En el debate acerca de la destituci\u00f3n e inhabilidad que impuso el procurador al alcalde de Bogot\u00e1, se ha mencionado mucho la sentencia de la Corte Interamericana (Corte IDH) en un caso similar que ocurri\u00f3 en Venezuela. Y aunque el procurador lleg\u00f3 a decir que esa sentencia no es vinculante, esta tiene un argumento muy fuerte que no se puede ignorar. <\/p>\n
El caso de Venezuela tiene grandes coincidencias con el caso de Gustavo Petro. En ambos se inhabilita a un alcalde por una entidad administrativa que legalmente tiene esa potestad. All\u00e1 la Contralor\u00eda, ac\u00e1 la Procuradur\u00eda. La principal diferencia jur\u00eddica es que en el caso de Venezuela s\u00f3lo se impuso la sanci\u00f3n de inhabilidad. No hubo destituci\u00f3n, pues la ley venezolana no permit\u00eda a la Contralor\u00eda destituir a alguien elegido popularmente. <\/p>\n
La historia se remonta al a\u00f1o 2008, cuando el venezolano pol\u00edtico de oposici\u00f3n Leopoldo L\u00f3pez Mendoza intent\u00f3 inscribirse como candidato para elecciones populares pero su inscripci\u00f3n fue rechazada. La raz\u00f3n era que la Contralor\u00eda de Venezuela lo hab\u00eda sancionado en dos ocasiones con inhabilidad para acceder a cargos p\u00fablicos cuando fue alcalde del municipio del El Chacao y cuando trabajaba en la Empresa de Petr\u00f3leos de Venezuela PDVSA. <\/p>\n
En ese caso, la Corte IDH analiz\u00f3 si la Contralor\u00eda vulner\u00f3 los derechos pol\u00edticos del se\u00f1or L\u00f3pez. Para ello, se pregunt\u00f3: \u00bfpod\u00eda la Contralor\u00eda imponer la sanci\u00f3n de inhabilidad? <\/p>\n
La respuesta fue no, porque la inhabilidad es una limitaci\u00f3n a un derecho pol\u00edtico que s\u00f3lo puede ordenar un juez penal, de acuerdo con el art\u00edculo 23 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. La Corte consider\u00f3 que inhabilitar a alguien es tan grave para el ejercicio de sus derechos pol\u00edticos, que la m\u00ednima garant\u00eda que se debe ofrecer es que la decisi\u00f3n se tome en el marco de un proceso judicial penal. O, seg\u00fan algunas interpretaciones, que al menos el proceso administrativo ofrezca las garant\u00edas propias de un proceso penal. Finalmente, la Corte tumb\u00f3 la inhabilidad impuesta por la Contralor\u00eda venezolana al se\u00f1or L\u00f3pez. Adem\u00e1s, le orden\u00f3 a Venezuela adecuar la ley que permiti\u00f3 a la Contralor\u00eda inhabilitar. <\/p>\n
Esta decisi\u00f3n tiene un alcance que no puede ser ignorado. En efecto, aunque el caso sea venezolano, all\u00ed la Corte IDH cre\u00f3 una regla para aplicar el art\u00edculo 23 sobre derechos pol\u00edticos y como la Corte IDH es la int\u00e9rprete autorizada de la Convenci\u00f3n Americana, su doctrina es jur\u00eddicamente relevante para las autoridades colombianas que deben tomarla en cuenta en sus decisiones. <\/p>\n
A pesar de que en el 2003 y el 2006 la Corte Constitucional de Colombia dijo que s\u00ed es posible inhabilitar por v\u00eda administrativa y que la reciente sentencia en el caso de Piedad C\u00f3rdoba pareci\u00f3 ratificar esa jurisprudencia, la sentencia de la Corte IDH del 2011 explicada en esta columna deber\u00eda generar un cambio de doctrina. Deber\u00eda entonces concluirse que hoy no es posible constitucionalmente la inhabilitaci\u00f3n hecha por un funcionario administrativo, como lo solicitamos desde DeJusticia a la Corte Constitucional. O que al menos, si se mantiene esa facultad, debe tener las garant\u00edas propias de un proceso penal. <\/p>\n
En medio de tanta incertidumbre, la sentencia del caso L\u00f3pez Mendoza contra Venezuela aporta un argumento s\u00f3lido y contundente. Aunque all\u00ed \u00fanicamente se discuti\u00f3 sobre la inhabilidad que se le impuso al alcalde venezolano, es pertinente incluso para analizar el combo de destituci\u00f3n e inhabilidad que puede aplicar aqu\u00ed el Procurador, pues ambas son formas de restringir los derechos pol\u00edticos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
This is about a key decision in defining the powers of the Inspector General’s Office regarding political rights. In the debate about the removal from office of Bogota’s mayor and his disqualification from holding elected office imposed by the Inspector General, the decision but the Inter-American Court in a similar case in Venezuela has been mentioned a lot.<\/p>\n","protected":false},"author":39,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1609],"tags":[2280,1096,1359,2218,1319,1925,2348,2412,1807],"class_list":["post-28317","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-rule-of-law","tag-alcaldia-mayor","tag-bogota","tag-destitucion","tag-gustavo-petro","tag-inhabilidad","tag-inter-american-court-of-human-rights","tag-procuraduria","tag-sentencia","tag-venezuela","subcategory-institutional-strengthening","medium-semana-en","post-scope-aaa-not-blog","post-scope-internacional-en"],"acf":[],"yoast_head":"\n