La econom\u00eda \u201cno es una ciencia entretenida\u201d, escribi\u00f3 Thomas Carlyle en 1849. Es \u201ctriste, desoladora, y bastante miserable y angustiante\u201d. \u201cEs la ciencia deprimente\u201d, remat\u00f3 el ensayista, d\u00e1ndole a la econom\u00eda el apelativo que lleva hasta hoy.<\/p>\n
Los balances sobre los 20 a\u00f1os de la Constituci\u00f3n de 1991 confirman el estereotipo. Mientras que periodistas y juristas han celebrado la ocasi\u00f3n con inventarios entusiastas, muchos economistas no ven raz\u00f3n para festejar: los indicadores de inequidad social no han mejorado desde 1991, la pobreza contin\u00faa y aument\u00f3 el empleo informal. Al tiempo que ciudadanos de a pie fundan una asociaci\u00f3n para defender la tutela y estudiantes universitarios organizan grupos de reflexi\u00f3n sobre el \u201cesp\u00edritu del 91\u201d, destacados economistas como Alberto Carrasquilla los descalifican como \u201cun replay del \u00e1nimo juvenil, refrescante y so\u00f1ador\u201d, que reproduce los vicios de una Constituci\u00f3n y una naci\u00f3n que se hacen ilusiones con \u201cpajaritos de oro\u201d, como los derechos sociales.<\/p>\n
Hacen bien los cr\u00edticos en poner una saludable nota de escepticismo en el cumplea\u00f1os. Pero la relaci\u00f3n de la tecnocracia econ\u00f3mica con la Constituci\u00f3n de 1991 y la Corte Constitucional nunca ha estado exenta de tensiones. Y el aniversario ha resucitado algunas de las viejas controversias.<\/p>\n
Cr\u00edticas de economistas<\/p>\n
A\u00fan los balances m\u00e1s ecu\u00e1nimes, como los de los exministros Guillermo Perry y Jorge Humberto Botero, han redoblado la cr\u00edtica a la Corte por los fallos que protegen derechos socioecon\u00f3micos, como las tutelas sobre el derecho a la salud. Para ellos, la Corte se \u201centromete en las funciones del Poder Legislativo\u201d y \u201cha causado graves traumatismos\u201d en el sistema de salud y las finanzas del Estado (Perry), olvidando que el bienestar econ\u00f3mico no se logra con una \u201coperaci\u00f3n m\u00e1gica\u201d de normas constitucionales aplicadas por jueces activistas (Botero). En fin: al pa\u00eds del realismo m\u00e1gico, la Constituci\u00f3n de 1991 habr\u00eda tra\u00eddo el legalismo m\u00e1gico.<\/p>\n
Algunos han ido m\u00e1s all\u00e1 y, echando por la borda el rigor emp\u00edrico, han responsabilizado la Constituci\u00f3n y a la Corte de nuestras desdichas econ\u00f3micas. \u00bfA qu\u00e9 se debe el crecimiento del empleo informal? A \u201cla barrera proteccionista que la jurisprudencia constitucional ha erguido a favor de los trabajadores y empleados del sector formal\u201d, responde Carrasquilla, omitiendo el hecho de que la Corte declar\u00f3 constitucional la Ley 789 de 2002, que redujo las horas extras y otros beneficios laborales, y que el gobierno Uribe \u2014del que Carrasquilla ser\u00eda luego ministro de Hacienda\u2014 defendi\u00f3 como remedio contra el empleo informal.<\/p>\n
\u00bfDe qui\u00e9n es la culpa de la crisis de la salud? De los jueces activistas que conceden tratamientos y medicamentos por v\u00eda de tutela, replican algunos analistas econ\u00f3micos. Pero los datos muestran algo distinto. En la mayor\u00eda de las 775.102 tutelas sobre salud interpuestas entre 1999 y 2009, los pacientes simplemente ped\u00edan que las EPS cumplieran con el deber de otorgar citas m\u00e9dicas, tratamientos o drogas que ya estaban incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, seg\u00fan los informes de la Defensor\u00eda del Pueblo. Los datos de 2010 confirman la tendencia: el 65,4% de las tutelas eran de este tipo. M\u00e1s que los activistas del legalismo m\u00e1gico, los jueces han sido los chepitos del sistema de salud. <\/p>\n
Un punto intermedio<\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de estas precisiones, ser\u00eda un error ignorar las advertencias de los economistas, o entenderlas como un enfrentamiento profesional contra los jueces. En realidad, las posiciones de unos y otros se han acercado a lo largo de los 20 a\u00f1os de la Carta, en un proceso de aprendizaje mutuo. Algunos fallos infortunados y costosos de la Corte a finales de los noventa \u2014como el que tumb\u00f3 el sistema UPAC en 1999, o los que ordenaron medicamentos o tratamientos caros que no estaban en el POS, sin que mediara un an\u00e1lisis detenido de equidad y sostenibilidad financiera\u2014 generaron cr\u00edticas justificadas. La Corte atendi\u00f3 las cr\u00edticas en sus decisiones posteriores, como las famosas sentencias sobre los desplazados (T-025 de 2004) y el sistema de salud (T-760 de 2008).<\/p>\n
En estos fallos la Corte, en lugar de ordenar directamente gastos, ha diagnosticado las fallas profundas de pol\u00edticas p\u00fablicas que explican la existencia de miles de tutelas y ha abierto procesos de colaboraci\u00f3n con el gobierno y la sociedad civil para solucionarlas. Como lo reconocen funcionarios p\u00fablicos en entrevistas, sin la presi\u00f3n de la Corte, las crisis del desplazamiento y de la salud probablemente habr\u00edan sido a\u00fan m\u00e1s profundas.<\/p>\n
Ante esto, muchos economistas cr\u00edticos han suavizado sus posiciones. Incluso los m\u00e1s esc\u00e9pticos han aceptado la evidencia del valor democr\u00e1tico de una Corte s\u00f3lida e independiente, como la que declar\u00f3 inconstitucional la reforma que permit\u00eda una segunda reelecci\u00f3n presidencial.<\/p>\n
El desenlace de la historia es una jurisprudencia econ\u00f3mica sofisticada, que hoy es referencia obligatoria en el constitucionalismo mundial. La muestra m\u00e1s reciente fue la audiencia de seguimiento de la sentencia de la Corte sobre el sistema de salud, celebrada la semana pasada. Al escuchar en audiencia p\u00fablica a los funcionarios del Gobierno, la Defensor\u00eda, la Procuradur\u00eda y las organizaciones de la sociedad civil, la Corte cre\u00f3 un espacio transparente de rendici\u00f3n de cuentas y de seguimiento que, sin reemplazar el rol central del Gobierno y el Congreso, mantiene la atenci\u00f3n centrada en las reformas urgentes al sistema de salud. As\u00ed lo reconoci\u00f3 tras el evento el propio ministro de Protecci\u00f3n, otrora cr\u00edtico de la misma sentencia. El resultado deber\u00eda ser un sistema en el que las tutelas se hagan innecesarias o excepcionales, lo que ser\u00e1 posible cuando exista un POS actualizado y las quejas sean atendidas adecuadamente por las entidades del propio sistema, como lo propone acertadamente la nueva ley sobre el tema (la 1438 de 2011).<\/p>\n
Como los seres humanos, las constituciones van madurando. A los 20 a\u00f1os, la nuestra parece haber superado dos fiebres juveniles: la de la cr\u00edtica econ\u00f3mica a ultranza de los derechos sociales, y la del activismo judicial indiferente a las restricciones fiscales. Prueba de ello es el texto matizado de la reforma constitucional que incorpor\u00f3 la sostenibilidad fiscal como criterio de interpretaci\u00f3n, pero dej\u00f3 en las manos de la Corte su aplicaci\u00f3n.<\/p>\n
Tras dos d\u00e9cadas, todo parece indicar que, despu\u00e9s de todo, existe un punto intermedio entre la ciencia deprimente y las cuentas alegres.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
A critical look at the impact the Magna Carta of 1991 has had on the Colombian economy.<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-27064","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","subcategory-institutional-strengthening","medium-el-espectador-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n