Es pr\u00e1cticamente un hecho que el procurador sancionar\u00e1 disciplinariamente a Gustavo Petro. El alcalde no s\u00f3lo va a ser destituido, sino que va a quedar inhabilitado durante un buen tiempo (\u00bf10, 15, 18 a\u00f1os?) para ocupar alg\u00fan cargo p\u00fablico. <\/p>\n
Pero, \u00bfpuede el procurador
\n destituir a Petro? <\/p>\n
Antes pongo las cartas sobre la mesa: yo no vot\u00e9 por Petro y tengo sentimientos encontrados frente a su Alcald\u00eda. Destaco la importancia hist\u00f3rica de algunas de sus pol\u00edticas, que han marcado una agenda novedosa en el Distrito, pero no puedo ignorar varias de sus torpezas pol\u00edticas y administrativas. <\/p>\n
El debate aqu\u00ed no es entonces sobre qu\u00e9 tan buena ha sido la Alcald\u00eda de Petro, ni sobre si Alejandro Ord\u00f3\u00f1ez lo persigue pol\u00edticamente o no. El debate es sobre si es constitucional o no que un procurador destituya a un funcionario p\u00fablico que ha sido elegido popularmente. <\/p>\n
Hay dos razones por las cuales la respuesta es negativa.<\/p>\n
Primero, porque no es claro que el procurador tenga la competencia para sancionar disciplinariamente a funcionarios elegidos popularmente. El art\u00edculo 277.6 de la Constituci\u00f3n, que se utiliza como fundamento de esta competencia, dice que el procurador tiene la funci\u00f3n de \u201cejercer vigilancia superior de la conducta de quienes desempe\u00f1en funciones p\u00fablicas, inclusive las de elecci\u00f3n popular\u201d.<\/p>\n
Sin embargo, la vigilancia no implica la sanci\u00f3n. De hecho, m\u00e1s adelante en ese mismo art\u00edculo se indica, en un \u00edtem distinto de la lista, que la Procuradur\u00eda tiene la facultad de sancionar a funcionarios, pero ah\u00ed no se aclara, como antes, que esa facultad tambi\u00e9n aplica para aquellos elegidos popularmente. <\/p>\n
Este an\u00e1lisis tal vez es incompleto, es cierto, pero al menos plantea la duda. Y como en este caso se estar\u00edan restringiendo derechos pol\u00edticos, esa autorizaci\u00f3n para sancionar debe ser muy clara y expresa, sin ambig\u00fcedades. En este caso no lo es. <\/p>\n
Eso no significa que la Procuradur\u00eda quede pintada en la pared. No podr\u00eda sancionar a funcionarios elegidos popularmente, pero podr\u00eda hacer lo mismo que hacen los ministerios p\u00fablicos en otros pa\u00edses: hacer denuncias p\u00fablicas, compulsar copias, intervenir en los procesos penales, etc. <\/p>\n
Supongamos, en gracia de discusi\u00f3n, que este argumento no es v\u00e1lido. En todo caso, hay razones de fondo poderosas: es inconveniente que una sola persona pueda destituir a una persona elegida democr\u00e1ticamente. Y es especialmente inconveniente cuando el procedimiento es discrecional y arbitrario. Eso significar\u00eda ignorar la voluntad de miles de personas y hacer ineficaz la democracia electoral. <\/p>\n
Esto es a\u00fan m\u00e1s grave si se tiene en cuenta un detalle clave: el procurador es elegido por la mayor\u00eda en el Senado. Eso lleva a que, al tener una amplia discrecionalidad para sancionar a un funcionario elegido popularmente, la Procuradur\u00eda se convierta f\u00e1cilmente en una herramienta de las mayor\u00edas para perseguir a los opositores pol\u00edticos. Esto representa, sin duda, un peligro para el pluralismo y las garant\u00edas de las minor\u00edas.<\/p>\n
Precisamente por estas razones, la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos (art. 23) \u2013que hace parte integral de nuestra Constituci\u00f3n- establece que los Estados s\u00f3lo pueden restringir los derechos pol\u00edticos (inhabilitar a alguien, por ejemplo) si hay una condena de un juez competente en un proceso penal. La raz\u00f3n es muy clara: el proceso penal ofrece mayores garant\u00edas que el proceso disciplinario: el que acusa es diferente del que juzga, la primera instancia es diferente de la segunda, no hay tanta discrecionalidad en la aplicaci\u00f3n de las normas, y quien falla es m\u00e1s independiente de la din\u00e1mica pol\u00edtica. <\/p>\n
En efecto, recientemente la Corte Interamericana conden\u00f3 a Venezuela porque la Procuradur\u00eda de all\u00e1 \u2013dirigida por una persona aliada al chavismo- inhabilit\u00f3 a Leopoldo L\u00f3pez, un pol\u00edtico de la oposici\u00f3n, quien no pudo participar en las siguientes elecciones. A juicio de la Corte, L\u00f3pez, al ser elegido popularmente, s\u00f3lo pod\u00eda ser removido de su cargo en virtud de una sentencia de un juez penal o de una revocatoria de la ciudadan\u00eda, no de un proceso disciplinario. <\/p>\n
En Colombia la cosa no ha sido muy distinta. No s\u00f3lo el procurador ha destituido e inhabilitado a varios funcionarios elegidos popularmente, sino que hace poco la Corte Constitucional le dio la raz\u00f3n en un fallo m\u00e1s que desafortunado. Seg\u00fan el comunicado (a\u00fan no ha salido la sentencia), y como sugieren los salvamentos de voto, al parecer esta vez la Corte no se tom\u00f3 en serio la Convenci\u00f3n Americana ni el pronunciamiento reciente de la Corte Interamericana; tampoco quiso dar el debate de fondo sobre los riesgos entra\u00f1a en el caso colombiano. <\/p>\n
El color pol\u00edtico es distinto del venezolano, pero el da\u00f1o y los riesgos para la democracia colombiana son los mismos. Una condena de la Corte Interamericana es cuesti\u00f3n de tiempo. <\/p>\n
Hace poco el concejal Juan Carlos Fl\u00f3rez dijo que la destituci\u00f3n de Petro ser\u00eda positiva, pues una \u201cbuena parte de los bogotanos est\u00e1 hasta aqu\u00ed del alcalde\u201d. Entiendo, incluso comparto, la insatisfacci\u00f3n frente a Petro. Sin embargo, quien debe juzgar esa inconformidad no es una sola persona – elegida por una mayor\u00eda en el Senado- a trav\u00e9s de un procedimiento sin muchas garant\u00edas, sino la ciudadan\u00eda que lo eligi\u00f3. <\/p>\n
Que se vote la revocatoria y que sea la ciudadan\u00eda, democr\u00e1ticamente, la que decida si Petro debe salir o no.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Two reasons why the answer would be “no”. It is practically a done deal the the Inspector General will apply disciplinary sanctions in Gustavo Petro’s case. The mayor will not only be removed from office, he will also be unable to hold public office for a good amount of time (10, 15, 18 years).<\/p>\n","protected":false},"author":40,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1609],"tags":[2280,1841,1096,1875,2077,1359,2218,1319,1925,2348],"class_list":["post-28209","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-rule-of-law","tag-alcaldia-mayor","tag-alejandro-ordonez","tag-bogota","tag-constitucion-de-1991","tag-democracy-en-4","tag-destitucion","tag-gustavo-petro","tag-inhabilidad","tag-inter-american-court-of-human-rights","tag-procuraduria","subcategory-institutional-strengthening","medium-semana-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n