Otorgar, restringir o condicionar el ejercicio de derechos pol\u00edticos a los ex guerrilleros ser\u00e1 parte obligatoria de la transici\u00f3n hacia la vida civil una vez se produzcan los acuerdos de paz. An\u00e1lisis jur\u00eddico, pol\u00edtico e hist\u00f3rico.<\/p>\n
Balas por votos<\/p>\n
“Todos los procesos de paz exitosos en el mundo llevan a una transformaci\u00f3n de los grupos armados en movimientos pol\u00edticos, eso es precisamente la transformaci\u00f3n de un conflicto\u201d dijo el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, en un discurso reciente en Bogot\u00e1. Hasta ahora, esas palabras constituyen la manifestaci\u00f3n m\u00e1s esclarecedora de lo que piensa el gobierno colombiano acerca del proceso de La Habana.<\/p>\n
Jaramillo le estaba abriendo la puerta a uno de los tres temas jur\u00eddicos m\u00e1s sensibles de esta etapa del proceso, que son:<\/p>\n
-El tratamiento judicial de los excombatientes, es decir la forma como rendir\u00e1n cuentas a la justicia y, espec\u00edficamente, c\u00f3mo se reglamentar\u00e1n los beneficios judiciales que establece el Marco Jur\u00eddico para la Paz;
\n-La reglamentaci\u00f3n de la forma y de las condiciones como los futuros desmovilizados podr\u00e1n hacer pol\u00edtica, incluyendo la formaci\u00f3n de partidos pol\u00edticos y la postulaci\u00f3n para cargos de elecci\u00f3n popular;
\n-Los mecanismos jur\u00eddicos para que la ciudadan\u00eda refrende los acuerdos alcanzados por las partes: consulta popular o asamblea constituyente, entre otros.<\/p>\n
Tres dudas<\/p>\n
El tema de la futura participaci\u00f3n en pol\u00edtica es central para las negociaciones y por ello fue incluido expresamente en el Marco Jur\u00eddico para la Paz, mediante un art\u00edculo especial que se convirti\u00f3 en el art\u00edculo 67 transitorio de la Constituci\u00f3n. Pero ahora, cuando comienzan a discutirse las formas para realizar ese tr\u00e1nsito surgen dudas significativas:<\/p>\n
\u00bfPermitir que excombatientes participen en pol\u00edtica es coherente con la justicia transicional y la rendici\u00f3n de cuentas?<\/p>\n
\u00bfEs legal ante el derecho internacional, que personas responsable de graves violaciones a los derechos humanos participen en pol\u00edtica y accedan a cargos de elecci\u00f3n popular?<\/p>\n
\u00bfC\u00f3mo hacer compatible esta norma con las propias de la Constituci\u00f3n de 1991 acerca de restricciones a derechos pol\u00edticos para quienes hayan cometido ciertos cr\u00edmenes, as\u00ed como con aquellas que evitan la infiltraci\u00f3n de grupos armados en el Congreso, introducidas en la Constituci\u00f3n a ra\u00edz de la parapol\u00edtica?<\/p>\n
Por qu\u00e9 s\u00ed deben participar<\/p>\n
Desde los trabajos pioneros de Guillermo O\u2019Donnell y Juan Linz a mediados de los a\u00f1os ochenta, los estudios acad\u00e9micos han destacado la importancia de un cambio cultural pro-democr\u00e1tico para dejar atr\u00e1s las dictaduras de entonces[1]. En varios pa\u00edses del mundo, ese cambio pas\u00f3 por la apertura hacia modelos m\u00e1s participativos, donde tuvieran juego los opositores pol\u00edticos del gobierno.<\/p>\n
Por esta raz\u00f3n, los mecanismos de justicia transicional se concentraron en reformas constitucionales que abrieran canales de participaci\u00f3n pol\u00edtica. En algunos casos, la reforma fue acompa\u00f1ada de medidas para facilitar la participaci\u00f3n de los opositores: los indultos y las amnist\u00edas para presos pol\u00edticos, como se hizo en Brasil, Sur\u00e1frica o Irlanda del Norte.<\/p>\n
Posteriormente, otras transiciones en contextos de conflicto armado han incluido la apertura a la participaci\u00f3n con un doble prop\u00f3sito:<\/p>\n
Como una manera de desincentivar el conflicto y acercar a las partes en las negociaciones de paz;
\nComo una medida necesaria para que los acuerdos de paz sean sostenibles.<\/p>\n
La experiencia sugiere que si los excombatientes reconocen que existe un sistema pol\u00edtico que representa sus intereses estar\u00e1n menos inclinados a retornar a la violencia. <\/p>\n
La restricci\u00f3n de derechos pol\u00edticos<\/p>\n
No obstante, a medida que avanzan los modelos y experiencias de justicia transicional, en varios pa\u00edses se han restringido los derechos pol\u00edticos de quienes participaron en un r\u00e9gimen de terror o cometieron cr\u00edmenes atroces.<\/p>\n
Por ejemplo, en los pa\u00edses del antiguo bloque comunista europeo, se adoptaron medidas estrictas para depurar los cargos p\u00fablicos de personas asociadas con los reg\u00edmenes anteriores y para impedir que accedieran a cargos p\u00fablicos durante la etapa de transici\u00f3n. En el argot de la justicia transicional, a estas medidas se las conoce como \u201cpurgas institucionales\u201d (generalmente se usa su denominaci\u00f3n en ingl\u00e9s: vetting y lustration).<\/p>\n
La l\u00f3gica de estos procesos es igualmente doble:<\/p>\n
Por un lado suponen que quienes usaron el aparato estatal para el terror deben ser sancionados con rigor, y que limitarles sus derechos pol\u00edticos es una buena manera de lograrlo.<\/p>\n
Por otro lado, estas medidas buscan desmantelar las entidades, pr\u00e1cticas o funcionarios estatales que permitieron la ocurrencia de tales violaciones y evitar que sigan delinquiendo o que intenten bloquear los cambios democr\u00e1ticos.<\/p>\n
Tales sanciones no son exclusivas de transiciones de dictadura a democracia: formas similares han sido adoptadas en contextos de negociaci\u00f3n de conflictos armados. Un buen ejemplo es el caso de El Salvador, donde se restringi\u00f3 la participaci\u00f3n pol\u00edtica de aquellas personas que hubieran sido mencionadas en el informe de la Comisi\u00f3n de la Verdad.<\/p>\n
Dilemas jur\u00eddicos pendientes<\/p>\n
Es claro entonces que en el mundo se han dado muy distintas aproximaciones al problema, resultantes de la tensi\u00f3n evidente entre los dos valores que se ven afectados por esta decisi\u00f3n: el valor de la justicia y el valor de la paz.<\/p>\n
Pero -a diferencia de las obligaciones de combatir la impunidad y de investigar y sancionar las violaciones graves de derechos humanos-, en el derecho internacional no existe una norma clara que exija a los Estados suspender garant\u00edas pol\u00edticas a excombatientes. En este sentido, el dilema jur\u00eddico actual recae m\u00e1s sobre las normas internas que sobre las obligaciones internacionales de Colombia.<\/p>\n
Entre esas normas internas, cabe recordar que en 2009, a ra\u00edz del esc\u00e1ndalo de la parapol\u00edtica, el Congreso reform\u00f3 la Constituci\u00f3n e incorpor\u00f3 una serie de medidas dirigidas a sancionar y a evitar la participaci\u00f3n pol\u00edtica de los grupos armados ilegales.<\/p>\n
Se estableci\u00f3 que las personas condenadas por ciertos delitos no pueden participar en pol\u00edtica: esto es, ser inscritos como candidatos a elecci\u00f3n popular, ser elegidos, o ser designados como servidores p\u00fablicos.<\/p>\n
De acuerdo con el art\u00edculo 122 de la Constituci\u00f3n, no podr\u00e1 participar en pol\u00edtica una persona condenada por delitos que:<\/p>\n
-afecten el patrimonio del Estado,
\n-est\u00e9n relacionados con la pertenencia, la promoci\u00f3n o la financiaci\u00f3n de grupos armados ilegales,
\n-sean de lesa humanidad,
\n-sean de narcotr\u00e1fico.<\/p>\n
Por su parte, el Marco Jur\u00eddico para la Paz fue menos estricto, pues redujo la lista de delitos que producen inhabilidad para participar en pol\u00edtica. Esta reforma le dio autonom\u00eda al Congreso para que, mediante una ley estatutaria y siguiendo criterios de razonabilidad e igualdad, reglamente cu\u00e1les delitos son conexos con el delito pol\u00edtico, es decir, aqu\u00e9llos que por tener en el fondo una motivaci\u00f3n altruista pueden recibir un trato especial que consiste entre otras cosas en no determinar inhabilidad para participar en pol\u00edtica.<\/p>\n
Conforme al Marco para la Paz, la \u00fanica restricci\u00f3n que tiene el Congreso es la siguiente: no podr\u00e1n ser considerados como delitos conexos los de lesa humanidad y genocidio, cometidos de manera sistem\u00e1tica.<\/p>\n
En ese sentido, el marco introdujo una excepci\u00f3n al art\u00edculo 122, pues ampli\u00f3 el margen de maniobra del Congreso. En la ley estatutaria podr\u00eda decidirse, por ejemplo, que en el marco de la justicia transicional los cr\u00edmenes de guerra s\u00ed pueden ser conexos al delito pol\u00edtico. Incluso, otros delitos prohibidos por el art\u00edculo 122, siempre y cuando no sean cr\u00edmenes de lesa humanidad y genocidio: por ejemplo, el narcotr\u00e1fico o delitos relacionados con la pertenencia, promoci\u00f3n o financiaci\u00f3n de grupos armados ilegales.<\/p>\n
El art\u00edculo 67 transitorio, sin embargo, es un obst\u00e1culo para la participaci\u00f3n pol\u00edtica de los guerrilleros condenados por delitos de lesa humanidad o por genocidio: este ser\u00eda el caso de los l\u00edderes que ya han sido condenados por hechos que pueden ser considerados como delitos de lesa humanidad.<\/p>\n
La cuesti\u00f3n jur\u00eddica m\u00e1s complicada, entonces, consiste en c\u00f3mo enfrentar esta situaci\u00f3n. Una opci\u00f3n, basada en una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica del art\u00edculo 67 transitorio, ser\u00eda decir que quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad o por genocidio podr\u00e1n participar en pol\u00edtica, pero – a diferencia de los delincuentes pol\u00edticos- solo despu\u00e9s de haber cumplido la pena principal.<\/p>\n
Otra opci\u00f3n ser\u00eda incluir el tema en los mecanismos para refrendar los acuerdos de paz referendo o asamblea constituyente, y reformar la Constituci\u00f3n para facilitar la participaci\u00f3n de los condenados por delitos de lesa humanidad o por genocidio, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones m\u00e1s estrictas que las existentes para los delincuentes pol\u00edticos, como unos m\u00ednimos de pena. <\/p>\n
Estas u otras opciones requerir\u00e1n de un detallado estudio de pertinencia y viabilidad, as\u00ed como cabe esperar que despierten \u00e1lgidos debates en el Congreso, en las cortes y , por supuesto entre los ciudadanos y ciudadanas de Colombia. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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