\u00bfSer\u00e1 que son realmente \u201ccartas bombas\u201d contra la constitucionalidad del marco jur\u00eddico para la paz (MJP) las comunicaciones que la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) envi\u00f3 a la Corte Constitucional, como lo sostuvo la revista Semana? <\/p>\n
\u00bfO que al menos, con ellas, la Fiscal Fatou Bensouda le meti\u00f3 la cucharada a la sentencia de la Corte Constitucional de la semana entrante sobre el MJP, como lo sostuvo La Silla Vac\u00eda?<\/p>\n
No lo creo pues, como lo se\u00f1al\u00f3 el colega Camilo S\u00e1nchez en su art\u00edculo en La Caja de Herramientas y como lo plante\u00e9 brevemente en mi columna de hoy en El Espectador, estas dos cartas son importantes y en las pr\u00f3ximas semanas generar\u00e1n mucha discusi\u00f3n pol\u00edtica y jur\u00eddica sobre el proceso de paz, pero no deber\u00edan tener una gran incidencia en la inminente sentencia de la Corte sobre la demanda de la Comisi\u00f3n Colombiana de Juristas contra ciertos apartes del MJP.<\/p>\n
En esta entrada procedo a ampliar un poco m\u00e1s mis argumentos, a fin de someterlos a las discusi\u00f3n de los blogueros.<\/p>\n
\u00bfQu\u00e9 dijo la Fiscal Bensouda?<\/p>\n
La Fiscal Fatou Bensouda de la CPI, respondiendo a una consulta de la Corte Constitucional, le envi\u00f3 dos cartas al presidente de este tribunal, con dos mensajes importantes: la primera carta dice b\u00e1sicamente que Colombia violar\u00eda sus obligaciones frente al derecho internacional en general y frente al Estatuto de Roma que crea la CPI e particular, si otorga una suspensi\u00f3n total de pena privativa de la libertad a los m\u00e1ximos responsables de la guerrilla o del Estado de los cr\u00edmenes m\u00e1s graves, a pesar de que sean juzgados y condenados; en plata blanca, para la Fiscal Bensouda los m\u00e1ximos responsables de los cr\u00edmenes m\u00e1s graves tienen que cumplir un m\u00ednimo de pena privativa de la libertad.<\/p>\n
La segunda carta aborda el debate sobre la selecci\u00f3n y se refiere al hecho de que, en la reciente audiencia ante la Corte sobre el MJP, algunos intervinientes plantearon que era v\u00e1lido que la ley estatutaria que debe desarrollar ese marco autorice que el Estado s\u00f3lo investigue y juzgue a los m\u00e1ximos responsables de los cr\u00edmenes m\u00e1s graves porque precisamente eso es lo que hace la CPI. La Fiscal Bensouda aclar\u00f3 entonces que es verdad que la Fiscal\u00eda de la CPI se concentra en llevar a ese tribunal internacional a los m\u00e1ximos responsables pero que esa estrategia procesal no debe interpretarse como un \u201cprecedente\u201d que autorice a que los Estados s\u00f3lo investiguen y juzguen a esos m\u00e1ximos responsables.<\/p>\n
La importancia de las cartas.<\/p>\n
Estas dos cartas son sin lugar a dudas importantes pues abordan dos de los puntos m\u00e1s pol\u00e9micos del debate sobre el MJP: i) la posibilidad de \u201cselecci\u00f3n\u201d, esto es, que el Estado renuncie a investigar a todos los responsables de todos los cr\u00edmenes graves, a fin de concentrarse en los m\u00e1ximos responsables, claro siempre y cuando esa renuncia a la acci\u00f3n penal sea necesaria a la paz y los beneficiarios cumplan con ciertas condiciones, que ser\u00e1n definidas en la ley estatutaria; y ii) que incluso los m\u00e1ximos responsables, que conforme al MJP tienen que ser investigados, puedan recibir una pena alternativa o una suspensi\u00f3n de pena, que implique que no tengan siquiera un d\u00eda de pena privativa de la libertad.<\/p>\n
Estos dos temas, dif\u00edciles y complejos, han dividido las opiniones jur\u00eddicas y pol\u00edticas pero, contrariamente a la manera como usualmente se han planteado, han llevado no a dos posiciones sino a cuatro, pues son dos preguntas diversas:<\/p>\n
\u00bfSi puede o no haber \u201cselecci\u00f3n\u201d? \u00bfEsto es si puede el Estado colombiano renunciar, si se cumplen ciertas condiciones, a investigar a quienes cometieron cr\u00edmenes atroces pero no son los m\u00e1ximos responsables?<\/p>\n
\u00bfSi puede haber \u201csuspensi\u00f3n total de pena\u201d incluso para los m\u00e1ximos responsables de los cr\u00edmenes m\u00e1s graves, de manera que puedan no tener un d\u00eda de privaci\u00f3n de la libertad?
\nComo la respuesta a ambas preguntas puede ser negativa o afirmativa, en realidad hay cuatro posiciones, que resumo en el siguiente cuadro ( copie este enlace y p\u00e9guelo en su explorador de Internet para ver el cuadro http:\/\/www.lasillavacia.com\/elblogueo\/blog\/la-fiscal-de-la-cpi-y-la-sentencia-sobre-el-marco-juridico-para-la-paz-mjp) <\/p>\n
En algunas intervenciones, el Fiscal General Eduardo Montealegre ha admitido la posici\u00f3n I, esto es, que si realmente hay un proceso de paz genuino, puede haber selecci\u00f3n y suspensi\u00f3n total de pena para los m\u00e1ximos responsables.<\/p>\n
Otros, en el otro extremo, como el expresidente Uribe, el Procurador Ordo\u00f1ez o Human Richts Watch, han defendido la posici\u00f3n IV, esto es, que no puede haber ni selecci\u00f3n ni suspensi\u00f3n total de pena para los m\u00e1ximos responsables.<\/p>\n
En mi caso, he tendido a situarme en la casilla III, esto es, considero que la selecci\u00f3n es v\u00e1lida, y por ello la intervenci\u00f3n escrita y oral de Dejusticia ante la Corte Constitucional se opuso en este aspecto a la demanda de la Comisi\u00f3n Colombiana de Juristas; pero creo, como lo he se\u00f1alado en otros debates p\u00fablicos, que los m\u00e1ximos responsables deben cumplir un m\u00ednimo de pena privativa de la libertad.<\/p>\n
Finalmente, algunos pueden estar en la posici\u00f3n II, esto es, no admiten la selecci\u00f3n pero aceptan la suspensi\u00f3n total de pena incluso para los m\u00e1ximos responsables.<\/p>\n
La Fiscal Bensouda es clara en que se opone a la suspensi\u00f3n total de pena para los m\u00e1ximos responsables. Pero su posici\u00f3n frente a la selecci\u00f3n es mucho m\u00e1s matizada pues su carta simplemente dice que una cosa es la estrategia investigativa de la CPI y otra la obligaci\u00f3n de los Estados frente a la CPI. Pero nunca afirma la Fiscal Basouda que los Estados tienen que investigar y castigar, incluso en procesos transicionales, a todos los responsables de todos los cr\u00edmenes atroces. No es pues claro si la Fiscal de la CPI acoge la posici\u00f3n III o la IV.<\/p>\n
En todo caso, esta posici\u00f3n de la Fiscal es importante pues muestran a las FARC y a todos los otros responsables de cr\u00edmenes atroces que los l\u00edmites jur\u00eddicos a los acuerdos de paz son internacionales y no s\u00f3lo nacionales, y que la comunidad internacional vigilar\u00e1 que el acuerdo de paz respete los derechos de las v\u00edctimas. En particular indica que no hay ninguna Asamblea Constituyente capaz de desatar esas restricciones; la alternativa es entonces hacer un acuerdo de paz que sea sensible con los derechos de las v\u00edctimas y compatible con la obligaci\u00f3n del Estado de investigar y sancionar los cr\u00edmenes m\u00e1s atroces.<\/p>\n
La incidencia menor sobre la inminente sentencia de la Corte.<\/p>\n
Pero, a pesar de su importancia, esas cartas de la Fiscal de la CPI no deber\u00edan tener mayor incidencia en la inminente sentencia de la Corte Constitucional sobre la demanda de la Comisi\u00f3n Colombiana de Juristas, al menos por las siguientes tres razones, que tienen que ver tanto con lo que dice la Fiscal en sus comunicaciones como con la naturaleza de la decisi\u00f3n que debe tomar la Corte.<\/p>\n
Primero, porque la demanda que debe decidir la Corte no analiza la suspensi\u00f3n de penas sino que ataca \u00fanicamente la \u201cselecci\u00f3n\u201d, esto es, la posibilidad que el Estado renuncie a investigar a quienes hayan cometido cr\u00edmenes atroces pero no sean los m\u00e1ximos responsables. Y frente a ese punto, como ya lo dijimos, la carta de la Fiscal es matizada; simplemente dice que una cosa es la estrategia investigativa de la CPI y otra la obligaci\u00f3n de los Estados frente a la CPI. Pero nunca afirma que los Estados tienen que investigar y castigar en todos los casos a todos los responsables de todos los cr\u00edmenes atroces.<\/p>\n
Ahora bien, el argumento constitucional m\u00e1s fuerte a favor de la legitimidad de la selecci\u00f3n no es la estrategia investigativa de la CPI sino que, en contextos transicionales como el colombiano, ese deber de investigar y sancionar entra en conflicto con otras obligaciones del Estado, como aquella de satisfacer los otros derechos de las v\u00edctimas (como la verdad y la reparaci\u00f3n), o el deber de buscar la paz, o la obligaci\u00f3n de satisfacer los derechos sociales de la poblaci\u00f3n pobre pero no victimizadas. Y que, como lo expusimos en la intervenci\u00f3n escrita de Dejusticia o en la presentaci\u00f3n oral en la audiencia de la Corte Constitucional del 25 de julio, como ese deber no es jer\u00e1rquicamente superior a los otros deberes del Estado, tiene que ser compatibilizado con ellos y eso implica la posibilidad de limitar la obligaci\u00f3n de investigar y sancionar cr\u00edmenes atroces, siempre y cuando esa limitaci\u00f3n sea un instrumento proporcionado para cumplir con las otras obligaciones constitucionales e internacionales del Estado colombiano. Y que en ese contexto, una renuncia condicionada a la acci\u00f3n penal es entonces admisible.<\/p>\n
Segundo, por una raz\u00f3n procesal: la demanda de la Comisi\u00f3n Colombiana de Juristas versa, como ya se explic\u00f3, sobre la posibilidad de selecci\u00f3n. Ahora bien, frente a demandas de reformas constitucionales, la Corte tiene el deber de estudiar \u00fanicamente lo demandado; no puede examinar otros aspectos, pues si lo hace, viola la regla de caducidad de las demandas frente a actos legislativos, pues la Corte estar\u00eda estudiando cargos que nunca fueron formulados por ning\u00fan ciudadano, en el t\u00e9rmino de caducidad de un a\u00f1o establecido por el art\u00edculo 379 de la Constituci\u00f3n. Esto lo tiene claro la Corte Constitucional, desde la sentencia C-543 de 1998, en donde expresamente se\u00f1al\u00f3 que \u201ccomo el control constitucional de los Actos Legislativos no es de car\u00e1cter oficioso, sino rogado (por demanda ciudadana), la Corporaci\u00f3n en estos casos tan s\u00f3lo puede pronunciarse sobre los cargos formulados por los demandantes\u201d. <\/p>\n
Ese criterio ha sido reiterado en muchas sentencias ulteriores, como la C-487 de 2002, la C-572 de 2004, C-888 de 2004 o la C-292 de 2007, en donde, por ejemplo, la Corte expresamente rechaz\u00f3 estudiar un posible vicio de inconstitucionalidad del acto legislativo, que no fue formulado por la demanda pero se\u00f1alado por el Procurador. La Corte reiter\u00f3 que \u201cel control de constitucionalidad por vicios de procedimiento en un Acto Legislativo debe limitarse a los cargos formulados por los demandantes en atenci\u00f3n a las particulares caracter\u00edsticas del tr\u00e1mite de reforma, a la limitaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 241-1 de la Constituci\u00f3n y a la limitaci\u00f3n temporal establecida en el art\u00edculo 379 superior\u201d.<\/p>\n
Conforme a esa jurisprudencia s\u00f3lida y reiterada, lo jur\u00eddico es entonces que la Corte reserve el estudio de la legitimidad o no de la suspensi\u00f3n de penas, al examen de las otras demandas que se han presentado contra MJP o al examen de la ley estatutaria que debe desarrollar ese marco. Y es adem\u00e1s lo m\u00e1s prudente, pues el debate sobre suspensi\u00f3n de penas tiene enormes complejidades, que la Corte no deber\u00eda abordar apresuradamente, puesto que todo su esfuerzo se ha centrado por ahora en el examen de la posibilidad o no de renuncia condicionada a la acci\u00f3n penal.<\/p>\n
Tercero, porque frente a la demanda de la Comisi\u00f3n Colombiana de Juristas, a la Corte le corresponde estudiar si el MJP para la paz es o no una sustituci\u00f3n de la Constituci\u00f3n; no le corresponde a la Corte analizar si esa reforma es o no compatible con el derecho internacional en general ni con el estatuto de la CPI en particular. Son dos ex\u00e1menes distintos, como lo se\u00f1al\u00f3 con claridad la Corte desde el p\u00e1rrafo 278 de la sentencia C-551 de 2003, que fue precisamente cuando la Corte adopt\u00f3 la teor\u00eda de que pod\u00eda estudiar los vicios de sustituci\u00f3n. Pero en esa misma sentencia, frente al cargo de que una de las preguntas del referendo pod\u00eda violar la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, la Corte dijo inequ\u00edvocamente que no le compet\u00eda \u201cefectuar un control de contenido o material de las reformas constitucionales, mucho menos tomando como referente supraconstitucional un tratado\u201d pues aunque el bloque de constitucionalidad \u201ces relevante para determinar si una reforma constitucional es en realidad una sustituci\u00f3n de la Constituci\u00f3n, de esa premisa no se puede concluir que una reforma constitucional puede ser juzgada por vicios de contenido a partir de una comparaci\u00f3n entre la disposici\u00f3n constitucional cuestionada y un art\u00edculo de determinado tratado, porque ello equivaldr\u00eda a reducir el cargo de la reforma constitucional al de una norma inferior a la Constituci\u00f3n y a sacar los tratados del bloque de constitucionalidad para elevarlos a un rango supraconstitucional.\u201d<\/p>\n
Ese criterio ha sido reiterado por la Corte en todas las sentencias ulteriores, en donde ha se\u00f1alado que el examen de los tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad es relevante para el juicio de sustituci\u00f3n, pues ayuda a determinar cuales son los pilares de la Constituci\u00f3n que podr\u00edan ser aniquilados o sustituidos, pero que eso no debe llevar a confundir el juicio de sustituci\u00f3n con un estudio de compatibilidad con el derecho internacional y que el examen de ese vicio de competencia no la autoriza \u201cpara comparar la reforma con el contenido de un principio o regla espec\u00edfica del bloque de constitucionalidad\u201d\u201d (Sentencia C-574 de 2011, parrafo 4.6)<\/p>\n
Por ello, aunque lo deseable es que la Corte intente armonizar su decisi\u00f3n con las obligaciones internacionales de Colombia, su deber en este caso es estudiar si el marco jur\u00eddico para la paz aniquila o no un pilar de la Constituci\u00f3n. No si \u00e9ste es compatible con el estatuto de la CPI y por ello la interpretaci\u00f3n de la Fiscal de la CPI es un elemento menor para determinar si el MJP implica o no una sustituci\u00f3n parcial de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
Por todo lo anterior, aunque las cartas de la Fiscal Basouda son importantes para el debate colombiano sobre la paz, su impacto sobre la sentencia de la semana entrante sobre el MJP deber\u00eda ser m\u00ednimo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Are the communications, sent by the Prosecutor of the International Criminal Court to the Constitutional Court, really \u201cletter bombs\u201d against the constitutionality of the Legal Framework for Peace? <\/p>\n","protected":false},"author":17,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1611],"tags":[],"class_list":["post-28119","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-transitional-justice","medium-la-silla-vacia-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n