EN MI ANTERIOR COLUMNA CRITIqu\u00e9 un punto del concepto del Procurador sobre el referendo reeleccionista, que era su an\u00e1lisis de la vulneraci\u00f3n de los topes de financiaci\u00f3n en la recolecci\u00f3n de firmas. Varios lectores me solicitaron entonces que discutiera otros defectos de ese concepto.<\/p>\n
Como ya lo expliqu\u00e9, en un documento en la p\u00e1gina de internet de DeJuSticia, analizo con mayor detalle las principales insuficiencias jur\u00eddicas de ese concepto. Sin embargo, por la importancia del tema, abordo en esta columna otro aspecto del concepto del Procurador: su problem\u00e1tico an\u00e1lisis de la ley de garant\u00edas electorales.<\/p>\n
El punto es el siguiente: cuando se aprob\u00f3 en 2004 la posibilidad de la reelecci\u00f3n inmediata, era claro para todo el mundo (incluidos los defensores de la reelecci\u00f3n) que el Presidente, si aspiraba a ser reelegido, gozaba de enormes ventajas frente a los dem\u00e1s aspirantes, pues controlaba el presupuesto y sal\u00eda constantemente en los medios defendiendo su gesti\u00f3n, que es una forma de hacer campa\u00f1a. La reforma de 2004 previ\u00f3 entonces que existiera una ley de garant\u00edas, que limitara un poco esos privilegios exorbitantes del presidente-candidato y estableciera algo de equidad en la contienda electoral.<\/p>\n
El Congreso aprob\u00f3 la Ley 996 de garant\u00edas electorales, la cual establece que seis meses antes de la elecci\u00f3n, el Presidente debe anunciar su candidatura para que empiecen a operar unas prohibiciones: debe, por ejemplo, suspender la transmisi\u00f3n de los consejos comunitarios, cesar la contrataci\u00f3n directa, abstenerse de hacer inauguraciones p\u00fablicas o de entregar personalmente subsidios.<\/p>\n
Esas limitaciones operan desde el anuncio presidencial de su candidatura, seg\u00fan lo precis\u00f3 la sentencia C-1153 de 2005 de la Corte Constitucional. Como las elecciones son la \u00faltima semana de mayo, eso significa que el presidente Uribe, si quer\u00eda reelegirse, debi\u00f3 anunciar su candidatura en noviembre de 2009. Y desde ese momento debieron aplicarse las restricciones, las cuales tienen que operar durante un tiempo razonable si se quiere una m\u00ednima equidad electoral. Poco sentido tiene aplicar las prohibiciones una o dos semanas antes de la elecci\u00f3n.<\/p>\n
Ahora bien, el Procurador realiza en este tema un extra\u00f1o ejercicio. Su an\u00e1lisis en el fondo acepta (pero sin decirlo) que el presidente Uribe ya est\u00e1 en campa\u00f1a y que los dem\u00e1s candidatos no gozan de igualdad electoral. Igualmente se\u00f1ala que el Presidente no puede estar en campa\u00f1a, pues no le est\u00e1 todav\u00eda permitido candidatizarse. Tambi\u00e9n constata que si se aprueba el referendo, de todos modos habr\u00eda desigualdad electoral, ya que es imposible que la ley de garant\u00edas electorales opere adecuadamente, debido al brev\u00edsimo plazo que habr\u00eda entre el referendo y la elecci\u00f3n presidencial. Pero el Procurador no extrae de esas premisas la conclusi\u00f3n obvia: una segunda reelecci\u00f3n no puede ser leg\u00edtimamente aplicada al presidente Uribe, pues no habr\u00eda nunca ninguna equidad electoral. En vez de eso, el Procurador invita al Presidente a acoger, pero por una suerte de deber moral, las restricciones previstas por la ley de garant\u00edas.<\/p>\n
Extra\u00f1a conclusi\u00f3n la del Procurador: en vez de amonestar al Presidente por estar en campa\u00f1a, sin poder jur\u00eddicamente estarlo, le recomienda seguir en campa\u00f1a, esto es seguir violando la Constituci\u00f3n. Y le invita a cumplir una ley de garant\u00edas, pero sin que tenga la obligaci\u00f3n jur\u00eddica de acogerse a ella. Como quien dice, le invita a incumplir lo obligatorio y a cumplir con lo no imperativo. Una l\u00f3gica sorprendente que elude la conclusi\u00f3n natural: que incluso si se aprueba el referendo, una segunda reelecci\u00f3n es jur\u00eddicamente inaplicable al presidente Uribe por falta de equidad electoral frente a los otros candidatos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
IN MY PREVIOUS OP-ED I criticized the Inspector General’s concept in regards to the re-election referendum due to his analysis of the breach of the funding caps in the collection of signatures. Several readers asked me to discuss other defects of the concept.<\/p>\n","protected":false},"author":17,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-26566","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-el-espectador-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n