Si bien la ley de atenci\u00f3n y reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas supera debates que polarizaron la discusi\u00f3n en la \u00e9poca del gobierno Uribe, se advierten limitaciones en la b\u00fasqueda y reconocimiento de la verdad, y retos como el impacto fiscal y la inversi\u00f3n que el Estado deber\u00e1 hacer en reparaciones, entre otros temas.<\/p>\n
El 9 de junio del 2011, en la Casa de Nari\u00f1o, el rutinario acto de sanci\u00f3n de las leyes se vio transformado con la visita de una extensa comitiva que ten\u00eda como invitado de honor al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon. La ocasi\u00f3n hab\u00eda sido estrat\u00e9gicamente planeada para presentar con regocijo no solo al pa\u00eds, sino a la comunidad internacional, una de las iniciativas bandera de este Gobierno: la sanci\u00f3n de la ley de atenci\u00f3n y reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas del conflicto armado.<\/p>\n
Su aprobaci\u00f3n casi un\u00e1nime desconcert\u00f3 a buena parte de la opini\u00f3n p\u00fablica, pues al inicio del mandato pocos contaban con que el Presidente Santos, elegido gracias a una plataforma de continuidad a las pol\u00edticas del ex presidente \u00c1lvaro Uribe, hiciera de la sanci\u00f3n de la Ley de V\u00edctimas una de sus prioridades legislativas. Pero a pesar de la polarizaci\u00f3n vivida por un proyecto de ley similar que naufrag\u00f3 en el 2009, la actual ley no solo fue ratificada por una importante mayor\u00eda, sino que adem\u00e1s ha sido catalogada de hist\u00f3rica.<\/p>\n
Como suele suceder en este tipo de concertaciones pol\u00edticas, al texto final de la Ley de V\u00edctimas y Restituci\u00f3n de Tierras, (Ley 1448 de 2011), objeto de m\u00faltiples felicitaciones y reconocimientos nacionales e internacionales, no le faltan cr\u00edticas, tanto pol\u00edticas (provenientes de sectores de izquierda y de derecha) como t\u00e9cnico-institucionales.<\/p>\n
El contenido<\/p>\n
La Ley de V\u00edctimas y Restituci\u00f3n de Tierras busca de alguna manera reunir, en un mismo instrumento, diversas medidas y garant\u00edas para estas personas, pero no codifica todas las normas existentes al respecto. No obstante, se refiere a m\u00faltiples temas, lo cual la hace tanto comprensiva como ambiciosa. As\u00ed, cuenta con un cap\u00edtulo introductorio en donde se se\u00f1alan una serie de principios generales; un cap\u00edtulo sobre participaci\u00f3n de las v\u00edctimas en el proceso penal; una serie de medidas que buscan garantizar la seguridad y promover la protecci\u00f3n de las v\u00edctimas y los intervinientes en los procesos de reclamaci\u00f3n de tierras; una secci\u00f3n dedicada a la atenci\u00f3n de v\u00edctimas y otra a las medidas de asistencia; un cap\u00edtulo sobre reparaciones que incluye un novedoso proceso para activar la restituci\u00f3n de tierras despojadas; uno en donde se establece el arreglo institucional que operar\u00e1 el sistema de atenci\u00f3n y reparaci\u00f3n; un cap\u00edtulo con normas especiales para ni\u00f1as y ni\u00f1os desmovilizados, y un cap\u00edtulo final en el que se tratan normas adicionales sobre participaci\u00f3n y otras.<\/p>\n
A nuestro juicio, si bien la ley supera algunos de los debates que polarizaron la discusi\u00f3n en la \u00e9poca del gobierno Uribe, a\u00fan cuenta con puntos problem\u00e1ticos. Es decir, en el texto se advierten bondades, pero tambi\u00e9n limitaciones y riesgos en el articulado.<\/p>\n
Los aciertos<\/p>\n
De la ley se destaca, en primer lugar, el propio proceso de concertaci\u00f3n y el reconocimiento simb\u00f3lico que esta representa. Dicha apertura permiti\u00f3, a su vez, corregir una de las contrariedades fundamentales del anterior proyecto, que era la discriminaci\u00f3n a las v\u00edctimas de agentes de Estado. El texto aprobado se basa en el reconocimiento de la victimizaci\u00f3n a partir del hecho y no del agente, tal como err\u00f3neamente era defendido por el gobierno anterior. Gracias a ello, el texto de la ley tambi\u00e9n reconoce expresamente el concepto de conflicto armado, tema muy disputado en el pa\u00eds.<\/p>\n
En segundo lugar, la ley incorpora en general de manera apropiada, a nivel de los principios, los est\u00e1ndares internacionales sobre derechos de las v\u00edctimas. Tales principios son importantes no solo como reconocimiento social y pol\u00edtico del Estado a las personas afectadas, sino adem\u00e1s porque la gran mayor\u00eda de mecanismos de reparaci\u00f3n ser\u00e1n reglamentados por el Ejecutivo, lo que hace necesario establecer principios claros que orienten la funci\u00f3n reglamentaria.<\/p>\n
En tercer lugar, la ley demuestra una intenci\u00f3n de ajustar mecanismos que est\u00e1n operando deficientemente, como la reparaci\u00f3n administrativa (aunque su reglamentaci\u00f3n fue totalmente delegada al Ejecutivo, por lo cual es temprano para evaluar si habr\u00e1 cambios importantes). Igualmente, el proyecto planea una propuesta de dise\u00f1o institucional que coordine la atenci\u00f3n integral a v\u00edctimas, con el fin de reducir los tr\u00e1mites y las rutas de acceso a derechos.<\/p>\n
En cuarto lugar, la sistematizaci\u00f3n de los derechos de las v\u00edctimas en el proceso penal es en t\u00e9rminos generales apropiada, aunque a nivel t\u00e9cnico pueda discutirse la conveniencia de que esas medidas est\u00e9n en la Ley de V\u00edctimas y no en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal. Algunas de estas, adem\u00e1s, buscan reducir discriminaciones de g\u00e9nero detectadas en el acceso a los procesos ordinarios y de Justicia y Paz.<\/p>\n
Finalmente, hace una apuesta importante por establecer medidas en todos y cada uno de los componentes de la reparaci\u00f3n (restituci\u00f3n, compensaci\u00f3n, satisfacci\u00f3n, rehabilitaci\u00f3n y garant\u00edas de no repetici\u00f3n), en donde se destaca el cap\u00edtulo de restituci\u00f3n de tierras. Crea un sistema mixto judicial\/administrativo para que las personas que han sido despojadas de sus tierras, como producto del desplazamiento forzado ocasionado por el conflicto, puedan reclamarlas de manera expedita y con algunas ventajas derivadas de la flexibilizaci\u00f3n de cargas probatorias y la creaci\u00f3n de presunciones de despojo.<\/p>\n
Las limitaciones<\/p>\n
Aunque la ley abandona la problem\u00e1tica idea de que el Estado otorga las reparaciones con base en el principio de solidaridad, no queda claro cu\u00e1l es su fundamento. As\u00ed, con la falta de menci\u00f3n expresa a la responsabilidad del Estado, puede perder gran parte de su fortaleza como medida simb\u00f3lica de reconocimiento, que es en \u00faltimas lo que muchas v\u00edctimas han solicitado.<\/p>\n
Asimismo, no se determina c\u00f3mo reparar sin esclarecimiento hist\u00f3rico. En ese sentido, la b\u00fasqueda y el reconocimiento de la verdad quedan sin cubrir, lo cual afecta no solo la posibilidad de satisfacer el derecho de las v\u00edctimas y de la sociedad en general a saber con certeza lo ocurrido, sino que adem\u00e1s impide hacer ejercicios no disputados de reparaci\u00f3n y reconocimiento. Adicionalmente, sin una pol\u00edtica efectiva de judicializaci\u00f3n de los m\u00e1s graves hechos y atrocidades cometidas en el conflicto, las medidas de reparaci\u00f3n quedan vac\u00edas en su contenido. Sin embargo, nada hace prever que existe una intenci\u00f3n gubernamental deliberada por articular estas necesidades.<\/p>\n
De otro lado, la definici\u00f3n de v\u00edctima sigue generando pol\u00e9micas, al menos por tres razones: 1) la exclusi\u00f3n de aquellos denominados de \u201cmanos sucias\u201d, que se\u00f1ala que no ser\u00e1n v\u00edctimas las personas que hayan pertenecido a grupos armados al margen de la ley, lo cual es problem\u00e1tico, pues si un paramilitar o un guerrillero es torturado, no deja de ser v\u00edctima a pesar de ser tambi\u00e9n culpable; 2) no queda claro si est\u00e1n incluidas en los beneficios las personas victimizadas por los grupos armados que se activaron despu\u00e9s de la desmovilizaci\u00f3n de los paramilitares (las llamadas Bracrim), y 3) la ley estipula que se podr\u00e1n obtener reparaciones administrativas materiales por hechos posteriores a 1985, y algunos cr\u00edticos consideran que debi\u00f3 establecerse una fecha anterior.<\/p>\n
Por \u00faltimo, un tema bien complejo: la articulaci\u00f3n entre pol\u00edtica social y de v\u00edctimas. Uno de los principales objetivos de los ponentes del proyecto era evitar una confusi\u00f3n que suele darse en Colombia entre los deberes estatales de reparaci\u00f3n integral, atenci\u00f3n humanitaria y pol\u00edtica social.<\/p>\n
En parte, dicha confusi\u00f3n se presenta debido a que la materializaci\u00f3n de estos deberes a veces coincide en la pr\u00e1ctica. No obstante, la reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas de cr\u00edmenes atroces, la prestaci\u00f3n de servicios sociales a todos los ciudadanos y la atenci\u00f3n humanitaria a personas afectadas por desastres son deberes aut\u00f3nomos en cabeza del Estado, que tienen un origen y una raz\u00f3n de ser diferentes. Al final, aunque te\u00f3ricamente la ley distingue entre asistencia humanitaria, pol\u00edtica social y reparaciones, muchas medidas concretas tienden a confundir los tres aspectos, en especial cuando se trata de personas desplazadas, pues declara como reparaci\u00f3n medidas de pol\u00edtica social, como es el caso del subsidio de vivienda.<\/p>\n
Los grandes retos<\/p>\n
Con todas sus ventajas y limitaciones, la ley tiene riesgos y desaf\u00edos adicionales que solo podr\u00e1n ser superados a partir de una reglamentaci\u00f3n adecuada, y de clara voluntad pol\u00edtica a la hora de ser implementada. Al menos cinco retos pueden distinguirse como prioridades para el Gobierno.<\/p>\n
Primero, reglamentar los m\u00e1s de 15 programas y medidas que la ley deleg\u00f3 al Gobierno, entre los cuales se encuentran la reparaci\u00f3n administrativa, la reparaci\u00f3n para pueblos ind\u00edgenas y comunidades negras, las reparaciones colectivas, entre otras. Segundo, garantizar seguridad para las v\u00edctimas que van a acceder a los mecanismos, especialmente para los reclamantes de tierras.<\/p>\n
Tercero, asegurar una adecuada participaci\u00f3n de las v\u00edctimas y sus organizaciones tanto en el dise\u00f1o como en la ejecuci\u00f3n de las medidas. Cuarto, proporcionar la estructura institucional necesaria para implementar la ley de manera tal que sea pronta, eficaz, respetuosa y sensible con las v\u00edctimas.<\/p>\n
Finalmente, el tema del impacto fiscal y la inversi\u00f3n del Estado en materia de reparaciones sigue siendo el fantasma que ronda la ejecuci\u00f3n de la ley; el Estado y la sociedad deben hacer los esfuerzos necesarios para que las disposiciones establecidas en esta se hagan realidad. El efecto simb\u00f3lico de su aprobaci\u00f3n y el compromiso del Gobierno se tornar\u00e1n negativos si no se traducen en medidas concretas y espec\u00edficas que vayan m\u00e1s all\u00e1 de la entrega disfrazada de unos beneficios sociales o unos reconocimientos vac\u00edos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
While the law for care and reparation for victims overcomes debates that polarized the discussion at the time of the Uribe government, limitations in the search and recognition of the truth, and challenges as the fiscal impact and the investment the state will have to undergo in reparations, among other topics, are noted.<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-27100","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-universidad-nacional-de-colombia-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n