El a\u00f1o pasado el Congreso aprob\u00f3 la reforma constitucional conocida como Marco Jur\u00eddico para la Paz. Este a\u00f1o, de cara al escenario de los di\u00e1logos en La Habana, la Corte Constitucional tendr\u00e1 que definir si la posibilidad de renunciar en algunos casos a la investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n judicial de delitos cometidos en el conflicto armado, tal como lo contempl\u00f3 la reforma, implica o no una sustituci\u00f3n de la Constituci\u00f3n de 1991. <\/p>\n
Existen al menos tres posiciones sobre el marco jur\u00eddico que deber\u00eda regir una eventual desmovilizaci\u00f3n de las guerrillas. La primera, que fue defendida por \u00c1lvaro Leyva hace pocos d\u00edas en un foro en la Universidad Nacional, aboga por la concesi\u00f3n de amnist\u00edas amplias, bajo la idea de que todo es posible en nombre de la paz. <\/p>\n
La segunda, que es la que sustenta la demanda contra el Marco para la Paz y el concepto que present\u00f3 la Procuradur\u00eda ante la Corte, sostiene que todas las violaciones a los derechos humanos cometidas en el conflicto deben ser investigadas judicialmente y que todas las personas que hayan participado en su comisi\u00f3n deben ser sometidas a un proceso penal.<\/p>\n
La tercera, que es la que recoge el Marco Jur\u00eddico para la Paz, le apunta a la judicializaci\u00f3n de los m\u00e1ximos responsables de los cr\u00edmenes m\u00e1s graves y representativos y para los dem\u00e1s casos admite la renuncia a la acci\u00f3n penal bajo ciertas condiciones como la dejaci\u00f3n de las armas, el reconocimiento de responsabilidad, la contribuci\u00f3n a la verdad y a la reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas, la liberaci\u00f3n de los secuestrados y la desvinculaci\u00f3n de los menores de edad reclutados il\u00edcitamente.<\/p>\n
La primera posici\u00f3n dif\u00edcilmente puede ocupar un lugar relevante en la discusi\u00f3n actual. No solo porque asume que la paz es un derecho superior que se sobrepone a los dem\u00e1s derechos, sino porque se basa en una idea de soberan\u00eda estatal que poco tiene que ver con el mundo actual. El caso de Colombia est\u00e1 bajo el escrutinio de la Corte Penal Internacional (CPI) y las puertas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos est\u00e1n abiertas a la impugnaci\u00f3n del marco jur\u00eddico que rija la eventual desmovilizaci\u00f3n de las guerrillas. La certeza y permanencia de un acuerdo de paz est\u00e1 tambi\u00e9n sujeta a este marco internacional y por eso negar esta variable, como pretenden hacerlo algunos \u2013empezando por las propias guerrillas\u2013 no es m\u00e1s que un inconveniente gesto de ceguera (ver al respecto el blog de Mauricio Albarrac\u00edn en este portal). <\/p>\n
La discusi\u00f3n se contrae entonces a las otras dos posiciones sobre las cuales tendr\u00e1 que pronunciarse la Corte. Ambas tesis reconocen que el Estado tiene el deber de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos y que este deber opera incluso en el contexto especial de una transici\u00f3n de la guerra a la paz. Ambas reconocen tambi\u00e9n que en una transici\u00f3n como esta, los derechos a la verdad, la justicia y la reparaci\u00f3n deben ser garantizados. La diferencia radica en torno al alcance que se le atribuye al deber de juzgar y al modo en que se deben satisfacer los derechos de las v\u00edctimas.<\/p>\n
Quienes defendemos la orientaci\u00f3n general del Marco para la Paz \u2013a pesar de tener algunos reparos en aspectos puntuales\u2013 entendemos la importancia del deber de investigar y juzgar las violaciones a los derechos humanos, pero creemos que en algunos casos puede y debe ser ponderado con otros deberes del Estado como el de garantizar la convivencia pac\u00edfica. La reducci\u00f3n de los est\u00e1ndares de judicializaci\u00f3n es un incentivo para la dejaci\u00f3n de las armas y para la contribuci\u00f3n al esclarecimiento de la verdad y por esta raz\u00f3n puede justificar leg\u00edtimamente una limitaci\u00f3n del alcance de dicho deber. Ahora bien, no es claro que esto comprometer\u00eda la responsabilidad internacional del Estado porque el Marco para la Paz establece un l\u00edmite a las amnist\u00edas ya que en todo caso tendr\u00e1n que ser judicializados los m\u00e1ximos responsables de los cr\u00edmenes de lesa humanidad, genocidio y cr\u00edmenes de guerra sistem\u00e1ticos. Bajo esta perspectiva, por ejemplo, los guerrilleros que tuvieron mayor responsabilidad en la comisi\u00f3n de secuestros y el reclutamiento de menores tendr\u00edan que responder ante el sistema penal. Adicionalmente, las instancias internacionales han dado muestras de apertura frente a la flexibilizaci\u00f3n del deber de investigar y juzgar cuando se trata de superar un conflicto armado, tal como lo demuestra la reciente decisi\u00f3n de la Corte Interamericana en el caso de la masacre de El Mozote.<\/p>\n
De otro lado, tampoco consideramos que la \u00fanica \u2013y ni siquiera la mejor\u2013 manera de garantizar los derechos de las v\u00edctimas en un proceso transicional sea judicializando todos los cr\u00edmenes y todas las personas involucradas en la violaci\u00f3n de derechos humanos. La experiencia comparada y el propio proceso de paz con los paramilitares demuestran que trat\u00e1ndose de conflictos armados que involucran a millares de combatientes, si no se hace priorizaci\u00f3n y selectividad en forma expl\u00edcita, esta se da en forma encubierta, pues las posibilidades de investigar y juzgar todas las conductas y todos los combatientes rebasa la capacidad real de cualquier sistema judicial. Y no parece que una selectividad judicial encubierta sea la mejor manera de garantizar los derechos de las v\u00edctimas.<\/p>\n
NOTA. Una versi\u00f3n desarrollada de estos argumentos se encuentra en la intervenci\u00f3n que presentamos como Dejusticia ante la Corte Constitucional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Last year Congress passed the constitutional reform known as Legal Framework for Peace. This year, in the light of the dialogues in Havana, the Constitutional Court will have to define whether the possibility to drop, in some cases, research and legal sanction of crimes committed within the armed conflict, as the reform contemplated, implies or not a substitution of the Constitution of 1991. <\/p>\n","protected":false},"author":31,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-27943","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","subcategory-judicial-reform","medium-la-silla-vacia-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n