As\u00ed lo expuso el presidente Juan Manuel Santos cuando dio a conocer su decisi\u00f3n de no acatar las medidas cautelares otorgadas por la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Gustavo Petro. Tras este anuncio tom\u00f3 posesi\u00f3n del cargo un alcalde encargado que ya est\u00e1 tomando decisiones en la ciudad. Pero la pregunta subsiste: \u00bfEs verdad que la novela jur\u00eddica de Petro ya termin\u00f3?<\/p>\n
En los tribunales nacionales<\/p>\n
Varios son los argumentos de quienes defienden que ante las cortes nacionales Gustavo Petro todav\u00eda tiene posibilidades de hacer valer sus derechos. En primer lugar, algunos han defendido que la decisi\u00f3n de tutela en segunda instancia no ha sido notificada aun por el Consejo de Estado y, por tanto, la tutela del Tribunal Superior de Cundinamarca sigue vigente, as\u00ed como vigente sigue la suspensi\u00f3n provisional que este tribunal hab\u00eda ordenado sobre el acto de la Procuradur\u00eda que destituy\u00f3 a Gustavo Petro. En otras palabras, lo que se argumenta es que hasta que el Consejo de Estado no le notificara oficialmente de su decisi\u00f3n a Petro era inv\u00e1lido cualquier acto para ejecutar la sanci\u00f3n de la Procuradur\u00eda.<\/p>\n
Sin embargo, otros sostienen que este argumento privilegia las formas sobre el fondo del asunto. Si bien la publicidad de las decisiones es fundamental para conocer el contenido de las mismas, la notificaci\u00f3n se realiza para que se conozcan las decisiones. En este caso, a pesar de no haber sido oficialmente notificado con la sentencia completa, es claro para el demandante cu\u00e1l fue el sentido del fallo.<\/p>\n
En segundo lugar se argumenta que a\u00fan existen otras acciones judiciales que podr\u00edan ser interpuestas, incluyendo nuevas acciones de tutela. La motivaci\u00f3n de nuevas tutelas es simple: la Corte Constitucional ha sostenido en su jurisprudencia que \u2013 contrario a lo que expone el gobierno \u2013 las medidas cautelares emitidas por la CIDH son de obligatorio cumplimiento en Colombia y, por tanto, cuando las autoridades no hacen un fiel acatamiento de las mismas, el juez de tutela puede ordenar que se cumplan.<\/p>\n
Como en este caso la medida cautelar fue clara y su incumplimiento es evidente y p\u00fablico, la acci\u00f3n de tutela estar\u00eda dirigida a pedir que la medida internacional se cumpla. Como es una tutela ya no contra la Procuradur\u00eda y su sanci\u00f3n a Petro, sino ante el acto expreso del presidente Santos de no cumplir con la medida, esta ser\u00eda una nueva tutela. Lo que quiere decir que el caso tendr\u00eda que empezar de nuevo: presentarse ante un tribunal, que este lo decida en primera instancia y si es objeto de apelaci\u00f3n que la decisi\u00f3n vaya a una alta corte (Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura o Corte Suprema) y a una eventual revisi\u00f3n de la Corte Constitucional.<\/p>\n
Aqu\u00ed vale la pena considerar la discusi\u00f3n sobre si el gobierno deb\u00eda o no acatar las medidas del ente internacional. Como lo se\u00f1al\u00f3 Rodrigo Uprimny en una reciente columna, los argumentos del gobierno al momento de desacatar las medidas son jur\u00eddicamente muy discutibles. Tanto desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos como desde la visi\u00f3n del derecho constitucional colombiano. No obstante, en los \u00faltimos d\u00edas ha surgido un nuevo argumento que parece m\u00e1s s\u00f3lido que fue la salida en falso de la Canciller aduciendo que los derechos pol\u00edticos no son derechos fundamentales.<\/p>\n
Este nuevo argumento se\u00f1ala que el caso actual es distinto a los casos a partir de los cuales la Corte Constitucional estructur\u00f3 su jurisprudencia sobre medidas cautelares. Seg\u00fan el argumento, en los casos en los que la Corte ha dicho que las cautelares son obligatorias la medida que hab\u00eda ordenado la CIDH no iba en contra de lo que dice la Constituci\u00f3n colombiana y por eso, tanto la Constituci\u00f3n como la orden se pod\u00edan armonizar f\u00e1cilmente. Pero este caso ser\u00eda distinto, pues lo que solicita el \u00f3rgano internacional va en contra de lo que dice la Constituci\u00f3n. Entonces, el int\u00e9rprete nacional queda en la disyuntiva de si aplicar la Constituci\u00f3n o cumplir con una medida internacional que va en su contra.<\/p>\n
Este argumento aunque parece m\u00e1s s\u00f3lido deja tambi\u00e9n dudas jur\u00eddicas. Para empezar, no parece tan cierto que la medida vaya en contra de la Constituci\u00f3n. De hecho, en Colombia todav\u00eda subsiste un debate de interpretaci\u00f3n sobre los alcances de las atribuciones de la Procuradur\u00eda. Por tanto, decir que es evidente que acatar la medida ser\u00eda violar la Constituci\u00f3n es partir de un supuesto errado. Adem\u00e1s, el objeto de la medida es precisamente proteger una situaci\u00f3n jur\u00eddica mientras se toma una decisi\u00f3n de fondo, lo cual es totalmente compatible con la Constituci\u00f3n. La primac\u00eda de los derechos fundamentales frente a la actuaci\u00f3n p\u00fablica y privada es uno de los pilares de la Constituci\u00f3n de 1991. Proteger derechos amenazados es una de las funciones del Estado. As\u00ed, mientras no se defina si realmente la actuaci\u00f3n p\u00fablica vulnera o no los derechos de Gustavo Petro, la finalidad de la medida no es otra que no alterar el estado actual de las cosas. Es decir, al adoptar las medidas no se est\u00e1 decidiendo de fondo si la norma internacional es o no es compatible con la Constituci\u00f3n. Simplemente se est\u00e1 permitiendo que mientras dicho estudio se hace la situaci\u00f3n no se modifique de manera tal que cuando la decisi\u00f3n se tome ya no haya posibilidad de implementarla.<\/p>\n
En cualquier caso, esta discusi\u00f3n jur\u00eddica deber\u00e1 ser estudiada por los tribunales, especialmente la Corte Constitucional, pues la acci\u00f3n del gobierno contradice la l\u00ednea jurisprudencial de la Corte. Y es el tribunal y no la autoridad administrativa a la que corresponde analizar y aclarar el sentido de sus decisiones. Especialmente de esta en la que se juega no solo una tradici\u00f3n jur\u00eddica muy importante en Colombia (la incorporaci\u00f3n de normas internacionales en el derecho internacional), sino adem\u00e1s una de las l\u00edneas jurisprudenciales m\u00e1s avanzadas de la Corte respecto a la protecci\u00f3n de derechos y el acatamiento de buena fe del orden internacional.<\/p>\n
La CIDH y el no acatamiento de las medidas cautelares<\/p>\n
Actualmente Gustavo Petro tiene dos asuntos pendientes ante la CIDH. Por un lado, la solicitud de medidas cautelares que le fueron concedidas el 18 de marzo y, por otro lado, una petici\u00f3n individual que sus abogados presentaron junto con las medidas. Es decir, Gustavo Petro present\u00f3 una denuncia alegando que sus derechos humanos hab\u00edan sido violados y pidi\u00f3 que mientras dicha denuncia se resolv\u00eda, de manera provisional, se suspendieran los actos que amenazaban sus derechos.<\/p>\n
La pregunta que muchas personas se hacen hoy es qu\u00e9 opciones tiene la CIDH cuando un Estado decide ol\u00edmpicamente notificarle que no implementar\u00e1 las medidas de protecci\u00f3n otorgadas. Las opciones de la CIDH son variadas. Por un lado, puede decidir (es necesario recordar que la CIDH es un \u00f3rgano compuesto por siete miembros de distintos pa\u00edses de la regi\u00f3n) enviar una solicitud de medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (el tribunal que tiene sede en Costa Rica). Esto generalmente lo hace cuando los Estados se niegan a cumplir con medidas de protecci\u00f3n aduciendo que la CIDH no es competente o que las medidas no son v\u00e1lidas en sus pa\u00edses porque solo aplican las medidas de una corte judicial (como es la Corte Interamericana) y no las de un \u00f3rgano cuasi-judicial (Como es la CIDH). Esa opci\u00f3n est\u00e1 disponible para este caso. Pero a pesar de que podr\u00eda servir para reafirmar que las medidas no solamente proceden para casos de vida e integridad personal, en este caso no parecer\u00eda una opci\u00f3n muy atractiva para la CIDH pues correr\u00eda el mismo riesgo de la medida ya dictada: que el Estado diga que a pesar de que viene de una Corte es contraria a la Constituci\u00f3n interna y por eso no la cumple. Obviamente, existen canales para buscar que se cumplan las decisiones de la Corte, pero al final la ruta ser\u00eda larga y el fin \u00faltimo de la medida quedar\u00eda en veremos.<\/p>\n
La otra opci\u00f3n que tiene la CIDH es ponerle el acelerador a la petici\u00f3n que da origen a las medidas de protecci\u00f3n. A esto la CIDH le llama \u201caplicarle per saltum a la petici\u00f3n\u201d. Como las peticiones se van estudiando conforme van llegando, a esta petici\u00f3n le corresponder\u00eda ser estudiada en un futuro no tan cercano (tal vez un par de a\u00f1os), pero en algunos casos (como cuando no se cumplen las medidas cautelares) la CIDH tiene la posibilidad de tomar la decisi\u00f3n de priorizar algunos casos y de saltarse la fila (eso es per saltum). Esto ya ha sido decidido por la CIDH en el caso Petro: la petici\u00f3n sobre derechos pol\u00edticos tendr\u00e1 prioridad.<\/p>\n
La CIDH discutir\u00e1 m\u00e1s temprano que tarde sobre los poderes del Procurador y la indefensi\u00f3n que enfrentan los ciudadanos cuando esos enormes poderes son pol\u00edticamente direccionados. Y sin duda alguna de all\u00ed vendr\u00e1n consecuencias que deber\u00e1n afectar nuestro modelo constitucional, bien sea porque se acaten las recomendaciones de la CIDH o porque eventualmente tengamos que llegar hasta la Corte Interamericana y terminemos con un caso similar al caso L\u00f3pez de Venezuela.<\/p>\n
Por m\u00e1s vueltas jur\u00eddicas y argumentos elaborados que presentemos a nivel interno o internacional, lo que no podremos esquivar al final es la discusi\u00f3n que ya deber\u00edamos estar dando: c\u00f3mo reformar los poderes excesivos de la Procuradur\u00eda. All\u00e1 llegar\u00e1 nuestra novela. Bien podr\u00edamos irnos adelantando un par de cap\u00edtulos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
One of the most popular arguments used to defend the national government\u00b4s position on the situation in Bogota, in particular the legal battle of Mayor Petro, is that the City was tired and needed an end to all the uncertainty.<\/p>\n","protected":false},"author":26,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1609],"tags":[1359,2218,1925,1835],"class_list":["post-28447","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-rule-of-law","tag-destitucion","tag-gustavo-petro","tag-inter-american-court-of-human-rights","tag-juan-manuel-santos","subcategory-institutional-strengthening","medium-caja-de-herramientas-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n