ternados por el Ejecutivo: Jorge Pretelt, Mar\u00eda Victoria Calle y Mauricio Gonz\u00e1lez. Tres m\u00e1s son afines al Gobierno por su filiaci\u00f3n conservadora (Nilson Pinilla, Gabriel Mendoza y Jorge Palacio). Los restantes (Humberto Sierra, Juan Carlos Henao y Luis Ernesto Vargas) parecen neutrales.<\/p>\n
Seg\u00fan DeJusticia, ni es Corte de bolsillo ni independiente. \u201cEl Gobierno ha logrado cooptarla parcialmente\u201d.<\/p>\n
Consejo Electoral<\/p>\n
En 2002, cuatro de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral pertenec\u00edan a los partidos de la coalici\u00f3n de Gobierno. Para el a\u00f1o 2006, el n\u00famero lleg\u00f3 a siete, es decir, que su composici\u00f3n vari\u00f3 notablemente en favor de las mayor\u00edas uribistas. En buena medida estos cambios obedecieron a la reforma pol\u00edtica de 2003. Sin embargo, hoy es incierta la postura de una entidad dominada por la coalici\u00f3n de Gobierno. Por eso, la investigaci\u00f3n plantea que est\u00e1 en un nivel de influencia intermedia con el Gobierno. La prueba de independencia va a darse cuando decida sobre la posible violaci\u00f3n de los topes de financiaci\u00f3n en la recolecci\u00f3n de firmas para el referendo.<\/p>\n
Otros organismos e instituciones
\nLa Contralor\u00eda es ocupada por Julio C\u00e9sar Turbay y se dice que fue una forma de corresponder el apoyo que le dio su padre al Gobierno.<\/p>\n
En cuanto a la Procuradur\u00eda, la orientaci\u00f3n conservadora de Alejandro Ord\u00f3\u00f1ez lo sit\u00faa en el plan de la afinidad pol\u00edtica con el Gobierno.<\/p>\n
Sobre la Fiscal\u00eda ya se sabe que los ternados son muy afines al Gobierno. Si a lo anterior se suman los Consejos Comunitarios y el programa Familias en Acci\u00f3n, se advierte una captura pol\u00edtica de Planeaci\u00f3n Nacional y de algunas administraciones municipales.<\/p>\n
Influencia intermedia en el Banco Emisor<\/p>\n
Por sus dos gobiernos consecutivos, el presidente Uribe ha nombrado cuatro codirectores del Banco de la Rep\u00fablica, con poder suficiente para elegir al gerente del organismo.<\/p>\n
Aun m\u00e1s, entre 2007 y 2009, en la junta directiva del Banco s\u00f3lo qued\u00f3 un miembro no elegido por el presidente Uribe, el actual codirector Fernando Tenjo.<\/p>\n
Seg\u00fan DeJusticia, pocos presidentes han logrado nombrar a tantos codirectores, y por eso la instituci\u00f3n est\u00e1 en un nivel de influencia intermedia. No obstante, la forma de gobernar de Uribe ha cambiado la relaci\u00f3n.<\/p>\n
Sus opiniones sobre las decisiones del banco, por su tono, \u201cno sugieren un aire de di\u00e1logo sino que terminan convirti\u00e9ndose en peticiones directas o en reclamos agresivos\u201d.<\/p>\n
La Defensor\u00eda<\/p>\n
Los delegatarios de 1991 quer\u00edan que la Defensor\u00eda del Pueblo fuera una instituci\u00f3n protagonista. Hoy est\u00e1 convertida en una entidad \u201canodina, poco transparente y sin protagonismo en los grandes debates nacionales sobre Derechos Humanos\u201d.<\/p>\n
El informe se\u00f1ala que la Defensor\u00eda se convirti\u00f3 \u201cen una cuota burocr\u00e1tica del Partido Conservador\u201d y que la dependencia de su titular V\u00f3lmar P\u00e9rez con respecto al Gobierno es clara y se comprueba con su ausencia en los grandes debates de la Seguridad Democr\u00e1tica.<\/p>\n
En pocos a\u00f1os, la entidad pas\u00f3 de ser un organismo con poder e influencia, a no tener ninguna, como sucede en la actualidad con una entidad cooptada por las mayor\u00edas del Gobierno.<\/p>\n
Comisi\u00f3n de TV<\/p>\n
En 2002 hab\u00eda dos delegados del Gobierno en la CNTV. Hoy, la sensaci\u00f3n es que se trata de \u201cun organismo ineficaz para tramitar con altura, eficacia y transparencia los intereses de la televisi\u00f3n\u201d. En lo que va corrido del a\u00f1o se confirman las mayor\u00edas Gobierno-coalici\u00f3n en la CNTV.<\/p>\n
En la actualidad, \u201clos principios de autonom\u00eda y defensa del pluralismo que inspiraron a la CNTV est\u00e1n lejos de ser una realidad\u201d. No hay claridad en procesos de elecci\u00f3n y es evidente la manera como el presidente Uribe ha influido en la composici\u00f3n de la junta directiva, refrendando de paso sus mayor\u00edas en la instituci\u00f3n.<\/p>\n
Aunque es dif\u00edcil definir el grado de influencia de sus actuaciones, el escaso control a la campa\u00f1a presidencial en la reelecci\u00f3n de 2006 representa un indicio de su afinidad en las decisiones.<\/p>\n
El Consejo de la Judicatura<\/p>\n
Aunque entre 2002 y 2009 la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura cambi\u00f3 totalmente, por sucesivas propuestas de eliminaci\u00f3n del organismo, la entidad conserva niveles de independencia frente al Ejecutivo. No sucede lo mismo respecto a la Sala Disciplinaria. Si bien Uribe ejerci\u00f3 la mayor parte de su Gobierno con un organismo elegido durante la administraci\u00f3n Pastrana, hoy seis de los siete magistrados que componen la Sala pertenecen a uno de los partidos de la coalici\u00f3n de Gobierno y, por tanto, tendr\u00edan afinidad pol\u00edtica. El criterio para elegirlos fue su adscripci\u00f3n partidista, lo cual supone que se trata de una instituci\u00f3n cooptada, no s\u00f3lo en personas sino en decisiones. La tutela concedida al ministro Diego Palacio, que fren\u00f3 una investigaci\u00f3n de la Corte Suprema, es una buena muestra.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
“Mayorities without democracy”, a research done by the Center for the Studies of Law, Justice, and Society (Dejusticia), demonstrates how power has concentrated in the last eight years of Uribe’s two presidential term. <\/p>\n","protected":false},"author":32,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-26460","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","subcategory-studying-the-protection-of-rigths","medium-el-espectador-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n