El giro implic\u00f3 alejarse de las tesis insostenibles y ofensivas para las v\u00edctimas, seg\u00fan las cuales en el Palacio no hubo desaparecidos, el esquema de seguridad de los magistrados era adecuado y no hay pruebas de que Carlos Ur\u00e1n (del cual Nieto tuvo el descaro de decir que no era magistrado auxiliar) haya salido vivo.
\nEl Estado ahora est\u00e1 dispuesto a aceptar su responsabilidad directa por la tortura de dos personas y la desaparici\u00f3n de otras dos, as\u00ed como por las omisiones en determinar qu\u00e9 sucedi\u00f3 con los dem\u00e1s desaparecidos y con el magistrado Ur\u00e1n. A pesar de este avance, la estrategia es a\u00fan muy problem\u00e1tica, pues busca reducir el alcance de la condena a como d\u00e9 lugar. Tal intento es moralmente reprochable, pues revictimiza a las v\u00edctimas al minimizar la gravedad de lo sucedido. Pero adem\u00e1s es poco fruct\u00edfero jur\u00eddica y pol\u00edticamente, pues la condena es inevitable.
\nEl Estado busca restringir su responsabilidad por los desaparecidos no reconocidos y por la muerte de Ur\u00e1n al hecho de que todav\u00eda no se sabe qu\u00e9 sucedi\u00f3 con ellos. Pero su responsabilidad es mucho m\u00e1s amplia. Existen pruebas de que, durante la retoma, el Ej\u00e9rcito controlaba la suerte de las personas que encontraba con vida; tambi\u00e9n de que seleccion\u00f3 a los que consideraba aliados de la insurgencia y dispuso de las vidas de algunos. Y hay pruebas de que el involucramiento del Ej\u00e9rcito ha sido ocultado por autoridades militares y civiles, que adem\u00e1s han entorpecido las investigaciones. Por ello, es muy probable que la Corte IDH condene al Estado, no s\u00f3lo por omisiones en la investigaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n por no garantizar la vida de todos los desaparecidos y de Ur\u00e1n en una situaci\u00f3n en la cual ten\u00eda la capacidad de hacerlo, y por evitar activamente que se sepa lo sucedido.
\nEl Estado intenta reducir su responsabilidad por las omisiones en la investigaci\u00f3n anunciando una semana antes de la audiencia ante la Corte que emprender\u00e1 medidas contra la impunidad, como crear una unidad especial en la Fiscal\u00eda e investigar a los ministros en ejercicio durante la toma. Las v\u00edctimas han solicitado durante a\u00f1os esas medidas, y su adopci\u00f3n temprana habr\u00eda permitido avanzar mucho m\u00e1s en el esclarecimiento de los hechos. Por ello, es posible que la Corte reconozca la importancia de las medidas pero declare su car\u00e1cter tard\u00edo y ordene garant\u00edas para que sean puestas en pr\u00e1ctica.
\nAs\u00ed pues, la estrategia del Estado no rendir\u00e1 mayores frutos ante la Corte, pero s\u00ed perpetuar\u00e1 la imagen de que aquel tiene un compromiso d\u00e9bil con los derechos de las v\u00edctimas. Con ello, el Gobierno actual desaprovechar\u00e1 la gran oportunidad que tiene de rechazar enf\u00e1ticamente los abusos del pasado y lanzar el mensaje de que \u00e9stos ya no son admitidos. Eso podr\u00eda lograrse a trav\u00e9s del reconocimiento pleno de su responsabilidad y la propuesta de una soluci\u00f3n amistosa.
\nS\u00f3lo as\u00ed podr\u00eda el Gobierno dignificar a las v\u00edctimas como se lo merecen, as\u00ed como obtener legitimidad por hacerlo. Como lo muestra el caso argentino, la soluci\u00f3n amistosa de la mayor\u00eda de casos ha permitido a los gobiernos recientes alegar cre\u00edblemente que est\u00e1n comprometidos con los derechos humanos y distanciarse as\u00ed de los que cometieron abusos. Al parecer, el gobierno de Santos no se anima a tanto. Pero si no se anima, le quedar\u00e1 dif\u00edcil continuar enarbolando la bandera de las v\u00edctimas porque pocos le creer\u00e1n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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