El debate p\u00fablico sobre c\u00f3mo enfrentar las consecuencias del conflicto armado y de las mejores formas para superarlo y no volverlo a vivir, es tal vez una de las discusiones m\u00e1s importantes que debe darse en el pa\u00eds. La mesa de negociaci\u00f3n de La Habana y los posibles acuerdos que all\u00ed se logren han despertado por tanto un importante y necesario debate. Igualmente lo ha hecho la recientemente aprobada reforma constitucional conocida como el marco legal para la paz.<\/p>\n
Dicha reforma, que fue muy controversial durante su tr\u00e1mite en el Congreso, ha vuelto a levantar pol\u00e9mica tras abrirse el debate sobre su constitucionalidad. En efecto, la Comisi\u00f3n Colombiana de Juristas, una reputada organizaci\u00f3n de derechos humanos, demand\u00f3 ante la Corte Constitucional dicho acto aduciendo que constituye una sustituci\u00f3n de la Constituci\u00f3n. Es decir, que su contenido ataca lo m\u00e1s profundo y querido por el deseo del constituyente del 91.<\/p>\n
Una serie de organizaciones e instituciones estatales opinaron sobre la materia, entre ellos el Procurador General de la Naci\u00f3n y el Fiscal General Eduardo Montealegre. El hecho que presentaran posturas encontradas fue lo que en \u00faltimas le gener\u00f3 m\u00e1s visibilidad p\u00fablica al tema. M\u00e1s all\u00e1 de las razones que cada uno present\u00f3, dos cosas deber\u00edan importarnos como sociedad. En primer lugar, que es saludable para la democracia que temas como estos despierten pol\u00e9mica e incluso airadas posiciones encontradas. Lo malo ser\u00eda que temas tan importantes como lo que trata esta reforma pasaran de agache en el debate social. En segundo lugar, y derivado de lo anterior, ser\u00eda un error considerar este debate como una simple pol\u00e9mica de opiniones pol\u00edticas o un enfrentamiento entre dos celebridades. Es una cuesti\u00f3n que incumbe a la sociedad entera<\/p>\n
\u00bfQu\u00e9 es el marco legal para la paz y por qu\u00e9 es tan pol\u00e9mico?<\/p>\n
El a\u00f1o pasado la Constituci\u00f3n fue modificada por el Congreso para introducir dos art\u00edculos transitorios que sirvieran como un marco general de lo que podr\u00eda esperarse de una negociaci\u00f3n de paz con grupos armados. La idea b\u00e1sica es que se abra una puerta a posibles di\u00e1logos explicitando cu\u00e1les podr\u00edan ser los beneficios que otorgue el Estado, pero al mismo tiempo, se\u00f1alando unas garant\u00edas espec\u00edficas que no pueden ser olvidadas con las negociaciones. Como es un marco de m\u00ednimos, por as\u00ed decirlo, la reforma no tiene las medidas concretas que se otorgar\u00e1n, las cuales deber\u00e1n ser primero discutidas en las negociaciones y luego refrendadas por el Congreso de la rep\u00fablica a trav\u00e9s de una ley estatutaria.<\/p>\n
As\u00ed, el primer art\u00edculo, constitucionaliz\u00f3 el concepto de la justicia transicional, que tendr\u00e1 en Colombia dos fines prevalentes: facilitar la terminaci\u00f3n del conflicto armado interno para lograr una paz estable que garantice la no repetici\u00f3n de las atrocidades; y garantizar \u201cen el mayor nivel posible\u201d los derechos de las v\u00edctimas a la verdad, la justicia y la reparaci\u00f3n.<\/p>\n
En este \u00faltimo punto, la reforma establece dos medidas en favor de la protecci\u00f3n de los derechos de las v\u00edctimas. Por un lado, se\u00f1ala que tanto para los casos en los que se apliquen mecanismos judiciales como extrajudiciales se deber\u00e1 garantizar mecanismos adicionales de esclarecimiento y reparaci\u00f3n. Por otro lado, se\u00f1ala que una ley \u201cdeber\u00e1 crear una Comisi\u00f3n de la Verdad y definir su objeto, composici\u00f3n, atribuciones y funciones\u201d.<\/p>\n
Ahora bien, la reforma es pol\u00e9mica pues permite un tratamiento penal especial a quienes efectivamente dejen las armas, reconozcan su responsabilidad, contribuyan al esclarecimiento de la verdad y a la reparaci\u00f3n integral de las v\u00edctimas, a la liberaci\u00f3n de los secuestrados, y a la desvinculaci\u00f3n de los menores de edad reclutados il\u00edcitamente que se encuentren en poder de los grupos armados al margen de la ley.<\/p>\n
La reforma acepta que algunas de las graves violaciones a derechos humanos (que al mismo tiempo son infracciones a la ley penal, es decir, delitos) no sean investigadas por los jueces y la Fiscal\u00eda sino tramitadas mediante instrumentos \u201cextrajudiciales\u201d. El acto no especifica cu\u00e1les delitos podr\u00e1n ser sujetos de estos procesos, ni cu\u00e1les ser\u00e1n estos mecanismos: esto lo har\u00e1 una ley estatutaria.<\/p>\n
As\u00ed, la ley estatutaria puede establecer que, entre todos los delitos atroces que se han cometido en el conflicto colombiano, se seleccionen algunos en donde se persiga a los m\u00e1ximos responsables de su comisi\u00f3n, dejando de lado otros delitos tambi\u00e9n atroces (que deber\u00edan ser entonces tramitados a partir de los anteriormente expuestos instrumentos extrajudiciales) y de otros perpetradores que no se consideren como los \u201cm\u00e1ximos responsables\u201d. Si bien la reforma no establece todos los criterios, se\u00f1ala que el Congreso deber\u00e1 tener en cuenta la gravedad y representatividad de los casos para determinar los criterios de \u201cselecci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
Pero el acto legislativo no se limita \u00fanicamente a los criterios de priorizaci\u00f3n y selecci\u00f3n: establece otras medidas de exclusi\u00f3n de la acci\u00f3n penal y otras alternativas a la prisi\u00f3n para los desmovilizados. Por ejemplo, admite que incluso en casos en los que se juzgue y se condene a una persona \u2013incluyendo el juzgamiento de delitos atroces \u2013 se podr\u00eda relevarla de que cumpla la condena impuesta. Tambi\u00e9n acepta que a aquellas personas que incluso se investigue, procese y sancione, no necesariamente tengan que cumplir una condena de privaci\u00f3n de la libertad en un centro penitenciario. Con ello, las opciones resultan variadas: podr\u00eda existir investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n de algunos casos seleccionados bajo el criterio de \u201clos m\u00e1s responsables\u201d, suspensi\u00f3n de la pena para otros, condena para otros pero con sanciones que no siempre requieran pena privativa de la libertad, etc.<\/p>\n
Finalmente, un segundo art\u00edculo del Acto Legislativo busca hacer frente a la cuesti\u00f3n de la participaci\u00f3n en pol\u00edtica de los desmovilizados. All\u00ed se se\u00f1ala que una ley estatutaria deber\u00e1 regular cu\u00e1les ser\u00e1n los delitos considerados conexos al delito pol\u00edtico para efectos de la posibilidad de participar en pol\u00edtica. De esta regulaci\u00f3n expresamente se excluyen por disposici\u00f3n constitucional los delitos que adquieran la connotaci\u00f3n de cr\u00edmenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistem\u00e1tica. Por tanto, no podr\u00e1n participar en pol\u00edtica ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y \u201cseleccionados\u201d por estos delitos.<\/p>\n
\u00bfDe qu\u00e9 se trata el debate en la Corte Constitucional?<\/p>\n
Algunos a partes de esta norma (fundamentalmente los que se refieren a la selecci\u00f3n de casos) fueron demandados ante la Corte Constitucional. Como el marco para la paz al ser aprobado se integr\u00f3 ya a la Constituci\u00f3n, el margen de la Corte no es tan amplio como cuando eval\u00faa una ley. La \u00fanica opci\u00f3n que tiene la Corte para tumbar una reforma a la Constituci\u00f3n que viene del Congreso es que \u00e9ste haya incurrido en vicios de procedimiento, dentro de los que se incluye no tener competencia para hacer la reforma.<\/p>\n
Conforme a la jurisprudencia actual de la Corte, el Congreso tiene competencia para reformar la Constituci\u00f3n, pero no para sustituirla por otra. Esto pasar\u00eda por ejemplo, si se modificara por completo la Constituci\u00f3n o si se modificaran sus aspectos esenciales, el propio coraz\u00f3n de la Constituci\u00f3n. Esto es lo que se\u00f1alan los demandantes: que al hacer la selecci\u00f3n y negarse a investigar todos los casos se vulnera un principio esencial de la Constituci\u00f3n que es el respeto por el derecho de las v\u00edctimas.<\/p>\n
Otros, por el contrario, opinamos que si bien los derechos a la justicia de las v\u00edctimas requiere el esclarecimiento judicial de las conductas y la sanci\u00f3n privativa de la libertad de al menos los m\u00e1ximos responsables, es tambi\u00e9n cierto que la Constituci\u00f3n reconoce y protege el valor jur\u00eddico de la paz y, por tanto, deben ponderarse en concreto estos valores para estimar en cu\u00e1l grado es posible conceder o no estos beneficios.<\/p>\n
Y en este momento de la discusi\u00f3n no existe claridad sobre si los beneficios que se pueden otorgar a partir de la negociaci\u00f3n vulneran o no ese examen de ponderaci\u00f3n, pues la concreci\u00f3n del marco solo se har\u00e1 mediante la Ley Estatutaria. Para que dicha reglamentaci\u00f3n no caiga en lo que hoy d\u00eda acusan los demandantes, al menos cinco cuestiones deben ser abordadas.<\/p>\n
En primer lugar, la obligaci\u00f3n de investigar y juzgar las graves violaciones a derechos humanos tiene un m\u00ednimo no sujeto a ponderaci\u00f3n que debe ser determinado y no podr\u00eda ir m\u00e1s all\u00e1 del concepto de los \u201cm\u00e1ximos responsables\u201d. En otras palabras, no parece razonable excluir de investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n penal privativa de la libertad a los m\u00e1ximos l\u00edderes de las guerrillas. Podr\u00eda aceptarse penas reducidas, pero un tiempo efectivo de sanci\u00f3n parece un m\u00ednimo jur\u00eddico y una consideraci\u00f3n f\u00e1ctica y pol\u00edtica necesaria.<\/p>\n
Para esto, en segundo lugar, es necesario empezar a aclarar el significado y la forma como deber\u00e1n operar el t\u00e9rmino de \u201cm\u00e1ximos responsables\u201d (que no debe excluir a los responsables pol\u00edticos, pero que deber\u00eda incluir otros), as\u00ed como los criterios de gravedad y representatividad de las violaciones.<\/p>\n
En tercer lugar, es prioritario dise\u00f1ar los mecanismos extrajudiciales por los cuales pasar\u00e1n quienes no sean judicializados, as\u00ed como aclarar p\u00fablicamente que toda aquella persona que se desmovilice pasar\u00e1 por al menos un mecanismo de responsabilidad individual, sea judicial o extrajudicial, en donde se busque la garant\u00eda de los derechos de las v\u00edctimas.<\/p>\n
En cuarto lugar, es hora ya de ir determinando cu\u00e1les son esos mecanismos extrajudiciales para la garant\u00eda de las v\u00edctimas que se\u00f1ala el marco para la paz y c\u00f3mo estos se van a relacionar de manera complementaria y no excluyente con los mecanismos actuales, incluyendo la Ley 1448 de 2011, conocida como la ley de v\u00edctimas y restituci\u00f3n de tierras.<\/p>\n
Finalmente, la discusi\u00f3n debe avanzar tambi\u00e9n en cu\u00e1les ser\u00e1n los mecanismos de participaci\u00f3n de v\u00edctimas y de refrendaci\u00f3n ciudadana de los acuerdos de las mesas de negociaci\u00f3n, as\u00ed como los mecanismos de verificaci\u00f3n del cumplimiento real y serio de tales compromisos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
The public debate regarding how to deal with the consequences of the armed conflict and the best ways of overcoming it and not living it again, is perhaps one of the most important discussions that should take place in the country. The negotiation table at Havana and the possible agreements that could be achieved have awakened, therefore, an important and necessary debate. The recently approved constitutional reform known as the legal framework for the peace has also gained attention.<\/p>\n","protected":false},"author":26,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-27969","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-caja-de-herramientas-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n