Antes de explicarlas, dos aclaraciones. Primero, esta no es una defensa de la gesti\u00f3n de Petro. Como sostuve en una columna anterior, no estoy satisfecho con la gesti\u00f3n del ahora ex alcalde. Esta es una defensa de las instituciones, pensada no solo para Petro sino para cualquier funcionario elegido popularmente, independientemente de su color pol\u00edtico. En ese sentido, estos argumentos est\u00e1n pensados para que si eventualmente, por ejemplo, los derechos pol\u00edticos de \u00c1lvaro Uribe est\u00e1n en riesgo, \u00e9l tambi\u00e9n pueda contar con las medidas cautelares para evitar que le sean violados.<\/p>\n
Segundo, esta no es, tampoco, una discusi\u00f3n sobre si la sanci\u00f3n del procurador fue constitucional o no, conveniente o no. Esta es una discusi\u00f3n sobre si Santos deb\u00eda acatar las medidas cautelares decretadas por la CIDH.<\/p>\n
De entrada me disculpo por el larguero, pero creo que el debate lo amerita.<\/p>\n
El debate internacional y el debate nacional<\/p>\n
Es cierto que en el plano internacional existe un debate sobre si las medidas cautelares proferidas por la Comisi\u00f3n Interamericana (CIDH) deben ser acatadas o no por los Estados. El debate surge porque estas medidas, a diferencia de las medidas provisionales que otorga la Corte Interamericana (Corte IDH), no est\u00e1n previstas expresamente en un tratado. La CIDH, primero como una pr\u00e1ctica y luego a partir de 1980 a trav\u00e9s de su reglamento, ha justificado esta facultad de otorgar medidas cautelares bas\u00e1ndose en la competencia gen\u00e9rica que la Convenci\u00f3n Americana le ha dado (art. 41) para adoptar medidas dirigidas a proteger derechos humanos.<\/p>\n
Ah\u00ed radica el debate. Algunos sostienen que de ah\u00ed (de la pr\u00e1ctica y del art\u00edculo 41) s\u00ed se puede concluir que la CIDH puede decretar medidas cautelares y que los Estados est\u00e1n en la obligaci\u00f3n de acatarlas. Otros dicen que no: en la medida en que no hay un tratado que expresamente autorice a la CIDH a hacerlo, entonces los Estados no estar\u00edan obligados a acatar esas medidas. Este precisamente fue uno de los argumentos de la Canciller Holgu\u00edn.<\/p>\n
Este debate, sin embargo, est\u00e1 zanjado en Colombia, pues la Corte Constitucional ya tom\u00f3 una postura. En much\u00edsimas sentencias (T-558\/03, T-786\/03, T-524\/05, T-585A\/11, entre otras) la Corte ha reiterado que las medidas cautelares decretadas por la CIDH tienen que ser cumplidas obligatoriamente por el Estado colombiano.<\/p>\n
En principio, entonces, el Gobierno debi\u00f3 acatar las medidas cautelares, pues la Corte ha dicho que son de obligatorio cumplimiento. Pero evaluemos las posibles razones por las cuales se podr\u00eda llegar a decir que este caso es distinto a los anteriores y que, por esa raz\u00f3n, Santos no estaba obligado a acatarlas. Planteo algunas razones que he detectado en varios debates (y, bueno, en algunas notas de prensa que parecieran haber sido escritas por el gobierno, como esta o esta), pero los invito a que en los comentarios planteen nuevos argumentos.<\/p>\n
El argumento de que Petro s\u00ed accedi\u00f3 a la justicia<\/p>\n
Santos dijo en la rueda de prensa que Petro s\u00ed hab\u00eda podido acceder a la justicia colombiana a trav\u00e9s de las tutelas, y que por esa raz\u00f3n no se pod\u00eda decir que sus derechos estaban en peligro. Es cierto que Petro, gracias a la desafortunada tutelat\u00f3n, tuvo la oportunidad de que incluso el Consejo de Estado estudiara su caso. Sin embargo, el Consejo de Estado no resolvi\u00f3 el fondo; solo se pronunci\u00f3 sobre si las tutelas eran procedentes o no, y no sobre si en efecto la sanci\u00f3n de la Procuradur\u00eda hab\u00eda violado sus derechos. El fondo de la cuesti\u00f3n, entonces, no fue resuelto por la justicia. <\/p>\n
El argumento de los recursos internos<\/p>\n
El Presidente tambi\u00e9n sostuvo en su rueda de prensa que el Sistema Interamericano es \u201csubsidiario y complementario\u201d, es decir, que para que el Sistema se pronuncie sobre un caso primero se deben agotar los recursos internos. Como aqu\u00ed no se han agotado, entonces, seg\u00fan Santos, la CIDH no pod\u00eda decretar las medidas cautelares y, como lo hicieron, Colombia no tendr\u00eda que acatarlas.<\/p>\n
Esto es parcialmente cierto. Es cierto que el Sistema Interamericano es subsidiario y complementario, y por esa raz\u00f3n ni la Comisi\u00f3n ni la Corte se pueden pronunciar sobre un caso hasta que no se hayan agotado los recursos internos. De hecho, la Comisi\u00f3n no puede admitir un caso hasta que el solicitante no haya acudido a los diferentes mecanismos en su pa\u00eds. Y, claro, aqu\u00ed todav\u00eda Petro pod\u00eda presentar una acci\u00f3n de nulidad ante el contencioso administrativo y solicitar en ese proceso una suspensi\u00f3n provisional de la destituci\u00f3n, como dijo el Consejo de Estado.<\/p>\n
Sin embargo, eso no significa que la CIDH no pueda decretar medidas cautelares pues, en realidad, las medidas cautelares no son pronunciamientos de fondo sobre un caso. Las cautelares, por el contrario, son apenas unas medidas urgentes que se decretan para evitar un perjuicio irremediable espec\u00edfico, que no necesariamente est\u00e1 ligado a un caso que adelante la CIDH. De hecho, es posible que se resuelvan casos sin que existan medidas cautelares, al igual que es posible que se decreten medidas cautelares sin que exista en la CIDH un caso sobre el tema.<\/p>\n
Eso es importante destacarlo: las medidas cautelares no eran un pronunciamiento de fondo sobre si el Procurador viol\u00f3 o no los derechos de Petro. Eso solo lo podr\u00eda hacer el sistema interamericano una vez se hayan agotado los recursos internos. En cambio, las medidas buscaban era evitar que, mientras la Comisi\u00f3n y la Corte IDH se pronuncien, se produjera un perjuicio irremediable.<\/p>\n
Las medidas cautelares, entonces, no requieren que se agoten primero los recursos internos. De acuerdo con la CIDH, basta con que exista una situaci\u00f3n grave (es decir, \u201cque una acci\u00f3n u omisi\u00f3n pueda tener un impacto sobre un derecho protegido\u201d) y urgente (que \u201cel riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse\u201d) que pueda producir un perjuicio irremediable (es decir, que \u201cla afectaci\u00f3n sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparaci\u00f3n, restauraci\u00f3n o adecuada indemnizaci\u00f3n) (art. 25 del Reglamento de la CIDH).<\/p>\n
Esos tres elementos est\u00e1n presentes en este caso. La situaci\u00f3n es grave, pues la sanci\u00f3n del procurador involucra el derecho pol\u00edtico a ser elegido (que implica no solo participar en elecciones sino ocupar el cargo y ejecutar el programa de gobierno), y ese es un derecho humano protegido por la Convenci\u00f3n. Tambi\u00e9n es urgente, pues la destituci\u00f3n era inminente: si no se hac\u00edan efectivas las medidas, Petro deb\u00eda salir del cargo, como efectivamente pas\u00f3, y ahora se deben convocar elecciones at\u00edpicas y elegir un nuevo alcalde. Y con eso se produce un perjuicio irremediable, pues, en caso de que la Corte IDH, al decidir de fondo, considere que los derechos de Petro fueron violados y que debe ser restituido en el cargo, ya eso no se podr\u00e1 hacer porque en el cargo estar\u00e1 un nuevo alcalde elegido leg\u00edtimamente por voto popular. Y el problema no es solo la destituci\u00f3n; tambi\u00e9n es la inhabilidad. Como est\u00e1 inhabilitado, Petro no podr\u00eda participar en las elecciones at\u00edpicas y volver al cargo. En pocas palabras, los derechos pol\u00edticos de Petro no se podr\u00edan reparar.<\/p>\n
El argumento de que la protecci\u00f3n de derechos pol\u00edticos no es obligatoria<\/p>\n
Veamos ahora el argumento de la Canciller. Seg\u00fan Mar\u00eda A. Holgu\u00edn, las medidas cautelares solo tienen fuerza vinculante cuando buscan proteger el derecho a la vida y a la integridad personal, y no son obligatorias cuando se trata de derechos pol\u00edticos, como en este caso. Seg\u00fan la Canciller y sus asesores, los derechos pol\u00edticos no son derechos humanos, y como no lo son, las medidas cautelares no son vinculantes. <\/p>\n
Este argumento es bastante sorprendente, pues es evidente que los derechos pol\u00edticos s\u00ed son derechos humanos. Basta que la Canciller y sus asesores lean el art\u00edculo 23 de la Convenci\u00f3n Americana o el Pacto de Derechos Civiles y Pol\u00edticos que han sido ratificados por Colombia. Es realmente desafortunado que se haya tomado una decisi\u00f3n de esta magnitud sin un conocimiento b\u00e1sico de las normas de derechos humanos.<\/p>\n
Pero, en gracia de discusi\u00f3n, tratemos de rescatar un mejor argumento de lo que dijo la Canciller. Podr\u00eda decirse que ninguna de esas muchas decisiones de la Corte Constitucional\u2014en las que dijo que las medidas cautelares eran obligatorias\u2014se trat\u00f3 sobre derechos pol\u00edticos, sino que trataron principalmente sobre el derecho a la vida y a la integridad personal.<\/p>\n
Eso es cierto. Sin embargo, eso se explica porque la mayor\u00eda de, si no todas, las medidas cautelares decretadas por la CIDH contra Colombia han tratado sobre el derecho a la vida. Que no haya llegado un caso a la Corte Constitucional por derechos pol\u00edticos no significa que este caso sea distinto y que las medidas no sean entonces vinculantes. Y no es distinto, porque en ninguna de esas sentencias la Corte ha justificado la obligatoriedad de las medidas en virtud de que lo que est\u00e1 en juego sea espec\u00edficamente la vida y no otro derecho humano. En general, la Corte Constitucional ha sostenido que el derecho a la vida es un derecho humano protegido por la Convenci\u00f3n Americana, y como es un derecho humano protegido, entonces las medidas son obligatorias. En ning\u00fan momento ha distinguido entre el derecho a la vida y los dem\u00e1s derechos humanos. De hecho, la Corte ha dicho todo lo contrario: en la sentencia de T-439\/05 hizo referencia a un cat\u00e1logo amplio de derechos para los cuales las medidas son vinculantes, entre los cuales se incluyen los derechos pol\u00edticos. As\u00ed, los derechos pol\u00edticos tambi\u00e9n son derechos humanos y por lo tanto las medidas cautelares dirigidas a protegerlas tambi\u00e9n ser\u00edan obligatorias.<\/p>\n
Ser\u00eda un error, adem\u00e1s, menospreciar los derechos pol\u00edticos. Como ha dicho la jurisprudencia interamericana y colombiana, los derechos pol\u00edticos son un fin en s\u00ed mismo (ser ciudadanos y participar en una sociedad democr\u00e1tica) pero adem\u00e1s son un medio para lograr la protecci\u00f3n de los dem\u00e1s derechos. Los derechos pol\u00edticos son, entonces, tan importantes como la vida, pues son el presupuesto de una sociedad democr\u00e1tica. <\/p>\n
El argumento de que las decisiones anteriores de la Corte no son vinculantes<\/p>\n
Otro argumento en contra de la obligatoriedad de las medidas dice lo siguiente: como las decisiones en las que la Corte se ha pronunciado sobre la obligatoriedad de las medidas son sentencias de tutela y no de constitucionalidad, entonces los efectos no necesariamente aplican para este caso. La l\u00f3gica detr\u00e1s de este argumento es que, mientras que las acciones de constitucionalidad tienen efectos para todos (\u201cerga omnes\u201d), las acciones de tutela tienen efectos \u00fanicamente entre las partes involucradas en el caso (\u201cinter partes\u201d).<\/p>\n
Esto es parcialmente cierto, y la duda fue resuelta hace m\u00e1s de veinte a\u00f1os, cuando arranc\u00f3 la Corte Constitucional. Es cierto que las decisiones de la Corte en sentencias de tutela solo tienen efectos para las partes. As\u00ed, la orden de prestar un servicio m\u00e9dico, por ejemplo, solo tiene efecto para quien present\u00f3 la tutela y a quien se le dio la orden de prestar el servicio. Eso no significa, sin embargo, que la subregla\u2014es decir, la raz\u00f3n por la cual la Corte lleg\u00f3 a esa decisi\u00f3n\u2014no tenga un efecto futuro como precedente. En este caso, entonces, las razones que tuvo la Corte para llegar a esa decisi\u00f3n hacen parte del precedente y, como se\u00f1al\u00e9 antes, ese precedente es aplicable a este caso.<\/p>\n
Si el gobierno no estaba de acuerdo con las medidas cautelares pudo haberlas acatado y presentado de una vez una solicitud de levantamiento. Eso habr\u00eda garantizado la eficacia de las medidas y al mismo tiempo una revisi\u00f3n de su procedencia.<\/p>\n
Muy grave que el candidato-presidente que quiere hacer la paz y resolver las causas del conflicto crea que los derechos pol\u00edticos no ameritan este tipo de protecciones. Muy grave, adem\u00e1s, que quede el precedente de que Colombia solo acate las medidas cautelares cuando le convenga.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
There are strong legal reasons why Santos should have complied with the ICHR\u00b4s precationary measures in Bogota Mayor Petro\u00b4s case.<\/p>\n","protected":false},"author":40,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1609],"tags":[1818,1359,2218,1835,2199],"class_list":["post-28425","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-rule-of-law","tag-corte-constitucional","tag-destitucion","tag-gustavo-petro","tag-juan-manuel-santos","tag-sistema-interamericano-de-derechos-humanos","subcategory-institutional-strengthening","medium-la-silla-vacia-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n