El martes pasado, el presidente santos anunci\u00f3 que recortar\u00eda el mandato en nuestro pa\u00eds de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)\u201d, con el argumento de que Colombia \u201cha avanzado lo suficiente\u201d para no necesitar \u201cm\u00e1s oficinas de derechos humanos de las Naciones Unidas\u201d.<\/p>\n
Pero una sola p\u00e1gina de la prensa matutina de ese martes era suficiente para contradecir ese diagn\u00f3stico presidencial. En efecto, la p\u00e1gina 6 de la edici\u00f3n impresa de este diario divulg\u00f3 ese d\u00eda dos noticias muy preocupantes.<\/p>\n
Primero, supimos que hab\u00eda sido asesinado Jos\u00e9 Segundo Turizo, un l\u00edder que impulsaba la restituci\u00f3n de tierras en el Magdalena Medio. Con su muerte, el n\u00famero de reclamantes de tierras asesinados supera los 70 y pr\u00e1cticamente todos los cr\u00edmenes est\u00e1n en la impunidad. Y esos asesinatos no s\u00f3lo han provocado un terrible sufrimiento, sino que han puesto en riesgo el \u00e9xito del programa bandera del Gobierno en derechos humanos: la restituci\u00f3n de tierras.<\/p>\n
Segundo, el peri\u00f3dico informaba de un reciente fallo de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, que traslad\u00f3 a la justicia militar el caso del teniente coronel Carlos Su\u00e1rez, investigado por falsos positivos. La raz\u00f3n de ese traslado: la aplicaci\u00f3n de la reforma constitucional impulsada por el Gobierno y que fue aprobada el a\u00f1o pasado, la cual ampli\u00f3 considerablemente el fuero militar. Existe entonces el riesgo de que, por esa reforma constitucional, todos los falsos positivos vayan a la justicia militar y queden en la impunidad, a pesar de que el Gobierno dijo que eso nunca iba a ocurrir.
\nEsos dos hechos, entre otros, muestran que, por razones distintas, en Colombia subsisten problemas de derechos humanos muy graves. <\/p>\n
En el primer caso, el problema es de incapacidad estatal, pues las autoridades no han podido ni sabido proteger adecuadamente a los reclamantes de tierras. En el segundo, el problema es de visi\u00f3n, pues el Gobierno impuls\u00f3 voluntariamente una reforma constitucional regresiva en derechos humanos, como fue la ampliaci\u00f3n del fuero militar. Ambos casos, por razones distintas, justifican entonces la presencia en Colombia de la OACNUDH, ya que ese organismo tiene, entre otras cosas, funciones tanto de asistencia t\u00e9cnica como de monitoreo. <\/p>\n
Ahora bien, la asistencia t\u00e9cnica internacional es \u00fatil para intentar superar incapacidades estatales, como las que existen en la protecci\u00f3n de los reclamantes de tierras. Por su parte, el monitoreo llama la atenci\u00f3n para prevenir o sancionar actos o medidas violatorias de los derechos, como lo fue la desafortunada ampliaci\u00f3n del fuero militar. Fue en parte gracias a los informes anuales de la OACNUDH que los colombianos nos enteramos de la magnitud y gravedad de los falsos positivos. \u00bfPor qu\u00e9 entonces rechazar estos apoyos y controles?<\/p>\n
Es contradictorio que este Gobierno, que dice estar comprometido con los derechos humanos, haya tomado esta decisi\u00f3n de acortar el per\u00edodo de la OACNUDH. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Last Tuesday, President Santos announced that it would reduce the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights\u00b4term in our country, with the argument that Colombia “has advanced sufficiently” not to need any “more United Nations human rights offices”. <\/p>\n","protected":false},"author":17,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1611],"tags":[],"class_list":["post-28071","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-transitional-justice","medium-el-espectador-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n