{"id":27945,"date":"2013-04-23T00:00:00","date_gmt":"2013-04-23T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dejusticia.org\/regarding-the-legal-framework-for-peace-how-much-should-one-judge\/"},"modified":"2017-04-11T07:56:38","modified_gmt":"2017-04-11T12:56:38","slug":"regarding-the-legal-framework-for-peace-how-much-should-one-judge","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/develop.dejusticia.org\/en\/regarding-the-legal-framework-for-peace-how-much-should-one-judge\/","title":{"rendered":"Regarding the Legal Framework for Peace: how much should one judge?"},"content":{"rendered":"<p>El debate entre el Fiscal General y el Procurador ilustra dos posiciones antag\u00f3nicas en torno a los criterios de selecci\u00f3n que deber\u00e1 reglamentar una ley estatutaria para definir la aplicaci\u00f3n concreta de la justicia transicional una vez se firme la paz.<\/p>\n<p>Justicia transicional: dos visiones<\/p>\n<p>La reciente pol\u00e9mica entre el Fiscal y el Procurador en torno al Marco para la Paz puso sobre la mesa dos visiones distintas en torno a la salida jur\u00eddica ante una eventual desmovilizaci\u00f3n de las FARC. <\/p>\n<p>Aunque se ha sugerido que se trata de una discusi\u00f3n del tipo impunidad vs judicializaci\u00f3n de cr\u00edmenes atroces, en realidad lo que est\u00e1 juego son dos tesis acerca del alcance del deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en medio del conflicto armado, de cara a un proceso de negociaci\u00f3n:<\/p>\n<p>La del Procurador es una tesis maximalista, seg\u00fan la cual todas las violaciones y todas las personas que hayan participado en su comisi\u00f3n deben ser judicializadas y castigadas.<br \/>\nLa postura del Fiscal, que defiende la f\u00f3rmula del Marco para la Paz, apunta a que sean los casos m\u00e1s graves y representativos los que pasen por el sistema judicial y que para los dem\u00e1s se prevean alternativas distintas de la v\u00eda penal.<\/p>\n<p>La f\u00f3rmula del Marco para la Paz<\/p>\n<p>El Acto Legislativo 01 aprobado el a\u00f1o pasado por el Congreso elev\u00f3 a rango constitucional la justicia transicional. La reforma recogi\u00f3 elementos desarrollados en las leyes y la jurisprudencia constitucional proferida con ocasi\u00f3n del proceso de desmovilizaci\u00f3n de los paramilitares, como la obligaci\u00f3n de garantizar en la mayor medida posible los derechos de las v\u00edctimas a la verdad, la justicia y la reparaci\u00f3n. Una obligaci\u00f3n que, valga la pena resaltar, nunca se mencion\u00f3 en las experiencias de desmovilizaci\u00f3n de las guerrillas durante la d\u00e9cada de los ochenta. <\/p>\n<p>Dispuso adem\u00e1s esta reforma constitucional que se creara una Comisi\u00f3n de la Verdad y fij\u00f3 un l\u00edmite infranqueable respecto al deber del Estado de judicializar las violaciones a los derechos humanos: no se podr\u00e1n dejar de investigar y sancionar los m\u00e1ximos responsables de los cr\u00edmenes de lesa humanidad, genocidio y cr\u00edmenes de guerra cometidos de manera sistem\u00e1tica. <\/p>\n<p>De este modo, el Marco para la Paz incorpor\u00f3 un elemento clave del modelo de justicia transicional delineado en Colombia durante la \u00faltima d\u00e9cada: la idea de que una experiencia de transici\u00f3n de la guerra a la paz no se puede hacer sin un m\u00ednimo de justicia y sin consideraci\u00f3n por los derechos de las v\u00edctimas.<\/p>\n<p>Los criterios de selecci\u00f3n<\/p>\n<p>Pero de otro lado, el Marco tambi\u00e9n introdujo cambios significativos en el tratamiento del tema. Y es precisamente en torno a estos puntos donde tiene lugar la pol\u00e9mica entre el Procurador y el Fiscal. <\/p>\n<p>En efecto, aunque establece un m\u00ednimo de justicia &#8211; as\u00ed como la obligaci\u00f3n de garantizar los derechos de las v\u00edctimas- la reforma constitucional abri\u00f3 paso a un modelo de justicia transicional menos punitivista y menos orientado a la judicializaci\u00f3n. <\/p>\n<p>Esto se ilustra, por ejemplo, con la autorizaci\u00f3n al Congreso para que \u2014 mediante una ley estatutaria y teniendo en cuenta la gravedad y la representatividad de los casos \u2014 establezca criterios de selecci\u00f3n en virtud de los cuales se autoriza la renuncia a la persecuci\u00f3n penal de ciertas infracciones. <\/p>\n<p>Adicionalmente, el Marco contempla la posibilidad de conceder beneficios jur\u00eddicos a quienes sean judicialmente condenados, como la aplicaci\u00f3n de penas alternativas y de modalidades especiales de ejecuci\u00f3n y cumplimiento de la pena. <\/p>\n<p>La posibilidad de conceder estos beneficios queda sujeta en todo caso a condiciones que responden a una perspectiva integral de la justicia transicional a partir de la cual resulta admisible cierta l\u00f3gica de compensaci\u00f3n entre sus distintas dimensiones: por ejemplo, menos castigo a condici\u00f3n de mayor verdad y reparaci\u00f3n para las v\u00edctimas. <\/p>\n<p>Por esta raz\u00f3n, los beneficios penales previstos en el Marco para la Paz \u00fanicamente operar\u00edan para aquellos desmovilizados que cumplan condiciones como las siguientes:<\/p>\n<p>que dejen las armas;<br \/>\nque reconozcan su responsabilidad;<br \/>\nque contribuyan al esclarecimiento de la verdad;<br \/>\nque contribuyan a la reparaci\u00f3n integral de las v\u00edctimas;<br \/>\nque contribuyan a la liberaci\u00f3n de los secuestrados;<br \/>\nque contribuyan a la desvinculaci\u00f3n de los menores de edad reclutados il\u00edcitamente.<br \/>\n\u00bfQu\u00e9 tanto juzgar?<\/p>\n<p>La nuez del debate entre el Fiscal y el Procurador es la cuesti\u00f3n de los criterios de selecci\u00f3n que autorizan la renuncia a la acci\u00f3n penal, incluso frente a algunos casos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos. <\/p>\n<p>La inclusi\u00f3n de estos criterios en el Marco para la Paz obedece a la constataci\u00f3n de las limitaciones y deficiencias de un modelo de judicializaci\u00f3n total en el contexto de una salida negociada al conflicto. <\/p>\n<p>La pretensi\u00f3n de judicializar todas las conductas constitutivas de graves violaciones a los derechos humanos y todos los combatientes eventualmente responsables de su comisi\u00f3n en el marco de un conflicto armado interno de larga duraci\u00f3n y de vastas proporciones se enfrenta a dificultades insalvables. <\/p>\n<p>En una perspectiva comparada, la experiencia internacional demuestra que la complejidad de algunos conflictos armados hace que sea materialmente imposible investigar y juzgar todos y cada uno de los delitos y combatientes. <\/p>\n<p>Para la muestra est\u00e1n los tribunales internacionales ad hoc para la ex Yugoslavia y para Ruanda, que tras siete a\u00f1os de trabajo y gastos por 400 millones de d\u00f3lares solo hab\u00edan logrado culminar 15 juicios en 1999. <\/p>\n<p>Pero no es preciso ir tan lejos: la propia experiencia del proceso de justicia y paz con los paramilitares es buena prueba de ello, pues en ocho a\u00f1os solo se han dictado 14 sentencias respecto de un total de 35.000 desmovilizados. <\/p>\n<p>Estas cifras demuestran que trat\u00e1ndose de conflictos armados que involucran a millares de combatientes, si no se establecen prioridades y se adoptan criterios selectivos de una manera expl\u00edcita, estas se dan de formas encubiertas. Una pregunta se torna entonces ineludible: \u00bfes una selectividad velada la mejor manera de garantizar los derechos de las v\u00edctimas?<\/p>\n<p>Aparte de esta limitaci\u00f3n f\u00e1ctica, un sistema de judicializaci\u00f3n plena ri\u00f1e con la propia l\u00f3gica de un proceso de justicia transicional orientado a terminar un conflicto armado. El Marco para la Paz est\u00e1 pensado para un escenario de negociaci\u00f3n, no de derrota militar, caso en el cual podr\u00eda tal vez pensarse en el sometimiento total de los vencidos por la v\u00eda del derecho penal. <\/p>\n<p>Pero trat\u00e1ndose de una negociaci\u00f3n pol\u00edtica, podr\u00eda ser que fuese necesario reducir el imperativo de justicia total en beneficio de la paz. En esos contextos, simplemente no es realista dejar abierta la posibilidad de que las personas cuya investigaci\u00f3n no haya sido objeto de priorizaci\u00f3n, sean investigadas y sancionadas 20 a\u00f1os despu\u00e9s, pues esto dificulta el logro de la paz. <\/p>\n<p>Si se asume la necesidad y conveniencia de un sistema de selectividad judicial, la discusi\u00f3n se traslada a la regulaci\u00f3n que deber\u00e1 hacer el Congreso sobre el uso de los criterios de selecci\u00f3n. En el debate de esta ley estatutaria tendr\u00e1 que darse respuesta a preguntas como las siguientes:<\/p>\n<p>\u00bfa qui\u00e9n puede calificarse como el m\u00e1ximo responsable de un crimen?<br \/>\n\u00bfqu\u00e9 casos graves y representativos tendr\u00e1n que ser judicializados necesariamente?<br \/>\n\u00bfqu\u00e9 mecanismos extrajudiciales se pondr\u00e1n a disposici\u00f3n de las v\u00edctimas de los casos que no sean seleccionados, para efectos de esclarecer la verdad y obtener reparaci\u00f3n?<br \/>\nApertura en el derecho internacional<\/p>\n<p>La otra arista de la pol\u00e9mica es si una f\u00f3rmula como la del Marco para la Paz dejar\u00eda al Estado colombiano ad portas de una intervenci\u00f3n de la Corte Penal Internacional (CPI) o de una condena internacional por incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, tal como lo ha sugerido el Procurador. <\/p>\n<p>Es claro que el Estado tiene el deber de investigar y juzgar las graves violaciones a los derechos humanos. Lo que no es claro es si esto implica que el Estado tenga que investigarlo y juzgarlo todo, o si resulta admisible flexibilizar los est\u00e1ndares de justicia en aras de alcanzar la paz, en el contexto de un proceso orientado a terminar el conflicto armado.<\/p>\n<p>Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha dicho reiteradamente que las leyes de amnist\u00edas que impiden el acceso a la justicia de las v\u00edctimas de violaciones a los derechos humanos son incompatibles con la Convenci\u00f3n Americana, en su m\u00e1s reciente fallo sobre la materia se advierte un punto de inflexi\u00f3n en este tema. <\/p>\n<p>En efecto, en la sentencia de la masacre del Mozote emitida en octubre de 2012, la Corte se ocup\u00f3 por primera vez de analizar una amnist\u00eda dictada en relaci\u00f3n con hechos cometidos en el contexto de un conflicto armado interno, no de una dictadura. <\/p>\n<p>Al hacerlo, advirti\u00f3 la especificidad de las amnist\u00edas que han resultado de un proceso de paz y reconoci\u00f3 los esfuerzos del Estado para terminar un conflicto armado. <\/p>\n<p>La sentencia contiene adem\u00e1s un voto concurrente que fue firmado por la mayor\u00eda de los magistrados de la Corte, en el cual se se\u00f1ala que \u201cen ciertas situaciones de tr\u00e1nsito de un conflicto armado a la paz, puede ocurrir que un Estado no se encuentre en posibilidad de materializar plenamente, en forma simult\u00e1nea, los distintos derechos y obligaciones contra\u00eddas internacionalmente\u201d1. <\/p>\n<p>Este fallo sugiere entonces una apertura de la Corte IDH a utilizar criterios de an\u00e1lisis m\u00e1s flexibles frente a f\u00f3rmulas jur\u00eddicas que, como el Marco para la Paz, pretenden regular el tr\u00e1nsito de la guerra a la paz.<\/p>\n<p>De otro lado, en tanto que el Marco contempla en todo caso un m\u00ednimo de justicia que incluye el juzgamiento de los m\u00e1ximos responsables de los cr\u00edmenes de competencia de la CPI, no resulta muy probable la intervenci\u00f3n de este tribunal de cara a una aplicaci\u00f3n adecuada de dicho Marco frente a una desmovilizaci\u00f3n de las guerrillas. <\/p>\n<p>En este sentido, la legitimidad y conveniencia de este marco jur\u00eddico se cifra m\u00e1s bien en la manera como se definan en la ley estatutaria los criterios de selecci\u00f3n y en el modo como se articulen los mecanismos judiciales y extrajudiciales de justicia transicional para garantizar los derechos de las v\u00edctimas.<\/p>\n<p>Notas<\/p>\n<p>[1] Corte IDH. Caso Masacres de El Mozote y lugares aleda\u00f1os Vs. El Salvador. Voto concurrente del juez Diego Garc\u00eda-Say\u00e1n, p\u00e1rr. 38.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p> The debate between the public prosecutor and the attorney general illustrates two antagonistic positions regarding the selection criteria that should establish regulations for a statutory law to define the concrete application of transitional justice once a peace agreement has been signed. <\/p>\n","protected":false},"author":31,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-27945","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-razon-publica-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v25.9 (Yoast SEO v25.9) - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Regarding the Legal Framework for Peace: how much should one judge? 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