Hace poco m\u00e1s de veinte a\u00f1os, la Asamblea Constituyente hizo una apuesta t\u00edmida pero significativa a favor de la democratizaci\u00f3n de la tierra, al establecer como deber del Estado la promoci\u00f3n del acceso de los campesinos a la propiedad rural. Sin embargo, la apuesta solo ha dejado hasta ahora una enorme deuda: al d\u00eda de hoy, Colombia tiene uno de los \u00edndices m\u00e1s altos de concentraci\u00f3n de la propiedad rural en el mundo. Los modestos intentos de democratizaci\u00f3n de la tierra han resultado arrinconados por la contrarreforma del despojo.<\/p>\n
Ante este triste panorama, el gobierno de Santos ha dado un paso adelante con el impulso de la restituci\u00f3n de tierras. Pero al mismo tiempo, ha dado un paso atr\u00e1s con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) aprobado a finales del a\u00f1o pasado por el Congreso. Si bien la restituci\u00f3n entra\u00f1a la promesa de revertir la contrarreforma agraria generada por el despojo de las dos \u00faltimas d\u00e9cadas, algunas de las medidas de la Ley del PND implican un retroceso en relaci\u00f3n con la garant\u00eda del derecho de los trabajadores agrarios de acceder a la propiedad rural. De este modo, se corre el riesgo de que el \u00edndice de concentraci\u00f3n de la tierra contin\u00fae en su deplorable nivel.<\/p>\n
La historia es como sigue. En 1994 el Congreso aprob\u00f3 la Ley 160 que regula la adjudicaci\u00f3n de bald\u00edos y la entrega de subsidios a campesinos sin tierra. Bajo la bandera de la democratizaci\u00f3n de la tierra, esta Ley conten\u00eda varias restricciones a la venta de las tierras bald\u00edas que se adjudicaban y de las que adquir\u00edan gracias a los subsidios, para evitar que estas terminaran en manos de personas que no las necesitaban o que contribuyeran a consolidar extensiones de tierra superiores a una Unidad Agr\u00edcola Familiar (UAF). En otras palabras, con estas medidas se garantizaba \u2013por lo menos en el papel- que esta tierra solo circulara entre campesinos sin tierra y peque\u00f1os propietarios.<\/p>\n
El gobierno de Santos \u2013que en esto hizo eco de su antecesor\u2014 vio en estas restricciones un obst\u00e1culo para el avance de su locomotora agraria, al considerar que imped\u00edan el desarrollo de proyectos agroindustriales a gran escala y espantaban la inversi\u00f3n privada. Con una pobre discusi\u00f3n en el Congreso \u2013en el que a duras penas destacaron las voces de oposici\u00f3n del senador Jorge Robledo y del representante Wilson Arias\u2013, finalmente se fijaron excepciones a las restricciones mencionadas. De acuerdo con la Ley del PND, las tierras adjudicadas como bald\u00edos a los campesinos podr\u00e1n ser adquiridas por inversionistas para el desarrollo de \u201cproyectos especiales agropecuarios o forestales\u201d, aun cuando con ello se consoliden propiedades superiores a una UAF. A su vez, las tierras adquiridas mediante subsidios estatales podr\u00e1n ser vendidas en cualquier momento a personas que ya tienen tierras, que no se encuentran en situaci\u00f3n de pobreza y marginalidad y que no derivan de la actividad agropecuaria la mayor parte de sus ingresos.<\/p>\n
De este modo, se ha abierto la puerta para que las tierras originalmente destinadas a democratizar la propiedad, terminen contribuyendo a su concentraci\u00f3n. Un modelo de esta naturaleza implica un retroceso en la garant\u00eda del derecho de los trabajadores agrarios de acceder progresivamente a la propiedad, pues favorece que los campesinos propietarios retornen a la posici\u00f3n m\u00e1s precaria de trabajadores sin tierra al servicio de grandes proyectos agroindustriales, y reduce las posibilidades para que aquellos que no son propietarios lleguen a serlo, pues pasar\u00e1n a ser simplemente competidores en un mercado de tierras al lado de inversionistas con la capacidad de desarrollar proyectos agropecuarios o forestales a gran escala.<\/p>\n
El acceso a la propiedad rural no es una simple promesa constitucional, sino un derecho social de los trabajadores agrarios. Y como derecho social que es, la obligaci\u00f3n del Estado es asegurar que cada vez m\u00e1s campesinos sean propietarios de la tierra. Por esta raz\u00f3n, dar marcha atr\u00e1s en lo poco que se ha hecho no implica la postergaci\u00f3n de una promesa, sino el incumplimiento de un deber estatal. Pero adem\u00e1s, implica una renuncia a la apuesta por la democratizaci\u00f3n de la tierra. Si se da un paso adelante con la restituci\u00f3n de tierras, y un paso atr\u00e1s con la pol\u00edtica agraria, como mucho se lograr\u00e1 llegar al deshonroso lugar en el que ya est\u00e1bamos antes de la contrarreforma del despojo.<\/p>\n
Nota: En la actualidad se encuentra en la Corte Constitucional una demanda en contra de los art\u00edculos del PND que establecieron excepciones a las restricciones mencionadas. La intervenci\u00f3n del Centro de Estudios Dejusticia que respalda la demanda puede consultarse aqu\u00ed.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
With the National Development Plan has opened the door to go back on what little the country has made in democratization of land ownership.<\/p>\n","protected":false},"author":31,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-27432","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-semana-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n