{"id":27490,"date":"2012-05-06T00:00:00","date_gmt":"2012-05-06T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dejusticia.org\/the-political-reform-of-the-justice-reform\/"},"modified":"2012-05-06T00:00:00","modified_gmt":"2012-05-06T05:00:00","slug":"the-political-reform-of-the-justice-reform","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/develop.dejusticia.org\/en\/the-political-reform-of-the-justice-reform\/","title":{"rendered":"The political reform of the justice reform"},"content":{"rendered":"<p>Una reforma para los congresistas<\/p>\n<p>Desde hace mucho tiempo hace falta una reforma que resuelva los graves problemas estructurales de la justicia en Colombia, como la congesti\u00f3n, la impunidad, la falta de acceso de la ciudadan\u00eda o el clientelismo.<\/p>\n<p>Desafortunadamente el proyecto que hasta el momento ha sido aprobado en el Congreso no parece ser esa ansiada reforma. El panorama mejora algo con el acuerdo del jueves pasado entre el gobierno y las altas cortes, pero no lo suficiente como para garantizar que tendremos la reforma que necesitamos.<\/p>\n<p>Aunque sus soluciones no eran las m\u00e1s convenientes, la propuesta inicial del gobierno mostraba inter\u00e9s por resolver estos problemas estructurales. Sin embargo, ese inter\u00e9s se ha ido desdibujando y \u2013tal vez por la falta de consenso entre el gobierno y la rama judicial\u2013 los problemas estructurales de la justicia han ido perdiendo protagonismo de tal manera que los congresistas han logrado que la discusi\u00f3n se concentre sobre los temas que los afectan directamente a ellos.<\/p>\n<p>En relaci\u00f3n con estas normas que afectan a los congresistas en sus procesos judiciales y disciplinarios, y que son una especie de reforma pol\u00edtica disfrazada, el proyecto contempla tanto soluciones a reclamos justificados como una serie de propuestas desafortunadas o inconvenientes. A continuaci\u00f3n desarrollamos estos dos puntos.<\/p>\n<p>Reclamos justificados de los congresistas<\/p>\n<p>1. P\u00e9rdida de la investidura<br \/>\nEl proyecto propone modificar tres aspectos de los procesos de p\u00e9rdida de investidura contra congresistas:<\/p>\n<p>a) Incorpora la doble instancia, lo cual se ajusta a principios constitucionales y a est\u00e1ndares internacionales. Los congresistas, como todos los ciudadanos, tienen derecho a que, en caso de no estar de acuerdo con una decisi\u00f3n, un juez de mayor jerarqu\u00eda revise la sentencia y, si es el caso, la modifique.<br \/>\nb) Elimina la responsabilidad objetiva (aquella donde s\u00f3lo se tienen en cuenta los hechos y se ignora si la persona tuvo la intenci\u00f3n o no de realizarlos) lo cual tambi\u00e9n es una medida razonable pues se ajusta a est\u00e1ndares constitucionales.<br \/>\n    Esto significa que se trasladan nuevas obligaciones al denunciante \u2013como probar que el congresista cometi\u00f3 la conducta con intenci\u00f3n\u2013 y por lo tanto se hace m\u00e1s dif\u00edcil que los congresistas pierdan efectivamente la investidura. Pero podr\u00eda optarse por una salida intermedia: partir de la presunci\u00f3n de que el congresista actu\u00f3 con intenci\u00f3n y que le corresponda a \u00e9l probar que no fue as\u00ed. Esto ofrecer\u00eda garant\u00edas a los congresistas, sin propiciar la impunidad.<br \/>\nc) Incluye la suspensi\u00f3n de la investidura, no solo la p\u00e9rdida, como otra posibilidad de sanci\u00f3n a los congresistas. Este cambio tambi\u00e9n parece aceptable debido a que incorpora el principio de proporcionalidad, lo cual es necesario para diferenciar conductas muy graves (por ejemplo, paramilitarismo) de otras que no lo son tanto (por ejemplo, violaci\u00f3n al r\u00e9gimen de incompatibilidades, como narrar un partido de f\u00fatbol en una emisora siendo congresista [1]).<br \/>\n    No obstante, ser\u00eda prudente introducir ya algunos ajustes, como por ejemplo indicar que la p\u00e9rdida y la suspensi\u00f3n de la investidura deben regularse mediante una ley estatutaria, o especificar de una vez cu\u00e1les ser\u00edan las causales de p\u00e9rdida de investidura.<\/p>\n<p>2. El juzgamiento de congresistas<br \/>\nDe otra parte, el proyecto propone modificar la manera como se juzga penal y disciplinariamente a los congresistas, para lo cual introduce tres medidas:<\/p>\n<p>a) Quitarle al Procurador la competencia del control disciplinario sobre los congresistas (y sobre otros altos funcionarios del Estado) y transferirla a la Corte Suprema de Justicia. En la medida en que esta propuesta limita un poder disciplinario cuyos excesos son cada vez m\u00e1s visibles, no parece descabellada;<br \/>\nb)Separar las etapas de investigaci\u00f3n y de acusaci\u00f3n del juicio propiamente dicho (quien investiga y acusa no es el mismo que juzga). Esto brinda mayores garant\u00edas a los congresistas, pues quien decide no est\u00e1 \u201ccontaminado\u201d por el impulso acusador, y<br \/>\nc)Crear dos instancias de juzgamiento en la Corte Suprema de Justicia, como en el caso de la p\u00e9rdida de investidura.<\/p>\n<p>Tres reformas nocivas<\/p>\n<p>Nada de lo anterior ser\u00eda grave si el proyecto se quedara all\u00ed y si no incluyera tres propuestas francamente perjudiciales para la justicia:<\/p>\n<p>1. La Sala de Investigaci\u00f3n<br \/>\nPara investigar y acusar a los congresistas, se crea una sala especial en la Corte Suprema de Justicia, compuesta de cinco miembros elegidos por la Corte Constitucional de listas enviadas por el presidente de la Rep\u00fablica.<\/p>\n<p>Este dise\u00f1o abre la puerta a una eventual captura pol\u00edtica de la Justicia (y de esta Sala en particular) debido a que sus miembros son propuestos por el Presidente quien, naturalmente, se apoyar\u00e1 para ello en sus mayor\u00edas en el Congreso.<\/p>\n<p>As\u00ed, las mayor\u00edas pol\u00edticas terminar\u00edan escogiendo a sus propios acusadores. Al ser la Sala un \u00f3rgano colegiado, podr\u00edan surgir trabas o incoherencias en los procesos de investigaci\u00f3n y acusaci\u00f3n. Como si todo esto fuera poco, se crear\u00eda una institucionalidad excesiva y costosa, que no se compadece con el n\u00famero de aforados que podr\u00eda llegar a investigar.<\/p>\n<p>Por eso es conveniente explorar otras alternativas. Por ejemplo, que en lugar de una sala de investigaci\u00f3n exista un fiscal elegido por la misma Corte Suprema, pero que una vez elegido sea aut\u00f3nomo y tenga un periodo fijo. Esta figura, que es similar a la del Special Prosecutor en Estados Unidos y a la del Fiscal de la Corte Penal Internacional, tiene la ventaja de que podr\u00eda coordinar las estrategias y ser m\u00e1s eficiente en la acusaci\u00f3n. Aunque al ser un solo fiscal se reduce la garant\u00eda de pluralismo pol\u00edtico en la investigaci\u00f3n, esto se podr\u00eda corregir con el mecanismo de selecci\u00f3n.<\/p>\n<p>Pero adem\u00e1s, la f\u00f3rmula propuesta en la reforma produce un choque entre las altas cortes: si los magistrados del Consejo de Estado pasan a ser investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia, como se propone, entonces los magistrados de ambas cortes dejar\u00edan de ser pares (iguales), lo cual dar\u00eda pie a conflictos inevitables entre ambas cortes.<\/p>\n<p>2. La detenci\u00f3n preventiva<br \/>\nDice el proyecto que un congresista s\u00f3lo podr\u00e1 ser detenidos preventivamente (es decir, antes de que exista una condena en su contra) una vez se haya expedido la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n o haya sido capturado en flagrancia.<\/p>\n<p>Esto significa que, a diferencia de lo que aplica a los dem\u00e1s mortales, durante toda la etapa de investigaci\u00f3n los congresistas no podr\u00edan ser detenidos aunque existan razones de peso para hacerlo.<\/p>\n<p>No hay raz\u00f3n para pensar en que el fuero de los congresistas implica que no se les pueda detener cuando haya m\u00e9ritos. La investigaci\u00f3n es una etapa fundamental y los congresistas, con sus influencias, podr\u00edan obstruirla. Adem\u00e1s, que tengan fuero no significa que no representen un riesgo serio para la sociedad o que no terminen compareciendo ante la justicia.<\/p>\n<p>Otro inconveniente de la propuesta radica en que no aborda los aspectos relacionados con el control de garant\u00edas de los congresistas y dem\u00e1s aforados.<\/p>\n<p>3. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura<br \/>\nEl jueves pasado el gobierno y las altas cortes llegaron a un acuerdo para suprimir esta Sala, que ha sido el principal basti\u00f3n del mundo pol\u00edtico en la administraci\u00f3n de justicia, tal como mostramos en una entrada reciente en La Silla Vac\u00eda.<\/p>\n<p>La f\u00f3rmula para elegir a los miembros de esta Sala ha servido para que el poder pol\u00edtico capture a la justicia: el Presidente propone unos candidatos, pero el Congreso elige a los magistrados.<\/p>\n<p>A pesar de que los problemas de la Sala Disciplinaria son bien conocidos, la \u00faltima versi\u00f3n de la reforma aprobada en el Congreso no s\u00f3lo no la elimina, sino que la fortalece: le da dos asientos en la nueva Sala de Gobierno (hoy no tiene presencia en la Sala Administrativa), constitucionaliza algunas competencias que antes eran legales o reglamentarias, y ampl\u00eda las competencias para los nuevos actores que administrar\u00edan justicia.<\/p>\n<p>Hay que esperar la reacci\u00f3n del Congreso tras este acuerdo entre el Gobierno y las Cortes. Si se cumple lo acordado y se reemplaza la Sala por un Consejo Disciplinario, no bastar\u00eda con cambiar el nombre de la instituci\u00f3n para resolver el problema, sino que habr\u00eda de cambiarse la forma como se elige a sus miembros. Sin embargo, seg\u00fan lo que el Presidente del Consejo de Estado ha anticipado sobre el dise\u00f1o de este nuevo \u00f3rgano, los magistrados ser\u00edan elegidos por el Congreso de ternas elaboradas por las cortes. Esto, si bien es menos grave que lo que existe actualmente (el presidente terna y el congreso elige) tambi\u00e9n abre una posible compuerta para la politizaci\u00f3n. Ya veremos si los congresistas se dejan arrebatar ese enclave judicial.<\/p>\n<p>Micos a la vista<\/p>\n<p>Dos aspectos adicionales plantean serios interrogantes:<\/p>\n<p>-Al modificar la norma referente al juzgamiento de magistrados y otros altos funcionarios, se elimina tambi\u00e9n la siguiente salvedad: que el fuero del Presidente, del Vicepresidente y de los magistrados de la Corte Constitucional s\u00f3lo aplica para los hechos u omisiones ocurridos en el ejercicio de sus cargos. Esta eliminaci\u00f3n implicar\u00eda, por ejemplo, que el fuero se extiende a los hechos ocurridos con posterioridad al ejercicio del cargo de Presidente. \u00bfError de t\u00e9cnica jur\u00eddica o autentico mico?<\/p>\n<p>-Al modificar el r\u00e9gimen de p\u00e9rdida de investidura, la reforma plantea que cuando un congresista no tome posesi\u00f3n del cargo dentro de los ocho d\u00edas siguientes a la instalaci\u00f3n del Congreso, en lugar de perder la investidura, el cargo se declarar\u00eda vacante y pasa a ocuparlo el siguiente en la lista de ese partido. \u00bfOtro error de t\u00e9cnica u otro mico que permitir\u00eda una especie de \u201ccarrusel de congresistas\u201d?<\/p>\n<p>Sabiendo en d\u00f3nde se originan estas dudas, los ciudadanos del com\u00fan tenemos razones de sobra para pensar lo peor. Pero seamos optimistas y esperemos que la reuni\u00f3n del jueves pasado en Palacio, que culmin\u00f3 con el ambicioso comunicado del ministro, sirva para disciplinar a los congresistas y para enfocar el debate de la reforma en los aspectos m\u00e1s urgentes y cr\u00edticos.<\/p>\n<p>Nota: Debido a que todav\u00eda no se conoce el articulado que result\u00f3 del acuerdo del pasado jueves, este art\u00edculo est\u00e1 basado en la versi\u00f3n del proyecto que fue aprobada en quinto debate y en notas de prensa que se refieren al contenido del acuerdo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Instead of addressing the underlying problems in the justice reform has focused on the legal problems of the Congress. Some of these changes are legitimate, but others are doubtful, or are just monkeys. 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