Ya es hora de hacer el balance sobre el proceso de restituci\u00f3n de tierras, que reconoce los derechos de las v\u00edctimas del despojo o del abandono forzado. Hay avances importantes aunque lentos. Cuatro obst\u00e1culos deben ser removidos cuanto antes.<\/p>\n
El proceso<\/p>\n
A casi dos a\u00f1os de la expedici\u00f3n de la ley de v\u00edctimas y a uno de la puesta en marcha de la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, vale la pena reflexionar sobre los procesos de restituci\u00f3n para determinar hasta d\u00f3nde se han hecho efectivos los derechos de las v\u00edctimas de despojo y de abandono forzado de tierras.<\/p>\n
El proceso de restituci\u00f3n se desarrolla fundamentalmente en dos etapas, una administrativa y otra judicial:<\/p>\n
La Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras es la responsable de la primera etapa, durante la cual debe recibir las reclamaciones, documentar el caso y determinar si el predio ingresa o no al Registro de Tierras Presuntamente Despojadas o Abandonadas. Adicionalmente, si as\u00ed lo desea el solicitante, la Unidad puede representarlo en la etapa judicial, para lo cual debe elaborar la demanda que presentar\u00e1 posteriormente ante el juez competente.
\nHasta febrero de 2013 la Unidad hab\u00eda recibido 32.688 solicitudes, y hab\u00eda adelantado tr\u00e1mites con respecto a 5.393, que corresponden a 246.317 hect\u00e1reas reclamadas.<\/p>\n
En el desarrollo de la segunda etapa, los jueces o magistrados especializados de restituci\u00f3n deben determinar si el solicitante fue v\u00edctima de despojo o abandono forzado y, de ser as\u00ed, ordenar la restituci\u00f3n del predio o compensarlo si ello no es posible. Hasta hoy se han nombrado 39 jueces, uno itinerante y 15 magistrados. Aproximadamente 1.150 casos est\u00e1n en proceso de decisi\u00f3n judicial.
\nAunque hasta el momento se han proferido solo 32 fallos que ordenan la restituci\u00f3n de predios a 135 reclamantes, con respecto a 115 predios, es posible identificar algunos avances y ciertos obst\u00e1culos en los procesos a cargo de la Unidad, de los jueces y de los magistrados especializados en restituci\u00f3n.<\/p>\n
Los avances<\/p>\n
Uno de los principales avances se refiere a la forma como el proceso de restituci\u00f3n es concebido por la Unidad de Restituci\u00f3n, por los jueces y por los magistrados.<\/p>\n
Los jueces han resaltado los principios pro v\u00edctima, la presunci\u00f3n de la buena fe de las v\u00edctimas y la flexibilidad probatoria. <\/p>\n
La acci\u00f3n de restituci\u00f3n fue dise\u00f1ada para reparar y revertir los efectos del conflicto armado y el despojo de tierras para millones de colombianos. El proceso por tanto constituye un instrumento excepcional de justicia transicional, que protege de manera \u00e1gil el derecho fundamental a la restituci\u00f3n que tienen las v\u00edctimas del despojo o abandono forzado.<\/p>\n
Para alcanzar este prop\u00f3sito, la ley 1448 de 2011 adopt\u00f3 varios dispositivos, los cuales han sido aplicados por los funcionarios, quienes adem\u00e1s han hecho avances significativos a \u00e9stos, en las demandas presentadas por la Unidad y en los fallos proferidos por los jueces.<\/p>\n
Entre otros avances vale la pena resaltar la concepci\u00f3n del proceso como un mecanismo especial que justifica la adopci\u00f3n de principios de derechos humanos, con el fin de reconocer la condici\u00f3n de las v\u00edctimas y lograr la realizaci\u00f3n de sus derechos. En este sentido, los jueces han resaltado los principios pro v\u00edctima, la presunci\u00f3n de la buena fe de las v\u00edctimas y la flexibilidad probatoria.<\/p>\n
En virtud de este enfoque, los jueces han acogido la informaci\u00f3n adjunta en la demanda \u2014 la cual proviene en algunos casos de organizaciones de v\u00edctimas y de la sociedad civil \u2014 y han examinado algunas decisiones de la jurisdicci\u00f3n de Justicia y Paz, versiones libres de los postulados y decisiones de extradici\u00f3n.<\/p>\n
Por otra parte, acogiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, algunos jueces han interpretado de manera flexible el art\u00edculo relacionado con la exclusi\u00f3n de las v\u00edctimas de delincuencia com\u00fan, evaluando por ejemplo, la relaci\u00f3n narcotr\u00e1fico\u2013conflicto armado en algunas zonas del pa\u00eds.<\/p>\n
En s\u00edntesis, muchos jueces reconocen que en el marco de la justicia transicional, el an\u00e1lisis y la valoraci\u00f3n de las pruebas no requiere el rigor formal que se exige en otros campos del derecho; el juez, por el contrario, debe valorar las pruebas de una manera flexible y con el \u00e1nimo de garantizar los derechos de las v\u00edctimas, que son derechos fundamentales de car\u00e1cter constitucional.<\/p>\n
A pesar de estos avances indudables, persisten algunas interpretaciones m\u00e1s formalistas, que imponen una mayor carga probatoria a la v\u00edctima y a la Unidad, exigiendo por ejemplo documentos autenticados, con constancias recientes de su existencia, o documentos espec\u00edficos para probar determinados hechos, cuando quiz\u00e1s esto ya no es posible.<\/p>\n
El excesivo ritualismo de algunos jueces puede hacer que se nieguen los derechos de las v\u00edctimas y no se haga efectivo el derecho a la restituci\u00f3n. Esperamos que estas pr\u00e1cticas desaparezcan con el tiempo y que el enfoque pro v\u00edctima sea realmente adoptado por todos los funcionarios.<\/p>\n
Las facultades adicionales o excepcionales del juez son otro factor importante. En virtud de estas facultades los jueces y magistrados han ordenado una serie de medidas para garantizar los derechos de las v\u00edctimas a la restituci\u00f3n integral. As\u00ed, por ejemplo:<\/p>\n
han anulado decisiones de autoridades del Estado y contratos celebrados entre v\u00edctimas y terceros,
\nhan ordenado la restituci\u00f3n de predios urbanos,
\nla entrega de subsidios de vivienda rural,
\nla exoneraci\u00f3n de pagos de impuesto predial,
\nla gesti\u00f3n para garantizar el acceso a servicios p\u00fablicos y la adecuaci\u00f3n de v\u00edas,
\nel acceso de los restituidos a programas de formaci\u00f3n, capacitaci\u00f3n t\u00e9cnica, y de subsidio integral de tierras (subsidio para la adecuaci\u00f3n de tierra, asistencia t\u00e9cnica agr\u00edcola, e inclusi\u00f3n en programas productivos), entre otros.<\/p>\n
Si bien 32 fallos todav\u00eda son insuficientes para establecer con claridad las l\u00edneas de interpretaci\u00f3n que van a adoptar los jueces y los magistrados de restituci\u00f3n, muchos de estos pronunciamientos muestran avances significativos en la adopci\u00f3n de criterios que propenden por los derechos de las v\u00edctimas.<\/p>\n
Los obst\u00e1culos<\/p>\n
El proceso descrito en este art\u00edculo presenta ciertos problemas; me concentrar\u00e9 en cuatro de ellos: el primero relacionado con la norma, los tres siguientes con su aplicaci\u00f3n.<\/p>\n
En primer lugar, si bien el procedimiento ha permitido avances en relaci\u00f3n con el despojo, en materia de abandono forzado la ruta acaba siendo excesivamente dispendiosa.
\n Hasta febrero de 2013 la Unidad hab\u00eda recibido 32.688 solicitudes, y hab\u00eda adelantado tr\u00e1mites con respecto a 5.393, que corresponden a 246.317 hect\u00e1reas reclamadas. <\/p>\n
A prop\u00f3sito de este asunto, existe un proyecto de ley complementario \u2014 que viene siendo discutido con la Comisi\u00f3n de Seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025, la Unidad de Restituci\u00f3n, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), la Superintendencia de Notariado y Registro, el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi (IGAC) y otras instituciones \u2014 cuyo prop\u00f3sito es crear procedimientos administrativos que agilicen los procesos de restituci\u00f3n en los casos donde no se verifique la existencia de opositores, sin tener que acudir a la jurisdicci\u00f3n de restituci\u00f3n.
\nEn segundo lugar, si bien la ley contempla la colaboraci\u00f3n interinstitucional, ya en el desarrollo pr\u00e1ctico de los procesos tanto la Unidad como algunos jueces han encontrado serias dificultades al respecto, lo cual es una traba para la soluci\u00f3n de los casos.<\/p>\n
Se necesita por tanto una directriz del gobierno nacional que comprometa a todas las entidades estatales con competencias en la materia y garantice la actualizaci\u00f3n, sistematizaci\u00f3n y entrega oportuna y adecuada de la informaci\u00f3n. Esto supone examinar en cada caso la capacidad institucional instalada, a efectos de determinar d\u00f3nde es necesario concentrar los esfuerzos.<\/p>\n
En tercer lugar, persisten dudas sobre el cumplimiento de los fallos. Esta obligaci\u00f3n no es exclusiva de los jueces ni de magistrados de restituci\u00f3n, sino que exige un mayor compromiso de las entidades del Estado en su conjunto.<\/p>\n
Persistencia del conflicto<\/p>\n
Por \u00faltimo, uno de los mayores obst\u00e1culos se relaciona con la persistencia del conflicto armado. No todas las solicitudes presentadas ante la Unidad son objeto de estudio en profundidad durante la etapa administrativa. Para que ello sea as\u00ed se necesita que la zona haya sido macro y microfocalizada, dependiendo de los niveles del despojo y de las condiciones de seguridad de la regi\u00f3n.<\/p>\n
Ahora bien, el cambio en las condiciones de seguridad de un territorio puede poner en riesgo los procesos; as\u00ed ha ocurrido en \u00e1reas donde se inician estudios pero luego se dan cambios que impiden adelantar las diligencias propias de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n
Adicionalmente, la persistencia del conflicto y de las organizaciones armadas de algunos despojadores constituye un peligro para los propios reclamantes de tierras, as\u00ed como para los funcionarios. El asesinato selectivo de l\u00edderes de tierras se ha convertido en una forma de desincentivar el acercamiento de las v\u00edctimas a la Unidad.<\/p>\n
En relaci\u00f3n con este problema, a pesar de la existencia de la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n, los mecanismos existentes tienen un enfoque excesivamente concentrado en los casos individuales. As\u00ed como en la Fiscal\u00eda se han adelantado investigaciones de macrocriminalidad, para lo cual se crearon equipo de an\u00e1lisis de contexto, la Unidad deber\u00eda adoptar un enfoque similar.<\/p>\n
En consecuencia, resulta fundamental dise\u00f1ar mecanismos de protecci\u00f3n integral y un programa efectivo de mejor\u00eda de las condiciones de seguridad, tanto para los reclamantes como para los funcionarios y jueces de restituci\u00f3n.<\/p>\n
Estos son algunos de los problemas que afectan el prop\u00f3sito de la restituci\u00f3n. El desaf\u00edo que se presenta hoy al Estado es enfrentar dichos obst\u00e1culos y comprometer todos sus esfuerzos para superarlos. En muchos casos, es la primera vez que el Estado va a intervenir en las regiones. Para que repare de manera integral a las v\u00edctimas, dicha intervenci\u00f3n exige el dise\u00f1o y la ejecuci\u00f3n de una pol\u00edtica de desarrollo rural que garantice a los restituidos su estabilizaci\u00f3n socioecon\u00f3mica y el retorno efectivo. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
It is about time to make a balance of the land restitution process, which recognizes the rights of victims that have been subject of land dispossession. There are important advances, although these are taking place at a slow rate. There are four obstacles that should be removed as soon as possible.<\/p>\n","protected":false},"author":30,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-27957","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-razon-publica-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n