Los militares son hasta el momento los vencedores en una guerra jur\u00eddica imaginaria que genera riesgos para la poblaci\u00f3n civil y el post\u2013conflicto. Los intentos por asegurar la independencia e imparcialidad de la justicia militar resultan insuficientes para conjurar estos riesgos.<\/p>\n
Un origen viciado<\/p>\n
El proyecto de Ley Estatutaria que esta semana pas\u00f3 a revisi\u00f3n por la Corte Constitucional establece las reglas para investigar, acusar y juzgar a los miembros de la Fuerza P\u00fablica, en desarrollo de la reforma constitucional aprobada el a\u00f1o pasado, mediante la cual se ampli\u00f3 el fuero penal militar. El texto de conciliaci\u00f3n fue aprobado por el Senado y por la C\u00e1mara de Representantes.<\/p>\n
Tanto la reforma constitucional como el proyecto de Ley Estatutaria fueron producto del malestar de los militares ante lo que percib\u00edan como una guerra jur\u00eddica en su contra. Juicios notorios prendieron las alarmas de los militares, como el adelantado en contra del coronel retirado Plazas Vega por las desapariciones forzadas durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985, as\u00ed como el aumento considerable de militares procesados por la justicia ordinaria entre 2002 y 2008, debido al esc\u00e1ndalo de los falsos positivos.<\/p>\n
Los militares pod\u00edan tener raz\u00f3n en reclamar mayor claridad frente a las reglas jur\u00eddicas con las cuales deb\u00edan juzgarse los actos cometidos por la Fuerza P\u00fablica. Pero si se hubiera tratado de un asunto de seguridad jur\u00eddica, habr\u00eda podido resolverse mediante un estatuto que definiera las reglas de uso del derecho internacional humanitario (DIH) en estos casos y la creaci\u00f3n de una rama especializada en DIH dentro de la justicia ordinaria.<\/p>\n
Sin embargo, con la reforma constitucional se opt\u00f3 por ampliar el fuero militar en dos direcciones:<\/p>\n
\u00b7 la reducci\u00f3n de la lista de delitos de competencia de la justicia ordinaria, de tal modo que algunas violaciones de los derechos humanos y el DIH pasaron a la competencia de la justicia militar: las detenciones ilegales, la toma de rehenes, los tratos inhumanos y degradantes y ciertos homicidios cometidos en contra de la poblaci\u00f3n civil;<\/p>\n
\u00b7 la creaci\u00f3n de un sistema procesal que dificulta que los casos que s\u00ed son competencia de la justicia ordinaria lleguen a su conocimiento: los cr\u00edmenes de lesa humanidad, el genocidio, la desaparici\u00f3n forzada, la violencia sexual, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado.<\/p>\n
El proyecto de Ley Estatutaria que desarrolla esta reforma intenta contrarrestar algunos de los riesgos de esta ampliaci\u00f3n del fuero militar, estableciendo ciertas garant\u00edas para asegurar la independencia y la imparcialidad de la justicia penal militar.<\/p>\n
Por ejemplo, se separa la justicia militar de la cadena de mando y se fija un sistema donde la selecci\u00f3n de los magistrados de los tribunales de garant\u00edas queda a cargo de las Altas Cortes de la justicia ordinaria.<\/p>\n
El proyecto tambi\u00e9n establece reglas de uso del DIH y su alcance en la determinaci\u00f3n de la responsabilidad penal de los militares. Sin embargo, estas reglas pueden acabar favoreciendo el uso impune de la fuerza letal en contra de civiles ajenos al conflicto, pues carecen de la precisi\u00f3n necesaria para evitar ataques err\u00f3neos y arbitrarios y, en su lugar, tienden a resguardar a los militares que participaron en tales ataques.<\/p>\n
Lo anterior se explica en buena parte porque el objetivo primordial de las reformas es blindar a la Fuerza P\u00fablica frente a una guerra jur\u00eddica inexistente. Este origen viciado envenena el proyecto y hace que los esfuerzos para garantizar la independencia de la jurisdicci\u00f3n militar y para incorporar reglas del DIH resulten insuficientes para conjurar los riesgos de ampliar el fuero militar. En algunos aspectos, simplemente se empeora la situaci\u00f3n.<\/p>\n
Cuatro peligros para los civiles<\/p>\n
El proyecto de ley, que deber\u00e1 ser revisado por la Corte Constitucional antes de su entrada en vigor, contiene al menos cuatro grandes peligros:<\/p>\n
\u00b7 El primero es que carece de la precisi\u00f3n necesaria para evitar que los civiles sean tratados como blancos leg\u00edtimos.<\/p>\n
El DIH no proh\u00edbe el uso de la fuerza letal contra los civiles que participen directamente en las hostilidades, lo cual constituye una excepci\u00f3n al principio b\u00e1sico del DIH, que es la protecci\u00f3n de la poblaci\u00f3n civil. Como se trata de una excepci\u00f3n, debe sujetarse a criterios estrictos de aplicaci\u00f3n e interpretarse de manera restrictiva. Sin embargo, el Proyecto de Ley no satisface plenamente estas condiciones.<\/p>\n
Seg\u00fan este Proyecto, \u201cpor \u2018participaci\u00f3n directa en las hostilidades\u2019 se entiende la realizaci\u00f3n de cualquier acto que cause directamente un da\u00f1o a la poblaci\u00f3n o bienes civiles o a la Fuerza P\u00fablica u otras instituciones del Estado, y que tenga un v\u00ednculo directo con las hostilidades, en apoyo de un grupo armado\u201d.<\/p>\n
Y agrega que \u201ctambi\u00e9n participa directamente en las hostilidades quien realice actos que, inequ\u00edvocamente, tengan la probabilidad de causar un da\u00f1o a la poblaci\u00f3n o bienes civiles, la Fuerza P\u00fablica u otras instituciones del Estado, en apoyo de un grupo armado\u201d (art\u00edculo 11). <\/p>\n
Esta definici\u00f3n es atemperada en un art\u00edculo posterior, donde se indica que no se podr\u00e1 atacar a las personas por el solo hecho de manifestar p\u00fablicamente su apoyo a los grupos armados o por conductas que no tienen un nexo causal directo con el da\u00f1o a la Fuerza P\u00fablica, como la propaganda a favor de grupos armados (art\u00edculo 26). Sin embargo, esta restricci\u00f3n es insuficiente para evitar el uso ileg\u00edtimo de la fuerza letal en contra de civiles. <\/p>\n
En efecto, brilla por su ausencia una regla que determine que en caso de duda acerca de si un civil constituye o no un blanco leg\u00edtimo, el ataque debe suspenderse o cancelarse. Y en las guerras de nuestro tiempo, las zonas grises abundan. En su lugar, el Proyecto \u00fanicamente prev\u00e9 que el ataque se suspenda o cancele si se advierte que el objetivo no es un blanco leg\u00edtimo (art\u00edculo 25).<\/p>\n
Dispone adem\u00e1s que antes del ataque se \u201cdeber\u00e1 hacer todo lo que sea factible para verificar que los blancos y objetivos que se proyecta atacar no son personas ni bienes civiles, ni gozan de protecci\u00f3n especial\u201d (art\u00edculo 24), pero acto seguido establece que \u201cla factibilidad de las verificaciones se evaluar\u00e1 en concreto seg\u00fan la informaci\u00f3n y los medios disponibles por el miembro de la Fuerza P\u00fablica responsable de decidir el ataque, al momento de tomar la decisi\u00f3n\u201d (art\u00edculo 25, par\u00e1grafo).<\/p>\n
A esto se suma una regla seg\u00fan la cual en los procesos judiciales contra los miembros de la Fuerza P\u00fablica, los acusadores tendr\u00e1n la carga de la prueba de que el sujeto atacado no era un blanco leg\u00edtimo (art\u00edculo 39).<\/p>\n
En otras palabras, en lugar de prever reglas exhaustivas para evitar ataques err\u00f3neos o arbitrarios contra la poblaci\u00f3n civil, se establecen reglas para resguardar a los militares responsables de tales ataques.<\/p>\n
\u00b7 El segundo peligro es que los homicidios de civiles cometidos por las fuerzas militares ser\u00e1n en su mayor\u00eda juzgados por la justicia penal militar.<\/p>\n
Solo se excluyen de su competencia aquellos que constituyan cr\u00edmenes de lesa humanidad, es decir, que hayan sido cometidos como parte de un ataque sistem\u00e1tico o generalizado contra la poblaci\u00f3n civil y con conocimiento de dicho ataque, que configuren genocidio o que sean ejecuciones extrajudiciales.<\/p>\n
Sin embargo, estos cr\u00edmenes est\u00e1n restringidos por definici\u00f3n a muy pocas situaciones. Por ejemplo, seg\u00fan el Proyecto de Ley, la ejecuci\u00f3n extrajudicial exige que la v\u00edctima haya estado \u201cen poder del agente del Estado\u201d y no haya intentado evadirse, o se la debe haber puesto previamente \u201cen estado de indefensi\u00f3n\u201d o \u201cbajo enga\u00f1o\u201d.<\/p>\n
En estas condiciones, un caso como el de la masacre de Santo Domingo \u2014 por el cual el Estado fue condenado en la Corte Interamericana \u2014 ser\u00eda hoy conocido por la justicia militar y no por la justicia ordinaria.<\/p>\n
\u00b7 El tercer peligro tiene que ver con los procesos actuales por los falsos positivos.<\/p>\n
Tal como advirti\u00f3 el director de Human Rights Watch, dado que el Proyecto de Ley define la ejecuci\u00f3n extrajudicial como un nuevo delito en el C\u00f3digo Penal, los procesados por los falsos positivos podr\u00edan alegar que no pueden ser juzgados por un delito que no exist\u00eda en el momento de los hechos y por tanto podr\u00edan solicitar que sus casos se trasladen a la justicia militar. Aunque los defensores de la reforma y el propio Fiscal General han advertido que estos casos permanecer\u00e1n en la justicia ordinaria, el riesgo existe.<\/p>\n
\u00b7 Finalmente, el cuarto peligro es establecer un sistema procesal que dificulta la actuaci\u00f3n de la justicia ordinaria en los casos que son de su competencia.<\/p>\n
Como la regla general que establece el proyecto de Ley es que las infracciones al DIH sean conocidas por la justicia militar, quien primero llegar\u00e1 a verificar el lugar de los hechos es la polic\u00eda judicial militar. Este momento es definitivo, pues se recogen \u2013o dejan de recoger\u2013 las primeras evidencias y se construyen las primeras hip\u00f3tesis para dirigir la investigaci\u00f3n. <\/p>\n
En algunos casos, una Comisi\u00f3n T\u00e9cnica de Coordinaci\u00f3n, que est\u00e1 conformada por tres civiles y tres militares, podr\u00e1 constatar los hechos de las operaciones militares. En tales eventos, la Comisi\u00f3n rendir\u00e1 un informe que debe contener una recomendaci\u00f3n preliminar sobre la autoridad competente para llevar el caso.<\/p>\n
Sin embargo, esta Comisi\u00f3n solo proceder\u00e1 a solicitud del Fiscal General de la Naci\u00f3n, el Fiscal General Penal Militar y Policial o el Procurador General de la Naci\u00f3n. Ni la Defensor\u00eda del Pueblo, ni los afectados por la operaci\u00f3n militar pueden solicitar la verificaci\u00f3n de los hechos por parte de dicha Comisi\u00f3n.<\/p>\n
Bajo este dise\u00f1o se corre el riesgo de que el fuero militar se ampl\u00ede de facto, pues las posibilidades de controlar esa primera parte de la investigaci\u00f3n son muy limitadas.<\/p>\n
Post\u2013conflicto y militares en justicia transicional<\/p>\n
En caso de que las actuales negociaciones con las FARC culminen en un acuerdo exitoso que conduzca tambi\u00e9n a la desmovilizaci\u00f3n del ELN, la reforma al fuero militar genera otros dos grandes problemas:<\/p>\n
\u00b7 El primero tiene que ver con las reglas de uso del DIH en un contexto de post\u2013conflicto.<\/p>\n
El Proyecto de Ley abre la puerta para utilizar la fuerza letal en contra de los reductos de los grupos armados que se desmovilicen, as\u00ed como de otras bandas criminales \u201cque tengan una organizaci\u00f3n y un mando que ejerce liderazgo o direcci\u00f3n sobre sus miembros, que le permitan usar la violencia contra la poblaci\u00f3n civil, bienes civiles o la Fuerza P\u00fablica, en \u00e1reas del territorio nacional\u201d en un nivel de intensidad tal que \u201csupere la que suponen los disturbios y tensiones interiores, y requiera la acci\u00f3n armada de las Fuerzas Militares\u201d (art\u00edculo 8).<\/p>\n
A partir de la reforma, el escenario del post-conflicto se sigue vislumbrando como un escenario de guerra.<\/p>\n
\u00b7 El segundo tiene que ver con la eventual inclusi\u00f3n de los militares en mecanismos de justicia transicional.<\/p>\n
Aunque existen razones poderosas para tener reparos frente a esta posibilidad, ya han comenzado a elevarse reclamos en este sentido. Por ejemplo, hace un par de semanas, algunos detenidos por falsos positivos pidieron ser tenidos en cuenta en los mecanismos que eventualmente se establezcan para afrontar la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los guerrilleros que se desmovilicen.<\/p>\n
La reducci\u00f3n de los est\u00e1ndares punitivos en contextos transicionales se justifica primordialmente en tanto es un incentivo para la dejaci\u00f3n de las armas y el desmonte definitivo de las estructuras armadas ilegales.<\/p>\n
En este sentido, la participaci\u00f3n de los militares en un proceso de justicia transicional tendr\u00eda que estar sujeta a la rendici\u00f3n de cuentas por parte de las fuerzas militares y a contribuciones efectivas en materia de verdad y de garant\u00edas de no repetici\u00f3n.<\/p>\n
Sin embargo, la reforma al fuero militar apunta precisamente en la direcci\u00f3n contraria… <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Until now the military is the winner of a imaginary legal war, which generates risks for civil society and the aftermath of the conflict. The attempts to guarantee independence and impartiality of military justice are insufficient to address these risks. <\/p>\n","protected":false},"author":31,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1609],"tags":[],"class_list":["post-28037","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-rule-of-law","medium-razon-publica-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n