EN LAS \u00daLTIMAS SEMANAS, EL GObierno ha reivindicado la llamada \u201cley de justicia y paz\u201d (LJP) porque considera que avanza en la paz pero respetando los derechos de las v\u00edctimas.<\/p>\n
Pero lo que no se recuerda es que el Gobierno defendi\u00f3 en realidad una ley muy distinta a la actual. Y es que en el fondo no ha habido solamente una LJP, sino al menos tres bastante diferentes: la del Gobierno, la del Congreso y la de la Rama Judicial.<\/p>\n
La historia es la siguiente: en 2003, el gobierno Uribe present\u00f3 un proyecto de \u201cAlternatividad Penal\u201d, que no preve\u00eda realmente ninguna pena para el paramilitar que se desmovilizara, pues bastaba que se portara bien luego de entregarse para que lograra la libertad, aunque hubiera cometido cr\u00edmenes de guerra o de lesa humanidad.<\/p>\n
Este proyecto, que es la verdadera LJP del Gobierno, fue duramente criticado por la comunidad internacional, organizaciones de derechos humanos y de v\u00edctimas, y algunos grupos pol\u00edticos, quienes, con raz\u00f3n, lo calificaron como una pura ley de impunidad.<\/p>\n
El Gobierno tuvo entonces que retirar el proyecto y propuso otro, que se convertir\u00eda, despu\u00e9s de un complejo tr\u00e1mite en el Congreso, en la ley 975 de 2005.<\/p>\n
Esta ley reconoci\u00f3 que los beneficios a los paramilitares desmovilizados deb\u00edan ser compatibles con los derechos de las v\u00edctimas. Previ\u00f3 entonces que el paramilitar responsable de cr\u00edmenes atroces deb\u00eda realizar una confesi\u00f3n o versi\u00f3n libre indicando los delitos que hab\u00eda cometido; la Fiscal\u00eda deb\u00eda verificar los hechos y formularle unos cargos; si el paramilitar los aceptaba y cumpl\u00eda con otros requisitos, el juez deb\u00eda otorgarle una pena alternativa benigna: m\u00e1ximo ocho y m\u00ednimo cinco a\u00f1os, sin importar la cantidad y gravedad de sus cr\u00edmenes.<\/p>\n
La LJP del Congreso parec\u00eda entonces incorporar los derechos de las v\u00edctimas, pero en realidad establec\u00eda requisitos poco exigentes para obtener la generosa pena alternativa. Por ejemplo, las confesiones falsas o incompletas no implicaban la p\u00e9rdida de ese beneficio. Esa ley no ten\u00eda entonces los dientes necesarios para realizar efectivamente los derechos de las v\u00edctimas. Por ello fue criticada como una forma m\u00e1s sutil y disfrazada de impunidad y fue demandada ante la Corte Constitucional.<\/p>\n
Este tribunal, en la sentencia C-370 de 2006, admiti\u00f3 que pod\u00eda otorgarse un castigo penal reducido por cr\u00edmenes atroces con el fin de alcanzar la paz, pero siempre y cuando se lograra la desarticulaci\u00f3n de los grupos paramilitares, la verdad y la reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas. Por eso la Corte ajust\u00f3 considerablemente la ley 975 para armonizarla con los derechos de las v\u00edctimas. Por ejemplo, la sentencia se\u00f1al\u00f3 que si el desmovilizado omit\u00eda en la versi\u00f3n libre su participaci\u00f3n en un crimen, entonces perd\u00eda el derecho a la pena alternativa.<\/p>\n
La LJP de la Corte logra entonces un mejor equilibrio entre los derechos de las v\u00edctimas y los beneficios otorgados a los victimarios, pues incentiva una mayor veracidad de las versiones libres, lo cual fortalece la capacidad del Estado de esclarecer la verdad del paramilitarismo. Esas innovaciones han ayudado a que algunas fiscales valerosas hayan avanzado en la investigaci\u00f3n de los cr\u00edmenes de los paramilitares.<\/p>\n
En estos a\u00f1os, la LJP ha producido sin embargo pocos resultados: s\u00f3lo dos condenas, reparaciones pr\u00e1cticamente inexistentes y verdades a\u00fan limitadas, por la extradici\u00f3n masiva de jefes paramilitares y la falta de controversia de las versiones libres. Pero si ha habido alg\u00fan avance, esto se debe en gran medida a los ajustes introducidos a la ley por los jueces. Por ello resulta ir\u00f3nico que el gobierno Uribe, que en su momento atac\u00f3 duramente todas esas innovaciones judiciales, ahora reivindique la LJP de los jueces.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
In recent weeks, the government has claimed the “Law of Justice and Peace” (LJP) because it believes it has contributed in achieving peace while respecting victim rights. <\/p>\n","protected":false},"author":17,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-26728","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","subcategory-justiciability","medium-el-espectador-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n