Durante el tr\u00e1mite de la Reforma a la Justicia insistimos que el proyecto ten\u00eda algunos aspectos positivos. Pero, aparte de un par de cosas puntuales, es muy dif\u00edcil apoyar lo que qued\u00f3 tras la conciliaci\u00f3n. La Comisi\u00f3n de Conciliaci\u00f3n de la Reforma a la Justicia fue muy desafortunada, pues entre lo aprobado de la C\u00e1mara y el Senado casi sistem\u00e1ticamente escogi\u00f3 la peor versi\u00f3n posible; se tir\u00f3 algunas cosas que todav\u00eda eran positivas y meti\u00f3 unos micos vergonzosos. Est\u00e1bamos terminando una entrada en la que describir\u00edamos cada uno de estos aspectos, cuando oimos la alocuci\u00f3n presidencial que nos dej\u00f3 fr\u00edos. \u00a1Santos dice que \u201cdevolver\u00e1\u201d la Reforma, con \u201cobjeciones de inconstitucionalidad e inconveniencia\u201d!<\/p>\n
Todo esto suena bien; pero el problema es que, constitucionalmente, devolver la reforma al Congreso es dif\u00edcil. El acto legislativo ya se aprob\u00f3 el mi\u00e9rcoles, sin necesidad de una sanci\u00f3n presidencial. La Constituci\u00f3n reserva las facultades de sanci\u00f3n y objeci\u00f3n del Presidente para \u201cproyectos de ley\u201d y no para \u201cproyectos de Acto Legislativo\u201d. Por su parte, los art\u00edculos que regulan el tr\u00e1mite de Actos Legislativos no contemplan la posibilidad de que el Presidente los sancione u objete.<\/p>\n
Esto tiene suficiente respaldo jurisprudencial. Por ejemplo, la Sentencia C-222\/97, al referirse a las facultades de sanci\u00f3n y objeci\u00f3n de proyectos de ley con las que cuenta el Presidente, dice: \u201cNinguna de estas posibilidades se da en el caso de los proyectos de Acto Legislativo, pues adem\u00e1s de la expresa referencia de las indicadas normas a los proyectos de ley, el art\u00edculo 375, espec\u00edfico de las reformas constitucionales, no supedita su entrada en vigencia a la sanci\u00f3n del Ejecutivo, ni autoriza a \u00e9ste para objetarlas\u201d.<\/p>\n
Esta idea ha sido sostenida sistem\u00e1ticamente por la Corte Constitucional en otras sentencias (ver por ejemplo la sentencias C-543\/98, C-208\/05, C-178\/07).<\/p>\n
Por esto, cuando el Congreso reciba una comunicaci\u00f3n del Presidente diciendo que devuelve el Acto Legislativo, \u00bfqu\u00e9 puede hacer? \u00bfC\u00f3mo puede deshacer las normas que ya aprob\u00f3?<\/p>\n
Una tesis es que Santos puede devolver la reforma porque la norma todav\u00eda no est\u00e1 vigente. Esta tesis, sugerida en un art\u00edculo de El Tiempo, parte de que para entrar en vigencia la reforma tiene que haberse promulgado -enti\u00e9ndase publicado en el Diario Oficial-. Y como esto no se ha hecho, el Congreso todav\u00eda tendr\u00eda competencia para ajustarla. Sin embargo, esta tesis tambi\u00e9n puede tener problemas. Una cosa es la vigencia de la ley, que se refiere a la producci\u00f3n de efectos jur\u00eddicos, y otra es su validez, que se refiere a la existencia de la norma en el mundo jur\u00eddico (ver por ejemplo la sentencia C-932 de 2006).<\/p>\n
Esta diferencia se explica por el principio de publicidad: para que una norma nos afecte, no solamente tiene que haber sido aprobada, sino que tiene que haber sido dada a conocer formalmente. Pero que no se haya dado a conocer, como en este caso, no significa que la norma no sea v\u00e1lida. La reforma a la justicia ha sido v\u00e1lida desde el momento en el que se aprob\u00f3 en el Congreso -es decir, ya es una norma constitucional-, aunque todav\u00eda no est\u00e9 produciendo efectos jur\u00eddicos, por no haberse publicado.<\/p>\n
Esta distinci\u00f3n abogadil es importante, porque sugiere que el campo de acci\u00f3n del Congreso es poco amplio. Al Santos devolver la reforma, el Congreso no podr\u00eda modificarla, porque ya fue aprobada y ya es una norma v\u00e1lida. El Presidente del Congreso estar\u00eda facultado para publicar la norma, pero nuevamente surgen las preguntas: \u00bfCu\u00e1nto podr\u00eda durar Corzo sin publicar una norma aprobada y v\u00e1lida? \u00bfPuede desafiar la voluntad de todo el organismo que la vot\u00f3 favorablemente?<\/p>\n
El r\u00e9gimen pol\u00edtico y municipal dice que, a no ser que haya inconvenientes insuperables, una norma aprobada debe publicarse en diez d\u00edas. Estrictamente hablando, este r\u00e9gimen se refiere a normas legales; pero muestra que es dif\u00edcil sostener que una norma aprobada pueda meterse en un caj\u00f3n porque s\u00fabitamente no le gust\u00f3 al Presidente.<\/p>\n
Seguro que Santos y su equipo jur\u00eddico saben todo esto. Si no fuera as\u00ed, no habr\u00eda sido tan enf\u00e1tico en asumir la responsabilidad por lo que va a hacer. Por eso quedamos a la expectativa de los argumentos que desarrollen en estos d\u00edas.<\/p>\n
Pero m\u00e1s all\u00e1 de si el Presidente logra ser convincente en atajar la Reforma ahora, s\u00ed es claro que se le hizo tarde. Si consideraba que algunos aspectos de la reforma eran inadecuados, ha debido decirlo durante el tr\u00e1mite del Acto Legislativo \u2013no todo lo malo que se\u00f1al\u00f3 Santos en su discurso fue obra de los conciliadores; su Unidad Nacional colabor\u00f3 activamente y, en \u00faltimas, fue la que aprob\u00f3 el informe de conciliaci\u00f3n-. <\/p>\n
Y si cree que hay vicios de tr\u00e1mite protuberantes, pues tal vez tendr\u00e1 que demandar el Acto Legislativo ante la Corte Constitucional.<\/p>\n
Unas actualizaciones 5:35 pm. Hoy el tema se ha movido r\u00e1pido y han surgido varios argumentos interesantes que animan la discusi\u00f3n. Dado que este tema es nuevo en la vida constitucional del pa\u00eds, todo est\u00e1 por verse. Pero lo siguiente da ideas de los caminos que pueden tomar el Presidente y el Congreso. Aqu\u00ed discutimos algunos argumentos a favor y en contra de la posici\u00f3n asumida por Santos.<\/p>\n
1. Un primer argumento que discutimos es el del vac\u00edo constitucional. En tanto el tr\u00e1mite del acto legislativo est\u00e1 regulado de manera muy general por la Constituci\u00f3n, los vac\u00edos los llena la regulaci\u00f3n acerca de los proyectos de ley. Ac\u00e1 la pregunta ser\u00eda si existe o no un vac\u00edo. Y la jurisprudencia hasta ahora no parece entenderlo as\u00ed, pues considera que el tr\u00e1mite del acto legislativo culmina en el Congreso y que no se necesita la voluntad del Presidente para la aprobaci\u00f3n de la norma.<\/p>\n
As\u00ed lo ha dicho la Corte Constitucional, por ejemplo, en dos de las sentencias que citamos anteriormente (Sentencias C-178\/07 y C-543\/98). Estas decisiones son importantes, pues los argumentos acerca de la competencia del Presidente en los actos legislativos son centrales para la decisi\u00f3n que toma la Corte. En el caso C-543\/98, la Corte declar\u00f3 constitucional un Acto Legislativo, a pesar de que no hab\u00eda sido sancionado por el Presidente, porque \u201clos Actos Legislativos mediante los cuales el Congreso reforma la Constituci\u00f3n no requieren de sanci\u00f3n presidencial, porque las decisiones de la voluntad constituyente no pueden, por su misma naturaleza, quedar subordinadas a la aquiescencia de ning\u00fan poder constitu\u00eddo, salvo la competencia estricta y precisa atribu\u00edda a la Corte para efectos del control formal\u201d.<\/p>\n
Un vac\u00edo puede existir respecto de cualquier aspecto durante el tr\u00e1mite de la norma. Pero es menos probable que exista frente a una situaci\u00f3n posterior a la finalizaci\u00f3n de ese tr\u00e1mite.<\/p>\n
2. Lo segundo es una discusi\u00f3n con m\u00e1s contenido pol\u00edtico, que se refiere a algunas de las posibilidades que pueden resultar la objeci\u00f3n del Presidente, y la no publicaci\u00f3n de la norma.<\/p>\n
i. El Congreso puede no confrontar al Presidente y, de alguna manera, archivar el proyecto. Esta es una opci\u00f3n conveniente pero jur\u00eddicamente incierta, pues se estar\u00eda engavetando una norma aprobada, pero sin efectos jur\u00eddicos. Es dif\u00edcil que esta situaci\u00f3n dure mucho tiempo, por lo que probablemente se necesite de una reforma posterior que derogue o modifique el acto legislativo engavetado. Esta podr\u00eda ser buena una salida en la que el Presidente y el Congreso muestren una verdadera voluntad \u2013y no solo una indignaci\u00f3n medi\u00e1tica- de ponerle fin a este problema.<\/p>\n
ii. Otra posibilidad es que el Congreso acepte la objeci\u00f3n y decida repetir alguno de los tr\u00e1mites de aprobaci\u00f3n de la Reforma, por ejemplo el de la conciliaci\u00f3n de los textos de C\u00e1mara y Senado. El peligro con esta opci\u00f3n es que posteriormente es posible que dicha modificaci\u00f3n sea demandada y que la Corte Constitucional considere que el arreglo posterior no tiene validez, al modificar una norma que ya hab\u00eda sido aprobada y cuyo tr\u00e1mite ya hab\u00eda concluido.<\/p>\n
iii. Una tercera opci\u00f3n es que el Congreso no comparta la objeci\u00f3n del Presidente y devuelva el acto legislativo para su publicaci\u00f3n. Si el Presidente insiste, el problema jur\u00eddico acaba resolvi\u00e9ndolo la Corte Constitucional, al decidir si el Presidente pod\u00eda objetar la norma por inconstitucional y si dicha objeci\u00f3n ten\u00eda fundamento. Esto se demorar\u00eda un tiempo, durante el cual el Gobierno puede ir adelantando una contrarreforma.<\/p>\n
iv. Una posibilidad un poco m\u00e1s descabellada es que el Congreso decida publicar el acto legislativo sin contar con la aprobaci\u00f3n del Presidente. Pero teniendo en cuenta que la Reforma es de iniciativa gubernamental, y considerando la impopularidad de la norma, esta decisi\u00f3n tendr\u00eda graves problemas de legitimidad. En este caso, el destino de la reforma depender\u00eda de la respuesta que le d\u00e9 la Corte a las demandas de inconstitucionalidad que vendr\u00edan en el futuro.<\/p>\n
3. La descripci\u00f3n anterior ilustra algunas consecuencias jur\u00eddicas de las diferentes posibilidades pol\u00edticas. Pero tambi\u00e9n nos permite ofrecer una posible justificaci\u00f3n constitucional de la objeci\u00f3n: no ser\u00eda completamente irrazonable pensar que el Presidente preserva cierta capacidad para objetar \u2013al menos temporalmente- la promulgaci\u00f3n de un acto legislativo. Pensemos en una situaci\u00f3n extrema: supongamos que el Congreso, sin respetar las mayor\u00edas establecidas en la Constituci\u00f3n, vota afirmativamente un acto legislativo que acaba con la Fiscal\u00eda. Si el Presidente publica este acto, pasar\u00eda un tiempo (de meses incluso) en el que la norma tiene plenos efectos \u2013generando un caos institucional inimaginable- hasta que la Corte Constitucional decida su inconstitucionalidad. Aqu\u00ed parece razonable que el Presidente se oponga a su publicaci\u00f3n, y as\u00ed impida la vigencia de la Reforma, para lo cual podr\u00eda utilizar el mecanismo de la objeci\u00f3n presidencial establecido para las leyes.<\/p>\n
El problema con este tipo de tesis es que trae consigo el riesgo de que el Presidente acabe teniendo el poder de vetar a \u00faltimo momento las reformas constitucionales, incluso si respecto de ellas es clara la voluntad del Congreso. Pero esta r\u00e9plica pierde algo de sentido si se tienen en cuenta las posibilidades pol\u00edticas previstas anteriormente. En estas situaciones, la objeci\u00f3n del Presidente no tiene consecuencias definitivas, pues depende ya sea del Congreso o de la Corte Constitucional. Es decir, el Presidente no tiene la \u00faltima palabra sobre si el acto legislativo debe surtir efectos o no; en caso de que est\u00e9 en desacuerdo con el Congreso, invariablemente la Corte Constitucional acaba resolviendo el asunto. En resumen, si la voluntad del Congreso es clara y se manifest\u00f3 sin vicios, el Presidente no puede atajar el acto legislativo.<\/p>\n
En todo caso, esta interpretaci\u00f3n sigue siendo dif\u00edcil, dados los argumentos que hemos mencionado anteriormente. Este posible justificaci\u00f3n constitucional tendr\u00eda que justificar convincentemente por qu\u00e9 no aplica la interpretaci\u00f3n constitucional que hasta hoy ha hecho la Corte Constitucional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Constitutionally, return the reform to the Congress is difficult.<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-27558","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","subcategory-judicial-reform","medium-la-silla-vacia-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n