Hace un par de d\u00edas una noticia fue anunciada como una verdadera bomba. Se trataba de dos cartas privadas – filtradas a los medios – en las que la Fiscal de la Corte Penal se dirig\u00eda a la Corte Constitucional para hacer algunas precisiones sobre su visi\u00f3n del Marco Jur\u00eddico para la Paz. De acuerdo con los anuncios period\u00edsticos, estas cartas pod\u00edan convertirse en un obst\u00e1culo insalvable para el proceso pues las consideraciones presentadas por la Fiscal pon\u00edan en tela de juicio la validez internacional del marco jur\u00eddico y, por ello, podr\u00edan llegar a deslegitimar una eventual decisi\u00f3n de la Corte que lo avalara.<\/p>\n
Sin embargo, una lectura m\u00e1s detallada de los contenidos de las dos comunicaciones deja entrever que la alarma inicial de la noticia inicial no parece justificarse. Esto, no s\u00f3lo por el hecho de que la opini\u00f3n de la Fiscal de la Corte Penal Internacional \u2013 a pesar de ser muy respetable y autorizada – no representa necesariamente la opini\u00f3n de los jueces de dicha corte. Adem\u00e1s, porque los contenidos de las cartas hacen algunas precisiones de derecho internacional que, de ser adoptadas, no necesariamente se opondr\u00edan a la declaratoria de constitucionalidad del Marco Jur\u00eddico para la Paz.<\/p>\n
Las dos cartas, enviadas en momentos distintos, se refieren fundamentalmente a dos temas. El primero aborda la pregunta de si es o no pertinente equiparar el proceso de selecci\u00f3n de casos que hace la Corte Penal Internacional con el que har\u00eda el Marco Jur\u00eddico para la Paz. El segundo se cuestiona si es o no compatible con el derecho internacional que se otorguen beneficios penales que conlleven a que los m\u00e1ximos responsables no tengan una pena privativa de la libertad efectiva.<\/p>\n
\u00bfEs la selecci\u00f3n una herramienta v\u00e1lida \u00fanicamente en procesos internacionales?<\/p>\n
Una de las caracter\u00edsticas principales del Marco Jur\u00eddico para la Paz es que permite al poder legislativo, a trav\u00e9s de una ley estatutaria, establecer un procedimiento penal especial para el juzgamiento de los cr\u00edmenes m\u00e1s graves cometidos durante el conflicto armado. Dicho procedimiento, en aras de la eficiencia y con el objeto de incentivar los di\u00e1logos de paz, no se concentra en investigar y procesar judicialmente a todos los responsables de los delitos cometidos en el conflicto, sino que establece un modelo de procesamiento en el cual, con base en criterios de gravedad y representatividad de los cr\u00edmenes, se selecciona a los m\u00e1ximos responsables de los cr\u00edmenes m\u00e1s graves. Como no todos los casos ser\u00e1n judicializados, de manera complementaria, el modelo propone que a trav\u00e9s de otros mecanismos se esclarezca la verdad y se garanticen los derechos de las v\u00edctimas, sin que se requiera la judicializaci\u00f3n de cada uno de los combatientes y de cada uno y todos los delitos cometidos durante el conflicto armado. A grandes rasgos a esto es a lo que se le denomina selecci\u00f3n.<\/p>\n
Quienes han defendido la selecci\u00f3n \u2013 como es el caso del Fiscal Eduardo Montealegre – han citado frecuentemente como base la pr\u00e1ctica y experiencia de cortes internacionales como la Corte Penal Internacional. Los defensores de la selecci\u00f3n se\u00f1alan que es una manera adecuada de enfrentar situaciones en donde existen cientos de miles o millones de v\u00edctimas y victimarios. De hecho, este argumento fue varias veces repetido en la audiencia p\u00fablica que convoc\u00f3 la Corte Constitucional hace un par de semanas. All\u00ed se cit\u00f3 la pr\u00e1ctica de la Corte Penal Internacional como ejemplo.<\/p>\n
Otros, por el contrario, han argumentado que existen diferencias entre las facultades de un \u00f3rgano internacional – como la Corte Penal Internacional – y la obligaci\u00f3n que tienen los Estados de investigar y sancionar a quienes han cometido violaciones a los derechos humanos. Al respecto, han se\u00f1alado que si bien la Corte Penal Internacional tiene la competencia de seleccionar casos, esta facultad se deriva del hecho de que esta corte act\u00faa como un \u00f3rgano subsidiario. Sin embargo, argumentan que como los Estados lo que tienen es una obligaci\u00f3n primaria de investigar y sancionar todas las conductas, la selecci\u00f3n no puede realizarse en el orden interno. Por tanto, en su opini\u00f3n, la selecci\u00f3n es una herramienta que solamente puede ser usada a nivel internacional.<\/p>\n
Es dentro de este debate en el que la Fiscal env\u00eda su carta. Lo hace para evitar que la metodolog\u00eda de selecci\u00f3n que realiza su oficina sea usada como ejemplo para la selecci\u00f3n a nivel nacional. No obstante, vale la pena aclarar que si bien la fiscal establece que su pr\u00e1ctica de selecci\u00f3n no puede tomarse como un ejemplo para establecer modelos a nivel nacional, en ning\u00fan momento se\u00f1ala que existe una prohibici\u00f3n a nivel internacional de hacer selecci\u00f3n por cortes nacionales. Es decir, la carta se limita a decir que el modelo de la CPI no necesariamente debe ser el modelo adoptado por los pa\u00edses, pero nunca indica que la selecci\u00f3n en cortes internas est\u00e9 prohibida por el derecho internacional.<\/p>\n
As\u00ed pues, si bien a primera vista pareciera que la fiscal le da la raz\u00f3n a quienes se oponen a la selecci\u00f3n, al final no parece que lo haga con la contundencia con la que inicialmente fue interpretada. Por ello, es posible aun cuando la Corte Constitucional adopte el criterio citado por la Fiscal\u00eda, esto no signifique cerrarle la puerta a la selecci\u00f3n.<\/p>\n
La pena de prisi\u00f3n para los m\u00e1ximos responsables<\/p>\n
El segundo punto en donde la fiscal emiti\u00f3 concepto se refiere a la posibilidad de que, una vez juzgados, los m\u00e1ximos responsables de los cr\u00edmenes puedan ser beneficiados con tratamientos benignos que incluso conlleven a que no sean privados de la libertad. Esto podr\u00eda darse a trav\u00e9s de varias v\u00edas. Por ejemplo, que la ley estatutaria establezca que aquellos miembros de la guerrilla ya condenados por la justicia penal interna puedan ser perdonados o absueltos de la imposici\u00f3n del castigo que ya han se\u00f1alado las cortes. Otra v\u00eda podr\u00eda ser que, en los procesos en donde se seleccionen a los m\u00e1ximos responsables, se permita que a su finalizaci\u00f3n se imponga una pena simb\u00f3lica o una pena alternativa que no implique la privaci\u00f3n de la libertad.<\/p>\n
El tema del castigo adecuado ha sido uno de los m\u00e1s controversiales de la discusi\u00f3n del marco jur\u00eddico para la paz. Algunos Intervinientes en el proceso hemos defendido que un m\u00ednimo de justicia penal y de castigo debe ser implementado, en donde se incluye como m\u00ednimo el castigo efectivo de aquellas personas consideradas m\u00e1ximos responsables de las violaciones m\u00e1s graves y representativas. Es decir, que aquellas personas que han tenido mando en la planeaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de los patrones de violaci\u00f3n m\u00e1s graves deben ser seleccionados para investigaci\u00f3n y deben ser procesados y castigados con una pena efectiva, la cual podr\u00eda en todo caso ser una pena reducida.<\/p>\n
Otras posiciones han defendido la idea de que es imposible avanzar en un proceso de negociaci\u00f3n si los l\u00edderes del grupo que negocia deben ser sometidos a la justicia (el argumento de que nadie negocia para ir a la c\u00e1rcel). Es bajo esta l\u00f3gica que algunas personas defienden que los m\u00e1ximos responsables podr\u00edan (y deber\u00edan) ser judicializados, pero al final del proceso se deber\u00e1n establecer medidas alternativas a la prisi\u00f3n o sanciones simb\u00f3licas.<\/p>\n
Para la Fiscal de la Corte Penal Internacional esta posibilidad est\u00e1 afuera de lo que permite el derecho penal internacional. Bajo su an\u00e1lisis, existe un m\u00ednimo de justicia penal que debe ser implementado y que requerir\u00eda que los juicios que se adelanten contra los m\u00e1ximos responsables contengan al menos un m\u00ednimo de pena que sea proporcional a la gravedad del delito. En consecuencia, a juicio de la fiscal, ser\u00eda imposible un arreglo constitucional en el cual se permita, por ejemplo, perdonar la pena a los miembros del secretariado de las FARC que hoy en d\u00eda est\u00e1n condenados por sentencias judiciales internas.<\/p>\n
Sin lugar a dudas esta posici\u00f3n impone un l\u00edmite cierto a la expectativa de los combatientes y de los negociantes en la mesa de La Habana. No obstante, vale la pena hacer dos aclaraciones. La primera de ellas es que el marco legal para la paz no necesariamente establece que existir\u00e1 esa medida de beneficio penal para los m\u00e1ximos responsables. De hecho, la concreci\u00f3n de la medida ser\u00e1 solamente alcanzada cuando se expida la correspondiente ley estatutaria. Esto quiere decir que, aun si la Corte Constitucional decide declarar la constitucionalidad del marco legal para la paz, no se estar\u00eda autom\u00e1ticamente actuando en contra de la posici\u00f3n de la Fiscal. En segundo lugar, es necesario recordar que la Corte Constitucional debe decidir con base en lo que ha sido demandado. El tema central de la demanda es si la selecci\u00f3n vulnera o no un pilar de la Constituci\u00f3n del 91, pero esto no incluye necesariamente el tema de la ejecuci\u00f3n de la sentencia.<\/p>\n
Esta precisi\u00f3n, aunque t\u00e9cnica es muy importante, pues la Corte Constitucional debe ser muy precisa en responder a la demanda efectuada. Es por ello, probable que la Corte decida no pronunciarse en este momento sobre aspectos relacionados con la demanda, pero no directamente incluidos en \u00e9sta, como es el caso de la regulaci\u00f3n del tipo y modalidad de la pena a ser impuesta a los m\u00e1ximos responsables de los delitos m\u00e1s graves.<\/p>\n
El impacto de las cartas en la decisi\u00f3n de la Corte y en la discusi\u00f3n de La Habana<\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de los debates jur\u00eddicos sobre el alcance de las opiniones e interpretaciones jur\u00eddicas de la Fiscal, las dos cartas tienen un mensaje pol\u00edtico muy importante. Tanto para la Corte y el gobierno, como para las FARC. Las cartas demuestran que la comunidad internacional sigue muy de cerca el proceso y que es falsa la idea de que con cualquier arreglo constitucional refrendado a nivel nacional el proceso quedar\u00e1 blindado. Le muestra, sobre todo a las FARC, que el futuro del proceso de paz se juega en los derechos de las v\u00edctimas y, de paso, recuerda que la Corte Penal Internacional no es ese tigre de papel como se le quiere pintar en Colombia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Some weeks ago news was announced of a true bomb. The news was about two private letters- leaked by media \u2013 in which the Prosecutor of the International Criminal Court addressed the Constitutional Court, with the intention of making some clarifications about its vision of the Legal Framework for Peace. According to media reports, these letters could become an insurmountable obstacle for the process, given that the arguments made by the Prosecutor questioned the international validity of the peace framework and, therefore they could discredit an eventual decision by the Court supporting the framework. <\/p>\n","protected":false},"author":26,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1611],"tags":[],"class_list":["post-28121","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-transitional-justice","medium-caja-de-herramientas-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n