El domingo fue el turno de Tauramena (Casanare), que vot\u00f3 en contra de proyectos petroleros que ponen en riesgo las fuentes de agua del municipio. <\/p>\n
Siguiendo el ejemplo de la consulta popular contra la miner\u00eda de oro en Piedras (Tolima), los taurameneros organizaron la primera en el pa\u00eds sobre el petr\u00f3leo. El 96% de los votantes se pronunci\u00f3 en desacuerdo con la exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n de hidrocarburos en zonas de recarga h\u00eddrica. Como la participaci\u00f3n super\u00f3 el umbral exigido por la ley, la decisi\u00f3n ser\u00eda obligatoria para las autoridades locales, de acuerdo con la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
Digo \u201cser\u00eda\u201d porque hay un enconado debate sobre los efectos de estas iniciativas ciudadanas. Para el Gobierno Nacional, no tendr\u00edan validez porque el petr\u00f3leo y los minerales son de propiedad de la naci\u00f3n (lo que es cierto), de suerte que las autoridades y los ciudadanos locales no podr\u00edan tomar ninguna decisi\u00f3n que interfiera con su explotaci\u00f3n (lo que es muy discutible, como veremos). <\/p>\n
Por eso el Gobierno expidi\u00f3 un decreto y una circular con admoniciones contra los alcaldes que obedezcan el mandato popular de proteger el agua y el medio ambiente. Por eso tambi\u00e9n envi\u00f3 una misi\u00f3n ministerial de alto nivel a Tauramena para tratar de conjurar la consulta a \u00faltimo momento. Y la Procuradur\u00eda, c\u00f3mo no, se ha pronunciado contra la posibilidad de someter a voto las preocupaciones de las comunidades locales sobre el futuro del agua, los p\u00e1ramos o la agricultura afectada por las industrias extractivas. <\/p>\n
A favor de las consultas hay s\u00f3lidas razones pol\u00edticas, jur\u00eddicas y ambientales. En cuanto a las primeras, para que la democracia participativa tenga sentido, debe operar en el nivel local, donde los ciudadanos pueden involucrarse directamente. Para que sea relevante, debe decidir asuntos importantes, como la vocaci\u00f3n econ\u00f3mica del lugar. <\/p>\n
Los motivos jur\u00eddicos comienzan con la Constituci\u00f3n (que le apost\u00f3 a la democracia participativa) y siguen con las leyes de ordenamiento territorial, que les permiten a los municipios regular el uso del suelo. Con raz\u00f3n, cada vez m\u00e1s municipios se preguntan: \u00bfpara qu\u00e9 un plan de ordenamiento territorial que proteja las fuentes de agua, si el Gobierno autoriza una mina de oro que las contamina? O como me lo dijo una l\u00edder campesina, con l\u00f3gica incontestable: \u00bfde qu\u00e9 sirve ser due\u00f1o de la casa pero no de lo que hay adentro? <\/p>\n
Los argumentos ambientales de las consultas tambi\u00e9n son persuasivos. Mientras que las regal\u00edas se reparten por todo el pa\u00eds, los efectos ecol\u00f3gicos se concentran en la zona de explotaci\u00f3n. Adem\u00e1s, se siguen sintiendo muchas d\u00e9cadas despu\u00e9s de que se cierra la mina o el pozo. Es apenas l\u00f3gico y justo que los potenciales afectados puedan opinar, incluso decidir, sobre ellos. <\/p>\n
De ah\u00ed que la participaci\u00f3n ciudadana sea un pilar del derecho ambiental internacional, encarnado en el Principio 10 de la Declaraci\u00f3n de R\u00edo y en las varias normas que lo han desarrollado, como la Convenci\u00f3n de Aarhus. <\/p>\n
En muchos lugares, como Estados Unidos, los municipios pueden vetar la miner\u00eda en su territorio y han estado al frente de movimientos contra el fracking y otras formas riesgosas de explotaci\u00f3n de recursos no renovables. <\/p>\n
De modo que las consultas tienen bases firmes. As\u00ed lo entienden las comunidades que planean organizar una como la de Tauramena o Piedras, y ejercer la democracia ambiental.<\/p>\n