Hace cinco semanas, en una columna en el Espectador, argument\u00e9 que el Procurador General, Alejandro Ordo\u00f1ez, hab\u00eda violado el art\u00edculo 126 de la Constituci\u00f3n, lo cual es una falta disciplinaria grav\u00edsima.<\/p>\n
Mi tesis es muy simple. Ordo\u00f1ez est\u00e1 buscando su reelecci\u00f3n y ha nombrado en cargos de libre nombramiento y remoci\u00f3n a familiares muy cercanos de magistrados de la Corte Suprema o del Consejo de Estado, que son son competentes para intervenir en la designaci\u00f3n del procurador, pues \u00e9ste es elegido por el Senado pero de una terna integrada por el presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Esos nombramientos violan entonces el art\u00edculo 126 de la Constituci\u00f3n el cual, para evitar el nepotismo y los carruseles de favores, proh\u00edbe que un funcionario nombre a familiares muy cercanos, como esposas, hermanos o hasta primos, de los \u201cservidores p\u00fablicos competentes para intervenir en su designaci\u00f3n\u201d <\/p>\n
En una entrevista en Kien&ke, Ord\u00f3\u00f1ez desestim\u00f3 mi tesis, que calific\u00f3 de \u201cabsolutamente precaria\u201d, pero en realidad las cuatro posibles explicaciones que ha dado para supuestamente refutar mis argumentos son, ellas s\u00ed, absolutamente precarias. Al menos eso es lo que yo creo. Por favor, lean esas explicaciones del Procurador y d\u00edganme: \u00bfestoy equivocado o realmente Ord\u00f3\u00f1ez no ha explicado nada?<\/p>\n
La primera supuesta explicaci\u00f3n fue atacarme personalmente. En esa misma entrevista en Kien&ke, Ordo\u00f1ez dice que Dejusticia habr\u00eda sido la entidad m\u00e1s beneficiada por consultor\u00edas durante la gesti\u00f3n de Edgardo Maya, y sugiere que yo estar\u00eda molesto por haber perdido esos contratos. Y que mis cr\u00edticas estar\u00edan motivadas por esas mezquinas razones econ\u00f3micas. Pero como mostr\u00e9 en otra columna, esa respuesta es inaceptable primero porque lo que sugiere es inexacto pues, como lo expliqu\u00e9 en detalle, no es cierto que Ord\u00f3\u00f1ez hubiera cerrado un flujo de generosos contratos que anteriormente la Procuradur\u00eda le hubiera entregado discrecionalmente a Dejusticia y que ese supuesto hecho motivara nuestras cr\u00edticas. Y segundo, porque incluso si fuera cierto (que no lo es) ese ataque ad hominem del procurador en nada invalida mi tesis jur\u00eddica, que sigue en pie: el procurador viol\u00f3 el art\u00edculo 126 constitucional.<\/p>\n
La segunda posible explicaci\u00f3n, dada en esa misma entrevista en Kien&ke y en muchas otras, es que el procurador tiene en su entidad una enorme cantidad de cargos de libre nombramiento y remoci\u00f3n. Ord\u00f3\u00f1ez nunca ha elaborado sistem\u00e1ticamente esa respuesta pero parecer\u00eda ser del siguiente tenor: que debido a ese alt\u00edsimo n\u00famero de cargos de libre nombramiento (que ser\u00eda de 2200 seg\u00fan esa entrevista), entonces no podr\u00eda verificar en cada caso si la persona nombrada es o no a un familiar de un magistrado.<\/p>\n
Esta justificaci\u00f3n es injustificable primero porque Ord\u00f3\u00f1ez estar\u00eda aceptando que tiene cargos de libre nombramiento que no corresponden a la exigencia constitucional. En efecto, desde la sentencia C-195 de 1994 hasta hoy, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que la carrera es la regla general y que por ello los empleos de libre nombramiento y remoci\u00f3n deben ser entonces la excepci\u00f3n y estar reservados a cargos que por su naturaleza sean directivos o requieran una especial confianza del director de la entidad. Para nada m\u00e1s. El Procurador estar\u00eda entonces aceptando que la Procuradur\u00eda est\u00e1 en una situaci\u00f3n doblemente inconstitucional, pues en ella i) los cargos de libre nombramiento distan de ser excepcionales y ii) est\u00e1n previstos para empleos que no son directivos ni de confianza.<\/p>\n
Pero adem\u00e1s, esa situaci\u00f3n no disculpa al Procurador de verificar si los nombramientos que hace se ajustan o no a las exigencias del art\u00edculo 126 constitucional, lo cual no es nada dif\u00edcil. Le basta formular una simple pregunta a la persona que piensa nombrar: \u00bfes usted o no familiar cercano de un magistrado de la Corte Suprema o del Consejo de Estado?<\/p>\n
La tercera explicaci\u00f3n surgi\u00f3 a ra\u00edz de un derecho de petici\u00f3n que presentamos conjuntamente con La Silla Vac\u00eda al procurador para que nos informara sobre designaciones que hubiera hecho en cargos de libre nombramiento a familiares de magistrados de la Corte Suprema o del Consejo de Estado. Recibimos una respuesta de la Secretar\u00eda General de la Procuradur\u00eda, que debe expresar la visi\u00f3n de Ord\u00f3\u00f1ez sobre el tema.<\/p>\n
Seg\u00fan esta respuesta, no hay violaci\u00f3n del art\u00edculo 126 de la Constituci\u00f3n si Ord\u00f3\u00f1ez nombra a familiares de los magistrados de la Corte Suprema o del Consejo de Estado porque los competentes para intervenir en la designaci\u00f3n del procurador son \u00fanicamente los senadores.<\/p>\n
Como lo mostr\u00e9 en otra columna, esta respuesta es inaceptable, pues el procurador es elegido por el Senado pero de una terna elaborada por el presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. \u00bfC\u00f3mo puede entonces sostenerse que los magistrados de esos tribunales no son competentes para intervenir en la designaci\u00f3n de Ord\u00f3\u00f1ez, si tienen la facultad de ternarlo y la inclusi\u00f3n en la terna es un requisito necesario para poder ser elegido por el Senado?<\/p>\n
Para apoyar su tesis, la secretaria general cita algunas sentencias del Consejo de Estado, que dicen que una acci\u00f3n de nulidad electoral no puede presentarse en forma separada contra la terna, sino que toca esperar la decisi\u00f3n final del Senado. Pero esas sentencias en realidad debaten otro tema de naturaleza puramente procesal: analizan contra qu\u00e9 acto debe presentarse una nulidad electoral en una elecci\u00f3n compleja, como la del procurador, que tiene un acto preparatorio (la elaboraci\u00f3n de la terna) y un acto definitivo (la decisi\u00f3n del Senado). Pero en manera alguna dicen que la elaboraci\u00f3n de la terna no sea parte del proceso de designaci\u00f3n del procurador. Es m\u00e1s, dicen todo lo contrario, pues se\u00f1alan que la terna es un acto preparatorio necesario para la elecci\u00f3n final por el Senado. Fortalecen entonces mi argumento, pues la Constituci\u00f3n proh\u00edbe nombrar a familiares de quienes sean competentes para intervenir en la designaci\u00f3n del procurador y no \u00fanicamente de quienes realicen el paso final de la elecci\u00f3n. Y es claro que quien realiza un acto preparatorio interviene en la designaci\u00f3n.<\/p>\n
La cuarta posible explicaci\u00f3n del Procurador tambi\u00e9n se encuentra en la respuesta recibida al derecho de petici\u00f3n que presentamos conjuntamente con La Silla Vac\u00eda. La Secretaria General de la Procuradur\u00eda aduce que no le corresponde al Procurador verificar si la persona nombrada es o no familiar de un magistrado o de un Senador para efectos de dar cumplimiento al art\u00edculo 126 de la Constituci\u00f3n, pues es el nombrado, quien debe hacer esa declaraci\u00f3n de inhabilidad. Pero este argumento es realmente sorprendente. Primero porque significa que nunca debe un nominador verificar si una persona nombrada tiene o no posibles inhabilidades pues corresponde exclusivamente al nombrado expresarlas, lo cual va contra el deber de diligencia de un superior, algo que la entidad encargada de la vigilancia disciplinaria deb\u00eda saber. Y, segundo, porque hay conocidas p\u00fablicamente situaciones evidentes de nombramientos a familiares de magistrados, por lo que el Procurador no puede alegar que no las conoc\u00eda.<\/p>\n
Esas son las \u00fanicas cuatro explicaciones posibles que le conozco al Procurador sobre mi argumento de que viol\u00f3 el art\u00edculo 126 de la Constituci\u00f3n, lo cual dista de ser una falta menor. Vuelvo y les pregunto:\u00bfestoy equivocado o realmente Ord\u00f3\u00f1ez no ha explicado nada?<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Five weeks ago, in a column in El Espectador, I stated that the General Prosecuter, Alejandro Ord\u00f3\u00f1ez, had violated articule 126 of the Constitution, which is a disciplinary fault of great gravity.<\/p>\n","protected":false},"author":17,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-27688","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","subcategory-institutional-strengthening","medium-la-silla-vacia-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n