El caso condensa tres problemas urgentes, que la Corte Constitucional puede ayudar a resolver si niega la tutela que busca acabar con el parque y darle v\u00eda libre a la mina. El primero es la vacilaci\u00f3n de las pol\u00edticas p\u00fablicas. El pleito surgi\u00f3 de la decisi\u00f3n ilegal del gobierno anterior de otorgarle a Cosigo un t\u00edtulo minero (a trav\u00e9s de Ingeominas) dentro de un \u00e1rea que hab\u00eda declarado parque nacional apenas dos d\u00edas antes (a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n de Parques). \u00c1rea que coincid\u00eda casi al mil\u00edmetro con un resguardo ind\u00edgena creado 20 a\u00f1os atr\u00e1s. <\/p>\n
El gobierno Santos termin\u00f3 la feria de t\u00edtulos ilegales de su antecesor, pero no ha sido menos contradictorio. Ha acertado al defender el parque y pedir la nulidad del t\u00edtulo de Cosigo. Pero ha abierto la puerta de la Amazonia a la miner\u00eda, declarando otros proyectos de Cosigo en la regi\u00f3n como de inter\u00e9s nacional e incluyendo el parque en la zona estrat\u00e9gica minera que cre\u00f3 en 2012. Con ello pone en riesgo d\u00e9cadas de pol\u00edticas ambientales que han hecho de la Amazonia colombiana la mejor conservada, gracias a que el 80% ha estado protegida por parques, resguardos o reservas forestales. De ah\u00ed que sea preciso un fallo de la Corte que respalde el parque y restaure el orden ambiental en el contradictorio mapa de la Amazonia. <\/p>\n
El segundo problema es la ilegalidad promovida por algunas compa\u00f1\u00edas mineras. No hab\u00eda terminado el episodio de la Drummond en Santa Marta, cuando Cosigo sali\u00f3 a la luz p\u00fablica con una actitud igualmente desafiante de la ley. A diferencia de otras empresas, no ha renunciado voluntariamente a t\u00edtulos mineros que son claramente ilegales por estar dentro de parques nacionales. Insiste en que tiene un \u201cderecho adquirido\u201d, aunque un t\u00edtulo es s\u00f3lo una expectativa. Y habr\u00eda apoyado al ind\u00edgena autor de la tutela contra el parque, seg\u00fan lo dijo el demandante en la audiencia celebrada por la Corte hace poco en ese rinc\u00f3n del Vaup\u00e9s. <\/p>\n
El caso arroja luces sobre una tercera controversia, sobre las consultas previas, que vienen siendo criticadas por ministros, empresarios, representantes de gremios y algunos analistas que las ven como un obst\u00e1culo para el desarrollo y un bot\u00edn de l\u00edderes ind\u00edgenas y afros corruptos. El caso de Cosigo muestra que estas generalizaciones son temerarias y que la realidad es otra. La consulta para la creaci\u00f3n del parque Yaigoj\u00e9-Apaporis no s\u00f3lo fue bien hecha, sino que result\u00f3 de la colaboraci\u00f3n entre la Direcci\u00f3n de Parques y los pueblos ind\u00edgenas de la zona. Lo cual prueba que las consultas pueden funcionar cuando son hechas de buena fe y siguiendo las reglas. <\/p>\n
De hecho, en el caso del Yaigoj\u00e9, quienes piden una nueva consulta son Cosigo y el demandante que dice haber sido apoyado por la compa\u00f1\u00eda. Suena parecido a lo que hemos visto quienes asistimos a otras consultas: a menudo, la divisi\u00f3n de las comunidades es alentada por empresas que compran el consentimiento de l\u00edderes improvisados, o por algunos funcionarios que canjean firmas de oportunistas por vi\u00e1ticos o contratos. As\u00ed que el caso puede servir para que la justicia avale una consulta exitosa, que sirva de ejemplo para las que vienen. <\/p>\n
La Corte tiene literalmente una oportunidad de oro para balancear la miner\u00eda y el medio ambiente, y para hacer valer la Constituci\u00f3n y la ley. Confiemos en que su fallo brille.<\/p>\n