Los tres grandes argumentos contra la ley de v\u00edctimas en realidad no son sino pretextos para negarse a un acto de justicia. \u00bfHar\u00e1 el nuevo gobierno lo que no quiso hacer su antecesor?<\/p>\n
El no de Uribe<\/p>\n
A mediados de 2009, por orden del gobierno Uribe, el Congreso de la Rep\u00fablica archiv\u00f3 el proyecto de ley sobre estatuto de v\u00edctimas. El fracaso cay\u00f3 como un baldado de agua fr\u00eda sobre los millones de personas que han sufrido de manera estoica los estragos del conflicto armado. Tambi\u00e9n decepcion\u00f3 a los movimientos sociales que apoyan las reivindicaciones, a algunos partidos pol\u00edticos, a la comunidad internacional, y a un sector −minoritario, pero importante− de la sociedad que le hab\u00eda seguido la pista.<\/p>\n
Ocurri\u00f3 de esa manera porque un estatuto sobre las v\u00edctimas puede ser un instrumento \u00fatil para avanzar en la protecci\u00f3n de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparaci\u00f3n de todas aquellas personas que han visto su dignidad y sus derechos afectados por el conflicto armado.<\/p>\n
Tres asuntos pol\u00e9micos<\/p>\n
Hoy el gobierno Santos afirma que una de sus propuestas estrella ser\u00e1 una \u201cley de v\u00edctimas\u201d. El s\u00f3lo hecho de que la iniciativa venga del Ejecutivo es una muestra evidente del cambio de actitudes entre un gobierno y otro. Pero eso no asegura, de un lado, que la iniciativa llegue a convertirse en una medida concreta, y por otro, que llene las expectativas de la totalidad de v\u00edctimas del conflicto.<\/p>\n
Por ahora no se conoce el articulado oficial, pues el gobierno \u2013 en parte para evitar lo que sucedi\u00f3 hace dos a\u00f1os− decidi\u00f3 sondear la iniciativa con los partidos pol\u00edticos antes de hacer una presentaci\u00f3n p\u00fablica. Sin embargo, por las notas de prensa y por la informaci\u00f3n de los mentideros pol\u00edticos se conoce que hay tres puntos de debate importante entre los partidos liberal y conservador. Los tres temas son:<\/p>\n
– La inclusi\u00f3n o no de v\u00edctimas de actos cometidos por agentes del Estado;<\/p>\n
– El costo fiscal global de las medidas de atenci\u00f3n y reparaci\u00f3n; y<\/p>\n
– La coherencia entre las medidas de reparaci\u00f3n de la ley de v\u00edctimas y la propuesta de mecanismos de restituci\u00f3n de la ley de tierras.<\/p>\n
Agentes del Estado<\/p>\n
El Partido Conservador ha revivido la principal obsesi\u00f3n del gobierno Uribe en la materia. Esa colectividad sostiene que la ley no puede tener mecanismos administrativos de reparaci\u00f3n para las v\u00edctimas que aleguen haber sido violentadas por agentes del Estado, porque se estar\u00eda atentando contra la presunci\u00f3n de buena fe y legitimidad de las acciones de los funcionarios \u2013principalmente de los miembros de la fuerza p\u00fablica\u2013 y se reconocer\u00eda una falla que abrir\u00eda una inmensa puerta para que esas v\u00edctimas demandaran al Estado. Por eso dice que \u00e9ste s\u00f3lo puede reparar a las v\u00edctimas cuando haya una sentencia judicial en firme.<\/p>\n
Dicha posici\u00f3n generar\u00eda una terrible discriminaci\u00f3n entre las v\u00edctimas. En efecto har\u00eda que a unas se les facilitara el camino hacia su reparaci\u00f3n −a trav\u00e9s de v\u00edas m\u00e1s expeditas\u2013 mientras que a otras se les obligar\u00eda a acudir a instancias judiciales. Adem\u00e1s, es una contradicci\u00f3n frente a lo que quiere el proyecto, no otra cosa que establecer mecanismos accesibles para que las v\u00edctimas reclamen sus derechos.<\/p>\n
Razones para no discriminar<\/p>\n
Los argumentos centrales del Partido Conservador son deleznables por tres razones principales:<\/p>\n
En primer lugar, la normatividad internacional de los derechos humanos \u2013que ha sido acogida por la jurisprudencia de la Corte Constitucional\u2013 es enf\u00e1tica a la hora de afirmar que debe reconocerse la condici\u00f3n de v\u00edctima por el s\u00f3lo hecho de la violaci\u00f3n, independientemente del estatus o la filiaci\u00f3n del victimario. El reconocimiento de esa calidad no puede esperar hasta que el Estado haya aclarado judicialmente la responsabilidad penal de los autores.
\nEn segundo lugar, existe una clara diferencia entre la responsabilidad del Estado que le genera la obligaci\u00f3n de reparar, y la culpabilidad individual de los agentes comprometidos en los hechos. El Estado desarrolla una pol\u00edtica de reparaciones no porque algunos de sus funcionarios hayan transgredido la ley sino por su falla generalizada en proteger los derechos de las personas y por no tener un sistema judicial efectivo y r\u00e1pido para esclarecer cada una de estas violaciones. A eso es a lo que los expertos en derecho internacional denominan \u201cincumplimiento del deber de garantizar los derechos humanos\u201d. Una cuesti\u00f3n totalmente distinta es la de la responsabilidad individual \u2013penal o civil\u2013 de la persona que obr\u00f3 en contra de la ley y cometi\u00f3 las violaciones. La responsabilidad del Estado no interfiere para nada en la fijaci\u00f3n de otras responsabilidades.
\nEn tercer lugar el temor de que la reparaci\u00f3n administrativa se convierta en un boleto de entrada a una condena autom\u00e1tica contra el Estado no es del todo insalvable. El Estado puede hacer expl\u00edcito en la propia ley que el otorgamiento de medidas de reparaci\u00f3n por v\u00eda administrativa no es un reconocimiento de su responsabilidad objetiva ni tampoco de la responsabilidad penal de sus agentes. De hecho, la propuesta tiene una norma en ese sentido que se\u00f1ala: \u201cEl reconocimiento de la reparaci\u00f3n e indemnizaci\u00f3n administrativa de que trata esta ley, no implica reconocimiento de la responsabilidad del Estado derivada del da\u00f1o antijur\u00eddico imputable a \u00e9ste en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 90 de la Constituci\u00f3n Nacional, como tampoco ning\u00fan otro tipo de responsabilidad para el Estado o sus agentes\u201d. Esto demuestra que el temor conservador es infundado y que es m\u00e1s bien una excusa para oponerse al proyecto.
\n\u00bfVena rota?<\/p>\n
La otra gran preocupaci\u00f3n del Partido Conservador es que la ley de v\u00edctimas se convierta en una especie de \u201cvena rota\u201d para los recursos del Estado.<\/p>\n
Los conservadores desempolvaron unas cifras que a mano alzada y con muy poca sustentaci\u00f3n public\u00f3 la Casa de Nari\u00f1o en 2009 para justificar el hundimiento del proyecto anterior. En ese entonces, el gobierno emiti\u00f3 en un mismo d\u00eda varios comunicados de prensa en donde estim\u00f3 que el monto de inversi\u00f3n para cubrir la ley de v\u00edctimas iba de 72 a 82 billones de pesos. Ninguno de estos valores fue suficientemente sustentado.<\/p>\n
Como cualquier pol\u00edtica p\u00fablica, la de atenci\u00f3n y reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas cuesta dinero, pero es una obligaci\u00f3n que debemos asumir como sociedad. Esperemos que el debate democr\u00e1tico en el Congreso sea distinto del anterior y que a partir de un estudio serio sobre el impacto fiscal de las medidas \u2013que sea elaborado por los \u00f3rganos t\u00e9cnicos del gobierno−, se acuerden las medidas y los alcances el Estado deba asumir.<\/p>\n
Por ahora, los presupuestos que se han esbozado no son nada confiables. Tampoco tienen en cuenta que hay varias medidas que aligerar\u00edan la carga de financiaci\u00f3n p\u00fablica del programa de reparaciones. Por ejemplo, que la pol\u00edtica de restituci\u00f3n \u2013que al parecer es el coraz\u00f3n de la estrategia de reparaciones− se basa en el traslado de los t\u00edtulos de los victimarios a los leg\u00edtimos derechohabientes, lo cual no quiere decir que el Estado tenga que adquirir y entregar dichos bienes. Adem\u00e1s, el programa de reparaciones puede desarrollarse de manera gradual, con lo cual se puede asegurar un esfuerzo financiero responsable por parte del Estado.<\/p>\n
\u00bfLey de tierras o ley de v\u00edctimas?<\/p>\n
El tercer palo en la rueda es la relaci\u00f3n entre la restituci\u00f3n que se aspira a incluir en la ley de v\u00edctimas y las medidas de restituci\u00f3n de otro de los proyectos bandera del gobierno: la ley de tierras.<\/p>\n
La cuesti\u00f3n es la siguiente: el proyecto de ley de v\u00edctimas, tal como ha sido defendido por el Partido Liberal desde la anterior legislatura, tiene un cap\u00edtulo espec\u00edfico de restituci\u00f3n de bienes a la poblaci\u00f3n v\u00edctima de despojo. Esta restituci\u00f3n no s\u00f3lo es una de las medidas de reparaci\u00f3n del proyecto sino que es la medida prioritaria para aquellas personas que han perdido su patrimonio o parte de \u00e9l con ocasi\u00f3n del conflicto.<\/p>\n
Los art\u00edculos sobre restituci\u00f3n han sido objeto de debate desde hace un tiempo. El principal reparo de quienes se oponen ha sido la imposibilidad f\u00edsica y fiscal para reconstruir los patrimonios afectados por el conflicto. Por ello, versiones m\u00e1s minimalistas se han negado a la restituci\u00f3n de todos los bienes, pero coinciden con los liberales en la necesidad de restituir los bienes inmuebles \u2013especialmente las tierras\u2013 de la poblaci\u00f3n desplazada.<\/p>\n
El gobierno actual ha sido claro en su voluntad de restituir las tierras despojadas. Por ello propuso una ley separada que enfrentara el asunto. Entonces, si la ley de tierras se tramita repetir\u00eda −o, en el peor de los casos, contradecir\u00eda\u2013 a la ley de v\u00edctimas.<\/p>\n
Sobre este punto hay un grupo, encabezado por el Partido Liberal, que considera que la restituci\u00f3n al ser parte del concepto de reparaci\u00f3n integral debe ir en la ley de v\u00edctimas. Por otro lado est\u00e1n aquellos que opinan que el tema de tierras debe ir en una ley aut\u00f3noma, con lo cual se evitar\u00eda que los otros debates del proyecto de v\u00edctimas pongan en peligro su aprobaci\u00f3n. Adem\u00e1s argumentan que el tr\u00e1mite de esta ley deber\u00eda iniciar por la Comisi\u00f3n Quinta Constitucional del legislativo que es experta en estos asuntos.<\/p>\n
Con un poco de voluntad pol\u00edtica estos problemas resultan siendo menores. Por un lado, con independencia de d\u00f3nde sea aprobado el mecanismo de restituci\u00f3n, si \u00e9ste es adecuadamente dise\u00f1ado para ser coherente con las dem\u00e1s medidas de reparaci\u00f3n, puede estar en un mismo instrumento legal o ir en uno aparte. Discutirlo en el mismo proyecto tiene ventajas y desventajas, pero ninguna de ellas parece herir de muerte al proyecto.<\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de la restituci\u00f3n<\/p>\n
Por ende, a la discusi\u00f3n procesal deber\u00eda enfrentarse una m\u00e1s de fondo relativa a qu\u00e9 tipo de restituci\u00f3n es la que prev\u00e9 el proyecto. En el pa\u00eds se ha hablado mucho sobre tierras, restituci\u00f3n, reforma agraria y modelo de desarrollo rural, pero no se han debatido a profundidad los alcances de cada uno de estos conceptos.<\/p>\n
A simple vista da la sensaci\u00f3n de que existe un amplio consenso acerca de qu\u00e9 es una \u201creforma agraria\u201d, pero en realidad el consenso se reduce a la restituci\u00f3n de las tierras despojadas. Incluso, en cuanto a qu\u00e9 tipo de restituci\u00f3n queremos o anhelamos hay profundos desacuerdos. El debate legislativo deber\u00eda encarar abiertamente interrogantes tales como:<\/p>\n
– En un contexto como el colombiano, \u00bfla restituci\u00f3n adecuada debe limitarse a la legalizaci\u00f3n de t\u00edtulos de propiedad, o acompa\u00f1arse de medidas complementarias que estimulen el retorno a un modelo de econom\u00eda campesina?<\/p>\n
– \u00bfVale la pena realizar un ejercicio masivo de restituci\u00f3n sin modificar la iniquidad estructural de la propiedad de la tierra en el pa\u00eds?<\/p>\n
– \u00bfEs posible restituir a los peque\u00f1os campesinos a sus parcelas con alg\u00fan \u00e9xito bajo las condiciones actuales de explotaci\u00f3n del campo?<\/p>\n
\u00bfQu\u00e9 se puede esperar?<\/p>\n
\u00bfQu\u00e9 se puede esperar de esta discusi\u00f3n? Lo primero que habr\u00eda que decir es que como sociedad debemos exigir al gobierno y al Congreso que esta vez le den al tema la prioridad y urgencia que merece.<\/p>\n
Una medida legislativa ser\u00eda una forma de reconocimiento simb\u00f3lico importante del Estado hacia la situaci\u00f3n de las v\u00edctimas. Por eso, hoy m\u00e1s que nunca es necesario que se apruebe una ley que las ampare:<\/p>\n
– En la actualidad no hay medidas coherentes y compresivas de reparaciones, pues el programa administrativo desarrollado por decreto es discriminatorio y deficiente;<\/p>\n
– El procedimiento penal de la Ley de Justicia y Paz no ha producido los resultados prometidos;<\/p>\n
– Muchas autoridades p\u00fablicas no tienen claras sus competencias, lo cual impide el acceso de las v\u00edctimas a sus derechos.<\/p>\n
Sin embargo, es igualmente necesario exigir a los partidos pol\u00edticos que se comprometan a evitar los errores que se presentaron en la discusi\u00f3n pasada. Especialmente que se comprometan con el pa\u00eds a discutir de manera honesta la ley, m\u00e1s all\u00e1 de c\u00e1lculos y protagonismos partidistas.<\/p>\n
El que mucho abarca poco aprieta<\/p>\n
En cuanto a las medidas que la ley deber\u00eda considerar, es decir, qu\u00e9 tan comprensivo y atiborrado de art\u00edculos deber\u00eda ser ese instrumento, es necesario revisar con mucho rigor los textos que se decantaron durante la pasada legislatura. Algunos de ellos eran demasiado extensos y repet\u00edan medidas que ya estaban recogidos en algunos otros. Al final, el hecho de que el proyecto fuera tan complejo hizo que su discusi\u00f3n se volviera casi imposible. Por ello es aconsejable descartar aquellas medidas que puedan ser tramitadas por decretos reglamentarios o que ya est\u00e9n reguladas en otras leyes, como por ejemplo la ley de orden p\u00fablico.<\/p>\n
Al mismo tiempo, debe evitarse que las medidas que deban considerarse en la ley sean demasiado d\u00e9biles o tan simb\u00f3licas que no representen un verdadero compromiso del Estado con las v\u00edctimas.<\/p>\n
El peligro m\u00e1s grande est\u00e1 en que cada una de las dos leyes termine siendo una versi\u00f3n limitada de la otra. Por ejemplo que la ley de v\u00edctimas se convierta en la simple legalizaci\u00f3n de un programa administrativo de reparaci\u00f3n masiva concentrado en indemnizaciones monetarias, y que la ley de tierras se limite a la restituci\u00f3n de t\u00edtulos jur\u00eddicos de unas tierras a las que no se puede retornar por miedo a la violencia o al hambre.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
The three major arguments against the victims law actually are nothing but excuses to refuse an act of justice. Will the new government do what its predecessor declined to do?<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-26766","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-razon-publica-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n